Sentencia 4598 de junio 4 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Ref.: Exp. 4598

Actora: Constructora Zeus S.A.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

La Sala en el proveído de 4 de septiembre de 1997, a través del cual se decretó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, precisó lo siguiente:

“...Ciertamente, como lo advierte el apoderado de la actora, el artículo 47 de la Ley 30 de 1986, que gobierna la figura del depósito provisional de un bien decomisado en favor de quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el mismo, que sirvió de fundamento para la sentencia de esta corporación que dispuso la entrega provisional de la aeronave a la sociedad actora y que se invocó como fundamento para la expedición del acto administrativo acusado, no consagra las obligaciones impuestas en éste.

En efecto prevé la citada disposición:

“Los bienes muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, serán decomisados y puestos a disposición inmediata del consejo nacional de estupefacientes, el cual, por resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común instituidas legalmente, darlos en arriendo o depósito. Quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier título no traslaticio del dominio, el consejo nacional de estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho...”.

Si bien es cierto que por tratarse de un depósito provisional los bienes objeto del mismo no pueden quedar desprovistos de protección, no lo es menos que al caso que ocupa la atención de la Sala no le es aplicable el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil relativo a la custodia de bienes y dineros, del cual se hizo uso en el acto cuestionado, según se deduce de su contenido, pues tal norma tiene como destinatarios a los auxiliares de la justicia, calidad ésta que no ostenta la sociedad actora.

Si de aplicar por analogía disposiciones del Código de Procedimiento Civil se trata, debió haberse aplicado la que consagra el artículo 682, inciso final del numeral 4 ibídem, que se contrae al depósito provisional en favor de la persona contra quien va dirigida la medida cautelar de embargo y secuestro, disposición ésta que no exige la imposición de requisitos inherentes, a los auxiliares de la justicia.

Pero ello en manera alguna significa que el bien dejado en depósito provisional quede desprotegido, pues el depositario provisional está obligado a cuidar el bien, no puede disponer del mismo ni deteriorarlo, so pena de que quede incurso en conductas sancionables como delito por el Código Penal, frente a las cuales debe responder penalmente, así como civilmente, conforme a las regulaciones del código de la materia en lo tocante al depósito, por los perjuicios que se ocasionen con tales conductas...”.

De otra parte, la Sala advirtió, en providencia de 23 de octubre de 1997 al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el proveído antes mencionado, lo siguiente:

“...el hecho de que los códigos civil y de comercio prevean que a los depositarios les asiste responsabilidad hasta por la culpa leve, lo cual no desconoció la Sala en el proveído recurrido, dado que antes por el recurrido, dado que antes por el contrario, hizo énfasis en que el bien no puede quedar desprotegido pues el depositario provisional está obligado a cuidar del mismo, no puede disponer de é ni deteriorarlo, so pena de que quede incurso en conductas sancionables como delito por el Código Penal, frente a las cuales debe responder penalmente, así como civilmente, conforme a las regulaciones del código de la materia en lo tocante al depósito, por los perjuicios que se ocasionen con tales conductas, en manera alguna autoriza a la entidad demandada para imponer, como lo hizo, la constitución de la póliza de cumplimiento, pues tal imposición no encuentra sustento legal alguno.

Ahora, la Resolución 2448 de 30 de diciembre de 1994, que, según la recurrente le sirvió de fundamento para imponer las obligaciones a que alude el acto administrativo acusado, está referida al derecho de petición que se ejerce ante la Dirección Nacional de Estupefacientes por los particulares, que es diferente del trámite que debe seguirse a fin de dar cumplimiento a una decisión judicial”.

Cabe agregar que la Sala en sentencia de 16 de abril de 1998 (Expediente núm., 4721, actor, Justo Aníbal Moreno Sarmiento, consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa) declaró la nulidad de los incisos 10 y 11 del artículo 6º de la Resolución 2448 de 30 de diciembre de 1994, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Estupefacientes, que disponían la constitución de una garantía a favor de ficha entidad por parte del depositario de bienes muebles, resolución ésta que según lo afirma el apoderado de la entidad demandada en el escrito de contestación de la demanda sirve de fundamento a la resolución acusada.

La declaratoria de nulidad de dicha resolución tiene como sustento, entre otras consideraciones, el hecho de que el artículo 47 de la Ley 30 de 1986, sólo exige la demostración del derecho lícito para efectos de la entrega en depósito o bajo cualquier título no traslaticio de dominio de bienes provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico, sin dejar espacio para que por la vía de la reglamentación se exijan pólizas de garantías.

Como quiera que las circunstancias que motivaron las providencias antes referidas no han variado, la Sala se remite a lo allí expresado para acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia».

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