Sentencia 45875 de septiembre 25 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 658-2013

Radicación 45875

Acta 30

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., veinticinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

Se debe comenzar por decir que en estos tres primeros cargos, la censura busca que se determine jurídicamente que el demandante tiene derecho a la pensión legal consagrada en la Ley 33 de 1985, y a la pensión vitalicia contemplada en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo, sin que haya lugar a la compartibilidad con la pensión que posteriormente le reconozca el Instituto de Seguros Sociales, en virtud de ser este un trabajador oficial, presentarse una nulidad constitucional por el tratamiento dado de trabajador particular, existir un despido injusto, y resultar por tanto inoperante la cosa juzgada.

Como en la sustentación de los cargos el recurrente no mencionó para nada la súplica subsidiaria de la pensión sanción o restringida de jubilación de origen legal, el estudio de la acusación se contraerá a las pretensiones principales de la demanda inicial.

El impugnante sostiene que el Banco Central Hipotecario hoy en liquidación, era una entidad descentralizada del orden nacional en la modalidad de economía mixta, y la variación del porcentaje de participación estatal en el capital de la entidad no mutó esa condición. Por consiguiente, dada su naturaleza jurídica y conforme al mandato constitucional artículo 123 de la Carta, sus trabajadores indiscutiblemente eran servidores públicos y/o trabajadores oficiales. Lo que significa, que al haberle dado el tribunal al promotor del proceso el tratamiento de un trabajador particular, dejó de aplicar las normas del sector oficial pertinentes para la finalización del vínculo, lo que conduce a la nulidad constitucional de la conciliación laboral celebrada entre las partes el 29 de febrero de 2000, y a que se tenga la terminación de la relación como injusta e ilegal, cuya consecuencia es “la inoperancia de la cosa juzgada ni la prescripción”.

Valga decir a lo planteado por la censura, que en un proceso seguido contra la misma entidad bancaria, en el que se analizó lo preceptuado en la Constitución Nacional, artículo 123, frente al régimen jurídico de los servidores de las sociedades de economía mixta, se concluyó que no toda persona que preste sus servicios a esta clase de entidades tiene la condición de empleado público o trabajador oficial, sino que puede tener la calidad de <trabajador particular>, dependiendo ello de la participación estatal en el capital de la sociedad. En tal oportunidad se dijo que, para el caso del Banco Central Hipotecario, atendiendo su nueva composición accionaria de capital público inferior al 90%, no era dable a partir del 27 de diciembre de 1991, enmarcar la relación de sus servidores dentro de un vínculo contractual laboral propio de los trabajadores oficiales, sino que desde esa fecha se regían por la regulación de los trabajadores particulares. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia Laboral, 17 de abril de 2013, radicado 38851, se puntualizó:

“(….) Para la Sala, el artículo 123 de la Constitución Política no puede interpretarse desligado de los artículos 125 y 210 ejusdem, en cuanto el segundo de los preceptos citados, es decir el 125, siguiendo una larga tradición histórica, mantiene la misma clasificación de empleados oficiales que traía la legislación anterior al referirse a los empleados públicos (que pueden ser de carrera, de libre nombramiento y remoción y de elección popular) y los trabajadores oficiales. Incluso el propio artículo 123 de la Constitución Política se refiere a <los empleados y trabajadores del Estado>, con lo cual, entiende la Corte, consagró y reafirmó las categorías antes mencionadas, a las cuales simplemente agregó, como servidor público <los miembros de las corporaciones públicas> con lo cual quiso aludir, entre otros, a los miembros de las corporaciones administrativas de orden territorial (concejo municipal, por ejemplo), quienes no obstante aparecer clasificados como servidores públicos, no tienen la condición de <empleados públicos>, según la propia Carta lo establece en el artículo 312. Pero también debe tenerse en cuenta que según el artículo 210 de la Carta <La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores y gerentes> lo que quiere decir que el régimen jurídico de tales entidades, incluida la forma de vinculación de sus servidores, pertenecen al resorte del legislador.

