PENSIONES VOLUNTARIAS

INCOMPATIBILIDAD CON PENSIONES DEL SEGURO

EXTRACTOS: «Una de las bases fácticas sobre las que descansa el fallo acusado estriba en que a la demandante le fue reconocida por la empleadora la pensión voluntaria de sobrevivientes en cuantía de $19.252 (folio 12 C.1), la que le fue suspendida una vez el I.S.S. asumió el riesgo correspondiente mediante Resolución 02276 del 16 de marzo de 1984 (folios 44 y 45 ibídem).

En sentencia del 2 de abril de 1986 , expediente No 37, con ponencia del doctor Juan Hernández Sáenz, precisó la Corte que

“No es de la esencia de las pensiones reconocidas voluntariamente que sean de carácter vitalicio. Bien puede suceder que empresario y empleado convengan pacíficamente que aquél le pague a éste una cantidad mensual mientras ocurre un determinado evento, por ejemplo, que el Instituto de Seguros Sociales le satisfaga al extrabajador pensión de vejez o de invalidez ... sin embargo, la circunstancia de que el reconocimiento voluntario por parte de la empresa de una pensión a quien dejó de servirle no sea vitalicio sino temporal no implica que tal pensión deje de ser jubilatoria, ya que jubilación equivale a retiro del trabajo cumplido largamente y, entonces, una prestación que ampare a quien ya no labora, es pensión de retiro o de jubilación y merece, por lo tanto, todas aquellas ventajas que la ley les concede a los jubilados, entre ellas los ajustes de sus pensiones, claro está que sólo hasta el momento en que tenga vigencia la pensión voluntaria, de acuerdo con lo pactado expresamente por empresario y empleado”.

En el subexamine, el sentenciador de segundo grado parte del supuesto de que la pensión conferida a María del Carmen Rodríguez de Rodríguez fue voluntaria, sin que se acreditara si ella contaba con restricción alguna que limitara su vigencia en el tiempo. Al respecto merece tenerse en cuenta que esta Sala de la Corte ha dicho en varias ocasiones que cuando el empleador reconoce al trabajador una pensión voluntaria, vale decir, cuando éste no tiene los requisitos para la pensión legal, contra ipso facto una obligación de cubrir al trabajador tal pensión, y éste adquiere el derecho sobre esa pensión voluntaria con todos los efectos legales propios de la jubilación.

De otra parte, tampoco puede aducirse que en el sub-lite se esté en frente al sistema prestacional directo, ya que el trabajador fallecido había sido inscrito al Instituto de los Seguros Sociales (asunto no discutido), quedando entonces, a cargo de la seguridad social, la obligación de cubrir la pensión de sobrevivientes, tal como sucedió en el presente evento.

El beneficio pensional fue instituido con la finalidad de proteger el esfuerzo permanente y continuado del trabajador, que se obtiene en aquellos casos en que se reúnen los requisitos previstos entre otros, en la ley, en los contratos individuales y en las convenciones colectivas de trabajo (artículo 260 C. S. T. y Ley 33 de 1985).

La Ley 90 de 1946 creó el sistema por medio del cual el Instituto de Seguros Sociales subroga a los empleadores en el pago de las pensiones y otros riesgos. De igual manera, los artículos 193 y 259 del C.S.T. prevén que “las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto”. Se infiere de lo anterior, que la intención del legislador fue la de liberar a los empleadores de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, que quedarán a cargo del I.S.S., cuando este asuma dichos beneficios.

La evolución legal de los riesgos anotados, ha ubicado tanto la sustitución pensional, como el seguro de vida colectivo obligatorio —consagrado a favor de los herederos o beneficiarios del trabajador fallecido— en las denominadas “prestaciones en caso de muerté'', que no son otras que las pensiones de viudez y orfandad.

Sin embargo, partiendo de la base de que la seguridad social es obligatoria (artículos 259 y 260 C.S.T.), resulta claro que aquel patrono que no ha cumplido con la obligación de afiliar a sus trabajadores al I.S.S., debe asumir directamente el cubrimiento de los beneficios que ampara el Instituto.

Cumplido el objetivo trazado por la ley, esto es, cubiertos los riesgos prestacionales, bien por el sistema patronal directo o por el obligatorio de la seguridad social, en principio, la filosofía sobre la cual descansan tales beneficios riñe con la posibilidad de que en una misma persona pueda acumularse el cubrimiento de un mismo riesgo por los dos sistemas, que fueron diseñados para sucederse y no para operar simultáneamente.

