Sentencia 45949 de octubre 16 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 45949

Acta 33

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil trece.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Liliana Berrio Posada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 30 de noviembre de 2009, en el juicio que la recurrente promovió a Pensiones de Antioquia

Antecedentes

Liliana Berrio Posada demandó a la entidad Pensiones de Antioquia, con el fin de que fuera condenada a reliquidar su pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos, desde el 30 de diciembre de 1992, y a pagarle: las diferencias que resultaren; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; la indexación mes a mes de las sumas adeudadas; o, subsidiariamente a las dos anteriores, la que mayor beneficio le reporte por el principio de favorabilidad; y las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para el departamento de Antioquia, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, por más de 20 años; que el 28 de abril de 1993, se le reconoció a su favor pensión de jubilación; que en su liquidación no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales y el monto fue del 75%; que se encuentra bajo el régimen de transición, por lo que tiene derecho a la aplicación de normas anteriores a la Ley 100 de 1993, que establecen el 75% del promedio de lo devengado por todo concepto durante todo el tiempo relacionado en la liquidación; que en vigencia de la relación laboral recibió, a título de salario, prima de servicios, prima de navidad, viáticos, prima de vacaciones, bonificación de servicios, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, viáticos, entre otros; que en esa misma condición recibió prima de vida cara, prima de navidad, prima de vacaciones, prima especial de junio; que, por lo anterior, el ingreso base de liquidación debía ser sensiblemente superior “debiendo hacer la liquidación en forma diferente a como efectivamente la efectuaron”.

Al dar respuesta a la demanda (fls. 32-39), la entidad demandada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, reconoció como ciertos la vinculación laboral de la actora con el departamento de Antioquia; el reconocimiento de la pensión de jubilación, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, pero con la aclaración de que la Ley 33 de 1985 no había establecido lo aducido por la demandante. Negó lo demás. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, ineptitud de las pretensiones, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, falta de integración del contradictorio y la genérica.

El Juzgado Décimo Tercero Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 12 de agosto de 2008 (fls. 124 a 130), declaró la excepción de prescripción y, en consecuencia, absolvió a la demandada.

Sentencia del tribunal

Al conocer, por apelación interpuesta por la demandante, el Tribunal Superior de Medellín, mediante fallo del 30 de noviembre de 2009, confirmó el del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró como fundamento de su decisión, que a la demandante le había sido reconocida la pensión de jubilación el 28 de abril de 1993, a partir del 30 de diciembre del año inmediatamente anterior (Res. 5634), esto es, antes de que entrara a regir la Ley 100 de 1993; que su reclamación administrativa se había realizado 12 años después de haberse pensionado; que el derecho pensional en sí mismo era irrenunciable e imprescriptible, pero que en cambio si podían prescribir los factores salariales, así como las mesadas no reclamadas oportunamente “puesto que se trata de créditos laborales comunes”, tal como, dijo, lo había señalado esta corporación en la sentencia de 15 de julio de 2003, que no identificó; que como la demandante no había accionado por espacio de más de 12 años se había configurado la prescripción de la acción de reliquidación pensional; que no era aplicable al caso el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que la caducidad allí prevista extinguía la acción por falta de ejercicio, sin que pudiera renunciarse ni suspenderse su término, contrario a lo que ocurría con la prescripción extintiva de derechos; que como el reclamo caía en el ámbito de la jurisdicción ordinaria laboral, la reliquidación invocada estaba condicionada a la prescripción del derecho sustancial “que coincide con la prescripción del derecho a la acción”; que tampoco era de recibo el llamado al régimen de transición pensional por cuanto se vulneraría el principio de irretroactividad de la ley, asunto que ilustró con fragmentos de la sentencia del 22 de julio de 2008.

El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, “al proferir la sentencia que ha de sustituir la anulada, y previa anulación de la sentencia de segunda instancia, profiera sentencia en la cual se revoque la sentencia proferida en primera instancia y se acojan las suplicas de la demanda, determinando que el demandante tiene derecho a que se le realice la reliquidación de su pensión de jubilación, teniéndole en cuenta todos los factores salariales percibidos (e) al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 (...)”.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, no replicado.

