Sentencia 45799 de mayo 8 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Rad.: 45799

Acta 14

Bogotá, D.C., ocho de mayo dos mil trece.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Rodrigo García Duque contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que le adelanta a las sociedades Cartón de Colombia S.A. y Mecanysol Ltda, hoy M.I. Montajes Industriales Ltda.

I. Antecedentes

El accionante llamó a juicio a las citadas demandadas, para que fueran condenadas, solidariamente, “a resarcir [le] todos los daños económicos y morales que desde la fecha del accidente y en el futuro haya sufrido y sufriere (…) y por ende a las indemnizaciones que están prescritas por ley de acuerdo a su invalidez laboral”, cuyo valor “de esta única pretensión” asciende a $290.628.600.

En lo que rigurosamente concierne al recurso extraordinario, el actor fundó sus pretensiones en que el 22 de junio de 1997, estando en las instalaciones de Cartón de Colombia S.A. y en cumplimiento de una orden impartida por el representante legal del contratista Mecanysol Ltda, hoy M.I. Montajes Industriales Ltda, sufrió quemaduras con soda cáustica que afectaron inicialmente sus ojos, cara, tórax y testículos, presentándose secuelas de “lesiones descamativas en la piel, bronquitis asmatiforme y bronquitis agudas, dificultad respiratoria, expectoración y temperatura”; que no recibió instrucción alguna sobre la forma adecuada para manipular la tubería dentro de la cual “corrían líquidos corrosivos o de manejo delicado”, situación que constituye culpa suficiente del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo; que la junta regional de calificación de invalidez del Valle del Cauca le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 67.70%, determinación que fue confirmada por la Junta Nacional; que la culpa del empleador en el siniestro se evidencia también en la deficiente “atención médica como primeros auxilios después del accidente de trabajo y por qué (sic) a ninguno de los dos empleadores se les ocurrió elevar un informe patronal de accidente de trabajo, como lo mandan los cánones de la seguridad industrial y por ende la ley laboral, de ahí la razón de la aseguradora ATEP del seguro social en no reconocer la pensión de invalidez al demandante, aseguradora esta que presenta como cororario (sic) último: le corresponde al patrono hacerse cargo de las prestaciones económicas y darle asistencialidad”; que la prescripción fue interrumpida mediante reclamación escrita el 25 de abril de 2000, y que los perjuicios ocasionados por las demandadas ascienden a la suma de $290.628.600.

II. Respuesta a la demanda

La sociedad Mecanysol Ltda, hoy M.I. Montajes Industriales Ltda, al contestar el escrito iniciador de la contienda, se opuso a la viabilidad de las súplicas dado que “no adeuda suma alguna por concepto de indemnización por los 34 años de incapacidad laboral, al señor Rodrigo García Duque”.

Por su parte, Cartón de Colombia S.A. también estimó que no eran procedentes las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones que se demandan, carencia de acción y derecho, y prescripción.

III. Sentencia de primera instancia

La primera instancia la desató el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, en descongestión, que absolvió a las demandadas de las súplicas imploradas por el actor. Costas a la vencida.

IV. Sentencia de segunda instancia

Al resolver la apelación interpuesta por el promotor del proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral de Descongestión, confirmó íntegramente el fallo recurrido. Sin costas.

El juzgador basó su decisión en los siguientes aspectos:

1. En lo que atañe a los efectos del accidente sufrido por el actor, sostuvo que “se dice en la demanda que fueron unas quemaduras y una afección pulmonar que no ameritaron en principio incapacidad. Hechos que no cuentan con respaldo probatorio en el expediente, sin que siquiera se tenga certeza sobre qué (sic) era el líquido que cayó sobre los trabajadores”.

2. La junta regional de calificación de invalidez el 17 de febrero de 2000 (fl. 35), le dictaminó al actor una pérdida de la capacidad laboral del 67.70%, por asma bronquial persistente, enfermedad profesional, a partir del 1º de marzo de 1999. Aspectos que fueron confirmados en su totalidad por la Junta Nacional según oficio 1111 del 4 de octubre de 2000 (fl. 36).

3. Que los “entes calificadores” no estimaron que el accidente laboral del 22 de junio de 1997 “fuera la causa eficiente y directa del asma que padece el señor Garcia (sic) Duque como parece entenderlo el impugnante, pues si bien se estableció que era profesional se clasificó como enfermedad, así entonces el nexo entre el accidente y la incapacidad no se desprende ineludiblemente de esta prueba, la que dicho sea de paso no contó con la contradicción por las demandadas, ni antes, ni durante el proceso laboral por lo que su oponibilidad al empleador y al beneficiario de la obra tampoco resulta clara”.

