Sentencia 4603 de septiembre 11 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PRUEBA DE LAS RELACIONES SEXUALES

A PARTIR DEL TRATO PERSONAL Y SOCIAL

EXTRACTOS: «La Ley 75 de 1968, en su artículo 6º, autoriza la declaración judicial de la paternidad extramatrimonial, en caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales por la época en que pudo ocurrir la concepción de aquel cuya paternidad se investiga, punto este en el cual modificó sustancialmente lo que preceptuaba hasta entonces el artículo 4º de la Ley 45 de 1936, reforma esta sobre la cual tiene dicho esta corporación que:

“... tiende indiscutiblemente a facilitar la investigación de esa paternidad buscando hacer efectivos los derechos que tiene todo ser humano de conocer quiénes son sus padres y de que se le reconozca la totalidad de las ventajas que deben emanar de la filiación. En pos de esa meta, la citada ley, modificando lo que en el punto establecía el numeral 4º del artículo 4º de la Ley 45 de 1936, concede efectos jurídicos a las simples relaciones sexuales llevadas a cabo durante la época en que se presume realizada la concepción, sin requerir que aquéllas revistan necesariamente condiciones de notoriedad y estabilidad. En el sistema imperante, demostrado que entre el presunto padre y la madre existieron relaciones sexuales en esa época tal hecho es suficiente para presumir la paternidad natural de aquél y para que haya lugar a declararla judicialmente. No requiérese ahora que esas relaciones sean notorias y estables; basta que hayan ocurrido y que su ocurrencia esté demostrada para que tal suceso sea indicador de paternidad natural que el juez debe declarar, excepto en el evento de comprobarse, ya la imposibilidad física en que estuvo el presunto padre para engendrar durante el tiempo en que tuvo lugar la concepción, ya hechos constitutivos de la excepción llamada plurium constupratorum...” (Sent. 14 de septiembre de 1972, G.J. t. CXLIII, pág. 146).

2.1. Como se desprende del texto mismo del artículo 4º , numeral 4º, de la Ley 45 de 1936, con la modificación que le introdujo el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, para declarar la paternidad extramatrimonial cuando se invoca para el efecto por el demandante la existencia de relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre por la época de la concepción del hijo, tales relaciones pueden ser alegadas como fundamento fáctico de la demanda, sin que para ello importe en nada el trato anterior de la pareja, o, en una segunda hipótesis, la existencia de las mismas puede ser aducida como supuesto de hecho que habrá de inferirse del trato personal y social que con las características indicadas en el segundo inciso del referido numeral 4º de la norma legal en mención se hayan prodigado entre sí y públicamente los supuestos amantes. De esta suerte y como puede observarse sin dificultad, allí se contemplan dos situaciones fácticas y jurídicas distintas, cuyo régimen sustancial y probatorio es diferente, a saber: la primera, que permite declarar la paternidad extramatrimonial, deducida de la existencia de relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre, en la cual probada la existencia de éstas, por ministerio de la ley, con esa prueba indiciaria se tiene por establecida la presunción legal de paternidad investigada, como podría ocurrir en caso de que tales relaciones sexuales hubieren sido ocasionales, efímeras, de ocurrencia pasajera; y la segunda hipótesis, en la cual, la ley autoriza a deducción por el juez de haber existido entre la pareja relaciones carnales, inferidas del trato personal y social entre estos, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes, habida consideración de “su naturaleza, intimidad y continuidad”. Es decir, que puede distinguirse, en ambos casos, con toda claridad, que existe un hecho investigado, las relaciones sexuales, pero que su prueba difiere en uno y otro caso. En efecto, cuando lo investigado es la existencia de relaciones sexuales entre la pareja y no se invoca para demostrarlas el trato anterior entre la madre y el presunto padre, existe amplia libertad probatoria para fijar en el proceso el hecho indicador de la paternidad y no hay, por consiguiente, carga probatoria de ese trato personal y social. Mas, cuando las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre pretenden demostrarse a partir de la supuesta existencia de trato personal y social que revestido de las características indicadas en el artículo 4º, numeral 4º, de la Ley 45 de 1936, modificado por el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, ese hecho ha de aparecer íntegramente demostrado, para que el juzgador pueda concluir la existencia de aquéllas; y, sólo cuando por esta vía se dan por probadas las relaciones sexuales aludidas, puede arribarse a la segunda presunción, vale decir a la de paternidad, para declararla entonces judicialmente. En síntesis, hechos investigados son en este caso, por ministerio de la ley, la paternidad y las relaciones sexuales sostenidas por la pareja por la época de la concepción del hijo; éstas, sirven como soporte para inferir la primera pero, a su turno, en la segunda de las hipótesis mencionadas, ellas exigen para darlas por demostradas, que se encuentre probado el trato personal y social de la pareja por esa época, revestido de las calidades requeridas por la ley para realizar esa inferencia. Son, pues, tres eslabones que deben encontrarse plenamente concatenados entre sí, de tal manera que la ausencia de los elementos estructurales del primero, no autoriza concluir la ocurrencia del segundo y, la falta de éste impide presumir el último. De allí que en esta hipótesis, la ausencia de prueba del trato personal y social entre la madre y el presunto padre, o la ausencia de que dicho trato sea indicativo en forma grave de relaciones sexuales en la época de la concepción, conlleva al fracaso en la demostración de estos últimos como causal de la presunción de paternidad extramatrimonial.