Sobre el alcance del artículo 123 y de las demás normas citadas de la Constitución Política resulta conveniente traer a colación lo dicho por la Corte Constitucional en su Sentencia C-736 de 2007, que en lo pertinente así razonó:

<6.2. El régimen jurídico de los servidores de las sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios públicos.

6.2.1. El artículo 210 de la Constitución Política autoriza al legislador para establecer el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes. Como dentro de esta categoría se incluyen tanto las sociedades de economía mixta, como las empresas de servicios públicos, debe concluirse que su régimen jurídico es el señalado en la ley. Ahora bien, el señalamiento del tipo de vínculo que une a los trabajadores de las sociedades de economía mixta o de las empresas de servicios públicos con esta clase de entidades descentralizadas es un asunto que forma parte de la definición del régimen jurídico de las mismas, y que por lo tanto debe ser establecido por el legislador (resaltado no es del original).

(…).

Así pues, como primera conclusión relevante para la definición del segundo problema jurídico que plantea la presente demanda, se tiene que corresponde al legislador establecer el régimen jurídico de las sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios públicos, y que en tal virtud le compete regular la relación que se establece entre dichas entidades y las personas naturales que les prestan sus servicios, pudiendo señalar para ello un régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Ahora bien, como se hizo ver ad supra, en ejercicio de esta facultad el legislador estableció en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 que “las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial y comercial conforme a las reglas de derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley” (resalta la Corte). Y el Código de Comercio en su artículo 461 dispone que “son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario (resalta la Corte).

(…).

Así pues, como segunda conclusión relevante se tiene que, en uso de libertad de configuración legislativa, el Congreso ha establecido como regla general que tanto las sociedades de economía mixta como las empresas de servicios públicos están sujetas a un régimen de derecho privado. La razones de esta decisión legislativa tienen que ver con el tipo de actividades industriales y comerciales que llevan a cabo las sociedades de economía mixta, y con la situación de concurrencia y competencia económica en que se cumplen tales actividades, así como también con el régimen de concurrencia con los particulares en que los servicios públicos son prestados por las empresas de servicios públicos, circunstancias estas que implican que, por razones funcionales y técnicas, se adecue más al desarrollo de tales actividades la vinculación de sus trabajadores mediante un régimen de derecho privado.

6.2.2. Ahora bien, utilizando un criterio orgánico, el artículo 123 de la Carta señala que “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios” (resalta la Corte). A su turno, el artículo 125 ibídem establece que “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”. Con base en estas dos normas, la Corte ha hecho ver que la noción de “servidor público” es un género que comprende diferentes especies, cuales son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales. [64] (resaltado no es del original). Estos últimos, como es sabido, no se vinculan a la administración mediante situación legal y reglamentaria, sino mediante contrato de trabajo, al contrario de lo que sucede con los empleados públicos. La jurisprudencia también ha hecho ver que la anterior clasificación emana de la Carta misma, pero que ello no obsta para que el legislador pueda establecer nuevas denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes de las mencionadas, para lo cual está revestido de facultades expresas en virtud de lo dispuesto por el numeral 23 del artículo 150 de la Constitución Política.[65] Así pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados y trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y los las empresas de servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede señalar distintas categorías jurídicas.

(…).

[64] Sentencia C-299 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

[65] Cf. Ibídem”>.

De lo anterior se desprende entonces que cuando el artículo 123 de la Carta Política señala que los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y por servicios son servidores públicos, está refiriéndose a los empleados públicos y los trabajadores oficiales de las mismas, pues ese es el único entendimiento que guarda armonía con lo previsto en los artículos 125 y 210 ibídem, en tanto la calidad de servidor público es predicable de los miembros de las corporaciones públicas y de los empleados públicos y trabajadores oficiales del Estado y de sus entidades descentralizadas, ya que el régimen jurídico de estas, incluida la forma de vinculación de sus servidores, será determinado por la ley, como lo señala el último inciso del artículo 210, el cual quedaría vacío de contenido y resultaría redundante si se aceptara el alcance del artículo 123 que señala el recurrente.

