Sentencia 46177 de septiembre 12 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 46177

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Acta 32

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012).

EXTRACTOS: «IV. Se considera

En lo que interesa a la resolución del recurso, el tribunal consideró que no se encontraba frente a un servicio público esencial, y que por tanto no podía enmarcarse la discusión jurídica dentro de lo reglado en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, así mismo señaló que lo que en puridad existió fue un paro de actividades al que definió como una “cesación intempestiva de las actividades que en virtud del contrato de trabajo los trabajadores están obligados a desarrollar, no es un derecho, ni menos un mecanismo de presión legalmente autorizado para la solución de conflictos, es —generalmente— una actuación de hecho, antijurídica y violatoria de las principales obligaciones a cargo del trabajador y derivados de la relación de trabajo”; añadió la prohibición legal que, para el efecto se encuentra contenida en el literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo y recabó en que “en los paros, además de alterar la paz laboral y social se actúa en franca rebeldía contra la ley y de paso se deja de cumplir con la principal obligación derivada de la relación a cargo del trabajador: prestar el servicio pactado, amén de los graves perjuicios que se le pueden causar a la empresa, a la economía y al país”.

Otro de sus soportes fue que no se demostró que el empleador hubiere incumplido las obligaciones, dado que los recortes presupuestales a los que se hizo alusión por parte de las organizaciones sindicales obedecieron a supuestos y no a realidades y que si lo pretendido era protestar, ello debió realizarse en horas inhábiles, dado que lo contrario implicaba la sustracción de las actividades encomendadas a sus empleados y que el hecho de ser de corta duración no exoneraba de la declaratoria de ilegalidad.

Concluyó que, para el ejercicio de la huelga o cese, los sindicatos debían atenerse a la reglamentación establecida por el legislador, quien estaba habilitado para imponer restricciones o limitaciones por razones de orden público, para proteger los derechos de la colectividad y asegurar la prestación de los servicios públicos.

Por su parte, el sindicato recurrente afirma que el ad quem se equivocó al desconocer que la actividad ejercida por sus integrantes obedeció a una jornada de protesta, y que, por tanto, no podían extenderse los efectos de una declaratoria de ilegalidad. El argumento que se adujo para el efecto se centró en que la actividad que realizó el sindicato, fue para protestar por el desmonte o eliminación de los impuestos parafiscales que son el sostén de tres entidades del Estado, entre ellos el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

Para comenzar, es necesario señalar que son puntos indiscutidos, los siguientes: (i) No media un conflicto colectivo, (ii) No se trató del desarrollo de una huelga, en el marco de un conflicto colectivo de trabajo; y, (iii) No está demostrada la afectación de la prestación del servicio, ni la alteración del orden público, ni la paz social. De tal suerte, el punto que debe resolverse es determinar si a la actividad realizada por el sindicato el 12 de junio de junio de 2009, es posible aplicar las consecuencias previstas en el artículo 2º de la Ley 1210 de 2008, que así reza:

“Declaratoria de ilegalidad

1. La legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será declarada judicialmente mediante trámite preferente. En primera instancia, conocerá la Sala Laboral del tribunal superior competente. Contra la decisión procederá el recurso de apelación que se concederá en el efecto suspensivo y se tramitará ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La providencia respectiva deberá cumplirse una vez quede ejecutoriada.

2. La reanudación de actividades no será óbice para que el tribunal profiera la declaratoria de la legalidad o ilegalidad correspondiente.

3. En la calificación de suspensión o paro colectivo de trabajo por las causales c) y d) del artículo anterior, no se toman en cuenta las irregularidades adjetivas de trámite en que se haya podido incurrir”.

