Sentencia 45765 de abril 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 45765

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 13

Bogotá D.C., treinta de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

El tribunal para absolver de la pretensión de indemnización moratoria, adujo que: “el ISS ciñó su conducta bajo el convencimiento de la existencia de un contrato de prestación de servicios, es decir; hubo una discusión razonable acerca de la existencia de la naturaleza del vínculo jurídico, razón por la cual el empleador estuvo asistido de la creencia que estaba bajo una relación de naturaleza distinta a la laboral, lo que permite ubicar su comportamiento en el campo de la buena fe, y en consecuencia desvirtuar la condena deprecada”.

Ese razonamiento del sentenciador ad quem, encierra una regla jurídica equivocada, en el sentido de que la sola afirmación del empleador sobre su convencimiento de estar en presencia de una contratación distinta a la laboral se traduce en un comportamiento de buena fe y lo exonera automáticamente de la indemnización moratoria.

En efecto, la simple manifestación del empleador de tener la creencia de haber celebrado una forma de vinculación diferente a la laboral porque las partes suscribieron contratos de naturaleza distinta, no es suficiente para exonerarlo de la indemnización moratoria por el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, pues es obligación del juez examinar en cada caso, el comportamiento patronal de cara a los elementos probatorios obrantes en el proceso, para determinar si tenía o no razones fundadas para abstenerse de reconocer prerrogativas laborales.

En efecto, este tema fue objeto de pronunciamiento por parte de esta corporación, en sentencia de 8 de mayo de 2012, Radicado 39186, donde se dejaron las siguientes enseñanzas:

“2) De acuerdo con el esquema de los cargos, el primer asunto medular materia de elucidación, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es saber si la mera creencia del empleador, en cuanto a que el contrato que ató a las partes fue de una naturaleza diferente a la laboral, es suficiente para exonerarlo de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación de la relación laboral.

La respuesta es no. Ello, toda vez que, como se ha enseñado reiterada y enfáticamente por demás, la absolución de esta clase de sanción cuando se discute la existencia del vínculo contractual laboral, no depende de la negación del mismo por la parte convocada a juicio al dar contestación al escrito inaugural del proceso, negación que incluso puede ser corroborada con la prueba de los mismos contratos, ni la condena de esta súplica pende exclusivamente de la declaración de su existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a la instancia; habida consideración que en ambos casos se requiere de un riguroso examen de la conducta del empleador, a la luz de la valoración probatoria que hable de las circunstancias que efectivamente rodearon el desarrollo del contrato, a fin de poder determinar si la postura de este resulta o no fundada, lo cual depende igualmente de la prueba arrimada y no del simple comentario o afirmación de haberse regido el nexo por un contrato de prestación de servicios, para el caso de aquellos especiales a que alude el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, o de la existencia de la prueba formal de dichos convenios.

Entonces, la buena o mala fe del empleador no está o se refleja en la mera creencia en torno a que el contrato que ligó a las partes fue de una naturaleza diferente a la laboral, sino que fluye, en estricto rigor, de otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado, vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción. Expresado en palabras diferentes: la dicha creencia no significa necesaria e inexorablemente la dispensa de la sanción moratoria, porque la empleadora puede cometer actos que demuestren que su actuación laboral, al no cumplir sus obligaciones, no estuvo acompañada de razones atendibles, configurativas de buena fe.

Es que si el juzgador exonera del pago de la sanción moratoria al dador del laborío únicamente sobre la base de la mencionada creencia, sin más miramientos y análisis, como sucedió en el asunto bajo examen, la verdad crea una regla general que conduce a un yerro jurídico, por la potísima razón de que aplica la norma de manera automática o maquinal, cuando su deber, conforme a la ley, estriba, se reitera, en realizar un estudio serio en torno a la conducta asumida por el deudor, esto es, en relación a los actos y comportamientos del empleador moroso que permitan descalificar o no su proceder.

En efecto, la circunstancia de que el tribunal en este proceso se hubiera referido de manera genérica al contrato de prestación de servicios que creyó la demandada había celebrado ‘y cuya prueba aparece aportada en el plenario’, no le bastaba para dispensar al demandado de la sanción moratoria; es decir, dicha faena de ningún modo conlleva a que hubiera analizado la verdadera conducta de la empleadora como era su deber, y en los términos trazados anteriormente.