Ahora bien, habiendo quedado establecido que el régimen jurídico de las sociedades de economía mixta será determinado por el legislador y que son servidores públicos los empleados públicos y los trabajadores oficiales, corresponde averiguar cómo diseñó el legislador esos aspectos en el ámbito nacional en atención a que el ente demandado pertenece a esa órbita. En ese orden de ideas, interesa recordar las definiciones que al respecto hizo el Decreto 3135 de 1968.

El artículo 5º de dicho decreto señaló:

<Empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios; departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos>.

Nótese que allí nada se dijo en relación con las personas que prestaran sus servicios en las sociedades de economía mixta, situación que vino a ser corregida por el Decreto Reglamentario 1848 de 1969, mas en todo caso para efectos del caso que es materia de análisis interesa resaltar que el artículo 8º del Decreto 1050 de 1968 definió las sociedades de economía mixta como <organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la ley> (resaltado no es del original), norma que vino a ser complementada por el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968, que dispuso:

<Del régimen jurídico para algunas sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado>.

La interpretación armónica y sistemática de esas disposiciones ha permitido entender que los servidores de las sociedades de economía mixta se regían por el derecho privado, es decir no eran empleados oficiales, <salvo las excepciones que consagre la ley>, como lo dispuso el artículo 8º del Decreto 1050 de 1968, o los que laboraran en aquellas en las que la participación del Estado fuera del 90% o más de su capital social, conforme lo consagró el texto legal que se transcribió líneas arriba.

Lo anterior fue corroborado por los artículos 2º y 3º del Decreto 130 de 1976, cuyo texto, en su orden es el siguiente:

<ART. 2º—Del régimen aplicable a las sociedades con aporte nacional inferior al noventa por ciento (90%). Las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere inferior al noventa por ciento (90%) del capital social, se someten a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley>.

<ART. 3º—Del régimen aplicable a las sociedades con aporte nacional igual o superior al noventa por ciento (90%) del capital social. Las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación o de sus entidades descentralizadas fuere igual o superior al noventa por ciento (90%) del capital social, se sujetan a las normas previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado>.

Valga aclarar que se citan las anteriores normas en razón a que el tiempo de servicios que se reclama sea tenido en cuenta para efectos de la pensión impetrada corresponde a los años 1991 a 1996, tiempo en que dichas disposiciones estaban vigentes, siendo menester aclarar, de paso, que la invocación en la cita de la Corte Constitucional que arriba se transcribió, de la Ley 489 de 1998, en modo alguno implica que se está aplicando a este proceso, pues esta es posterior a los hechos materia de examen, y su mención en nada altera la situación, ya que el contenido material de las normas anteriores, y que antes se trascribieron, es similar.

Retomando el punto central objeto de análisis, se tiene entonces que en realidad no todas las personas que prestan sus servicios a las sociedades de economía mixta tienen la condición de trabajadores oficiales ni de empleados públicos, pues ello solamente es posible en aquellas que tengan una participación estatal del 90% o más, puesto que las demás se rigen por el derecho privado y se consideran en consecuencia trabajadores particulares, salvo las excepciones que consagre la ley, como lo preveía el artículo 2º del Decreto 130 de 1976.

De manera que si se parte del hecho de que el banco demandado tuvo a partir del 27 de diciembre de 1991, una participación estatal inferior al 90%, según lo dedujo el tribunal del documento de folios 306 y ss., aspecto que el recurrente ahora no controvierte, es claro que desde ese momento no puede considerársele como trabajador oficial y por ende el tiempo transcurrido a partir de ahí no se computa para los efectos del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 el cual exige veinte años servidos como “empleado oficial”. En todo caso, si por amplitud se revisan las certificaciones de folios 240 a 246, se halla que en efecto desde 1991 a 1997 la participación de capital público en el banco fue inferior al 90% (resalta la Sala).

