Sentencia 45973 de enero 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 45973

Acta 01

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones de la Corte

Son dos los reparos que desarrolla el recurrente en los cargos:

1. Que la demandada no es la obligada a reconocer la pensión de jubilación del actor, en tanto éste, previamente laboró por más de 20 años al servicio del Banco Popular S.A., y que por tanto, es a dicha entidad bancaria a la que corresponde asumir el pago del derecho pensional deprecado, por lo que debió ser llamada a integrar el contradictorio.

Frente a este tópico, basta con señalar que esta corporación se ha pronunciado en varias oportunidades, en el sentido de establecer que cuando un empleado oficial ha prestado sus servicios en más de una entidad del orden estatal, la pensión de jubilación debe ser solicitada ante su último empleador. Ello, por cuanto la normatividad existente al respecto, ha dispuesto el reconocimiento y pago del crédito en cabeza de este o de la última entidad de seguridad social a la que se encontraba afiliado, con la posibilidad de que el obligado repita el pago contra los otros entes, en la proporción que les corresponda.

Así lo sostuvo en la sentencia del 1º de febrero de 2011, Radicación 40532, que ratificó el criterio expuesto en la del 30 de noviembre de 2005, Radicación 25433, que a su vez rememora la del 14 de diciembre de 2001, Radicación 15977:

“Las leyes 6ª de 1945 (art. 29), 24 (art. 1º) y 72 (art. 21) de 1947; 171 de 1961 (art. 4º); 48 de 1962 (art. 9º); 4ª de 1966 (arts. 4º y 5); 33 de 1985 (arts. 1º y 2º) y 71 de 1988, así como los decretos 2941 de 1948 (art. 1º); 1611 de 1962 (arts. 17 y 18); 1743 de 1966 (arts. 5º y 6º); 3135 de 1968 (arts. 27 y 28), y 1160 de 1989, se ocupan en su normatividad del evento de que el derecho habiente pensional haya laborado para varios empleadores, o hubiese efectuado aportes a distintas entidades de seguridad social, y disponen que el crédito pensional lo reconozca y pague el último empleador, o la última entidad de seguridad social a que estuviese afiliado, pero a su vez hace posible que el obligado a pagar la pensión reivindique y repita contra unos u otras en la proporción de la obligación que les corresponde.

De acuerdo con lo anterior, y examinada la regulación contenida en las normas precitadas, se encuentra que esta última circunstancia (el derecho a repetir) en realidad no es suficiente para que se predique que entre los diversos sujetos a los que se ha hecho referencia exista una relación de estirpe legal, o de orden jurídico material, que traiga como consecuencia que un litigio como el que se trata deba ser dirimido, por iniciativa de la parte demandante, o de oficio por el juzgador de primera instancia, con la concurrencia de los anteriores ex empleadores del accionante o de las entidades de seguridad social a la que haya estado afiliado con fines pensionales o de ambos y, antes por el contrario, tal normatividad permite concluir que no se está en presencia del llamado litis consorcio necesario.

(...).

También son válidos los argumentos expuestos en el salvamento de voto hecho a la sentencia radicada bajo el número 12389, cuyos términos en seguida se reproducen:

“Dos razones fundamentales me llevan a discrepar respetuosamente del criterio de la mayoría, ellas son:

“1. De orden sustancial: de vieja data se tiene establecido en el sector oficial (empleados públicos y trabajadores oficiales), que cuando un servidor ha laborado sucesivamente a las diferentes entidades de derecho público, se acumulan los tiempos de servicios (D. 1848/69, art. 72). Pero el numeral primero del artículo 75 ibídem, prescribe que la pensión de jubilación “se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por ley, (...) o por la entidad de previsión a que este afiliado al tiempo de retiro”; el numeral segundo expresamente señala que el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad, y el numeral tercero otorga el derecho de repetición o reembolso por las partes proporcionales a los entes anteriores.

“Posteriormente, el artículo 7º de la Ley 71 de 1.988 consagró para empleados públicos y trabajadores oficiales el derecho a pensión de jubilación, al cumplir requisitos de 20 años de aportes sufragados ‘en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades’ y la edad respectiva.

“La anterior ley fue reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, que en el artículo 7º, impone obligaciones para trámite de pensiones a la última entidad empleadora; el artículo 10 expresamente consagra que la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la ‘última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes’, siempre que lleve cotizando mínimo 6 años y el artículo 11 regula lo atinente a la cuota parte correspondiente por ‘contribución’.

