Sentencia 4546 de agosto 12 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Ref.: Expediente 4546

Santafé de Bogotá, D.C., doce de agosto de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTO: «Sin embargo, en relación con los aspectos axiológicos propios de la acción prevista por el artículo 955, como ya hubo de explicarse a propósito de la sentencia de casación dictada en este mismo proceso, la acción por equivalencia se abre paso, así no haya habido enajenación de la cosa, cuando por acción u omisión del poseedor se ha hecho imposible o difícil la persecución de ella, como cuando sobre el bien gravita el interés social o la utilidad pública por haber sido destinado a un servicio de utilidad social o de interés general (Sentencia de casación de 19 de abril de 1978). De manera que para esos eventos, como lo es el caso presente, la “acción reivindicatoria figurada”, ficta o presunta, consagrada por el artículo 955 del Código Civil sigue siendo la tutela jurídica adecuada, ya no por una aplicación derecha de la norma, sino por virtud de la analogía legis, en consideración a la similitud del factum y atendiendo razones de equidad, pero sin desconocer la prevalencia del interés social, porque como con claridad lo ha explicado la corporación, “...cuando un inmueble de propiedad privada ha sido definitivamente incorporado a un servicio público, no debe decretarse la restitución al propietario, para evitar los grandes trastornos que la restitución produciría en el normal funcionamiento de los servicios públicos; pero en el bien entendido que este doctrina no significa ni puede significar un desconocimiento soslayado de la garantía constitucional de la propiedad privada ni entenderse como la consagración de un modo extralegal de adquirir al estado bienes ajenos por fuera de los cauces legales, sin indemnizar plenamente al propietario de donde resulte que si el propietario reconocido como tal por la autoridad judicial competente no obtiene la restitución de un inmueble por las razones de conveniencia jurídica de que se ha hecho mérito, el derecho de dominio en sí mismo lleva implícito la correlativa obligación a cargo del Estado a pagar a aquél el valor del inmueble que se ha incorporado al patrimonio público en las condiciones ya dichas” (G.J., t. XXXI págs. 329 a 333). Así mismo, la aplicación analógica del texto en comentario se puede advertir en las sentencias de casación de 19 de junio de 1958 y 22 de enero de 1980.

De otro lado, por lo que importa para la solución del presente caso, debe dejarse en claro que el planteamiento de la pretensión restitutoria del cuerpo cierto determinado, no es óbice para el reconocimiento de la equivalencia dineraria cuando en el proceso se verifica la hipótesis del artículo 955 en lo atinente a la destinación de la cosa a un servicio público o de utilidad social, porque de ninguna manera ello implica un cambio del objeto de la pretensión que a la postre se tradujera en un problema de incongruencia, pues cualquiera sea el reconocimiento de la sentencia lo que se está tutelando es el derecho de dominio del demandante, que a decir verdad es el objeto de su pretensión. De manera que cuando el juez opta por condenar a pagar el equivalente monetario, no empece a haberse formulando pretensión dirigida a la persecución de la cosa sobre la cual se ostenta el derecho de dominio, lo único que hace es consultar la realidad probatoria del proceso, en cuanto le indica que se ha “hecho imposible o difícil” la persecución en los términos propuestos, que entre otras cosas, como ya quedó expuesto, constituye elemento específico de esta particular reivindicación, necesariamente verificable por el juez, porque es la autoridad judicial competente la que al fin de cuentas debe calificar la situación objeto de contención y especialmente lo concerniente a la destinación del bien que genera el impedimento para la restitución efectiva de la cosa».

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