Cuanto a la manera como los juzgadores deben apreciar la conducta del empleador, de cara a la imposición de la sanción por mora y a la inexistencia de parámetros o reglas absolutos, esta corporación mediante sentencia del 13 de abril de 2005, Radicación 24397, explicó:

‘...deben los jueces valorar ante todo la conducta asumida por el empleador que no satisface a la extinción del vínculo laboral las obligaciones a su cargo, valoración que debe hacerse desde luego con los medios probatorios específicos del proceso que se examina...’, como lo dejó sentado en la sentencia del 15 de julio de 1994, Radicación 6658.

‘Así, pues, en materia de la indemnización moratoria no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuando un empleador es de buena o de mala fe. Solo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro. En ese sentido se pronunció igualmente la corporación en providencia del 30 de mayo de 1994, con Radicación 6666, en la cual dejó consignado que: ‘Los jueces laborales deben entonces valorar en cada caso, sin esquemas preestablecidos, la conducta del empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del vínculo laboral, para deducir si existen motivos serios y atendibles que lo exoneren de la sanción moratoria...’.

En ese horizonte, brota espontánea la siguiente conclusión: la sala sentenciadora al establecer, que la sola creencia del Instituto de Seguros Sociales de que el contrato fue de prestación de servicios, era suficiente para exonerarlo de la sanción moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, desvió la verdadera inteligencia que le corresponde a este precepto legal aplicable al asunto sometido a escrutinio de la Corte, si se tiene en consideración la correcta interpretación de tal norma conforme a su genuino y cabal sentido, que se desprende de lo asentado y de las enseñanzas jurisprudenciales que se acaban de transcribir”.

Por las razones anteriores, incurrió el juzgador de segundo grado en el yerro de hermenéutica que se le endilga respecto del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, y en consecuencia, el cargo prospera y el fallo será parcialmente casado en cuanto confirmó la absolución dispuesta por el juzgado respecto de la indemnización moratoria.

En tanto que con arreglo a reiterada jurisprudencia de la Sala, la condena a indemnización moratoria es incompatible con la indexación, puesto que la primera incluye los perjuicios concernientes a la devaluación de la moneda que derivan del no pago oportuno de las acreencias laborales que da lugar a ella, y que se corrige con la actualización de la moneda cuando no cabe el resarcimiento integral de perjuicios que deviene del proceder calificado como desprovisto de buena fe por el juzgador, se habrá de casar la sentencia también en cuanto confirmó la indexación de las condenas.

En providencia de 20 de mayo de 1992, Radicado 4645, se estableció dicho criterio reiterado en la de 7 de julio de 2010 Radicado 36897 en un proceso contra la aquí demandada.

Dijo textualmente esta corporación, en el primero de los fallos citados:

“Es oportuno reiterar que cuando no sea pertinente en una sentencia la condena de indemnización moratoria por el no pago oportuno de prestaciones sociales, por cuanto no se trata de una indemnización de aplicación automática, es viable aplicar entonces la indexación o corrección monetaria en relación con aquella prestaciones que no tengan otro tipo de compensación de perjuicios por la mora o que no reciban reajuste en relación con el costo de vida, conforme a lo dicho antes, pues es obvio que de no ser así el trabajador estaría afectado en sus ingresos patrimoniales al recibir al cabo del tiempo el pago de una obligación en cantidad que resulta en la mayoría de las veces irrisoria por la permanente devaluación de la moneda en nuestro país originándose de esa manera el rompimiento de la coordinación o ‘equilibrio’ económico entre empleadores y trabajadores que es uno del os fines primordiales del derecho del trabajo”.

En instancia, en armonía con lo expresado con ocasión del recurso extraordinario, se tiene que la sola existencia de los contratos de prestación de servicios suscritos aparentemente bajo las reglas de la Ley 80 de 1993, no constituye prueba irrefutable de que la entidad obró de buena fe; por el contrario, la circunstancia de que se hayan celebrado más de 13 en un lapso de 5 años (fls. 122 a 201), es demostrativo de que la contratación del actor no fue un hecho excepcional, lo que imprime a la actuación de la empleadora falta de lealtad y seriedad, pues procedió con abierto desconocimiento de las normas que regulan la contratación administrativa de servicios personales.

Y es que en este caso en particular, la celebración de varios contratos de prestación de servicios no es razón que lleve a exonerar al Instituto de la indemnización moratoria por entender que se encontraba confundido respecto de la naturaleza de la relación que lo unía con el demandante, pues por el contrario, es condición de esta clase de contratación pública su transitoriedad como se deriva del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, requisito que a todas luces aquí no se cumple incurriendo la entidad en uso indebido de la figura dado su carácter excepcional.

