Sentencia 45362 de abril de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 45362

SL4465-2014

Acta 12

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. El recurso de casación

El desacuerdo del demandante con las disposiciones colegiadas lo conducen a impetrar recurso extraordinario con la finalidad de que esta Sala de la Corte case en su totalidad la sentencia proferida por el tribunal en cuanto absolvió a la demandada de la pretensión de condenarla al reintegro del actor; en instancia solicita revocar la absolución impartida por el juez “y acoja las pretensiones de la demanda en cuanto al alcance del artículo 2º del Laudo arbitral de fecha marzo 28 de 2001..y disponga el reintegro del actor (…)”.

A los fines propuestos emplaza un solo cargo que endilga a la sentencia la violación, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 28 de la Ley 789 de 2002 que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (subrogado por la Ley 50 de 1990) en relación con los artículos 12, 13, 18, 19, 55, 61 (modificado por el artículo 5º de la Ley 50 de 1990) , 354 (subrogado por el artículo 39 de la Ley 50 de 1990) , 373, 374, numerales 2º y 3º; 376 (reformado por el artículo 16 de la Ley 11 de 1984), 432, 433, (subrogado por el artículo 27 D: L: 2351 de 1965) 10 del Decreto 1373 de 1966; artículo 1º numeral 2º literal b del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Ley 27 de 1976; artículos 1618, 1620, 1621, y 1622 del Código Civil; artículo 177 del CPC por expresa remisión del artículo 145 del CPL dentro de la normatividad del artículo 51 del decreto 2651 de 1991 y 162 de la Ley 446 de 1998.

Viola el tribunal las normas referidas, a juicio del recurrente, al incurrir en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el artículo 2º del laudo arbitral de fecha 28 de mayo de 2001 (…) no contiene ninguna protección especial en favor del personal de la (…) ACDAC y tampoco establece protección alguna diferente al reconocimiento de la indemnización consagrada en los laudos arbitrales (…).

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que de conformidad con el laudo arbitral que consagra la garantía en controversia es al actor a quien corresponde la carga de a prueba en el sentido de comprobar que su despido fue un acto retaliatorio o de represalia por haber participado como representante de los pilotos en el proceso de negociación colectiva (…).

3. No dar por demostrado, estándolo, que el artículo 2º del laudo arbitral (…) tuvo su origen precisamente en la conducta recurrente de la empleadora de despedir arbitrariamente a los tripulantes que hubieran participado en la negociación de los pliegos de peticiones presentados a su consideración, como había ocurrido con los pilotos Héctor José Vargas Fernández y Juan Manuel Vega León, a quienes la empleadora despidió cuando gozaban de la garantía del fuero circunstancial o del fuero sindical.

4. No dar por demostrado estándolo que el artículo segundo del laudo arbitral en examen impone una restricción al empleador para despedir en forma unilateral y en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 797 de 2002, a los aviadores que hubieran participado de un proceso de negociación colectiva, (…).

5. No dar por demostrado, estándolo, que la protección establecida en el artículo 2º del laudo arbitral antes citado, es una garantía adicional a la que consagra el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 que como se sabe limita la facultad del empleador en su facultad del despido sin justa causa (…).

Los referidos desatinos ocurren, según el impugnante, en razón a la errónea apreciación de unas pruebas y la falta de estimación de otras así:

Pruebas erróneamente apreciadas:

1. El laudo (...) en su artículo 2º que establece la figura denominada protección post pliego (…) cláusula entendida en forma integral, amplía la cobertura temporal de la garantía que establece el artículo 25 del D. L. 2351 de 1965 y debe entenderse como una protección adicional y complementaria a favor de los representantes de los trabajadores, que surge a partir de la terminación del conflicto colectivo.

2. Acta correspondiente a la reunión de la asamblea de los pilotos afiliados a la ACDAC vinculados a la empresa Aerorepublica (…).

3. La providencia de fecha 19 de abril de 2005, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (…) por medio de la cual (…) decidió rechazar el recurso de anulación interpuesto por ACDAC (… ) documento que registra que entre el momento de la terminación legal del conflicto colectivo (…) y el despido del actor, transcurrió un lapso relativamente corto tiempo.

Pruebas no apreciadas:

1. Carta de terminación del contrato de trabajo, correspondiente al señor Héctor José Vargas, piloto al servicio de la demandada, de fecha 19 de octubre de 1998, así como la sentencia proferida por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá del 25 de mayo de 2000.

