Sentencia 46106 de julio 4 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Rad. 46106

Acta 23

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

Primeramente es de advertir, que la Sala no encuentra ninguna deficiencia en la proposición jurídica de los cargos, por cuanto las normas denunciadas son suficientes para cumplir con esta exigencia legal, máxime que corresponden a aquellas que fueron la base esencial de la sentencia impugnada.

Como puede observarse de la lectura de los cargos, se pone a consideración de la Corte el tema relativo a la validez de la última vinculación de la demandante a una administradora privada de pensiones, para determinar si el instituto demandado tiene la obligación de responder por la pensión de vejez reclamada. Para ello, en el primer cargo, orientado por la vía directa, se plantea el tema de la multiafiliación, que en decir del recurrente debe resolverse no solo a la luz de los decretos 692 de 1994 y 228 de 1995, sino también teniendo en cuenta lo regulado por el inciso 5º literal e) del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 3800 de 2003, y 2º literal e) de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 13 de la citada Ley 100 de 1993; y en el segundo cargo, dirigido por la senda indirecta, se pretende acreditar que para el momento en que se solicitó el reconocimiento y pago de la prestación de vejez, la actora se encontraba vinculada al Fondo de Pensiones y Cesantías ING S.A., ya que para que procediera el cambio al régimen de prima media con prestación definida, debieron primero trasladarse al Instituto de Seguros Sociales los dineros que la afiliada tuviera en ese fondo privado de pensiones en su cuenta de ahorro individual, y como ello no ocurrió, el instituto demandado no es el llamado a reconocer la pensión de vejez.

Son hechos indiscutidos en sede de casación: (i) Que la demandante nació el 9 de junio de 1953 y cumplió los 55 años de edad, el mismo día y mes del año 2008; (ii) Que esta se afilió al régimen de prima media con prestación definida el 20 de enero de 1977, siendo la vinculación al Instituto de Seguros Sociales de esa misma fecha, conforme da cuenta la relación de novedades obrante a folio 36 del cuaderno del juzgado, para lo cual realizó cotizaciones hasta el ciclo de noviembre de 1996, según el reporte de folio 25; (iii) Que la actora en el año 1996 se trasladó al régimen de ahorro individual, habiendo realizado aportes hasta el mes de mayo de 2003, como se desprende de las documentales expedidas por el fondo privado de pensiones ING de folios 32, 33 y 41; (iv) Que la accionante sin hacer manifestación escrita de traslado, registra nuevamente aportes al régimen de pensiones de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales, a partir del 2 de febrero de 2004, tal como figura en el reporte de semanas cotizadas de folio 25, habiéndose retirado del sistema el 17 de julio de 2007 como aparece a folio 27; y (v) Que al 1º de abril de 1994 cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, la promotora del proceso tenía más de 35 años de edad, y contaba con 936,4286 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales.

Planteadas así las cosas, lo primero que debe acotar la Sala en relación con los temas propuesto en el primer cargo, es que en el asunto a juzgar no estamos frente de una situación de multiafiliación, por lo siguiente:

1. La múltiple afiliación se presenta cuando no puede ser válida la última si no se realiza dentro de los términos previstos en la ley. El artículo 17 del Decreto 692 de 1994 al prohibir la múltiple vinculación, señaló que el afiliado solo podrá trasladarse de régimen o de administradora de pensiones, cuando dicho cambio se lleve a cabo en los plazos que para tal efecto se tienen fijados, resultando válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales; las demás no serán válidas ni legítimas, debiéndose proceder a transferir la totalidad de los saldos a la administradora cuya afiliación resulte válida.

2. Para el traslado de régimen, que es el punto que interesa al recurso extraordinario, una vez efectuada la selección inicial, los afiliados al sistema general de pensiones solo podrán trasladarse de régimen transcurridos tres (3) años conforme a lo estipulado en el artículo 15 del Decreto 692 de 1994. Con la entrada en vigencia del artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, ese término se amplió a cinco (5) años.

3. Como bien lo determinó el tribunal, los traslados de régimen de la demandante se cumplieron dentro de los términos previstos en la ley, pues la permanencia en cada régimen superó con creces los años exigidos en los anteriores preceptos legales.