4. Que las declaraciones vertidas por los galenos que trataron al demandante en el proceso de tutela que instaurara contra las aquí demandadas y el Instituto de Seguros Sociales ARP, se aportaron en copia simple y no con el requisito de validez establecido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil.

5. No hay una unidad de concepto médico sobre el nexo existente entre la enfermedad padecida por el demandante y el accidente del 22 de junio de 1997, pues los conceptos de los médicos de los doctores Nubia Saavedra y Heriberto García Sánchez, no coinciden.

6. En lo atinente a la culpa del empleador, le correspondía al actor la carga de demostrar la responsabilidad de aquel.

Referente a la falta de reporte del accidente de trabajo “es importante tener en cuenta que con la expedición de la ley 100 de 1993, los amparos otorgados por el sistema de seguridad social integral responden al cubrimiento de riesgos que aluden a la responsabilidad objetiva del empleador y que asumen las entidades del respectivo régimen, en este caso la ARP. Es efecto de esta situación que el mismo sistema establezca las consecuencias para el empleador de la omisión de las cargas impuestas las que por tanto, a juicio de esta Sala, no pueden incluirse como elementos integrantes de la culpa patronal, que alude al concepto de responsabilidad aquiliana, pues como se evidencia su naturaleza es en esencia diferente”.

7. Concluyó que “sin prueba de que la pérdida de capacidad laboral se produjo con ocasión del accidente de trabajo, no se cuentan (sic) con elementos de juicio que permitan establecer cuál fue exactamente el daño producido, lo que impide a la sala establecer el nexo causal entre éste y la acción u omisión culposa del empleador, debiendo por las anteriores razones confirmar la decisión absolutoria, pues sin prueba del daño ocasionado por el accidente, inane resulta recabar en la conducta patronal”.

V. Recurso de casación

Pretende el demandante recurrente, según lo manifestó en el alcance de la impugnación, que la Corte CASE TOTALMENTE la sentencia del Tribunal, para que una vez constituida en sede de instancia, revoque la dictada por el juzgador de primer grado y, en su lugar, se condene a la “única pretensión de la demanda, concretamente al reconocimiento y pago de la indemnización total y ordinaria por perjuicios por culpa comprobada de los patronos en la ocurrencia del accidente de trabajo, según los lineamientos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo”. En cuanto a las costas se provea como es de rigor.

Con tal propósito formuló dos cargos, no replicados, que serán estudiados conjuntamente conforme lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

VI. Primer cargo 

Ataca la sentencia del Tribunal por vía indirecta, “en la modalidad de apreciación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Asevera que si el empleador Mecanysol Ltda, admitió que quien le dio la orden al actor fue un ingeniero de Cartón de Colombia S.A. y al encontrarse demostrado que en concepto de la ARP del Instituto de Seguros Sociales le corresponde al empleador hacerse cargo de las prestaciones económicas, “no se aprecia sensatez jurídica el deducir en forma contraevidente y así mismo errónea, al subvalorizar estas pruebas sumarias y muchas mas (sic) que reposan en el libelo de la demanda, por parte del Tribunal y no es equitativo el confirmar la precipitada sentencia “relámpago” del a quo, materia de casación”.

Luego de citar al tratadista Leonardo A. Colombo, el recurrente dice que al lado de las obligaciones generales de los contratos, como las de pagar el salario y suministrar las maquinarias, existe otra, no menos importante, y es la de restituir al trabajador sano y salvo una vez concluida la labor; es “algo así como una garantía de seguridad a favor del asalariado cuya consecuencia más inmediata consiste en que la víctima del siniestro, no debe probar otra cosa que la subsistencia del contrato y el perjuicio recibido, incumbiéndole al demandado demostrar que el acontecimiento no le es imputable por venir de causas a que es ajeno. Algo que se ha desvirtuado con creces, puesto que la culpa de los patronos es evidente en el caso que nos asiste, demostrándole a los Magistrados en forma respetuosa que estos cuasidelitos de culpa Aquiliana, de responsabilidad civil y laboral contractual y extracontractual, si son imputables a los patronos, puesto que la causa generatriz de la responsabilidad del patrono se haya en el propio contrato que lo liga con el trabajador”.

