Sentencia 4540 de julio 10 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

MORA EN EL PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EXTRACTOS: «1. En materia de responsabilidad civil contractual, la indemnización de perjuicios supone, necesariamente, el incumplimiento de las obligaciones, o el cumplimiento imperfecto de ellas o su ejecución tardía, de lo cual se derive un perjuicio para el acreedor. Ello significa que tratándose de obligaciones positivas, tal indemnización se deberá “desde que el deudor se ha constituido en mora”, en tanto que si la obligación es negativa, ella se debe “desde el momento de la contravención” (C.C., art. 1615).

1.1. Dado que en la celebración de los contratos se persigue por cada uno de los contratantes la obtención de una prestación que le reporte alguna utilidad, cuando se infringe el contrato por la otra parte, es decir, cuando la conducta del otro contratante es contraria al vínculo obligacional nacido de ese acto jurídico, es evidente que se causan perjuicios al acreedor, los cuales dan origen a una indemnización compensatoria o moratoria, según el caso.

1.1.1. Si se trata de obligaciones de pagar sumas de dinero, a las cuales no se haya dado cumplimiento por el deudor o hayan sido ejecutadas tardíamente, la propia naturaleza de ellas impone que se excluya la indemnización compensatoria, como quiera que ésta esencialmente consiste en sustituir el objeto inicial de la obligación por una suma de dinero, lo que implica que si desde un comienzo la obligación es dineraria no puede ser sustituida luego por dinero, o sea que en este caso sólo es posible la indemnización de perjuicios moratoria.

1.1.2. De la misma manera, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 1617 del Código Civil, establece que en las obligaciones de dinero, una vez constituido en mora el deudor, el acreedor se encuentra exonerado de probar la existencia de perjuicios (num. 2º), y en cuanto a su monto, la propia ley (num. 1º), lo determina al disponer que, en tal caso, se deben intereses convencionales si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a causarse los intereses legales en caso contrario.

1.2. Ahora bien, la mora, como se sabe, es el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. Ella supone la intimación por el acreedor al deudor para el cumplimiento, de tal suerte que a partir de esa reconvención, mediante la cual se hace saber a este último que la infracción a la obligación ocasiona un perjuicio, se encuentra constituido en mora y, por ello, desde entonces se debe la indemnización de perjuicios (C.C., art. 1615).

1.2.1. Como se desprende del propio texto del artículo 1608 del Código Civil, la constitución en mora del deudor puede surgir en virtud de haberse pactado un plazo al cabo del cual la obligación se hace exigible, salvo excepción legal, o cuando dada la naturaleza misma de la obligación ésta no puede ser satisfecha sino dentro de cierto tiempo, el cual se deja transcurrir por el deudor sin ejecutarla, o finalmente cuando se ha reconvenido judicialmente al deudor por el acreedor.

1.2.2. Las dos primeras hipótesis, señaladas expresamente por los numerales 1º y 2º del artículo 1608 del Código Civil, son anteriores al incumplimiento de la obligación, en tanto que la reconvención judicial surge con posterioridad a la celebración del contrato y, es la regla general para constituir en mora al deudor. De manera pues que el vencimiento del plazo o la naturaleza misma del objeto de la obligación (C.C., art. 1608, num. 1º y 2º), son de carácter exceptivo, de interpretación estricta y restringida, en tanto que la regla general será la de la interpelación judicial al deudor (num. 3º, norma citada).

1.2.3. La constitución en mora del deudor en virtud de la reconvención judicial, antes de la reforma introducida al Código de Procedimiento Civil por el Decreto 2282 de 1989 podía llevarse a cabo como diligencia autónoma, separada por consiguiente de la demanda con la cual se iniciara el proceso, y para ella el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil estableció una competencia a prevención entre los jueces civiles municipales y los jueces del circuito. A partir de la vigencia de la reforma introducida al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil por el artículo 1º del citado Decreto (modificación 41), en los procesos de conocimiento la notificación del auto admisorio de la demanda “produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes”.