2. La sentencia proferida por el juzgado 8º Laboral del Circuito de Bogotá, proferida dentro de la acción promovida por el señor Juan Manuel Vega, piloto al servicio de Aerorepública, en la cual se demuestra que su despido se produjo cuando se encontraba en trámite la negociación de un pliego de peticiones presentado por (…) ACDAC contrariando así la demandada el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 por lo cual ordenó el reintegro del tripulante (…)

3. La prueba testimonial rendida por Roberto Ballén Bautista (…).

En afán demostrativo reproduce el artículo 2º del laudo arbitral ya citado, para referir que la cláusula tuvo su origen en la conducta que asumió la empresa en conflictos colectivos anteriores, en los que despidió a algunos pilotos como lo demuestra el realizado con respecto a Héctor José Vargas y Juan Manuel Vega, ocurridos el 18 de febrero de 1998 el primero y 27 de junio del mismo año el segundo; producidos en tanto se celebrara la negociación del pliego de peticiones, lo que condujo a la agremiación sindical a incorporar en el pliego de peticiones la señalada disposición que fuera consagrada en el Laudo de 2001; “su objeto fue establecer una protección que extendiera en el tiempo la garantía que consagra el artículo 25 del D. L. 2351 de 1965, esto es , una vez finalizado el conflicto”. Como lo confirmara la versión del Testigo Ballén Bautista.

Aparece entonces, sigue diciendo el recurrente, equivocada la consideración del juez colegiado por no tener en cuenta el origen de la indicada disposición del Laudo, esto es, el interés de consagrar un mecanismo que amparara a los afiliados de ACDAC de retaliaciones tomadas por la empresa una vez concluido el conflicto” .

Si se concluyere, refiere el impugnante, como lo hizo el tribunal en el sentido de señalar que esta norma contempla una simple repetición del artículo 25 del DL 2351 de 1965 “se dejaría sin ninguna consecuencia eficaz el contenido de la cláusula”; sin que pueda ser este el alcance de la norma puesto que siguiendo las reglas de interpretación “cuando se conozca claramente a intención de los contratantes, el intérprete debe estarse más a la teleología que a lo literal de las palabras y que el contenido de un pasaje ambiguo u oscuro de un contrato debe entenderse en el sentido que produzca algún efecto y no en aquel otro que arroje efectos inocuos”. Debiendo tener en cuenta que el fin del ejercicio de los derechos a la negociación colectiva «tiene por objeto superar el mínimo de garantías que establece la legislación laboral». La conclusión colegiada se manifiesta errada al ignorar los antecedentes del citado canon.

Destaca lo que en su criterio, acierta el tribunal, es decir establecer el carácter prohibitivo de la disposición subrayando a la vez la conclusión equivocada de no reconocerle el efecto del reintegro pretendido.

Para acreditar la validez de esta última reflexión copia apartes de sentencia SL; 11017 del 5 de octubre de 1998, en la que la Corte despliega el correspondiente discernimiento hermenéutico en relación con el artículo 25 del DL 2351 de 1965, para señalar que si bien el precepto al que se ha aludido es de carácter extralegal, dichos razonamientos sí aplican pues “no debe olvidarse que las convenciones colectivas y los laudos arbitrales que ponen fin a un conflicto colectivo son una fuente material de derecho que obliga a las partes y, por consiguiente tienen los mismos efectos que la ley en la regulación de las relaciones laborales”.

Al continuar en el mismo propósito, de demostrar el alcance del artículo 2º del Laudo arbitral de 2001, acude a los convenios y recomendaciones de la OIT, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 19 del CST puesto que como en la Legislación Colombiana no existe una norma que proteja a los trabajadores “cuando se ponen en marcha prácticas retaliatorias contra representantes”, con excepción del artículo 39 de la Ley 50 de 1990 y sin que pueda tenerse en cuenta el indicado artículo 25 ni el 10 del decreto 1373 de 1996; por lo que remite al Convenio 135 de 1971 y la Recomendación 143 del mismo año.

Del Convenio 135 de 1971, señala que este establece una protección especial en favor de los representantes de los trabajadores dentro de los cuales hay que incluir a los representantes electos.

En cuanto a la Recomendación 143 subraya que la protección en comento no solo comprende a los representantes del sindicato sino también “a quienes hayan sido elegidos para llevar una determinada representación y de conformidad con la legislación nacional”.

Agrega que en cuanto a los instrumentos de protección la indicada Recomendación refiere que:

“Cuando se ha producido una terminación injustificada de trabajo se debe contemplar una reparación eficaz, y en particular, la reintegración de los representantes a su puesto con el pago de los salarios no cobrados y el mantenimiento de los derechos adquiridos’ afectados por el trato discriminatorio no solo de quienes gozan de la garantía del fuero sindical, sino de otro tipo de representantes elegidos por los trabajadores que hubieran cesado en sus funciones. En estos eventos, la afirmación sobre el carácter discriminatorio del despido invierte la carga de la prueba y obliga al empleador a probar que dicho acto estaba justificado. Por otra parte, esta protección abarca también a quienes ‘han cesado en sus funciones de representantes de los trabajadores’. Y durante el tiempo que las mismas partes acuerden”.

En las circunstancias fácticas del proceso, expone el impugnante, el mecanismo escogido fue el de la protección post pliego “consistente en prohibir a Aerorepública toda clase de represalia contra el personal de ACDAC y, en particular, contera sus representantes como consecuencia del conflicto colectivo (...)”.