Cargo único

Acusa la sentencia recurrida de “infringir directamente” los artículos 136, numeral segundo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, y 36 del Código Contencioso Administrativo, “aplicable a los procesos del trabajo en casos donde se está atacando la legalidad del acto administrativo por medio del cual se le reconoce una pensión de jubilación a un ex funcionario público por parte de una entidad pública, y en el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia, por interpretación errónea de dichas normas”, así como, por aplicación indebida de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

En el desarrollo del cargo critica la censura al Tribunal por haber estimado que, al caso debatido, eran aplicables las normas pertinentes a la prescripción trienal consagrada en los artículos 151 y 50 del CPTSS y Código Sustantivo del Trabajo, no obstante haber tenido en cuenta que el demandante había sido un funcionario público y que la entidad que profirió la resolución violatoria de la ley era de carácter público, por lo que no resultaban aplicables dichas normas que regulan las relaciones entre particulares.

Dice que si bien el proceso se llevó al conocimiento de la justicia laboral, no se hizo por otro motivo diferente a tratarse de un asunto de seguridad social, sin que ello implique que se hubiere acabado con los postulados y normas atinentes a los funcionarios del Estado; que las entidades públicas se dirigen a los particulares por medio de actos administrativos y hechos de la administración y no dejan de tener tal carácter, por más que se cambie la jurisdicción competente para conocer; que la interpretación errónea se plasma al estimar el Tribunal que los artículos 36 y 136 del Código Contencioso Administrativo no se aplicaban para solucionar la situación de la demandante.

Al respecto transcribe apartes de la sentencia de esta corporación del 16 de noviembre de 2005, radicación 25770, en donde se definió que lo atinente a la caducidad de la acción se debía acudir a las reglas establecidas en el Código Contencioso Administrativo, de conformidad con las cuales una entidad de naturaleza pública puede en cualquier tiempo demandar la decisión por la cual la Administración otorgó una pensión de jubilación contraria a la ley, para luego concluir el censor que es claro el error de interpretación de las normas en que incurrió el tribunal.

En lo que atañe a la aplicación indebida, dice la censura que ella se circunscribe a que el caso fue resuelto con base en normas del Código Sustantivo del Trabajo, cuando ellas se refieren a la relación entre particulares.

Expresa que se debe dar igual trato al particular frente a la administración, pues si esta puede demandar en cualquier tiempo la ilegalidad de los actos que reconocen prestaciones periódicas, de la misma forma debe acontecer para los particulares, quienes pueden demandar en cualquier tiempo esas mismas actuaciones.

Consideraciones de la Corte

En un proceso con similares supuestos a este, en donde era la misma demandada, frente a una acusación sustentada en argumentación parecida, se dio respuesta al tema de la prescripción de los factores salariales integrantes de la base de liquidación de la pensión de jubilación de servidores públicos por esta corporación, en sentencia del 31 de julio de 2012, radicación 41453, en los siguientes términos:

“Con otras palabras, la simple discrepancia e inconformidad del recurrente con lo resuelto por el tribunal, no es de recibo en el recurso pues, no es de ello de lo que depende la prosperidad de este, sino de la demostración de la transgresión de la ley sustancial de alcance nacional, labor con la que no cumplió la recurrente, no solo por la extensión de su discurso, sino, además y principalmente, porque extravió su discurrir en consideraciones referidas a la caducidad consagrada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo propio de las acciones del proceso contencioso administrativo, particularmente, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 ibídem. Con ello la censura confunde e incluso olvida, que desde el libelo genitor del proceso, invocó de esta jurisdicción “la revisión de la pensión de jubilación” de la demandante, bajo los trámites propios “del proceso ordinario laboral de primera instancia”. (fl. 5).

“Ahora bien, si lo que pretendía la recurrente era cuestionar la prescripción de la acción decretada en la primera instancia y confirmada en la sentencia acusada, a partir de los actos administrativos emitidos por Pensiones Antioquia en el 2004 y 2005 y que en tiempo fueron recurridos por la demandante, ha de señalarse que conforme al criterio mayoritario de esta sala, no erró el tribunal al estimar, que ‘para la cuantificación del término de prescripción cuando se pretende la consideración de factores salariales, es el reconocimiento de la pensión ya que a partir de este momento, pensionado cuenta con 3 años para solicitarle a la administradora tal inclusión, evento en el cual la reclamación interrumpirá el fenómeno prescriptivo.’

“Ello es así, por dos razones diferentes. Una, porque tal y como lo evidenció el colegiado y no fue objeto de discusión en las instancias, así como tampoco en sede de casación por razón de la vía de ataque escogida, a la demandante, Pensiones Antioquía le reconoció la prestación mediante Resolución 1091 del 21 de febrero de 2001 y la solicitud de inclusión de factores salariales adicionales, solo se impetró el 19 de agosto de 2005, es decir, cuando evidentemente habían trascurrido más de tres años.