1.3. Ahora bien, reitera la Corte que la decisión del ad quem condenatoria o desestimatoria de la indemnización moratoria es preciso combatirla en casación de acuerdo con la fundamentación central adoptada por aquél en la resolución correspondiente. Pues cuando el Tribunal no se basa en consideraciones fácticas que lo conduzcan a concluir que el deudor demandado “se encuentre en mora, o que ésta se halle probada”, sino que su determinación surge de apreciaciones jurídicas que lo llevan a establecerla e imponer la condena por perjuicios moratorios, ha dicho la Corte que, una condena “sin que previamente se le hubiese constituido en mora, ha debido entonces, encausar su ataque por la vía directa, porque si algún error cometió el Tribunal en relación con el punto, no fue de tipo fáctico sino jurídico” (cas. 9 de marzo de 1994, exp. 3814, aún sin publicar). Pero el asunto resulta diferente cuando el sentenciador de segunda instancia centra su análisis fundamental en la existencia fáctica de la mora. Es decir, cuando, de un lado, analiza los elementos fácticos constitutivos de la mora, para concluir que, de acuerdo con las pruebas apreciadas y dejadas de apreciar, hubo o no pago estipulado con el consiguiente cumplimiento o incumplimiento de la obligación, o concluye que la obligación debió o no ejecutarse en cierto tiempo y no se hizo, o deduce que hubo o no requerimiento judicial a fin de deducir la mora del deudor; o cuando, de otro lado, el sentenciador, con base en la estimación probatoria, encuentra que se haya probado o no (en forma sintética) la mora aducida, para luego tomar la decisión que en derecho sustancial corresponda. Porque en estos últimos eventos la violación de las normas sustanciales que pueda endilgarse al ad quem, no procedería directamente de un yerro jurídico, sino como consecuencia de un yerro de la apreciación probatoria, caso en el cual la acusación por la causal primera tendría que plantearse por la vía indirecta a consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de determinadas pruebas.

2. En el caso de autos, analizado el cuarto de los cargos propuestos contra la sentencia impugnada, encuentra la Corte que ha de prosperar, por cuanto:

2.1. En efecto, da cuenta la realidad procesal sub examine pertinente lo siguiente:

2.1.1. La demanda inicial (fls. 269 a 282, C-1), fue presentada el 21 de junio de 1989, es decir antes de la vigencia de la reforma introducida al Código de Procedimiento Civil por el Decreto 2282 de ese año, la cual se inició el 1º de junio de 1990, conforme se dispuso por su artículo 2º, lo que indica que la notificación del auto admisorio de tal demanda no hace las veces de requerimiento judicial en este proceso.

2.1.2. Como el propio Tribunal lo afirma a folios 28 v., 29, 30 y 31 del cuaderno Nº 7, “objeto de ardua contienda” en este proceso fue el debate planteado entre las partes entorno al precio de la tonelada de fríjol soya objeto del contrato entre Sociedad Mayoritaria de Granos Ltda. y la Sociedad Grasas S.A., “porque aunque la actora señala haber estipulado dos precios diferentes para períodos distintos, la demandada alega que aquellos estuvieron sometidos al vaivén de la oferta y la demanda y que si al final de la cosecha reajustó el valor de la totalidad de la semilla recibida a la suma de $ 160.000 lo hizo por mera liberalidad”, aseveración esta para cuya demostración “acudió a la prueba testimonial y documental” (fl. 29 y ss., C-7). Ello significa, como puede verse sin dificultad que desde el inicio mismo del proceso este asunto fue materia de aguda controversia, lo cual fulge con mayor claridad de la contestación de la demanda (fls. 366 a 378, C-1), en la cual se insiste en que el suministro de fríjol soya estaba sujeto al vaivén de la oferta y la demanda.

2.1.3. De igual manera existe controversia entre las partes en cuanto a la existencia o inexistencia de un saldo a cargo de la demandada y a favor de la demandante, pues de la relación de hechos de la demanda, aparece que la actora afirma que el 2 de noviembre de 1988 se adeudaba por la demandada la suma de $ 19.183.280 (fl. 274 hecho 1.24 demanda inicial, C-1), en tanto que la Sociedad Grasas S.A., afirma que la adquisición de la materia prima fue pagada de contado, contra entrega del producto al comprador y que, además, no existe ningún saldo a su cargo porque no hubo de su parte incumplimiento del contrato, ni tampoco irrogó a la parte actora por esa causa “ninguna clase de perjuicio”.

2.1.4. Resulta ser tan cierto lo anteriormente dicho, que sólo en la sentencia impugnada vino a establecerse que la parte demandada adeuda a la parte actora la suma de $ 14.998.852, de los cuales $ 4.025.398 corresponden a pago de reajustes del precio no cancelados entre el 1º de diciembre de 1987 y el 30 de mayo de 1988 y $ 10.973.454, al saldo del precio de semilla de fríjol soya suministrada entre el 10 de junio y el 18 de julio de 1988. Esto significa, sin duda alguna, que para el 2 de noviembre de 1988 no existía claramente determinada para las partes la existencia de una obligación pecuniaria a cargo de la sociedad demandada y a favor de la sociedad demandante en una cantidad líquida, lo que, por falta de certeza excluye la posibilidad legal de que la deudora se encontrara en mora de pagar la obligación, requisito este que desde antaño exige la jurisprudencia de esta Corporación, como puede verse en sentencia de casación de 27 de agosto de 1930, en la cual en forma categórica se expresó que “la mora en el pago sólo llega a producirse cuando existe en firme una suma líquida”, a cargo del deudor (G.J. t. XXXVIII, pág. 128).

2.2. Siendo ello así, a fortiori ha de concluirse:

2.2.1. En primer lugar, que la obligación no se encontraba sometida a plazo, por lo que resultaría contrario a derecho dar aplicación al numeral 1º del artículo 1608 del Código Civil, pues en este caso no concurre la exigibilidad por vencimiento de aquél.