La reciente atribución que se le otorgó a la justicia laboral, para conocer de tales controversias, obedeció a que el legislador, en concurrencia con el ejecutivo, estimó necesario acoger las recomendaciones que, sobre el punto, venía realizando la Organización Internacional del Trabajo, en torno a la aplicación del Convenio 87; en la Gaceta del Congreso de la República 172 de 2008, tal criterio así quedó expuesto:

“En desarrollo de lo dispuesto en los Convenios y específicamente del 87, el comité de libertad sindical se ha pronunciado mediante una recomendación respecto a la legalidad de la huelga en Colombia, manifestando que “dicha declaración no debería corresponder al gobierno, sino a un órgano independiente de las partes y que cuente con su confianza, particularmente en aquellos casos en que este es parte en un conflicto.

En la legislación colombiana, el Código Sustantivo del Trabajo (art. 451) prevé que el Ministro de la Protección Social tiene la facultad de determinar la legalidad de una huelga (art. 450, párrafo 2).

En cuanto al caso colombiano, la comisión de expertos ha manifestado que la determinación acerca de la legalidad de una huelga “no debería corresponder al Ministerio de Trabajo sino a la autoridad judicial o a una autoridad independiente”.

A la luz de lo anterior, se constatan dos divergencias legislativas: La primera, entre el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo que autoriza al Ministro de la Protección Social a declarar la ilegalidad de la huelga, por un lado, y el principio del comité de libertad sindical según el cual un asunto como este no debería ser competencia de la autoridad administrativa.

Estudiando los antecedentes laborales en nuestro país encontramos que la voluntad inicial del legislador a través de la Ley 6ª de 1945, fue la de permitir que la ilegalidad de la huelga fuese declarada por los jueces; a partir de 1948, con el Código Procesal del Trabajo, expedido bajo facultades de Estado de sitio se comienza a desmantelar tal facultad en el sentido de que los tribunales conocerían de la declaratoria de la ilegalidad de la huelga, en los casos que no se trataran de servicios públicos, en cuyo caso conocería el Ministerio de Trabajo, para por último terminar siendo a través del Código Sustantivo del Trabajo de 1950 en el artículo 451, en donde se deja toda la competencia al Ministerio de Trabajo. Lo que nos permite afirmar que la voluntad del legislador ha sido que sea un organismo independiente, pero el gobierno a través de los decretos expedidos con facultades extraordinarias fue el que modificó tal disposición.

Es en este sentido que el Gobierno Nacional propone la presente iniciativa de reforma al ordenamiento legal para que sea la jurisdicción laboral la encargada de resolver sobre la legalidad de la suspensión colectiva del trabajo y a través de un proceso especial cuya celeridad es necesaria dadas las características del riesgo económico y social que implica un conflicto colectivo del trabajo con suspensión de actividades laborales”.

Esa nueva competencia que se le otorgó al juez laboral proviene de reflexiones de un profundo contenido social, en la medida en que con su adopción se persigue garantizar la imparcialidad del órgano encargado de dirimir los conflictos generados a partir del ejercicio de un derecho que tiene como trasfondo uno de carácter fundamental como es el de asociación. Reconocieron, entonces, el legislador y el ejecutivo, que se trató de regular un aspecto altamente sensible como es el de las relaciones entre empleadores y organizaciones de trabajadores, desde luego en perspectiva de aproximarse al ideal plasmado en el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo.

La asunción de dicha competencia no podía recaer en autoridad pública distinta a la judicial, en la especialidad laboral, en la que se supone un amplio y profundo conocimiento del derecho del trabajo, en sus ámbitos individual y colectivo, atributo que comporta una especial capacitación para dilucidar contenciones como la presente, que involucran elementos de índole no solo laboral, sino social. Por ello, no es gratuito que a esta área del conocimiento jurídico, también se le denomine “derecho social”.

Lo anterior es más trascendente si no se ignora que, en aras de rodear de más garantías el cabal ejercicio del derecho de asociación, el legislador quiso que la definición de los conflictos suscitados en razón de la concreción de la actividad sindical, como la ejecución de jornadas de esta índole, en primera instancia, estuviera a cargo de las salas laborales de los tribunales superiores de distrito judicial y, en segunda, por la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, corporaciones en las que se observa una mayor versación en temas de la trascendencia que involucran no solo a la organización sindical, sino, además, la de sus integrantes, en tanto miembros de dicha persona jurídica, e individualmente considerados.

