Sentencia sustitutiva 4534 de octubre 16 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

OBLIGACIONES DEL MANDATARIO

RESTITUCIÓN DE SUMAS DE DINERO

EXTRACTOS: «El mandato es, por definición, un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Tal acuerdo, por ser de naturaleza consensual, siguiendo las voces del artículo 2150 del Código Civil, se perfecciona con la sola aceptación, expresa o tácita del mandatario, bastando, por ende, con adelantar cualquier acto encaminado a su ejecución para que se constituya y perfeccione. Dicha consensualidad la ha subrayado la jurisprudencia de la Corte al predicar que, por ser tal, no requiere “de formalidades especiales para su perfeccionamiento” (Casación 4 de septiembre de 1958, LXXXIX, 2202; 29 de mayo de 1959, 1060 marzo 7 de 1966 y 10 de mayo de 1966).

En virtud del contrato en mención, al lado de las obligaciones del mandante, consignadas de manera específica en el artículo 2184, se le impone al mandatario, particularmente en los artículos 2181 y 2182 de la misma codificación, la obligación clara e ineludible de restituir toda suma de dinero que mantenga en su poder y que sea de propiedad del mandante, con los respectivos intereses, que serán los corrientes en el evento de que tales valores los hubiese utilizado en su propio beneficio.

Ello porque el dinero como bien lucrativo que es, no solo se le atesora sino que también se le aprovecha en cuanto tal y en cuanto a los rendimientos económicos que de ordinario produce, el que al ser retenido por otro, priva al acreedor de percibidos oportunamente.

4. Ahora, con sustento en el último inciso del citado artículo 2181, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que el mandante puede reclamar lo que el mandatario le adeude como consecuencia del ejercicio del mandato, promoviendo el correspondiente proceso, sin que sea requisito insoslayable el trámite previo de un juicio de rendición de cuentas.

En efecto, ha expresado la Corte que:

“Entre las obligaciones del mandatario está la de rendir a su mandante cuenta documentada de su gestión. La relevación de rendirlas, no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante.

De esta disposición se deduce claramente que no es requisito indispensable para poder exigir el pago de lo que el gestor adeude como consecuencia del ejercicio de un mandato, la rendición o discusión previo de las cuentas.

La rendición de éstas es necesaria cuando de las resultas de una administración o del ejercicio de un negocio, en un momento dado, no es posible saber quién debe a quién y cuánto. El caso más común es el de la cuenta corriente en que una de las partes remite a otra, o recibe de ella, en propiedad, cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a un fin determinado, ni obligación de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente pero a cargo de acreditar al remitente, por sus remesas, liquidarlas en épocas convenidas, compensarlas de una sola vez, hasta concurrencia del débito y crédito, y a pagar el saldo, ya que antes de la conclusión de la cuenta corriente, por mandato de la ley, ninguno de los interesados es considerado como acreedor o deudor (C. Co., arts. 730 y 733).

Pero en el mandato no sólo no existe tal disposición en que se requiera la rendición de cuentas o corte de ellas para poder exigir las resultas de un mandato, sino que por el contrario, como lo establece el artículo 2183 del Código Civil, el hecho de exonerar de la obligación de rendir cuentas al mandatario, no es óbice para que el mandante pueda exigir el pago de las sumas que crea le debe aquél.

Así, pues, la facultad de exigir cuentas es un derecho del mandante contra su mandatario, es una facultad de todo el que demuestra su derecho para pedirlas, pero cuando el mandante no quiera hacer uso de tal prerrogativa sino reclamar directamente de su mandatario lo que a su juicio éste le deba, bien puede en una acción de condena ocurrir al juez para que se ordene el pago de lo que se le adeude. Esto sin perjuicio de que dentro de ese mismo pleito, el mandatario reclame lo que a su turno se le adeude o alegue compensación y en los respectivos términos de prueba presente cuenta de su gestión y pueda defenderse exigiendo del mandante el pago de las sumas que haya anticipado en ejercicio del cargo, sus intereses, los gastos hechos en desempeño de su misión, etc., en una palabra lo que considere le salga a deber su mandante, inclusive la remuneración convenida o la usual... Pudiera suceder que la índole de los negocios encomendados al mandatario así lo reclamen, y en tal evento, como es de suponer, el mandante puede hacer uso de su derecho y pedir las cuentas, pero mientras tal cosa no suceda, bien puede éste ocurrir al juez en acción ordinaria de condena como ya se expresó, para que se decrete el pago que justifique le adeuda su administrador y discutir con el mismo las contraprestaciones a que tiene derecho” (G.J. 2048, pág. 481).