De ahí que, en este asunto, no se presenta una situación de múltiple vinculación, pues las diferentes vinculaciones y/o cotizaciones no se hicieron de manera simultánea en los dos regímenes pensionales, generando confusión acerca de cuál es la administradora que debe responder por la prestación de vejez, sino que en distintas épocas la actora estuvo afiliada al de prima media con prestación definida y al sistema de ahorro individual, respetando los términos de permanencia mínima. Tampoco se presenta simultaneidad en la fecha de vinculación a los regímenes; y por lo mismo, no podía realizarse un acuerdo entre las administradoras para definir un conflicto originado en una multiafiliación que realmente no existió.

En estas circunstancias, la discusión queda reducida a dirimir si la demandante podía retornar al régimen de prima media con prestación definida y si es válida la última vinculación al Instituto Seguros Sociales, teniendo en cuenta que, de un lado, la afiliada no tramitó por escrito este traslado, ni diligenció el respectivo formulario y, de otro lado, tampoco el fondo de pensiones efectuó la transferencia al Instituto de Seguros Sociales de los dineros ahorrados por la actora.

El artículo 11 del Decreto 692 de 1994 establece que una vez seleccionado el régimen, la vinculación con la respectiva administradora debe hacerse mediante el diligenciamiento de un formulario previsto para el efecto. En el sub lite, el tribunal determinó que tal como lo alegó el instituto demandado, este requisito no se había cumplido, “pues la señora Teresa López Montoya no realizó las gestiones pertinentes para efectuar el traslado entre regímenes, sino que comenzó a pagar los aportes sin que mediara una actuación administrativa de retorno al régimen de prima media que validara tales desembolsos”. Sin embargo consideró que esa nueva vinculación al Instituto de Seguros Sociales era válida y producía todos los efectos jurídicos, por cuanto esa administradora de pensiones recibió los aportes entre el 2 de febrero de 2004 y el 17 de julio de 2007, esto es, por espacio de tres (3) años, cinco (5) meses y quince (15) días, sin que hubiera aducido falta de afiliación por haberse omitido diligenciar el formulario respectivo.

La anterior inferencia no resulta equivocada, si se tiene en cuenta que la misma expresa lo que se ha denominado “aceptación tácita de la afiliación”, consistente en que, cuando hay silencio de la administradora de pensiones con relación a las posibles deficiencias de la afiliación o vinculación, y al tiempo esta recibe el pago de aportes por un tiempo significativo, se da una manifestación implícita de voluntad del afiliado, aceptada por la administradora, que lleva a que no pueda perderse el derecho a la pensión, a pesar de la falta de diligenciamiento del formulario, siempre y cuando se den las demás exigencias legales para acceder a esa prestación. En efecto, en sentencia del 19 de julio de 2011 Radicado 40531, la Sala tuvo la oportunidad de estudiar el tema y en un proceso de contornos similares contra una administradora de pensiones del régimen de ahorro individual donde se solicitaba una pensión de sobrevivientes, cuyas directrices son perfectamente aplicable a este asunto, puntualizó:

“... para el tribunal el hecho que el fondo hubiere recibido aportes por parte del empleador del actor durante 10 meses, sin haber hecho manifestación alguna, durante este lapso, sobre la falta de diligenciamiento del formulario de afiliación del trabajador, lo llevó a deducir una ‘afiliación tácita’...

(...).

Se tiene, conforme a la parte motiva de la sentencia recurrida, que el tribunal consideró que si bien era cierto que el diligenciamiento del formulario de la afiliación es un requisito indispensable dispuesto en el artículo 11 del D. 692 de 1994 que indica que “[e]fectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario previsto para el efecto por la Superintentencia Bancaria, que deberá contener por lo menos los siguientes datos”, también lo era, en su concepto, que la falta de este “formalismo” no podía ser la talanquera para el reconocimiento del derecho, y el trabajador que haya efectuado los correspondientes aportes, o sus derechohabientes, se vean desprotegidos una vez se presente una contingencia.

(...).

Para el ad quem, dado el caso particular del causante, donde no hubo afiliación al fondo demandado (ni a ningún otro), pero sí se cotizó durante 10 meses sin que la entidad administradora de seguridad social hubiese comunicado la falta de afiliación, la omisión del diligenciamiento del formulario respectivo no podía conducir a la exoneración de la administradora en el reconocimiento de la pensión si se daban los demás requisitos exigidos por la ley; por tal razón, asentó la premisa de la ocurrencia de la aceptación tácita de la afiliación ante el silencio del fondo.