Esta misma Sección de la Corte, en punto a que la pensión de vejez es incompatible con la pensión convencional, dijo en sentencia del 30 de septiembre de 1987 :

El artículo 38 de la convención colectiva de trabajo firmada entre la compañía ... y el sindicato de trabajadores de ... dispone:

``Los trabajadores que cumplan, hombres cincuenta y cinco (55) años de edad y mujeres cincuenta (50) estando al servicio de la empresa, y que hayan cumplido quince (15) años de servicios continuos o discontinuos, tendrán derecho a pensionarse con el 100% de su sueldo, si tienen hasta inclusive $12.500 de sueldo mensual, y con el 75% si tienen más de $12.500 de sueldo mensual. Garantizándose como mínimo $12.500”.

En el sub-judice se está frente a una pensión de jubilación distinta al mandato de la ley, pues ésta es estrictamente de carácter convencional, ya que en ella se rebaja el requisito de la prestación de servicios de veinte (20) años a quince (15) años...

A pesar de que al acuerdo convencional transcrito no se le hubiese puesto exigencia alguna, no por ello pierde la pensión todas las prerrogativas concedidas por la ley a los jubilados por cuanto con esta prestación se busca compensar la pérdida de la capacidad laborativa, que se da a causa del avance en la edad biológica, con el consecuente desgaste del organismo humano, sin tener derecho a una nueva pensión adicional.

La pensión patronal concedida a ..., en virtud del logro convencional, en manera alguna le dio el carácter de independiente en relación al sistema de la seguridad social, ya que este asumió dicho riesgo, con base en principios legales y doctrinales que consagran la unidad de prestaciones, mediante el cual el Instituto de Seguros Sociales reemplazó el sistema prestacional directo, a cargo de la empresa, luego de una etapa de transición.

No debe dejarse pasar por alto que el seguro social se estableció para asumir como deudor de las prestaciones que se hallaban a cargo del patrono y, este no es persona ajena al ente social, puesto que es afiliado obligatorio a él, para quien cotiza y es el encargado de asumir sus obligaciones prestacionales, según los reglamentos.

Por ello, el que esté percibiendo una pensión de vejez no puede pretender que simultáneamente se le pague pensión de jubilación, por cuanto —se repite— la que cubre la seguridad social reemplazó a la patronal, siendo por ende incompatibles en idéntica persona ambas pensiones...''''

Establecido lo anterior, que es claro a la luz de los desarrollos jurisprudenciales de esta Corporación, en punto al tema que se viene tocando, según quedó dicho, es fácil concluir que los actores tienen derecho a que la entidad demandada les cubra el mayor valor que ésta les venía pagando, sobre la que el ISS empezó a reconocerles, mediante la Resolución No 02276 del 16 de marzo de 1984. Porque si bien es cierto que por virtud del principio de la unidad de pensiones, claramente consagrado en nuestro sistema jurídico laboral, aquellos no pueden recibir sino una sola de tales prestaciones, no lo es menos que la asunción de la aludida carga por la seguridad social no puede ir en desmedro de un derecho efectivamente reconocido a los actores en cuantía superior.

Por lo tanto, como el ad quem desconoció el aludido beneficio, concluye la Corte que violó los preceptos sustanciales integrados en la proposición jurídica. El cargo, entonces, prospera en los términos de lo hasta aquí sentado por la Sala.

El éxito del cargo, dentro de los límites anotados, hace innecesario el estudio del segundo, que con el mismo planteamiento, pero en la modalidad de interpretación errónea de iguales preceptos legales, perseguía idéntico objetivo que el primero.

Consideraciones de instancia

Además de lo ya expresado, para tomar la correspondiente decisión de instancia, advierte la Corte que efectivamente en el momento mismo en que el ISS asumió la pensión de sobrevivientes a favor de los demandantes, éstos venían percibiendo de la empleadora una pensión en cuantía superior a la que les reconoció aquella entidad. En efecto:

Según los documentos de folios 12 y 63, la demandada concedió a la cónyuge y a los hijos menores del extrabajador Justo Pastor Rodríguez Cárdenas la pensión en referencia, en cuantía de $19.252 mensuales, a partir del 18 de enero de 1983. Y conforme a los documentos de folios 44-45 y 55-56, el ISS hizo lo propio, en cuantía de $9.261 mensuales. Existe, por consiguiente, una diferencia entre ambas pensiones, que inicialmente fue de $9.991 mensuales.

De otro lado, conforme lo expresaron los actores en el hecho 6º de la demanda y lo corroboró el apoderado de la empresa en el documento de folios 63-64, la pensión en referencia fue cancelada a aquellos hasta el mes de mayo de 1984, inclusive.

Por consiguiente, el pago que deberá hacer la demandada de la diferencia antes referida, lo será desde el mes de junio de 1984, con todos sus aumentos legales y con la parte correspondiente a la mesada adicional de diciembre».

(Sentencia de diciembre 9 de 1991. Radicación 4562. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

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