En cuanto a los otros sustentos del fallo, se tiene que el recurrente no cuestiona el entendimiento que con la trascripción de un fallo de esta Corte dio el tribunal al Decreto 2822 de 1991. Con todo cabe agregar que tales directrices fueron reafirmadas en la Sentencia de Casación 25030 del 25 de mayo de 2005, reiterada en la 41941 del 16 de junio de 2010, en las que se dijo:

<En efecto, si bien es cierto que antes de la vigencia del Decreto 2822 de diciembre 18 de 1991 era indiferente entrar a determinar la composición accionaria del Banco Central Hipotecario, en virtud a que pese a ser una sociedad de economía mixta el régimen aplicable a sus trabajadores era el de las empresas industriales y comerciales del Estado por expreso mandato del artículo 38 del Decreto 80 de 1976 y 2.4.3.1.1 del Decreto 1730 de 1991, también lo es que con posteridad a la expedición del aludido Decreto 2822 de 1991 que en su artículo 1º suprimió la parte pertinente donde se disponía el sometimiento de la entidad bancaria demandada al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, ya se hace necesario dilucidar el aporte estatal en atención a lo que establecen los artículos 2º y 3º del Decreto Extraordinario 130 de 1976 (rad. 10876, nov. 10/98)’.

“A ello se agrega que el artículo 339 del Decreto 663 de 1993 no derogó el Decreto 2822 de 1991, pues aquella disposición se limitó a señalar la fecha de vigencia del decreto, que ‘sustituye e incorpora’ otros cuerpos normativos anteriores, entre ellos, el citado Decreto-Ley 2822 de 1991, lo cual no puede interpretarse como una derogación general expresa, pues si bien es posible que algunas disposiciones de las leyes o decretos preexistentes que sean contrarios a la nueva regulación sufran un efecto derogatorio, es posible que otras que se avienen a ésta más bien se entiendan incorporadas a la misma, de suerte que la sola invocación del artículo 339 del Decreto 663 de 1993 no es suficiente para concluir la derogación del artículo 1º del Decreto 2822 de 1991.

De igual modo, la circunstancia de que el Decreto 20 del 12 de enero de 2001 se haya referido al Banco Central Hipotecario como sociedad de economía mixta sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, de ninguna manera quiere decir que se produjera la transmutación de la calificación realizada en el Decreto 2822 de 1991, porque es obvio que, tratándose de entidades descentralizadas del orden nacional, la competencia para su creación y la definición de su naturaleza jurídica estaba y está radicada en el Congreso de la República, tanto en vigencia de la Constitución de 1886 como en la actual, que podía facultar pro tempore al Presidente de la República para que ejerciera esas facultades, y por ello precisamente el artículo 19 de la Ley 45 de 1990 hizo uso de tales facultades para que el citado mandatario determinara la fusión, absorción, escisión, transformación conversión, modificación de la naturaleza jurídica, liquidación y cesión de activos, pasivos y contratos de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria con régimen de empresas industriales y comerciales del Estado o sujetas a este régimen. Y justamente, en desarrollo de esas facultades, fue expedido el Decreto-Ley 2822 de 1991 ya referido, o sea que el acto de cambio de naturaleza jurídica del Banco Central Hipotecario se hizo a través de acto idóneo constitucional y legalmente y por lo mismo su modificación posterior debía ser por medio de acto de la misma jerarquía, requisito que no alcanza el Decreto 20 de 2001, el cual, antes que pretender cambiar la naturaleza jurídica de esa entidad, más bien apuntó a ordenar su disolución y liquidación, de manera que la mención que allí se hace del banco no tiene la repercusión que aduce el recurrente> (Sent., rad. 34582/2009)”.

Con base en lo anteriormente dicho, corresponde decir que es evidente que el tribunal no pudo incurrir en el error de no dar por demostrado que el actor tuvo la condición de trabajador oficial entre el 24 de mayo de 1973 y el 13 de marzo de 1996, como señala el recurrente en el que denomina cuarto cargo (que es en verdad el tercero), porque como ya se vio, durante los últimos años de 1991 a 1996 no ostentó esa calidad, por lo que no al completar 20 años de servicios como empleado oficial, no se hace acreedor a la pensión de la Ley 33 de 1985”.