La anterior conclusión a la que arribó el sentenciador ad quem no podía contradecir los artículos denunciados por la censura por interpretación errónea, como quiera que estas disposiciones no regulan la responsabilidad del fondo en el caso que este reciba cotizaciones de personas no afiliadas y no alegue la ausencia de afiliación sino justo cuando se le reclama una prestación del sistema. Aunado a que el ad quem, de tales artículos, solo hizo referencia al artículo 11 del Decreto 692 de 1994 en lo referente al procedimiento a seguir para llevar a cabo la afiliación del trabajador, para sustentar que el diligenciamiento del formulario de afiliación ante la respectiva administradora de pensiones es un requisito indispensable, lo cual coincide plenamente con el sentido de la norma; y la consideración que agregó seguidamente, sobre que “la falta de este ‘formalismo’ no puede ser la talanquera para que el trabajador que haya efectuado los correspondientes aportes o sus derechohabientes, se vean desprotegidos una vez se presente la contingencia”, tampoco la contradice, como quiera que la precitada disposición ni siquiera prevé la hipótesis de que se cotice sin afiliación, como para predicar inteligencia equivocada de la norma.

(...).

El artículo 10 del Decreto 1161 de 1994, dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria, relacionado en el cargo, efectivamente, como lo dice la demandada, regula las consignaciones de personas no vinculadas, ordenando que, en tal evento, las administradoras inmediatamente detecten el hecho “y en todo caso dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la recepción, abonarán las sumas respectivas en una cuenta especial de cotizaciones de no vinculados”. Pero, también, en el inciso siguiente (el segundo) dispone:

‘Así mismo, las administradoras deberán requerir a la persona que haya efectuado la consignación, con el objeto de determinar el motivo de la misma. Si la consignación obedeciere a un error, los dineros serán devueltos a la persona que la efectuó’.

Según el texto de la norma en cuestión, el fondo debe requerir a la persona que ha efectuado la consignación, con el objeto determinar el motivo de esta, y, si la consignación obedece a un “error”, deberá devolverlos a quien los consignó. Deber que justamente el fondo demandado no cumplió según las premisas fácticas establecidas en instancia ya reseñadas y suficientemente ilustradas.

Por otra parte, no está demás (sic) advertir que el deber de informar sobre todo lo que afecte la situación de quienes acuden a las administradoras de pensiones es una constante en el régimen pensional del sistema de seguridad social integral. Como muestra de esto, basta ver el inciso sexto del artículo 11 del Decreto 692 de 1994 que dispone que ‘[n]o se considerará válida la vinculación a la administradora cuando el formulario respectivo no contenga los anteriores datos, en cuyo caso la administradora deberá notificar al afiliado y a su respectivo empleador la información que deba subsanarse’. Y el artículo 12 ibídem que establece:

‘Confirmación de la vinculación. Cuando la vinculación no cumpla los requisitos mínimos establecidos, las administradoras deberán comunicarlo al solicitante y al respectivo empleador dentro del mes siguiente a la fecha de vinculación.

Si dentro del mes siguiente a la solicitud de vinculación, la respectiva administradora no ha efectuado la comunicación prevista en el inciso anterior, se entenderá que se ha producido dicha vinculación por haberse verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para el efecto’”. (Destaca de la Sala)

Como se puede ver, el silencio de la administradora de pensiones sobre las deficiencias de la afiliación, pasado un mes de la solicitud de vinculación, surte efectos positivos ante la solicitud de afiliación, es decir que esta se tiene por efectuada. Si esto sucede con la solicitud irregular de afiliación, por el silencio del fondo, con mayor razón ha de suceder lo mismo cuando se han realizado aportes al fondo por un tiempo suficiente, y este no ha cumplido con el deber de informar tan pronto tuvo conocimiento sobre la falta de afiliación; pues no cabe duda que los actos exteriores consistentes en el pago de aportes por varios meses lleva implícita una manifestación de voluntad por parte del trabajador, quien, ante el silencio del fondo, confía en que se encuentra protegido por el sistema de seguridad social.

(...).

Amén de lo anterior, no está demás (sic) anotar la relevancia jurídica que le dio el ejecutivo a los aportes, al reglamentar los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993 mediante el Decreto 3995 de 2008, para efectos de definir quién es el ente administrador en los casos de aportes sin afiliación; (...). El inciso 3º del artículo 5º del decreto precitado establece:

“En aquellos casos en que por una persona se hayan realizado cotizaciones sin que medie una afiliación al sistema, se entenderá vinculado el trabajador a la administradora donde realizó el mayor número de cotizaciones entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2007. En caso de no haber realizado cotizaciones en dicho término, se entenderá vinculado a la administradora que haya recibido la última cotización efectiva. Esta situación deberá ser informada al afiliado y al empleador para que se proceda a afiliar estos trabajadores al sistema, mediante la suscripción del formulario respectivo. En este evento se tendrán en cuenta las cotizaciones realizadas antes de la fecha de afiliación”.