“Significa lo anterior, que el legislador ha sido constante en mantener un único responsable del pago de la obligación pensional frente al servidor público titular del respectivo derecho, sin exigir a este que deba asumir las consecuencias de la falta de pago de las cuotas partes correspondientes. Siendo ello así, resulta innegable que exigir que se convoque al proceso a todas las entidades, públicas donde se prestó el servicio, es imponer una carga procesal excesiva que no sólo desconoce los preceptos constitucionales sobre acceso expedito a la justicia y protección especial para los trabajadores de la tercera edad, sino también las normas legales atrás citadas que establecen la relación entre el beneficiario del derecho pensional y la respectiva entidad obligada a satisfacerlo””.

La tesis plasmada en las sentencias citadas, resultan apropiadas al caso en estudio y por lo mismo, demuestran que el tribunal no incurrió en el yerro endilgado al imponer, como lo hizo, la obligación de reconocer y pagar la pensión de jubilación oficial invocada por el actor, a su último empleador oficial que lo fue la Caja Agraria En liquidación.

Las anteriores consideraciones, igualmente permiten declarar infundado el planteamiento de la censura acerca de la necesidad de integrar el contradictorio con el Banco Popular, pues desde la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2001, Radicación 15977 —a la cual ya se hizo alusión—, esta corporación fijó la orientación jurisprudencial en relación con dicho punto, en el sentido de establecer que el mismo no deviene necesario, pues se insiste, el único responsable del pago de la pensión es el último empleador, en este caso la demandada. Ello sin perjuicio de que —si lo estima conducente— esta pueda repetir contra el Banco mencionado por la parte proporcional que le llegara a corresponder, según lo establece el ya citado artículo 72 del Decreto 1848 de 1969.

2. Queno hay lugar a la actualización del IBL de la pensión pretendida, pues señala que si la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, no resulta viable “hacer ajustes posteriores con la Ley 100 de 1993 respecto a la indexación”.

Sobre el tema propuesto por el recurrente, esta corporación se ha pronunciado en muchas oportunidades conservando su posición mayoritaria, consistente en que para liquidar una pensión legal del régimen de transición pensional, de quien accedió a ella por haber servido a un empleador oficial por más de 20 años y cumplido la edad o la totalidad de requisitos, no solo después de la vigencia de la Ley 100 de 1993 sino también después de la entrada en vigor de la actual Constitución Política, la base salarial para tasar la correspondiente mesada pensional, no es otra que la señalada por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley de Seguridad Social, resultando en estas condiciones procedente la actualización del ingreso base de liquidación para determinar el monto de la primera mesada.

Descendiendo al caso que nos ocupa, al estar encaminado el ataque por la vía directa, quedan incólumes las siguientes conclusiones fácticas del tribunal: (i) que el actor laboró como trabajador oficial, por más de 20 años, así: desde el 2 de septiembre de 1968 hasta el 25 de agosto de 1991 en el Banco Popular; y desde el 21 de julio de 1993 hasta el 3 de junio de 1997 en la Caja Agraria En liquidación; y (ii) que cumplió 55 años de edad el 18 de diciembre de 2006.

Así las cosas, queda claro que bajo la vigencia tanto de la actual Constitución Política como de la Ley 100 de 1993, el accionante completó el requisito de la edad —55 años— para adquirir la titularidad del derecho pensional, y por lo tanto al tener también cumplido el tiempo de servicios en el sector oficial, es conforme a tales preceptos que se debe determinar el reajuste del valor inicial de la pensión reconocida.

En consecuencia, al estar el actor cobijado por el fenómeno jurídico de la transición consagrado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social, se le respetaron tres aspectos: a) la edad para acceder a la prestación, b) el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y c) el monto porcentual de la pensión, para el caso en un 75% conforme a los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 73 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969 y 1º de la Ley 33 de 1985; empero el ingreso base de liquidación objeto de actualización se regula por la nueva ley arriba citada que consagró esta prerrogativa, y que tiene sustento en la Constitución Política.

Por consiguiente, según la orientación jurisprudencial que ha prevalecido, procede la actualización reclamada del ingreso base que sirve para liquidar la pensión de jubilación del demandante, a que fue condenada la accionada, y en este orden de ideas, no erró el fallador de alzada al así ordenarlo.

Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandada recurrente, toda vez que su demanda de casación no salió avante y tuvo réplica, las cuales se fijan en la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, en el proceso que José Daniel Palomo Sierra promovió contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero —En liquidación—.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».