En el antecedente que se acaba de transcribir la reclamación versaba sobre la pensión legal de jubilación de la Ley 33 de 1985, como acontece en esta ocasión, y por consiguiente, tienen perfecta aplicación las directrices allí señaladas, que coinciden plenamente con lo resuelto por el tribunal sobre la naturaleza jurídica de la entidad demandada y la del vínculo laboral del actor, vigente para el momento de la finalización del contrato de trabajo, sin que encuentre la Sala motivo suficiente para variar la jurisprudencia en el forma solicitada por el casacionista.

En este orden de ideas, el ad quem no se equivocó al considerar que el demandante en los últimos años de prestación de servicios al banco demandado no conservó su calidad de trabajador oficial y, el régimen aplicable para el momento de la ruptura del nexo contractual laboral era el de los trabajadores particulares. Por ende, no es dable con fundamento en lo alegado por la vía directa o del puro derecho en los tres cargos, tener la terminación del vínculo como ilegal o injusta y mucho menos invalidar la conciliación que celebraron las partes, en la que se dejó constancia que el contrato de trabajo finalizaba por “mutuo acuerdo”. Tampoco tener por inoperante la cosa juzgada que se declaró en relación con la pensión del artículo 94 del reglamento interno de trabajo de la empresa.

En consecuencia los cargos no prosperan y por tanto no se abre paso el reconocimiento de la pensión legal prevista en la Ley 33 de 1985, así como tampoco a la pensión extralegal contenida en el mencionado reglamento interno de trabajo.

VII. Cuarto cargo

Atacó la sentencia del tribunal por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, respecto de los artículos 8º del Decreto 2351 de 1965, 6º de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con los artículos 12 de la Ley 10 de 1934, 4º del Decreto 652 de 1935, Ley 190 de 1995, 20 de la Ley 200 de 1995, 1º del Decreto 1848 de 1969, 11 de la Ley 6ª de 1945, 467, 468, 476 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, 21, 36, 141 de la Ley 100 de 1993, 16 Decreto 758 de 1990 aprobatorio del A. 49 del ISS, 94 del reglamento interno de trabajo, 45 de los estatutos del BCH, 16, 30 a 33, 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, 1º y 4º de la Ley 33 de 1985, 464 del Decreto 410 de 1971, 177 del Código de Procedimiento Civil, 150-10 y 210 de la Constitución Nacional, 31 del Decreto 3130 de 1968, 1740, 1502, 1508 y 1515 del Código Civil, 2º, 17 y 49 de la Ley 6ª de 1945, 5º del Decreto 20 de 2001 y 251 Código de Procedimiento Civil como violación de medio.

Dijo que la anterior trasgresión de la ley, se produjo por haber incurrido el tribunal en los siguientes errores evidentes de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo que al actor no era beneficiario de la pensión del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, como trabajador del Banco Central Hipotecario.

2. No dar por demostrado, estándolo que el Banco Central Hipotecario con el acto administrativo ilegal implícito de folios 82 a 85, 270 a 272, va en contra de su propia autonomía de la voluntad, de haber creado una pensión sanción vitalicia con el artículo 94 del reglamento interno de trabajo, folios 102; no compartible con la pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales. Sino plena e independiente.

3. No dar por demostrado, estándolo que el Banco Central Hipotecario con el acto administrativo ilegal implícito de folios 82 a 85, 270 a 272, y los folios 289 a 328 no produce los efectos de cosa juzgada.

4. No dar por demostrado, estándolo que el acto del BCH el 29 de febrero de 2000, supuesta acta de desvinculación es un despido injusto y corresponde a acogimiento engañado del actor al plan de retiro de los folios 362 a 371, cuaderno 1.

5. Dar por demostrado, sin estarlo que los folios 789 a 796 poder especial, folios 791 a 794, cuaderno 1 escritura de poder general, acreditan legalmente la comparecencia del Central Hipotecario en la persona de Libia Luz Aristizbal (sic) y María Adelaida Posada, folios 82 a 85, cuaderno 1, sin carecer de competencia para el acto”.

Sostuvo que los anteriores yerros fácticos tuvieron ocurrencia por errónea apreciación o falta de valoración de las siguientes pruebas:

Pruebas erróneamente apreciadas:

“1. Conciliación de terminación del contrato (fls. 82 a 85, cdno. 1).