2.2. En ese orden de ideas, observa la Corte que el trato personal y social entre la madre y el presunto padre, a partir del cual puedan inferirse las relaciones sexuales que culminaron con el embarazo de ella y el nacimiento del hijo cuya paternidad se investiga, no es un trato de cualquier naturaleza, pues es claro que entre un hombre y una mujer puede darse una relación familiar o de amistad, que impone un trato entre ellos, del cual jamás podría, mientras no rebase esos límites, deducirse la existencia entre ellos de relaciones carnales; puede también existir un trato de simple compañerismo de carácter laboral, que, por sí solo, tampoco autoriza deducir la existencia de tales relaciones; puede incluso, que la amistad inicial se traduzca luego en una relación de carácter afectivo, que no llegue sin embargo a que se sucedan relaciones sexuales, y del noviazgo puede avanzarse hacia el sostenimiento de este tipo de relaciones. Sólo cuando por el comportamiento público de la pareja ante familiares y amigos, estos pueden, sin mayor perspicacia inferir que con esos hechos externos queda de manifiesto que entre aquéllos existen relaciones sexuales, puede el juez dar por demostrada la existencia de éstas. Es decir, ellas no pueden deducirse de la simple relación de compañerismo de carácter laboral, ni tampoco de la amistad, ni siquiera de la relación afectiva, sino que ella ha de brotar de la conducta externa de los supuestos amantes, que sea perceptible por quienes conforman el medio familiar y social en que aquéllos actúan, según sus antecedentes, naturaleza, intimidad y continuidad (resalta la Sala). Por el contrario, si estas circunstancias objetivas no permiten inferir unas relaciones sexuales entre las personas que sólo aparecen vinculadas por amistad, compañerismo laboral o noviazgo, será necesario acudir a los medios de prueba posibles (física, lícita y moralmente) que demuestren directamente la consumación de las relaciones sexuales, o que, en su defecto, demuestren indirectamente dichas relaciones fundadas en indicios inequívocos de las mismas, tales como la compañía en dormitorio reservado, la aceptación pública del engendramiento, la aceptación de la procreación previa o posteriormente a los exámenes, la determinación científica de pluralidad de factores positivos antropoheredobiológicos que conduzcan seriamente a aquella presunción, etc., o que descansen en indicios integradores de un trato social idóneo para inferir las relaciones extramatrimoniales. De allí que en la eventual procreación, fruto de una relación sexual ocasional, o de varias relaciones ocultas o discretas, que no pueda establecerse como trato personal y social de la madre y el presunto padre, sea preciso al demandante extremar el rigor probatorio en el sentido mencionado, sin perjuicio de las demás causales que puedan aducirse y que, en ciertos casos, resulta menos difícil su comprobación.