Adicionalmente, es de resaltar que la solución dada por el ad quem al caso particular del sub lite, justamente, responde al mandato constitucional contenido en el artículo 48 que garantiza el derecho irrenunciable a la seguridad social y la reconoce como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Es evidente que sería letra muerta el principio de eficiencia si se permitiera que el fondo se exonerara del reconocimiento de la pensión de invalidez pese a que el beneficiario ha cotizado el tiempo requerido para tener el derecho y reúna los demás requisitos (como en el sub lite) solo porque faltó el diligenciamiento del formulario, y el fondo solo se lo vino a decir justo cuando reclama la prestación a que tiene derecho. Tampoco, se le estaría garantizando el derecho constitucional a la seguridad social.

No sobra precisar que, conforme al artículo 333 superior, las empresas tienen una función social, función que debe ser más exigente cuando se trata de personas jurídicas encargadas de administrar el sistema de seguridad social en pensiones como ocurre con la recurrente; importa también señalar que el inciso 5º del artículo 48 de la Carta Política señala que “ no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”; lo anterior impone interpretar que sería contraria a los principios que informan a la seguridad social que cotizaciones realizadas por el trabajador y por el empleador destinadas a financiar los riesgos de la seguridad social, fueran desviados a cuentas neutras y amorfas, y no a realizar los fines superiores perseguidos por la seguridad social que por esencia les corresponde.

En el presente caso, se reitera, el fondo omitió dar información al trabajador y al empleador, oportunamente, sobre la falta de afiliación, y no es para nada razonable que resulte favorecida de su propia omisión, máxime que el trabajador efectivamente realizó los aportes al sistema contribuyendo así a la sostenibilidad financiera del sistema.

Ya esta Sala ha señalado cuál es el papel que cumplen las administradoras en el sistema general de pensiones; dada la naturaleza de servicio público de la seguridad social cuya administración tienen a su cargo, estas no pueden asumir una actitud pasiva y beneficiarse de ella, en detrimento de los derechos de los interesados a la seguridad social (...)”.

En cuanto a lo argumentado por el recurrente, en el sentido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 3800 de 2003, la demandante, por faltarle al 28 de enero de 2004, 10 años o menos para cumplir la edad para adquirir el derecho a la pensión de vejez, “tuvo un periodo de gracia para trasladarse de régimen comprendido entre el 29 de enero de 2003 (fecha en que fue expedida la L. 797/2003) y el 28 de enero de 2004, fecha límite establecida por el Decreto 3800 de 2003. Toda vez que la demandante no manifestó su voluntad de afiliación, dentro del plazo legal estipula (ene. 28/2004), sino que a partir del 2 de febrero del mismo año, decidió mutuo propio (sic), comenzar a cotizar al Instituto de Seguros Sociales; según los términos del Decreto 3800 en mención, se tendrá como válida la vinculación a la última entidad que cotizó con anterioridad al 28 de enero de 2004, para el presente caso a ING Pensiones y Cesantías S.A.”, no resulta de recibo por lo siguiente:

a. El artículo 1º del Decreto 3800 de 2003 en que se respalda la postura del recurrente, reza: “Traslado de Régimen de Personas que les falten menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De conformidad con lo señalado en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltare diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad, hasta dicha fecha”.

b. El artículo 2º de la Ley 797 de 2003, al cual se remite el anterior precepto legal, con relación al punto objeto de controversia, señala su literal e) modificado: “Los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. (Después de (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez)”. El texto entre paréntesis y resaltado fue declarado exequible condicionalmente por la Sentencia C – 1024 del 20 de octubre de 2004, bajo el entendido “que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a este —en cualquier tiempo—, conforme a los términos señalados en la Sentencia C-789 de 2002”.