“Esas reflexiones son acordes con la línea jurisprudencial mayoritaria de esta Sala que actualmente impera, según la cual, si bien el derecho a reclamar la pensión es imprescriptible, sí se afecta por el fenómeno de la prescripción trienal la reclamación de la revisión y reliquidación del monto inicial del derecho pensional, a partir de la inclusión de nuevos factores salariales.

“Lo anterior, se ha venido sosteniendo por esta Sala, desde la Sentencia 19557 del 15 de julio de 2003, incluso de manera reciente, entre otras decisiones, en las sentencias 39098 del 26 de julio de 2011, 36495 del 7 febrero y 43899 del 20 de junio, ambas de 2012, línea que ahora se ratifica al no tener elementos que lleven a su rectificación.

“La segunda, tiene que ver con los argumentos que el recurrente utiliza en su alegato, según los cuales, en atención a que las entidades demandadas son públicas y la demandante tenía la condición de servidora pública, no podían aplicarse al sub judice las normas del Código Sustantivo del Trabajo y del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sino los propios estatutos especiales, que como antes se dijo, con error precisó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, sin referirse a las sustantivas que consagran el derecho prestacional en ciernes, esto es, entre otros, al Decreto-Ley 3135 y al Reglamentario 1848 de 1969.

“Las citadas normativas, concretamente en materia de prescripción disponen:

“El artículo 41 del Decreto-Ley 3135 de 1968, consagra:

“‘Las acciones que emanan de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya exigible. El simple reclamo del escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por una lapso igual’.

“Por su parte el artículo 102 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, enseña:

“‘1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

“‘2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.’

“De manera que revisada la situación a la luz de las disposiciones que antes de la Ley 100 de 1993 regulaban el régimen pensional de los servidores públicos, y que cobijan a la demandante por encontrase amparada por el régimen de transición del artículo 36 ibídem, necesariamente se arribaría a la misma conclusión del tribunal, esto es, al término trienal prescriptivo de la acción.

“Ahora bien, al revisar la situación desde la óptica presentada en el ataque, esto es, que en el sub judice no podían aplicarse los artículos 488 de Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, precisa recordar que, al punto, tanto la Corte Constitucional(1) como el Consejo de Estado(2), han adoctrinado tesis opuestas a la que sugiere el recurrente.

“Ciertamente, las citadas corporaciones han enseñado que cuando el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral se refiere a la prescripción trienal de los derechos que emanen de las “leyes sociales”, debe entenderse que cobija también a los empleados públicos, pese a que su régimen laboral esté previsto en sus propios estatutos, porque esas leyes, —las sociales—, abarcan el tema laboral, sin importar el status de trabajador oficial o de empleado público.

“En efecto, dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C- 745 del 6 de octubre de 1999, en referencia al artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo, de cuyo contenido emana que las disposiciones contenidas en esa codificación no se aplican a la los servidores públicos, concretamente en lo que al fenómeno de la prescripción corresponde, lo siguiente:

“‘(...) Sin embargo, ese razonamiento no es de recibo, como quiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala el término de prescripción para ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’. Así pues, las leyes sociales no solo son aquellas que rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación entre patrono y trabajador y no a su status.

“‘En efecto, la interpretación que, en reiteradas oportunidades, ha realizado el Consejo de Estado, también sostiene que el término de prescripción para el cobro de salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al servicio del Estado es el que consagran los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal Laboral y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un término de tres años para todos los casos, pues ‘la prescripción establecida en el citado artículo 151 [del Código de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que emanen de las leyes sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que comprende no solo las acciones que se refieren a los trabajadores particulares sino también a los que amparan a los servidores oficiales’.

“Así las cosas, los ingentes argumentos de la censura tendientes a demostrar el error del juez de alzada por apoyar su decisión en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y del 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, quedan sin fundamento”.

Como quiera que en el presente proceso no se discute que la acción intentada por la demandante desde un principio fue la ordinaria laboral de primera instancia y que el lapso transcurrido entre la fecha en que fue reconocida la pensión a esta y en la que presentó la reclamación administrativa, transcurrieron más de tres años, el cargo es manifiestamente infundado.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Liliana Berrio Posada contra Pensiones de Antioquia.

Sin Costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, Notifíquese, Publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Rigoberto Echeverri Bueno

Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve. 

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-745 del 6 de octubre de 1999, Referencia: Expediente D-2391, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 165 de 1941.Actor: David López Suárez. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la sección segunda del Consejo de Estado del 28 de marzo de 1960, del 24 de febrero y julio 1º de 1961, del 21 de septiembre de 1982, del 2 de diciembre de 1982. Igualmente, la sentencia del 19 de noviembre de 1982 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C. P. Carlos Betancur Jaramillo.