2. Contenido de demanda introductoria (fls. 1 a 48, cdno. 1).

3. Contestación a la demanda (fls. 232 a 234, cdno. 1).

4. Reglamento interno de trabajo (fls. 88 a 104, cdno. 1).

5. Contrato de trabajo de trabajador oficial (fls. 267 a 268, cdno. 1).

Pruebas no apreciadas:

“1. Decreto 20 de 2001 (fls. 181 a 185, cdno. 1).

2. Decreto 1699 de 1997 (fls. 186 a 189).

3. Recopilación de normas convencionales y arbítrales (sic) vigentes en el BCH (fls. 105 a 118, cdno. 1).

4. Composición Accionaria (fls. 610 a 621, cdno. 1).

5. Estatutos del Banco Central Hipotecario (fls. 123 a 131, cdno. 1).

6. Cédula de ciudadanía (fls. 132, cdno. 1).

7. Sentencia 12636 de 31 de marzo de 2000 (fl. 165 a 180, cdno. 1).

8. Constancia de poder(sic) para comparecer en la Conciliación (fls. 789 a 796, cdno. 1).

9. Constancia de oferta previa a la conciliación (fls. 362 a 371, cdno. 1).

10. Liquidación de prestaciones sociales (fl. 86, cdno. 1 (sic)”.

Expresó que el primer yerro fáctico tuvo ocurrencia, por cuanto las pruebas que militan a folios “267 a 268, cuaderno 1, contrato de trabajo, folios 82 a 85 y 270 a 272, cuaderno 1 supuesta conciliación de terminación (sic) del contrato de trabajo; folios 86, cuaderno 1 liquidación de contrato de trabajo”, ilustran que entre el demandante y la entidad demandada, que constitucional y legalmente es una sociedad de economía mixta y descentralizada del orden nacional, existió una vinculación laboral por un espacio de 22 años de servicio al Estado, y además se evidencia que el actor tenía 55 años, circunstancias que llevan al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de la Ley 33 de 1985.

Respecto al segundo error, señaló que a folios 82 a 85, cuaderno 1, se tiene la plena prueba del despido, porque se desconoció que se trata de un trabajador oficial y beneficiario del reconocimiento de la pensión del artículo 94 del reglamento interno de trabajo folio 102, cuaderno 1, que dilucida que dicha prestación es voluntad del banco demandado y de carácter vitalicio, descartando de contera que la misma sea compartida, ya que es compatible, pues se trata de un trabajador oficial y dicha compartibilidad la prohíbe la Ley 33 de 1985, artículo 4º.

Adujo que en nada afecta que el trabajador hubiese cotizado al ISS, porque la prestación del artículo 94 del reglamento interno es de naturaleza extralegal, y resulta más favorable que la pensión legal, lo que se desprende de la Resolución 126 de 1972 de folio 90 y lo regulado por el artículo 104 de dicho reglamento.

Se enfatizó que lo que ofrecen las probanzas es que el 25 de febrero de 2000, “se había incorporado al reglamento interno de trabajo, el artículo 4º de la Ley 33 de 1985, sobre la obligación del empleador oficial, de pagar la pensión sanción directamente y no compartida con otro ente, la incorporación del concepto de vitalicia que trae el Código Civil articulo(sic) 2287 (…)”. También trajo a colación la Ley 100 de 1993, artículo 80, así como el concepto de descentralizada y servidor público del artículo 123 Constitución Nacional, y la de trabajador oficial del Decreto 1848 de 1969, artículos 1º y 3º; reglamentado por el Decreto-Ley 3135 de 1968, artículo 5º.