c. De acuerdo con la versión original del citado artículo 2º de la Ley 797 de 2003, las personas a quienes, al 28 de enero de 2004 (después de un año de vigencia de la Ley 797, que comenzó a regir el 29 de enero de 2003 según el Diario Oficial Nº 45.079), les faltare menos de diez años para cumplir la edad y tener derecho a la pensión de vejez, inicialmente se les prohibió el cambio de régimen. Luego el artículo 1º del Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003, permitió su traslado por “una única vez”, pero colocando como fecha límite para hacerlo el referido 28 de enero de 2004. Posteriormente, mediante sentencia de exequibilidad condicionada C-1024 del 20 de octubre de 2004, de este contingente de personas se dejó a salvo a quienes se encontraban en esa situación y en régimen de transición que al 1º de abril de 1994 tenían 15 o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, quienes podían retornar al régimen de prima media “en cualquier tiempo”.

d. En el caso de la demandante, aun cuando esta es de aquellas personas que les hacía falta al 28 de enero de 2004, menos de 10 años para adquirir el derecho, por cuanto arribó a la edad de los 55 años el 9 de junio de 2008, se debe insistir, como atrás se dijo, que para la entrada en vigencia de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 y para la data arriba mencionada, dicha afiliada ya tenía cumplido ampliamente el periodo de carencia o permanencia obligatoria de los tres (3) años, previsto en el artículo 15 del Decreto 692 de 1994, e incluso el de los cinco (5) años señalados en el artículo 2º de la citada Ley 797, habida consideración que venía vinculada en el régimen de ahorro individual desde el año 1996. Podía para esa época, por lo tanto, trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, como en efecto lo hizo, y cuya vinculación o retorno al Instituto de Seguros Sociales quedó legitimada con la denominada “aceptación tácita de la afiliación”, máxime que también era beneficiaria del régimen de transición que se conservó para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, al 1º de abril de 1994, tenían 15 o más años de servicios cotizados, independientemente de su género y edad.

e. Por lo expresado, el periodo de gracia que refiere la censura no tiene aplicación en el asunto a juzgar.

De otro lado, por virtud del régimen de transición, los requisitos para acceder a la pensión de vejez de la actora se han de definir conforme al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, tal como lo dedujo el tribunal, es decir 55 años de edad y un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de 1000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

Entonces, al resultar válida la última vinculación con el Instituto de Seguros Sociales, se tiene que la accionante únicamente con lo aportado al régimen de prima media con prestación definida, que como bien lo determinó el tribunal, asciende a un total de 936,4286 semanas, de las cuales 669,5714 semanas corresponde a los últimos 20 años que anteceden al cumplimiento de la edad mínima, superando con creces las 500 semanas exigidas por los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, se concluye que reúne los requisitos para obtener la prestación por vejez a cargo de la demandada.

En estas condiciones, el hecho de que el fondo privado de pensiones ING S.A. no le hubiera aún trasladado al Instituto de Seguros Sociales los dineros que la demandante tenía en su cuenta de ahorro individual durante el tiempo que estuvo en el RAIS, no invalida el cambio de régimen, ni le hace perder el derecho al reconocimiento y pago de la prestación por vejez, por ser suficientes las semanas cotizadas en prima media con prestación definida. Además, el instituto demandado puede solicitar a ING S.A. el traslado de los fondos para la financiación de la pensión. Lo precedente sobre el cumplimiento de semanas cotizadas se puede sintetizar en el siguiente cuadro:

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Por lo aquí dicho, el tribunal no cometió ninguno de los yerros jurídicos enrostrados por la censura.

Pasando al segundo cargo, encauzado por la vía indirecta, al quedar definido jurídicamente que la última vinculación al Instituto de Seguros Sociales es válida, y que no es posible admitir un acuerdo entre las administradoras de pensiones en los términos que aparece en el Oficio O.D.A. Nº 08-14559 del 19 de septiembre de 2008 visible a folios 28 a 31, por no estarse en rigor frente a una situación de múltiple afiliación, no pueden prosperar los cargos fácticos endilgados. Es más, ninguna de las pruebas documentales que se denunciaron desvirtúan la afiliación o vinculación tácita que encontró el tribunal, toda vez que para el momento en que se informa, reporta o certifica la vinculación de la actora al fondo de pensiones ING S.A., según las documentales de folios 19 - 20, 23 - 24, 34 y 41 del cuaderno del juzgado, ya había operado el cambio de régimen y el retorno al sistema de prima media con prestación definida.

De suerte que, los cargos resultan infundados y por tanto no prosperan.

Costas a cargo de la entidad recurrente, por cuanto la demanda de casación no tuvo éxito y fue replicada, las cuales se fijarán en la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) moneda corriente, que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de marzo de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso ordina promovido por Teresa López Montoya contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso extraordinario, como se indicó en la parte motiva de este proveído.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».