Sentencias 4599 y 4647 de agosto 20 de 1998

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Expedientes: 4599 y 4647

Actor: Francisco José Cruz Prada y otros

Santafé de Bogotá, D.C., veinte de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

Los ciudadanos y abogados Francisco José Cruz Prada y Enrique Santander Mejía de una parte, y de otra el defensor del pueblo, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo solicitaron de esta corporación la declaratoria de nulidad del Decreto 883 de 31 de marzo de 1997, “por el cual se regulan de manera general algunas actividades y se define un instrumento administrativo para la prevención o el control de los factores de deterioro ambiental”, expedido por el Gobierno Nacional, procesos que fueron radicados, en su orden, bajo los números 4599 y 4647, el último de los cuales fue acumulado al primero mediante auto de 8 de mayo de 1998.

(...).

CONSIDERACIONES:

Mediante sentencia de 26 de febrero de 1998, consejero ponente, Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, exp. 4500, actor, Sergio González Rey, esta sección declaró la nulidad del Decreto 883 de 31 de marzo de 1997, “por el cual se regulan de manera general algunas actividades y se define un instrumento administrativo para la prevención o el control de los factores de deterioro ambiental”.

Como quiera que dicha sentencia no se encuentra ejecutoriada, en virtud de que contra la misma se interpuso el recurso extraordinario de súplica, el cual a la fecha no ha sido resuelto, la Sala no puede estar a lo allí resuelto y, por lo tanto, procede al estudio de los cargos esgrimidos en contra del acto acusado, en los procesos que ocupan su atención.

En esencia, los dos primeros cargos planteados en el proceso 4599 se identifican con los propuestos dentro del expediente 4500, esto es, la violación de los artículos 5º numerales 10 y 14 y 49 de la Ley 99 de 1993 por parte del Decreto 883 de 31 de marzo de 1997, sin que los argumentos expuestos en esta oportunidad por el apoderado del Ministerio del Medio Ambiente para defender la legalidad del acto demandado lleven a la Sala a variar la decisión contenida en la sentencia de 26 de febrero de 1998, en el sentido de considerar que fueron vulnerados los preceptos citados, cuyo texto es como sigue:

“ART. 5º—Funciones del ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente:

“1...

“10. Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales (el destacado es de la Sala).

“14. Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas”.

“ART. 49.—De la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental”.

Por su parte, el decreto acusado expuso en sus considerandos:

“...

“Que es necesario definir y regular el instrumento administrativo al cual deben someterse aquellas actividades que no causan un deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, ni modificaciones notorias al paisaje y por lo tanto no requieren licencia ambiental; así como aquellos proyectos, obras, actividades que forman parte de otros que ya que cuentan con licencia ambiental o plan de manejo, recuperación o restauración ambiental y que para su ejecución deben ajustar o complementar el estudio ambiental realizado y el plan de manejo ambiental, con el objeto de prevenir, evitar y controlar los factores que puedan producir deterioro ambiental” (las negrillas son de la Sala).

En efecto, al comparar el contenido de las disposiciones transcritas, las cuales fueron el fundamento legal del decreto acusado, con el contenido de los considerandos del mismo, resulta evidente que le asiste razón a los demandantes al afirmar que aquéllas otorgan al Ministerio del Medio Ambiente la facultad de reglamentar las actividades que causen impacto o deterioro ambiental, en tanto que el decreto acusado precisamente reglamenta las actividades que no causan deterioro o impacto ambiental.

De igual manera tiene vocación de prosperidad el cargo de violación del artículo 49, dado que en él se señala que requerirán de licencia ambiental las actividades que de acuerdo con la ley y los reglamentos puedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o que introduzcan modificaciones notorias al paisaje, dentro de las cuales se encuentran comprendidas, de conformidad con el numeral 10 del artículo 5º tantas veces citado, las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar o indirectamente daños ambientales.

A las citadas actividades el decreto acusado las exime de obtener licencia ambiental, pues en los artículos 3º y 4º dispone que quienes quieran adelantar, entre otros, proyectos de hidrocarburos, de minería, energéticos, de comunicaciones, de infraestructura vial, portuarios y de infraestructura fluvial y marina, de rehabilitación y mejoramiento de vías férreas, industriales y agropecuarios, etc., deberán elaborar un documento de evaluación y manejo ambiental, documento que en manera alguna sustituye la licencia ambiental para las actividades mencionadas, exigida por el artículo 49 de la ley del medio ambiente.

En consecuencia, la Sala declarará nuevamente la nulidad del acto demandado, por violación de los artículos 5º, numerales 10 y 14 y 49 de la Ley 99 de 1993, ya que como lo expresó al inicio de estas consideraciones, la sentencia de 26 de febrero de 1998, proferida dentro del proceso 4500, se encuentra recurrida en súplica extraordinaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad del Decreto 883 de 31 de marzo de 1997, “por el cual se regulan de manera general algunas actividades y se define un instrumento administrativo para la prevención o el control de los factores de deterioro ambiental”, expedido por el Gobierno Nacional.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).

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