Sentencia 45385 de junio 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

SL8243-2014

Rad.: 45385

Acta 22

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

Debe empezar por recordarse que, de vieja data, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que los presuntos errores de hecho que se pueden endilgar, en sede del recurso extraordinario de casación, frente a la sentencia proferida en segunda instancia, para que tengan prosperidad, deben tener el carácter de manifiestos, protuberantes u ostensibles, en el sentido de que broten de la mera evidencia, esto a fin de que también se respeten otros postulados del ordenamiento jurídico, tal como la libertad de apreciación probatoria de la que están investidos los jueces de instancia, la cual, en concreto, se encuentra consagrada en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que mantendría, a su vez, amparadas las decisiones de instancia bajo las presunciones de acierto y legalidad.

De igual forma, la doctrina de esta corporación ha asentado que, en los casos concretos de cuestionamiento frente a la interpretación de un texto convencional, en principio, la existencia de diferentes y razonables entendimientos del mismo excluiría la configuración de un error de hecho con la magnitud y gravedad suficiente para infirmar la decisión del fallador de segundo grado, pues un yerro fáctico de tal tipo sobre las disposiciones convencionales solamente se configuraría en el evento de que el juez le asigne al contenido un alcance absolutamente descabellado, ajeno a la intención de los contratantes o al tenor literal del contrato suscrito entre la organización sindical y la empresa.

En este orden de ideas, encuentra la Sala que, en el caso bajo examen, la censura cuestiona la interpretación que el tribunal efectuó del artículo 42 de la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para 1997, el cual es del siguiente tenor:

ART. 42.—Jubilación: La empresa reconocerá a todo su personal un régimen de jubilaciones así:

(...).

b) Los empleados que presten o hayan prestado diez (10) años o más de servicios a la empresa y menos de veinte, tendrán derecho a la jubilación proporcional según el tiempo de servicio, cuando cumplan las edades establecidas de cincuenta (50) años para los hombres y cuarenta y siete (47) años para las mujeres: en estos casos para establecer el salario de liquidación se tomarán en cuenta los mismos factores del último salario y el promedio de las prestaciones en la forma establecida en el ordinal a). Para la jubilación proporcional no se tendrán en cuenta los años de servicios prestados en otras entidades oficiales (fl. 38-75, cdno. ppal.).

Frente a esta disposición el ad quem, entendió que la pensión proporcional de jubilación consagrada allí resultaba procedente para quienes cumplieran los 10 o más años de servicios a la empresa y menos de 20, así el requisito de la edad se cumpliera con posterioridad a la terminación del vínculo laboral con la misma, por cuanto el texto no restringía su aplicación a los denominados «empleados» en estricto sentido y que, al no tener establecidos límites propios, la norma extralegal, debía entenderse en su sentido genuino.

De bulto esta interpretación del ad quem aparece razonable y plausible frente al contenido de la norma convencional, lo cual descarta de plano la existencia de un yerro de hecho con el carácter de evidente y manifiesto, para que este Tribunal de Casación desvirtúe la certeza de la sentencia impugnada, dado que, cuando el artículo 42 atrás citado hace mención a “b) Los empleados que presten o hayan prestado”, se puede entender razonablemente que las partes no tuvieron la intención de excluir a los ex trabajadores de la empresa y limitar la procedencia del beneficio pensional solamente a quienes cumplían los requisitos en vigencia de la relación de trabajo.

De todas formas, vale la pena resaltar que la Corte ha considerado, en múltiples oportunidades, que entendimientos como el propuesto hoy por la empresa recurrente resultan admisibles del mismo modo. Sin embargo, ello no significa que la realizada por el tribunal, en este caso, aparezca ajena a todo sustento, de tal suerte que habrá que reiterar la doctrina de la Sala conforme con la cual no le es dable interferir en el ejercicio interpretativo que efectúan los jueces de instancia respecto de las normas convencionales, si el mismo deviene razonable y plausible y encaja dentro de la gama de posibles comprensiones del texto convencional, así la Corte no la comparta en su totalidad, pues lo cierto es que por principios superiores de autonomía en el ejercicio de las funciones del juez habrá que mantener al máximo su interpretación, a menos que se presente una alejada de los criterios de lo razonable que abra el camino a la intervención del Tribunal de Casación.

En consecuencia, al no configurarse en el presente asunto un error de hecho con el carácter de evidente y ostensible, es por lo que el cargo propuesto por la censura no está llamado a prosperar.

VIII. Segundo cargo

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 467, 468, 474, 476, 477 y 478 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social, lo que condujo a la “violación” de los artículos 1495, 1496, 1500, 1618, 1619, 1620, 1621 y 1622 del Código Civil y 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y 251, 252 y 253 del Código de Procedimiento Civil.