Para el impugnante, como es un requisito indispensable que la culpa comprobada del patrono en el accidente que sufre el trabajador o padezca la enfermedad profesional como consecuencia del mismo, es “el prerrequisito para que se produzca la consecuencia jurídica según la cual el empleador debe la indemnización total y ordinaria de perjuicios al trabajador, el mero hecho de que el contratista Mecanysol Ltda. admita y confiese en la contestación de la demanda que “la obligación del ingeniero de Carton (sic) de Colombia SA. (sic), era informar del riesgo de la acción ordenada”, lo cual no se hizo, ni se proveyeron a los trabajadores accidentados (sic) los implementos de seguridad para ejecutar la obra, nos demuestra en grado mayúsculo y sin lugar a equívocos que el empleador contratante beneficiario Carton (sic) de Colombia SA. (sic), le asiste toda la culpabilidad en el accidente de marras, cualquier otro concepto va en contra de la realidad de los hechos acaecidos. Todo lo anterior esta (sic) demostrado con las pruebas obrantes en el expediente que nunca fueron desvirtuadas”.

Sostiene que a raíz del accidente de trabajo “desarrolla la enfermedad profesional de asma bronquial persistente continuada, por las secuelas dejadas en sus pulmones como consecuencia de la inhalación de los líquidos corrosivos y gases producidos por éstos, teniendo en cuenta que antes de este percance laboral, la historia clínica del trabajador nunca presentó cuadros neumológicos y la junta regional califica en un 67.7 % la invalidez del trabajador por el problema detectado en sus pulmones y la junta nacional lo ratifica, luego, sin lugar a dudas la relación causa-efecto está fehacientemente comprobada y desconocer lo que es evidente, es una apreciación errónea de parte de los ilustres Magistrados”.

VII. Segundo cargo 

Acota que la sentencia acusada “viola por apreciación errónea o falta de apreciación en la prueba y además por falta de profundidad en el análisis de las obligaciones del empleador, todo el capítulo y artículos: 55-56 y 57, numerales 1-2-3 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Asevera que el empleador actuó de mala fe por lo siguiente:

1. Deliberadamente en la contestación de la demanda, cambió la fecha del accidente de trabajo, tratando de evadir responsabilidades.

2. También presentó como prueba sumaria en la contestación de la demanda y con la falencia del yerro anterior descrito, un contrato de trabajo sin la firma del trabajador y con dos firmas de testigos espurios.

3. Nunca afilió al trabajador al sistema de riesgos profesionales del Seguro Social, de ahí, los resultados de la nula protección social que sufre el accidentado en los actuales momentos y que solo es culpa de los empleadores.

4. No se dignó elaborar el informe patronal de accidente de trabajo (IPAT), porque según su absurdo criterio, el mismo no era grave (fl.olio 21 demanda original).

5. Después del accidente laboral objeto del presente reclamo judicial, dentro de su astucia “indígena”, cambió la razón social original de su empresa contratista Mecanysol Ltda por M.I. Montajes Industriales Ltda., creyendo que con esta argucia evitaría responsabilidades en una potencial demanda.

“¿De qué moral empresarial estamos hablando?”

Afirma que el empleador contratante beneficiario, Cartón de Colombia S.A., dentro de sus “negligentes actuaciones al respecto del caso que nos asiste, nunca verificó que los documentos de los trabajadores contratados por el contratista Mecanysol Ltda., para las calendas del accidente de trabajo que nos ocupa, estuvieran en regla en cuanto a si tenían contrato de trabajo o no y estuvieran afiliados a la seguridad social que exige la ley, por ende, es responsable directo, además, de que a folios 23 y 24 de la demanda original consta prueba sumaria (nunca tachada) de respuesta a interrogatorio hecho por tutela interpuesta ante el juzgado civil de circuito, que el doctor Edgar (sic) Roberto Munoz Urrego, apoderado general principal jurídico de Carton (sic) de Colombia S.A., manifestó: “...que para la fecha de los hechos narrados (jun. 22/97), Mecanysol Ltda., realizó trabajos de desmonte de tuberías de licor blanco y licor verde...”.

Para el recurrente “el mencionar lo preceptuado en el artículo 56 del CST “...incumben al patrono obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores...”, en este caso específico sería una caricatura, pero para los señores magistrados, con su errónea apreciación, bendicen la diligente actuación de los empleadores al exonerarlos de cargos. Y en los numerales 1-2 y 3 del artículo 57 del CST, no se cumplieron por parte de los patronos, ni el 0.5 % de las obligaciones plasmadas, salvo mejor criterio de los togados falladores que conceptúan en forma contraevidente”.

VIII. Se considera

Como viene de señalarse, el promotor de la litis puso en movimiento el órgano jurisdiccional del estado, con el fin de que las sociedades llamadas a juicio fueran condenadas, solidariamente, a reconocerle y pagarle la indemnización “en forma total y ordinaria por perjuicios de acuerdo al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo”. 

