Sentencia 4595 de octubre 8 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DOCUMENTOS

VALOR PROBATORIO DE LAS DECLARACIONES DE LAS PARTES

EXTRACTOS: «1. Suelen distinguirse, tanto en los documentos públicos como en los privados, tres partes, a saber: a) La fecha, que tiene valor probatorio “adversus omnes” cuando el documento es público, y solo entre las partes, cuando el instrumento es privado. b) La parte dispositiva que, como su nombre lo indica, está constituida por el conjunto de disposiciones de quienes conforman la esencia del acto allí contenido, las que se presumen veraces entre ellos y los obliga mientras no se pruebe en contrario; y c) La parte enunciativa que consiste en las aserciones accesorias por medio de las cuales frecuentemente se indican los acontecimientos preliminares del suceso, o se mencionan circunstancias no esenciales del mismo, manifestaciones que, por ende, de no existir, la sustancia del asunto no resultaría menguada por su ausencia. Tales enunciaciones puedan ser absolutamente extrañas a las disposiciones plasmadas en el documento o, por el contrario, guardar una relación directa con ellas, caso en el cual, entre unas y otras deberá haber cierta armonía que permita que la fe de la cual esté dotado el instrumento, las abarque conjuntamente y de manera indivisible, es decir, sin que haya posibilidad de atribuir eficacia demostrativa al hecho desfavorable desligándolo de las adiciones o explicaciones favorables que están íntimamente vinculadas; esto es lo que el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil prevé y como puede apreciarse, se trata de una particularidad asimilable a la indivisión de la confesión.

En consecuencia, siendo este el cabal entendimiento que debe dársele al precitado artículo, es palpable que en la cuestión sub júdice el censor, lejos de orientar su juicio dialéctico con miras a imputarle al juzgador ad quem la comisión de errores de hecho o de derecho en el punto, ora porque no reparó en la correspondencia o consonancia existente entre las manifestaciones dispositivas y las enunciativas directamente relacionadas con estas, de modo que las hubiere apreciado separadamente, o bien porque atribuyó eficacia a las afirmaciones de los intervinientes, sin la admisión de las explicaciones o menciones con las que guardan un estrecho vínculo, o ya para demostrar la rebeldía del Tribunal frente a lo reglado por el aludido artículo, en vez de encauzar por ese rumbo su acusación, se decía, se limitó a denunciar la pretendida violación del precepto por la falta de valoración de la escritura pública, aspecto este de la evaluación del documento que no se encuentra apuntalado en el precitado artículo 258, motivo por el cual su infracción no podía producirse por tal causa.

De otro lado, se ha dicho, repetidamente, que a partir de la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1970, se consagró, como regla general, el sistema de la persuasión racional de la prueba, conforme al cual corresponde al juzgador ponderar razonadamente el mérito que esta le merezca, sin sujeción a tarifas legales preestablecidas por el legislador.

Es dable concluir, entonces, que no obstante lo que las partes declaren en un documento público en relación con un acto o contrato, cuando una de ellas alega que éste realmente no existe o que es otro su contenido, podrá acudir a la prueba de testigos, o a la de indicios fundada en aquellos; y, en forma general, a todos los medios que le permitan llevar al convencimiento del juzgador la verdadera voluntad de los contratantes, para que así la haga prevalecer sobre la externa que ostenta el acto público.

Tal aserto no se opone, contrariamente a lo que sostiene el censor, a lo previsto por el artículo 265 de aquella codificación, según el cual “la falta de un instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad”, puesto que una cosa es admitir cualquier medio para probar contra lo manifestado en un documento de tal naturaleza, y otra muy distinta, sustituirlo, hipótesis a la cual alude la norma en comento.

De lo dispuesto por el artículo 264 ejusdem, no es factible inferir, como equivocadamente lo hace el censor, que las declaraciones efectuadas por las partes en los instrumentos públicos no puedan desvirtuarse por otro medio de prueba, puesto que, en concordancia con lo previsto en el artículo 258 ibídem, ha de distinguirse, de un lado, entre el otorgamiento, la fecha y las afirmaciones del funcionario que autoriza el documento; y, del otro, las aserciones de los interesados, para ver cómo tan solo lo primero es lo investido con el mérito de prueba erga omnes, no excluyendo, en todo caso, la prueba que desvirtúe tales atestaciones, pues en lo que atañe con las declaraciones de las partes, si bien entre estas tienen el valor de plena prueba, tal cosa no puede ser entendida, de ninguna manera, como que no se admita prueba en contrario, o que se consideren como irrefutablemente sinceras y veraces, o que a los otorgantes les esté vedado infirmarlas con otros medios probatorios, ni mucho menos que se les prohíba ampararse en escritos contentivos de los acuerdos privados que permitan establecer los verdaderos designios de su voluntad, con miras a contradecir las aseveraciones consignadas en la escritura pública, inferencias todas estas hacia las cuales se llegaría por la vía del errado raciocinio del recurrente.

(...).

3. En lo concerniente con el entendimiento que al artículo 1934 del Código Civil corresponde, ha dicho esta corporación que:

“... la declaración sobre el pago del precio contenida en la escritura pública admite prueba en contrario entre las partes, mas no cuando se trata de accionar en frente de terceros poseedores, distinción, o mejor, puntualización de real sentido del artículo 1934 del Código Civil que no es el fruto de exigencia mas o menos caprichosa del intérprete. Ciertamente: el artículo 1934 de nuestro Código Civil, es igual al inciso 2º del artículo 1876 del Código Civil Chileno, cuyo inciso 1º corresponde a nuestro artículo 1933. Examinado en su conjunto, la coherencia del precepto chileno se nota a simple vista: trata él de los efectos de la resolución del contrato de compraventa, en frente de terceros poseedores, por el no pago del precio, hipótesis ésta que descompone en dos partes: una que remite a los artículos 1940 y 1941 de ese ordenamiento (equivalentes a nuestros artículos 1547 y 1548), o sea, cuando consta la condición por el no pago del precio, y otra, cuando en la escritura se expresa el pago del precio. Por virtud de la primera hipótesis es posible accionar en frente de terceros poseedores, eso si, siempre y cuando se den las condiciones contempladas en los artículos con los que la norma se enlaza, pero por la segunda, ya no será posible hacerlo, a menos, claro está, que se demuestre la nulidad o la falsedad de la escritura”.

Y a continuación agrega la Corte:

“En lo que atañe a nuestro artículo 1934 es en razón de ese antecedente que debe ser armonizado con la norma que lo precede para, con fundamento en esa concomitancia, extraer su cabal significado, significado que, a su vez, no es otro que el prohijado de modo inalterable por la jurisprudencia de la Corte. Por ende, la restricción probatoria allí instituida cuando en la escritura pública se ha hecho constar el pago del precio no tiene vigencia en frente de las partes del contrato cuando éstas intenten sustraerle el mérito a dicha declaración, desde luego que no es a las mismas a las que el precepto cobija.

La apuntada conclusión también es evidenciable desde el punto de vista del artículo 1766, precepto que ha sido unánime y certeramente entendido en el sentido de que, en contra de las partes del contrato, es factible hacer valer pruebas cuyo objeto sea la impugnación de lo que esas mismas partes han manifestado en la escritura pública”. (Cas. 24 de abril de 1986)(*).

(*) Sentencia publicada en J. y D., Nº 173, pág. 381 (N. del D.).

Por consiguiente, no incurrió el sentenciador en la infracción que del artículo 1934 del Código Civil, a él se le enrostra».

(Sentencia de casación, octubre 8 de 1997. Expediente 4595. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles).

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