Conforme con lo hasta ahora expuesto, al juzgador le corresponde, en sus pronunciamientos, ofrecer una respuesta acorde a la importancia de la materia que debe abordar, sin limitar su estudio a una escueta comparación entre las circunstancias objetivamente acreditadas en el proceso, y el texto de la Ley, sino que debe extender su análisis a considerar todas las circunstancias relevantes, con el propósito de proferir un fallo verdaderamente ceñido a derecho, lo cual implica desentrañar el sentido del precepto legal, y no restringirse a dar aplicación a la regla de derecho en los lacónicos términos en que fue concebida, entre otras razones, porque el carácter abstracto de la ley, no permite la casuística anhelada por quienes aún defienden la aplicación literal de la norma jurídica.

Determinar si un comportamiento es legal o no, no puede quedarse en la escasa comprobación de que en algún momento del día un grupo de trabajadores no se encontraba en su puesto de trabajo, y en que “franquearon” el ingreso a la sede de la entidad, dejando de lado el análisis de las circunstancias que rodearon el adelantamiento de tales conductas. Semejante limitación traduciría una intelección apartada de la propia literalidad del precepto legal, en tanto si el juzgador debe dilucidar si el cese o paro fue ilegal, obviamente es porque parte del supuesto de que no siempre que se presente una parálisis de este género, debe colegirse su ilegalidad. Así lo enseña el numeral 1º del artículo 2º, de la Ley 1210 de 2008, según el cual, “La legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será declarada judicialmente mediante trámite preferente”.

Igualmente, se aleja del ideal de una debida administración de justicia, dejar al margen del estudio que corresponde, un aspecto como el de la teleología de la norma jurídica, pues su interpretación no puede hacerse con abstracción del fin que se procura con su inserción en el ordenamiento jurídico, sino que debe pasar por la consideración de este parámetro hermenéutico; es decir, la razón de la existencia de una norma jurídica, en el marco de un Estado social y democrático de derecho, es un elemento que debe guiar el proceso lógico jurídico de su interpretación y aplicación.

En el caso que concita la atención de la Sala, es claro que principios constitucionales como la paz y el orden público, a los que aludió el fallador de primer grado, no se vieron comprometidos o, por lo menos, no hay prueba de que hubiera sucedido. Así las cosas, si lo que quiere proteger la regla de derecho no estuvo en riesgo, mal pueden generarse las consecuencias jurídicas allí previstas, a más de que tampoco se vio afectado el interés general, o se puso en situación riesgo algún derecho de las personas, ni menos que se hubieran ocasionado “graves perjuicios económicos a la empresa, a la economía, y al país”, como lo consideró el sentenciador de primera instancia. De ese modo ni por el aspecto de la esencialidad del servicio público temporalmente interrumpido, ni por lo que se expuso recientemente, se presentó el evento de dos derechos en conflicto, como para que surja la necesidad de sopesar cuál de los dos tiene una mayor entidad, para optar por su protección.

Y es que no hay que olvidar que, en el marco del derecho de asociación que la Constitución Política protege, una de las funciones principales de los sindicatos es la propender por la defensa de los intereses de sus afiliados, y de la organización misma, bajo el entendido de que no puedan excluirse fines que no sean eminentemente profesionales, menos como sucedió en este caso, es dable declarar la ilegalidad de la actividad sindical, como se asentó en la Sentencia C-858 de 2008, que declaró condicionalmente exequible el literal b) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo:

“En este contexto, queda claro que una interpretación estricta de las expresiones demandadas de los artículos 429 y 450 del Código Sustantivo del Trabajo no se aviene a la amplitud de esa garantía, pues si bien resulta válido que el legislador establezca las finalidades económicas y profesionales de la huelga, también es cierto que no se puede excluir la expresión legítima de las organizaciones sindicales en relación con políticas sociales, económicas y sectoriales que incidan de manera directa y próxima en el ejercicio de la actividad, ocupación, oficio o profesión.

