Sentencia 4557 de junio 4 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Ref.: Exp. 4557

Actor: Pablo J. Cáceres Corrales.

Acción: Nulidad.

Santafé de Bogotá D.C., cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la sala

El artículo 1º de la Resolución 717 de 13 de febrero de 1995, acusada, es del siguiente tenor:

“Delegar a partir del 1º de marzo de 1995, en los asesores regionales y seccionales del Ministerio de Transporte las siguientes funciones, las cuales serán ejercidas dentro del territorio de su jurisdicción, de acuerdo con las normas vigentes para cada función delegada ...”.

El articulado restante de la referida resolución contiene las distintas funciones delegadas a los asesores regionales y seccionales a que alude el artículo 1º de la misma.

Según se afirma en el cargo 1 de la demanda los cargos de asesores regionales y seccionales no existen en la planta de personal del Ministerio de Transporte, razón por la cual no pueden ser sujetos de delegación ministerial.

Sobre el particular, la Sala observa lo siguiente:

Mediante proveído de 5 de febrero de 1998 la Sala, con apoyo en lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, solicitó al señor jefe de la división de administración de personal del Ministerio de Transporte que certificara con destino a este proceso si en la estructura orgánica y/o en la planta de personal de dicho Ministerio correspondiente al año de 1995 existían los cargos de asesores regionales y seccionales y en caso afirmativo a qué nivel y dependencia o subdirección pertenecían; y qué denominación tienen y a qué nivel corresponden los cargos de los órganos de coordinación y asesoría, a que se refiere el artículo 10, numeral 10, del Decreto 2171 de 1.992, que reestructuró el citado ministerio.

A folio 128 obra la certificación requerida, expedida por el jefe de la división de administración de personal del Ministerio de Transporte, en la cual se lee:

“1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2665 del 29 de Diciembre de 1993, que estableció la planta de personal del Ministerio de Transporte, se tiene que para el año 1995 no existían los cargos de asesor regional ni seccional.

2. En cuanto a la denominación y al nivel al que corresponden los órganos de coordinación y asesoría, consagrados en el Decreto 2171 de 1992, es preciso aclarar que están contemplados en el numeral 10 del artículo 10 del mismo y en concordancia con los artículos 43, 44 y 45 ibídem estos órganos son: consejo sectorial de transporte, comité de transporte multimodal, junta de licitaciones y contratos y comité de personal, órganos que no son permanentes y están integrados el primero por directivos de las entidades del sector transporte y los dos últimos por funcionarios del Ministerio de Transporte del nivel. directivo”.

Del texto de la certificación antes transcrita deduce la Sala que asiste razón al demandante en la censura que le formula al acto administrativo acusado en el primer cargo de violación ya que si para el año en que se expidió dicho acto, esto es, en 1995, no existían en la planta de personal del Ministerio de Transporte los cargos de asesor regional y seccional, y estos cargos no corresponden a los órganos de coordinación y asesoría, que sí forman parte de la estructura del Ministerio de Transporte, conforme al artículo 10, numeral 10 del Decreto 2171 de 1992, obviamente que, por sustracción de materia, sobre los mismos no podía recaer la delegación de funciones.

De tal manera que resulta palmaria la violación del artículo 21 del Decreto Ley 1050 de 1968 en la medida de que la delegación objeto del acto administrativo acusado no recayó en los funcionarios a que esta norma se refiere.

Las consideraciones precedentes conducen a la Sala a declarar la nulidad del acto administrativo acusado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA :

DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 717 de 13 de febrero de 1995, “Por la cual se delegan unas funciones”, expedida por el Ministro de Transporte.

Devuélvase al actor la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 1998.

Juan Alberto Polo Figueroa, Presidente—Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Libardo Rodríguez Rodríguez—Manuel S. Urueta Ayola».

____________________________________