Se recuerda que la sala sentenciadora al confirmar la decisión absolutoria del juez de primera instancia, en estricto rigor, adujo: (i) que la Junta Regional de Calificación de Invalidez en febrero 17 de 2000 (fI. 35), le dictaminó al actor una pérdida de la capacidad laboral del 67.70%, por asma bronquial persistente, enfermedad profesional, a partir del 1º de marzo de 1999. Aspectos que fueron confirmados en su totalidad por la Junta Nacional, según oficio 1111 de octubre 4 de 2000 (fl. 36); (ii) que los “entes calificadores” no estimaron que el accidente laboral de 22 de junio de 1997 “fuera la causa eficiente y directa del asma que padece el señor García Duque como parece entenderlo el impugnante, pues si bien se estableció que era profesional se clasificó como enfermedad, así entonces el nexo entre el accidente y la incapacidad no se desprende ineludiblemente de esta prueba, la que dicho sea de paso no contó con la contradicción por las demandadas, ni antes, ni durante el proceso laboral por lo que su oponibilidad al empleador y al beneficiario de la obra tampoco resulta clara”; (iii) que “sin prueba de que la pérdida de capacidad laboral se produjo con ocasión del accidente de trabajo, no se cuentan (sic) con elementos de juicio que permitan establecer cuál fue exactamente el daño producido, lo que impide a la sala establecer el nexo causal entre este y la acción u omisión culposa del empleador, debiendo por las anteriores razones confirmar la decisión absolutoria, pues sin prueba del daño ocasionado por el accidente, inane resulta recabar en la conducta patronal”, y (iv) que las declaraciones vertidas por los galenos que trataron al demandante en el proceso de tutela que instaurara contra las aquí demandadas y el Instituto de Seguros Sociales ARP se aportaron en copia simple y no con el requisito de validez establecido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil. 

El descontento del recurrente con la sentencia atacada gravita, en esencia, en los siguientes ejes, que, en su sentir, están debidamente acreditados con la plataforma probatoria obrante en autos: 1. la culpa de las sociedades en la ocurrencia del accidente de trabajo, pues “no se proveyeron a los trabajadores accidentados los implementos de seguridad para ejecutar la obra”; 2. que a raíz del accidente, el actor “desarrolla la enfermedad de asma bronquial persistente continuada, por las secuelas dejadas en sus pulmones como consecuencia de la inhalación de los líquidos corrosivos y gases producidos por éstos, teniendo en cuenta que antes de este percance laboral nunca presentó cuadros neumológicos”, y 3. que la junta regional calificó en un 67.7% la invalidez del demandante por el problema detectado en sus pulmones “(...) luego, sin lugar a dudas la relación causa-efecto está fehacientemente comprobada”. 

Precisa la Corte recordar el carácter extraordinario del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito, a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el pleito y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. 

En la demanda bajo estudio, se observa: 

1. En el primer cargo el recurrente denuncia que el tribunal violó la ley por vía indirecta en la modalidad de “apreciación errónea” del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, concepto de vulneración no consagrado en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Sin embargo, de entenderse que el recurrente hace referencia a la interpretación errónea, debe decirse que esta modalidad es exclusiva de la vía directa, al paso que el denominado en casación laboral error fáctico, está reservado a la vía de los hechos, es decir, la indirecta. 

Por lo tanto, si la interpretación errónea es propia de la vía directa, sendero que requiere plena conformidad con la valoración probatoria realizada por el sentenciador, no es viable sustentar el primero de los cargos en supuestos yerros de hecho, que, se itera, pertenecen a la órbita de la vía indirecta y exige un análisis probatorio. 

Tiene adoctrinado esta Corte que, por regla general, la modalidad de violación de la ley posible por la llamada vía indirecta es la de la aplicación indebida, dado que, la interpretación errónea supone la utilización del precepto pero dándosele un entendimiento que no corresponde a su genuino y cabal sentido, y con independencia de los supuestos fácticos; en tanto que los ataques por la vía de los hechos, presumen la conformidad del recurrente con las conclusiones jurídicas del fallo, esto es, con las normas que aplicó o dejó de aplicar, o la forma como las interpretó. 

2. La demanda de casación deber reunir no sólo los requisitos meramente formales que autorizan su admisión, sino que también exige un planteamiento y desarrollo lógico. Por manera que si el ataque se dirige por la vía de los hechos, como en el asunto bajo escrutinio, el recurrente además de indicar los medios de prueba que fueron erróneamente apreciados o dejados de apreciar debe, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 y 90 del Código Procesal Laboral, expresar el desatino fáctico de apreciación, esto es, demostrar qué es lo que, contrario a lo observado por el juzgador o dejado de observar, muestra cada uno de los medios de convicción. Esto, por cuanto de solo indicarse aquellos y olvidarse lo segundo, se estaría señalando la fuente del error, pero no esté en sí mismo. 