5. Para el caso de que aquí se trata, y teniendo en cuenta que la parte interesada no alegó ni demostró nada en contrario, habrá de colegirse que la suma de dinero cuya devolución se impetra, la utilizó el demandando en su propio beneficio. Si ello es así, como en verdad lo es, procede entonces, aplicar al caso en estudio, lo dispuesto en el primer inciso del artículo 2182 ibídem, que a letra dice:

“Debe (el mandatario) al mandante los intereses corrientes de dineros de éste, que haya empleado en utilidad propia”.

6. Como la lectura del texto transcrito podría prestarse a duda respecto del momento a partir del cual el mandatario debe los intereses corrientes del dinero del mandante que haya aquél utilizado en beneficio propio, es obligado, con base en texto completo del citado precepto, distinguir dos situaciones diferentes:

a) La que se presenta en caso de que el mandatario, utilice en su propio beneficio dineros que pertenecen al mandante;

b) La que ocurre cuando lo adeudado es el saldo que resulte en contra del mandatario, como consecuencia de un corte de cuentas que se hubiese efectuado.

En cuanto toca con la segunda de las hipótesis planteadas, dice la citada norma que se deben cancelar intereses del saldo resultante, cuando el deudor haya sido constituido en mora; procedimiento indispensable siempre que no exista certeza de quién debe a quién y cuánto.

Pero se estará frente a la primera situación si se trata, como se dijo, de la devolución de una suma de dinero especificada y determinada de antemano, la cual el mandatario conserve en su poder. En este caso, es claro que para dicho fin, no se requerirá constituir en mora al detentador del dinero para condenarlo a que lo restituya con sus intereses. Claro está que es la “equidad, fundamento de la teoría del enriquecimiento sin causa y principio tutelar de la justicia humana” (Sent. 31 de enero de 1955, G.J. LXXIX, pág. 452), la que llevó al legislador a establecer a cargo del mandatario, la obligación de cancelar intereses desde el momento en que la respectiva suma llegó a sus manos, porque fue desde ese instante, cuando se le privó a su titular de la posibilidad de percibir los rendimientos que ella naturalmente produce.

Sobre el punto resulta oportuno traer a colación los comentarios de los tratadistas Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga quienes, refiriéndose al artículo 2156 del Código Civil Chileno, afirman:

“Puede suceder que al rendir cuenta el mandatario, le resulte un saldo en su contra y a favor del mandante. En este caso también está obligado a pagarlo, pero desde que se haya constituido en mora; lo dice el artículo 2156. Vemos una diferencia de este saldo con los dineros que utiliza: ambos debe devolverlos con los intereses corrientes, que corren de pleno derecho en el caso de los dineros utilizados y que corren desde que el mandatario se constituye en mora cuando se trata de saldos de la rendición de cuentas” (Derecho Civil - Contratos, tomo I, Imprenta Universal, Santiago de Chile, 1988, pág. 550).

(...).

Tal como se deduce del inciso 1º del artículo 2182 del Código Civil, desde el momento mismo en que se produjo por parte del mandatario, el retiro del dinero depositado en la cuenta corriente de la mandante, y por ende comenzó su aprovechamiento, surgió para aquél la obligación insoslayable de restituirlo. Es decir, que desde la citada fecha, dicha obligación se hizo exigible, sin necesidad que mediara apremio o requerimiento alguno.

El mandatario, entonces, está obligado a restituir a su mandante, los dineros adeudados, junto con los intereses corrientes, desde la fecha en que los utilizó en su propio beneficio, esto es, desde el momento mismo de su retiro de la referida cuenta bancaria.

No obstante, bien pudo haberse impetrado en la demanda, el reconocimiento de los intereses moratorios o punitivos, con los efectos señalados en el artículo 1608 del Código Civil, lo que hubiera requerido constituir en mora al deudor. Por tanto, y como en el sub lite aquéllos no fueron solicitados, se condenará al demandado a pagar los intereses corrientes».

(Sentencia sustitutiva, octubre 16 de 1997. Expediente 4534. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles).

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