De manera que no resulta atendible por la naturaleza de las labores que debía desempeñar el demandante ni por su duración, la vinculación a través de esa modalidad contractual, cuando surgían signos inequívocos de que se trataba de relaciones laborales con todas sus características distintivas como la presencia de la subordinación a que fue sometido en el cumplimiento de sus funciones.

La actividad de conductor desempeñada por el demandante era de las normales que debía desarrollar la entidad para la atención de sus funciones propias, y no requería de conocimientos especializados. Adicionalmente, es una labor que por su misma naturaleza no es de aquellas que pueda llevarse a cabo con independencia y autonomía. La subordinación a que fue sometido el actor en el ejercicio de sus tareas emerge de manera diáfana de los testimonios de Jairo Enrique Alfaro Ramírez (fls. 81 a 87) y de Víctor Modesto Valencia Hernández (fls. 97 a 99) donde se constata que al demandante se le imponía un horario, se le programaban las actividades y rutas que debía cumplir y tenía un jefe inmediato quien podía sancionarlo y darle órdenes.

El tratamiento que se le dispensó al actor durante el tiempo que duró la relación contractual, fue la de un integrante más de la Institución, era evaluado en su desempeño por sus jefes inmediatos (fls. 268 a 273, 328, 332, 335, 337 y 342); debía solicitar permiso para ausentarse (fls. 73 y 77); y para tomar días compensatorios (fls. 70 y 73).

Todos esos elementos probatorios evidencian inequívocamente que la subordinación fue una constante en la relación entre las partes, por lo que no es de recibo la excusa del instituto, de tener una creencia razonable sobre la naturaleza distinta a la laboral de los contratos que suscribió con el demandante, y en esa medida, su actuación no estuvo revestida de buena fe.

Lo que denota la conducta de la entidad demandada, es la intención de refugiarse en una aparente legalidad para evadir el reconocimiento de los derechos y prerrogativas que la ley reconoce a quienes están amparados por la normatividad que regula el trabajo humano subordinado, manteniendo al actor en una situación de precariedad de beneficios frente a quienes se vinculan mediante contrato de trabajo, sin que hubiera esgrimido en su defensa razones de peso o convincentes que justificaran su actuar.

En consecuencia, se revocará la absolución del juzgado respecto de la indemnización moratoria, y en su lugar se impondrá condena por ese concepto en la suma de $ 13.800 diarios a partir del 16 de julio de 1998 y hasta que se verifique el pago. Esto teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley 797 de 1949, que da al empleador oficial un término de 90 días para el pago de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, salarios o indemnizaciones antes de que opere la sanción por el no pago o retardo cuando haya mala fe, y que en el sub lite la relación laboral finalizó el 28 de febrero de 1998.

Es de advertir que esta acreencia no está afectada por el fenómeno de la prescripción que fue declarada parcialmente por el juzgado para las prestaciones y derechos laborales causados entre el 1º de octubre de 1992 y el 19 de agosto de 1995, aspecto que fue confirmado por el tribunal y que no se cuestiona en el recurso extraordinario. En atención a que el derecho a la indemnización moratoria se causa vencidos los 90 días a que se refiere el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley 797 de 1949, en este caso, a partir del 16 de julio de 1998, dicho rubro no quedó afectado por el fenómeno jurídico de la prescripción.

Se revocará la condena a indexación dada su incompatibilidad con la indemnización moratoria como se dejó arriba explicado, y por cuanto fue planteada en la demanda inicial como pretensión subsidiaria, respecto de la indemnización moratoria.

Sin costas en casación en virtud de la prosperidad del cargo. Las de las instancias a cargo de la parte demandada vencida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 16 de diciembre de 2009, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso promovido por Guillermo Rodríguez contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto confirmó la absolución dispuesta por el juzgado respecto de la indemnización moratoria y la condena a indexación de los valores adeudados. No la casa en lo demás. En sede de instancia, revoca la condena a indexación dispuesta en el literal h) del numeral segundo del fallo de 28 de diciembre de 2007 del Juzgado Quince Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, y absuelve por ese concepto. De la misma manera, revoca la absolución por indemnización moratoria, y en su lugar condena a la suma diaria de $ 13.800 a partir del 16 de julio de 1998 y hasta que se verifique el pago, por dicho rubro.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».