En conclusión, para el recurrente, ha debido entenderse que la disposición convencional es:

“(…) adicional y posterior a la que establece el artículo 25 del DL 2351 de 1965 pues, caso contrario, se vaciaría de todo efecto útil a norma extralegal que fue inadecuadamente entendida por el tribunal. Para llegar a esta conclusión hubiese sido suficiente que el ad quem hubiera tenido en cuenta, como normas de aplicación supletoria, tanto el Convenio 135 como la Recomendación 143, (…)”.

Debió entonces, el superior, señala el censor, armonizar el artículo 177 del CPC con el literal e) numeral 6º de la Recomendación 143 , en razón a lo dispuesto en el artículo 19 del CST y además porque conforme a la disciplina del derecho probatorio laboral “la carga de la prueba no siempre le corresponde a quien afirma un hecho”.

La réplica.

Glosa el replicante la imperfección técnica que implica señalar la prueba testimonial como causa de los errores de hecho que atribuye al tribunal cuando este medio solo es calificado en casación una vez se demuestre que, en efecto, el ad quem incurrió en uno de ellos.

IV. Consideraciones de la Corte

No demuestra el recurrente equivocación del superior y menos en ostensible condición, en lo que fuera su principal conclusión probatoria, esto es, que no existe “evidencia en el expediente que le permita a la Sala deducir con absoluta certeza que esa fue la causa (retaliación originada en la negociación colectiva) que motivó el despido de Matallana Jaramillo, cuya carga probatoria a él correspondía”.

El censor desprende el yerro del superior, que no reconoce en la norma del Laudo el pretendido efecto de reintegro; en lo fundamental, de la interpretación que diera a la cláusula convencional, concretamente al establecer que solo es reiteración de lo dispuesto en el artículo 25 del DL 2351 de 1965 por lo que de ser así “se dejaría sin ninguna consecuencia eficaz el contenido de la cláusula”; y a partir de dicha consideración realiza un razonamiento en el que acude a las reglas de la hermenéutica para demostrar la equivocación al momento de señalar el sentido del precepto.

El esfuerzo argumental del impugnante, que parte de la imaginaria premisa de no existir norma aplicable al caso de la protección de los derechos de los trabajadores que han participado de un conflicto colectivo, pese a las propias disposiciones que el mismo cita, y que le permiten, en su criterio, valerse del artículo 19 del CST, para invocar el Convenio 135 de 1971 y la Recomendación 143 del mismo año de la OIT; no logra, conforme a lo expuesto en precedencia sobre el error fáctico que provenga de la hermenéutica de la norma arbitral, el objetivo de probar dislate alguno de los asignados al ad quem.

De igual manera y menos aún, por su indudable naturaleza jurídica, consigue acreditar el recurrente los yerros fácticos señalados; en concreto al tratar de socavar la reflexión del superior conforme a la cual la carga de la prueba se invierte “En estos eventos, la afirmación sobre el carácter discriminatorio del despido invierte la carga de la prueba y obliga al empleador a probar que dicho acto estaba justificado”. Nada soporta la aludida conclusión ni siquiera la mención al Acuerdo y Resolución citados de la OIT en virtud a no presentarse el supuesto del artículo 19 del CST; como se explicó.

Olvidó la censura aplicarse a demostrar, cómo el superior incurre en la equivocación de concluir en la confirmación de la absolución de la demandada, a través de los medios probatorios calificados en casación, que el despido del que fuera objeto el demandante tenía el carácter propio de la retaliación o castigo con ocasión del conflicto colectivo suscitado por la presentación del pliego de peticiones y concluido pocos meses antes de la indicada extinción de la relación laboral.

Las referencias del impugnante, en relación con la conducta represiva de la aerolínea como origen de la disposición que integrando el pliego de peticiones fuera adoptado por la decisión arbitral, no conduce necesariamente al efecto del reintegro pretendido pues si esa fuera la intención bastaba su consagración; ni implica, de otra parte, como parece sugerirlo el recurrente, que el despido del que fuera objeto el demandante comportaba la misma naturaleza punitiva y persecutoria advertida en la decisión de extinguir la empresa, unilateralmente, en el año 1998, los contratos de trabajo de los indicados pilotos; razón por la cual no yerra el ad quem que demandaba una prueba de superior contundencia a la de un débil indicio como el aludido o el de la constatación de haber sido disuelto el vínculo contractual a los pocos meses de haber terminado el conflicto colectivo.

No se casará la sentencia.

Costas en el recurso a cargo del recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de Tres Millones Ciento Cincuenta Mil pesos $3.150.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por la Sala Octava Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 28 de octubre de 2009, en el proceso promovido por Jaime Matallana Jaramillo contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de octubre de 2009, en el proceso promovido por el recurrente contra Aerorepública S. A.-

Costas en el recurso a cargo del recurrente; se fijan agencias en derecho en la suma de Tres Millones Ciento Cincuenta Mil pesos $3.150.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».