En la demostración del cargo, argumenta la censura que, a la luz del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, la convención colectiva de trabajo rige los contratos de trabajo durante su vigencia; que, en este punto, es equivocada la interpretación del ad quem, por cuanto las exigencias para la pensión proporcional de jubilación deben acreditarse a la ruptura del vínculo laboral, pues el texto convencional está limitado a sus destinatarios legales, es decir, los trabajadores, de acuerdo con la norma cita; que esta corporación, ha sostenido que las convenciones regulan las condiciones de trabajo de los contratos vigentes; que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-902 de 2003, de la cual cita extenso aparte, precisó que este tipo de normas celebradas entre sindicato y empresa regulaban los contratos de trabajo como producto de la negociación colectiva y constituía un acto jurídico de forzoso cumplimiento; que esta corporación en las sentencias CSJ SL, 30 oct. 2007, rad. 31544, CSJ SL, CSJ SL, 4 may. 2010, rad. 37993 y CSJ SL, 4 feb.2009, rad. 33024 planteó que no era caprichosa la interpretación de que el artículo 42 de la convención solamente se aplicaba a los trabajadores de la empresa; y que si el juez de segunda instancia hubiera interpretado en debida forma el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo habría revocado la condena en contra de la empresa demandada.

IX. Consideraciones

Ninguna razón le asiste a la empresa recurrente cuando afirma que el tribunal cometió un yerro jurídico respecto del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, al haber desbordado el límite de los destinatarios legales de la convención colectiva del trabajo, bajo el argumento de que estos se reducen, de conformidad con esta norma, a quienes tienen vínculo laboral vigente con la empresa y, en esa medida, solo se aplica a los contratos de trabajo vigentes, sin que sea dable extenderla a quienes ya les ha fenecido el vínculo laboral.

Así se afirma, por cuanto la Corte en ataques de igual dimensión al ahora propuesto, ha indicado que las organizaciones sindicales y las empresas, al celebrar un acuerdo convencional, están investidas de la libertad suficiente, de acuerdo con el derecho a la negociación colectiva constitucional, para determinar el marco de aplicación de los beneficios allí contemplados el cual incluso puede estar por encima de los parámetros legales, tal como lo hizo en la sentencia CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 39608, en la que se dijo:

En todo caso, es pertinente anotar que esta Sala se pronunció sobre la extensión de las normas convencionales a terceros, en la sentencia de 2012, radicado 42947, en la que dijo:

“... se impone recordar lo que tiene adoctrinado esta Sala de tiempo atrás en torno a que la convención colectiva de trabajo es fruto de un proceso de negociación colectiva, consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, salvo las excepciones que determinen la ley, y el Código Sustantivo del Trabajo, conforme a las leyes que lo han adicionado y reformado, por medio de la cual las partes, en desarrollo del principio de autocomposición, llegan a un acuerdo que regirá las condiciones laborales de los destinatarios de ella durante su vigencia. De suerte que, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de los protagonistas sociales, éstos quedan en total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen. Ello siempre y cuando su objeto y causa sean lícitos, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesión a la Constitución y ley.

Ahora bien, dada la naturaleza de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas; igualmente les es permitido constitucional y legalmente, en virtud del albedrío de que gozan, determinar su campo de aplicación y hacerlo extensivo a terceros, habida cuenta que son las propias cláusulas normativas de una convención las que determinan su expansión, en armonía con los derechos y garantías mínimas. Y es cuando, a falta de ello, cobra vida lo instituido en la ley para su aplicación forzosa, esto es, en cuanto a que lo consagrado en el acuerdo colectivo se aplica a sus contratantes, a los afiliados al sindicato que lo celebró, a sus adherentes, a quienes con posterioridad a su firma se afilien a aquél, a todos los trabajadores de la empresa —cuando la organización sindical pactante agrupe a más de la tercera parte de su personal— y en el evento de que un acto gubernamental así lo disponga.

En relación con el tema bajo estudio en sentencia de noviembre 28 de 1994, radicación 6962 la Sala razonó:

“Pero la regulación de eventos en que la aplicación convencional es imperiosa por mandato legal, no impide en manera alguna que el empleador contraiga el compromiso de aplicar los beneficios que de ella se deriven a trabajadores que no están incluidos en el campo de aplicación estatuido por la ley, salvo que ésta expresamente lo prohíba por razones superiores, como ocurre por ejemplo con el personal directivo de ciertas entidades públicas (L. 4ª/92, art. 9º y L. 60/90 art. 3º).

Es que los preceptos legales sobre extensión de la convención a terceros constituyen el mínimo de derechos que puede ser mejorado por la obligación que contrae el empleador de manera libérrima siempre que con ello no quebrante disposiciones de orden público o no desquicie los principios que informan la contratación colectiva y su derrotero.

De tal suerte que si dentro de las cláusulas denominadas por la doctrina “de envoltura” de la convención colectiva, que reglan el campo de aplicación de la misma, se dispone su aplicación al conjunto de la comunidad laboral, dicho acuerdo surte los efectos perseguidos por quienes lo celebraron, sin que sea dable pretextar ulteriormente la falta de afiliación del beneficiario al sindicato, porque es lógico que en estos eventos la fuente de la obligación patronal no deviene de la ley, sino de la autonomía de la voluntad patronal para obligarse, del principio pacta sunt servanda y de la validez de la estipulación a favor de un tercero (CCC, art. 1506)”.

De suerte que la constitución y la ley permiten que las partes extiendan los beneficios convencionales a trabajadores que no están incluidos en el campo de aplicación, incluso para personas que ya no son sus colaboradores”.

Vistas así las cosas, no se configura el error jurídico alegado por la censura en el presente caso, motivo por el cual el cargo se desestima.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación, por no haberse presentado oposición al mismo.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el diecisiete (17) de septiembre de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Ana Guillerma Ahumada Niebles contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP. En liquidación y la entidad Barranquilla Telecomunicaciones S.A. ESP.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.