En lo que atañe al tercer yerro, expresó que es notorio que a folios 267 a 268, cuaderno 1, por el contrato de trabajo que se tenía, se trata de un trabajador oficial de una entidad descentralizada, por el período comprendido entre el 26 de mayo de 1977 y el 25 de febrero de 2000, que según el artículo 123 Constitución Nacional lo califica como un servidor público; que el acto que consta en folios 82 a 85, cuaderno 1, o supuesta conciliación, constituye una actuación ilegal e inconstitucional contrastado con el contenido del folio 102, cuaderno 1, “derecho pensional vitalicio, folio 90, cuaderno 1 que indica que todo lo que vaya en contra del trabajador se debe tener por no escrito y el folio 104 que dice que toda norma que surja a favor del actor se incorpora al contrato de trabajo o folios 267 a 268, de dicha confrontación se hace evidente que las sentencias de primera y segunda instancia con el recurso extraordinario de los folios 289 a 299. 300 a 309 y 310 a 328, cuaderno 1 es simplemente una constancia de la violación al debido proceso del actor, el cual se desconoció la real condición de trabajador oficial a quien corresponde la pensión del artículo 94 folio 102, c1. (sic) y por la ocurrencia del despido injusto”, lo que implica que no puede operar la cosa juzgada, ni se dan los requisitos para su declaración.

Seguidamente insistió en que no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material, dado que en los folios 289 a 328 obran providencias del primer proceso que exponen jurisprudencia que no corresponde a la realidad procesal, y por tanto fueron erróneamente apreciadas por el ad quem, frente a lo establecido en el artículo 123 Constitución Nacional.

La demostración de los errores 4º y 5º, la realizó de manera conjunta. Para el efecto transcribe los folios 82 a 85, contentivos del acta de conciliación que alude a la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las partes, dentro de las condiciones del plan de retiro del banco demandado. Señaló que de la misma se desprende una violación de los derechos irrenunciables del actor, al hacerle creer al demandante su condición de trabajador particular y la pérdida de la pensión vitalicia del artículo 94 del reglamento interno de trabajo. Además, en esa diligencia el poder otorgado al apoderado judicial del banco es insuficiente, dado que no se trata de un ente particular y lo que se presentó fue un poder general extendido mediante escritura pública, cuya vigencia concluía el 15 de septiembre de 1999 y la conciliación se efectúo el 29 de febrero de 2000. Dijo que allí tampoco se facultó para comprometer obligaciones y derechos de carácter oficial, que es lo que debió operar en una conciliación con un trabajador oficial como lo era el actor. Que lo acertado era acreditar la representación legal mediante un decreto, una resolución de delegación de funciones en cabeza de un director o asesor como lo preceptúa la Ley 489 de 1998 y la Constitución Nacional.

Adicionalmente refirió, que la citada escritura no contemplaba la facultad para conciliar con los trabajadores del BCH, que el poder lo otorga un vicepresidente y que la delegación debe provenir del Presidente de conformidad con los artículos 189 y 211 Constitución Nacional, por lo que el ad quem no analizó los folios 789 a 796, cuaderno 1.

IX.(sic) Réplica

Solicitó el rechazo del cargo, ya que el censor se limitó a relacionar las pruebas que consideró erróneamente apreciadas y las no estimadas, pero no explicó en qué consistieron los errores protuberantes de hecho, en los que en su sentir incurrió el juzgador de segundo grado, la forma en que tales pruebas debían valorarse y el resultado de no tenerlas en cuenta.

Reprochó la transcripción in extenso de normas, lo que asemeja el recurso a un alegato de instancia, y que no se atacaron los verdaderos pilares de la decisión del ad quem, por lo que los mismos se mantienen incólumes.

Descendiendo a los aspectos de fondo, dijo que el cargo es infundado, porque la terminación del contrato de trabajo lo fue por mutuo acuerdo, y existió la debida representación del demandado en la conciliación.

Respecto a la excepción de cosa juzgada, analizada en las instancias, esto es, frente a la pensión del artículo 94 del reglamento interno de trabajo, el ad quem no cometió ningún yerro fáctico, porque encontró que el tema se falló o definió en providencias de la jurisdicción laboral dictadas en un proceso anterior, que es lo que se observa en los folios 289 a 299 sentencia de primera instancia; 300 a 309 sentencia de segunda instancia, y 310 a 328 sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral.

X. Se considera

Como bien lo advierte la réplica, el cargo presenta deficiencias técnicas que impiden su estudio de fondo, básicamente en que los denominados “Errores evidentes de hecho” que se proponen, antes que yerros fácticos, comportan discernimientos jurídicos ajenos a la vía escogida, al igual que la argumentación que soporta la sustentación del ataque, todo lo cual se debió plantear por la senda adecuada, que corresponde a la directa.