Sin embargo, advierte la Corte que en esta materia resultan idóneos, según los diversos hechos que estructuren el trato social del cual se pretende inferir las relaciones sexuales extramatrimoniales que se aducen como fundamento de la presunción de paternidad, los diversos medios probatorios previstos en la ley. Con todo, dentro de estos últimos suele tener una gran importancia la prueba indiciaria, ya que, basado en la plena prueba de la pluralidad de hechos que integran el referido trato social, el juzgador de instancia teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con las demás pruebas (CPC, arts. 248 y 250), puede llegar a inferir las precitadas relaciones sexuales extramatrimoniales que autorizan declarar judicialmente la paternidad demandada. Pero a este respecto, resalta la Sala el tratamiento general que tiene como indicio la conducta de las partes en el proceso (CPC, art. 249) y, como “indicio grave”, “las negaciones contrarias a la realidad” manifestadas en la contestación de la demanda (CPC, art. 95). Porque dicho comportamiento procesal toma gran importancia en el proceso de investigación de paternidad familiar, pues si el objeto investigado es primordialmente “lo tocante a la filiación del menor” (L. 75/68, art. 14), resulta imperativo no solo para los intervinientes (madre que representa al menor y presunto padre) sino también para el juez asumir con mayor lealtad, buena fe y eficacia sus respectivos deberes, a fin de que pueda esclarecerse la filiación a que tiene derecho y reclama el menor. Por lo tanto, si no sólo a las partes e intervinientes les corresponde procesalmente actuar de ese modo leal y con buena fe, sino que también es deber del juez prevenir su incumplimiento (CPC, arts. 71, num. 2º y 37, num. 3º), resulta explicable que, de acuerdo con las circunstancias pertinentes, se encuentre autorizado el juez para apreciar como indicio grave en contra del presunto padre demandado sus “negaciones contrarias a la realidad” (CPC, art. 95), particularmente cuando, a sabiendas y sin justificación alguna, se expresan aquellas negaciones sobre hechos constitutivos del trato social inductivo de relaciones sexuales extramatrimoniales, que posteriormente resultan plenamente probados en el proceso. Porque dicho comportamiento inicial, además de resultar contrario a la lealtad y buena fe que debe asumir la parte demandada en el proceso de investigación de paternidad natural, dificultando de contera el derecho de defensa de la parte demandante en este proceso, de por sí a veces difícil, también pone en riesgo el esclarecimiento de la verdad material de la filiación que se investiga, que, como se dijo, estaría a cargo del menor que investiga su paternidad extramatrimonial. Pero lo anterior cobra mayor significación cuando el demandado pudiendo fraccionar los hechos involucrados en uno solo del libelo introductorio, para efecto de dar las respuestas correspondientes a cada uno de ellos, o pudiendo hacer las aclaraciones, adiciones y complementaciones correspondientes a la respuesta positiva o negativa expuesta en la contestación, por el contrario, exterioriza una negación absoluta e incondicionada, dando así la idea rotundamente contraria a lo afirmado en la demanda. Y ello tiene mayor valor cuando la negación en la contestación de la demanda, más adelante desvirtuada en el proceso, se refiere a hechos personales del demandado en el trato social que, conforme a la ley, permiten inferir las precitadas relaciones sexuales, sin que haya prueba justificativa de la misma; puesto que dicho ocultamiento inicial justifica ser tomado como indicio grave de los hechos que integran el trato que fundan la pretensión formulada contra el demandado, y que unido a otros indicios con las características legales arriba mencionadas, autorizan la declaración judicial de paternidad extramatrimonial pretendida».

(Sentencia de casación, septiembre 11 de 1995. Expediente 4603. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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