2.2.2. Y en segundo término, tampoco puede afirmarse que por su propia naturaleza el objeto de la obligación sólo pudiera cumplirse en un momento determinado que el deudor hubiere dejado pasar sin ejecutar la prestación, puesto que la obligación es de pagar una suma de dinero, por lo que resulta también inaplicable el numeral 2º del artículo 1608 del Código Civil para la constitución en mora del deudor.

2.3. Luego, en tales condiciones sólo sería posible constituir en mora a la parte demandada mediante la reconvención judicial, como lo exige el artículo 1608, numeral 3º del Código Civil, que como se vio, puede hacerse separadamente en forma previa, o sobreentiéndese con el auto admisorio de la demanda donde se reclama la mora de una obligación que goza de certeza jurídica.

2.3.1. Ahora bien, el tribunal simplemente señaló que “procedió a liquidar los intereses a partir del 2 de noviembre de 1988 fecha en que la sociedad actora consideró que la sociedad demandada había comenzado a incurrir en mora” (resalta la Sala), de acuerdo con la reliquidación del 30 de septiembre de 1988 registrada en el comprobante 0007924 (C-8, fl. 36 vuelto).

2.3.2. Al respecto, primeramente observa la Sala que el referido comprobante 0007924 (fol. 28, C-1) es una copia en formato de Grasas S.A. de 1º de noviembre de 1988, donde de una parte se recogen los datos de un pago hecho en favor de Mayoritaria de Granos Ltda. mediante cheque y se señalan las cuentas canceladas y el valor total de éstas por $ 10.729.605, y, de otra parte, aparece la leyenda escrita por el beneficiario del cheque que suscribe el comprobante (o sea, Mayoritaria de Granos Ltda.), que dice: “Recibimos a buena cuenta de las entregas de soya hechas por nosotros a Grasas S.A., según convenios especiales de pagos. Lo anterior implica solo abonos a la cuenta final que se determinará entre las partes y no satisfacción total de la obligación”. Luego, lo anterior pone de presente que Grasas S.A. solamente contempló que a la fecha indicada debía la suma señalada a máquina y que fue recibido su pago en la forma dicha; y que Mayoritaria de Granos Ltda. hace una reserva sobre obligación que ni determina, ni pide pago alguno, ni mucho menos refleja acuerdo de pago posterior, ni menos aún puede afirmarse que hubo acuerdo o solicitud de pago inmediato de obligación determinada alguna adicional. Además, este documento no contiene requerimiento judicial alguno. Por otra parte, examinado el expediente no encuentra la Corte que haya habido intimación judicial previa para el pago por parte del acreedor como lo preceptúa la norma acabada de mencionar; ni tampoco hay prueba de la existencia de la certeza jurídica de la obligación reclamada, que permita entender la producción de la mora con la notificación del auto admisorio. Por el contrario, el relato de los hechos que recoge la misma demanda, corroborado por la contestación y todo el acervo probatorio, demuestran precisamente lo contrario, esto es, la falta de certeza jurídica no sólo del monto, sino de la misma obligación, lo cual, por lo tanto, sólo queda definido claramente en la sentencia.

2.3.3. Luego, ha de seguirse que cuando el sentenciador al apreciar el acervo probatorio, especialmente el documento Nº 0007924 citado, saca como conclusión que “la actora había comenzado a incurrir en mora” desde la fecha de esa reliquidación, incurrió en yerro judicial evidente por suposición de prueba de la mora cuando no la había, lo que, a su vez, lo condujo a violar indirectamente la ley al imponer a la demandada pago de perjuicios por incurrir en mora que equivocadamente encontró probada cuando no lo estaba. Porque como lo tiene por sentado la jurisprudencia de esta Corporación, que ahora se reitera “tratándose de intereses de dinero, los cuales constituyen perjuicios, ellos no se deben sino desde la mora (C.C., art. 1615). Cuando no se ha fijado plazo para cumplir la obligación, o cuando ésta no ha podido cumplirse sino desde cierto tiempo, es necesario requerir judicialmente. Todo lo dicho conduce a concluir que la sentencia que se dicte en estas circunstancias no debe condenar a intereses. Estos se deberán por ministerio de la ley, cuando llegue el caso del artículo 1617 del Código Civil” (Sent. SNG, 2 de dic. de 1936, G.J. t. XLIV, pág. 753).

2.3.4. Viene entonces de lo dicho que la sentencia impugnada habrá de casarse parcialmente, en cuanto la condena impuesta en el punto 3º de su parte resolutiva condenó a la sociedad Grasas S.A. a pagar a la demandante intereses moratorios sobre la suma debida desde el 2 de noviembre de 1988, sin que para ello se hubiere requerido a la deudora, como lo exigen los artículos 1608, numeral 3º, 1615 y 1617 del Código Civil».

(Sentencia de julio de 1995. Expediente 4540. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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