En efecto, el definir: (i) Si la conciliación laboral celebrada por las partes es ilegal en virtud de la violación de un mandato constitucional, artículo 123 de la Constitución Nacional que en decir del censor califica al personal de una entidad descentralizada asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado, en empleados públicos o trabajadores oficiales no pudiendo producir los efectos de cosa juzgada; (ii) Si una pensión vitalicia otorgada por voluntad del empleador, no puede ser compartible con la pensión de vejez que otorgue el ISS; (iii) Si el representante legal o apoderado del BCH que actuó en la diligencia de conciliación, estaba debidamente facultado y legalmente acreditado como un empleador oficial; y (iv) Si la normatividad que aplicó el tribunal era la vigente y la propia del régimen laboral existente para el momento de la ruptura del contrato de trabajo del actor; son todos aspectos que requieren para su definición de un análisis jurídico.

Aquí resulta pertinente anotar, que en el <error de hecho>, el recurrente tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción, que la llevaron a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia o crédito a lo que de verdad está probado en los autos. Lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial; todo lo cual no se acató en esta oportunidad.

Del mismo modo, la censura enlistó varias pruebas o piezas procesales, unas como erróneamente apreciadas y otras como dejadas de valorar, pero en el desarrollo de la acusación no se ocupó de todas ellas. Es más, no cuestiona su contenido, ni explica de manera clara y concreta, frente a cada una de éstas, qué es lo que efectivamente acreditan y cómo incidió su equivocada valoración o inestimación en la decisión impugnada.

Ahora bien, obsérvese que el fundamento esencial del tribunal, para no otorgarle al demandante la condición de “Trabajador oficial” para el momento de la ruptura del vínculo contractual, sino la de un trabajador particular, fue eminentemente jurídico, apoyado en jurisprudencia de esta Sala de Casación Laboral, lo cual al no lograrse derruir con los tres primeros cargos encauzados por la vía directa, permanece incólume. Por eso no tiene cabida la pensión legal implorada, pues se conserva invariable la conclusión de que no todo el tiempo de servicios prestados por el actor lo fue como trabajador oficial.

Asimismo, como la alegación sobre la inoperancia de la cosa juzgada estaba también sustentada en la supuesta ilegalidad de la conciliación laboral celebrada entre las partes, bajo el supuesto de aplicársele al demandante la normatividad del sector oficial y no del particular, tampoco puede tener prosperidad la pensión contemplada en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo. Además, el tribunal apreció correctamente las pruebas documentales en que se soportó la cosa juzgada en relación a este beneficio extralegal, esto es, las copias de la actuación del proceso anterior que cursó entre las mismas partes, decisiones judiciales visibles a folios 289 a 328 del cuaderno principal. Es decir, no distorsionó su contenido, como quiera que dentro de los demandantes de ese primer proceso acumulado se encontraba el actor Isoith Figueroa Rojas, y efectivamente allí el debate judicial giró en torno de la reclamación de la “Pensión extralegal reglamentaria - prevista en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo del Banco Central Hipotecario”, lo que no permitía volver sobre este aspecto, que ya fue definido por sentencia judicial con efectos de cosa juzgada.

En ese horizonte, el ataque por la vía indirecta no logra desvirtuar desde la órbita de lo fáctico, lo concluido por el tribunal de que en este asunto no se cumplen los presupuestos para que el promotor del proceso pueda acceder a la pensión legal consagrada en la Ley 33 de 1985, y que frente a la pensión extralegal reglamentaria había operado el fenómeno de la cosa juzgada.

En consecuencia, el cuarto cargo se desestima.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo de la parte demandante recurrente, por cuanto la acusación no salió triunfante y hubo réplica. Se fijan en la suma de tres millones de pesos moneda corriente ($ 3.000.000), que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de proferida por Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 4 de diciembre de 2009, en el proceso que Isoith Figueroa Rojas le promovió al Banco Central Hipotecario en Liquidación.

Las costas del recurso de casación como quedó indicado en la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.»