Además, es deber del impugnante en casación exponer de manera clara qué es lo que la prueba acredita y el yerro evidente en su apreciación, cuando denuncia su errada valoración, o qué es lo que ha debido tener por probado el fallador de haberla apreciado, cuando acusa su omisión. Y esa demostración la debe hacer mediante un análisis ponderado y crítico de las pruebas, confrontando la conclusión que se deduzca de este proceso intelectual de argumentación, con las conclusiones acogidas en la resolución judicial, labor que por completo omitió la censura. 

Ese proceso de razonamiento incumbe exclusivamente a quien acusa la sentencia, e implica para él hacerle ver a la Corte la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, de modo que si omite llevar a cabo esa confrontación la Corte no puede suplir su olvido y deducir el error evidente que pueda tener el efecto de desquiciar los soportes de la sentencia impugnada, que llega al recurso extraordinario amparada por una presunción de legalidad y acierto que, en el sub examine, no se logra desvirtuar. 

3. Por otra parte, aún si se entendiera que el primer cargo está dirigido por la vía directa, en la modalidad de la interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la verdad es que el impugnante no logra demostrar adecuadamente que el entendimiento del juzgador de segunda instancia es equivocado y que, por tal razón, incurrió en un desatino interpretativo.  

4. Debe resaltar la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, donde se puedan mezclar aserciones fácticas con razones de puro derecho, como se exhibe en los cargos. Por ejemplo dilucidar qué clase de culpa contempla el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, requiere de disquisiciones de juicio, ajenas por completo de los reproches meramente probatorios. 

5. Los cargos no censuraron todos los fundamentos en que se soportó el fallo fustigado, verbi gratia, (i) que las declaraciones vertidas por los galenos que trataron al demandante en el proceso de tutela que instaurara contra las aquí demandadas y el Instituto de Seguros Sociales ARP, se aportaron en copia simple y no con el requisito de validez establecido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, y (ii) que el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez “no contó con la contradicción por las demandadas, ni antes, ni durante el proceso por lo que su oponibilidad al empleador y al beneficiario de la obra tampoco resulta clara”.  

Debe reiterar la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el Tribunal como soporte de la decisión impugnada, o apenas alguna de ellas. 

Ante la orfandad argumentativa de las acusaciones en el aspecto señalado, que constituyó fundamento esencial del fallo, las conclusiones del tribunal permanecen incólumes, por la presunción de legalidad que cobija la sentencia. 

6. Si la Corte dejara de lado los dislates en precedencia, y entendiera, solo a título de discusión que en el presunto accidente medió culpa del empleador, la sentencia tampoco sería quebrada, toda vez que a ojo del catálogo probatorio que obra en el expediente, no es posible inferir con total y plena certeza que la pérdida de la capacidad laboral determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez en un 67.70%, según ella ocasionada por una enfermedad profesional, tenga como causa determinante el suceso ocurrido el 22 de junio de 1997. Dicho en breve, se desconocen los motivos por los cuales se gestó el deterioro de la salud del actor, como también no se tiene certeza que el mencionado accidente de trabajo haya sido el generador del estado patológico en el organismo del trabajador. 

Tampoco es dable deducir o inferir la existencia de la relación de causalidad, de la mera afirmación consistente en que el accionante ingresó sano a laborar, o porque el empleador no reportó el accidente de trabajo ante la administradora de riesgos profesionales, como lo pretende la acusación, pues no pasan de ser meras hipótesis, que no dan cabida a la acreditación de tal requisito. 

Puestas en esa dimensión las cosas, debe reiterarse que no brota del conglomerado probatorio la existencia del nexo causal entre el suceso ocurrido el 22 de junio de 1997 y la enfermedad profesional que le ocasionó al actor una pérdida de la capacidad laboral del 67,70%, estructurada, según la Junta Regional de Calificación de invalidez, el 1º de marzo de 1999. 

En resolución, y suponiéndose la culpa del empleador, las acusaciones tampoco se abrirían paso ante la falta de acreditación de uno de los requisitos de la responsabilidad, cual es, la relación de causalidad entre el hecho imputable a ella y la disminución de la capacidad laboral del demandante. 

De modo, pues, que los cargos se rechazan. 

Por cuanto no hubo réplica, sin costas en la esfera casacional. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que le adelanta el recurrente a las sociedades Cartón de Colombia S.A. y Mecanysol Ltda, hoy M.I. Montajes Industriales Ltda. 

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen. 

Magistrados: Carlos Ernesto Molina Monsalve—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.