Sobre este particular debe recordarse que según la OIT, el ejercicio del derecho de huelga es perfectamente compatible con la actividad de los sindicatos, como organizaciones encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores, de poder recurrir a la suspensión colectiva y pacífica de labores para apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones de política económica y social, que tienen consecuencias inmediatas para sus miembros y para los trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección social y de nivel de vida; ese organismo también ha advertido que “la prohibición general de toda actividad política de los sindicatos no solo sería incompatible con los principios de la libertad sindical, sino que carecería de realismo en cuanto a su aplicación práctica”, pues las organizaciones sindicales pueden querer, por ejemplo, manifestar públicamente su opinión sobre la política económica y social que afecta a los trabajadores.

Atendiendo estas pautas, para esta corporación resulta incuestionable que una real garantía del ejercicio del derecho de huelga debe ampliarse para aceptar que sus finalidades no sean puramente económicas y profesionales y que la expresión de esas posiciones no lleve consigo la ilegalidad de la huelga y, por ello, declarará exequibles de manera condicionada los apartes demandados de los artículos 429 y 450 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido de que tales fines no excluyen la huelga atinente a la expresión de posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión”.

Desde luego, el vocablo “huelga”, usado en la precedente trascripción, debe entenderse en sentido lato como suspensión del trabajo, o cese de actividades, porque no tendría sentido interpretarla exclusivamente referida al conflicto colectivo de trabajo propiamente dicho, en tanto, por lo menos en la legislación colombiana, no cabría la promoción de un conflicto de tal naturaleza que desemboque en la declaratoria de una huelga, en su significación restrictiva, sino en el marco de un movimiento pacífico de protesta contra un proyecto de ley que preveía “el desmonte de la renta de los parafiscales y la parálisis de la formación profesional”, como acaeció en este caso, amén del presunto incumplimiento del empleador de sus obligaciones, conforme al comunicado 2009-006 de la directiva nacional del sindicato, pues también se ejecutaba para denunciar la precaria protección en seguridad al trabajador sindicalizado, “al rescate del contrato de aprendizaje, la falta de materiales físicos para la formación de los educandos, la desmejora en el servicio médico asistencial de los empleados del mismo Sena ... la falta de esquemas de seguridad a los miembros del sindicato ... la organización del programa de los nuevos doscientos cincuenta mil cupos y finalmente la demora en la vinculación de los provisionales a carrera administrativa”, de suerte que debía tenerse en cuenta que ese ejercicio sindical, lo que buscaba, a nivel nacional, era la atención de la ciudadanía para que desestimara ese propósito, por considerarlo nocivo, actividad que, a juicio de dichas organizaciones, revertía en beneficio de la totalidad de los ciudadanos.

El primero de los motivos mencionados, fue destacado por el testigo Rafael Eduardo de La Rosa Mercado, dado que el proyecto de Ley 303 de Senado y 127 de Cámara, en el que se estudió lo pertinente, fue de conocimiento público, igual que las actividades que se desarrollaron en todo el territorio nacional. Así figura en su declaración: “La actividad que le observé era que estaba haciendo acciones sindicales basándose en el desmonte de la renta a los parafiscales y la parálisis de la formación profesionales según ellos (...) entendía por información secundaria que los hechos que motivaban a Sindesena era una protesta, tal y como reposan en el acta del Ministerio de la Protección social” (fl. 98).

La huelga y el cese de actividades se identifican no solo por la suspensión colectiva del trabajo —tal cual, se titula el capítulo V, título II, del Código Sustantivo del Trabajo, sobre conflictos colectivos de trabajo—, sino que, además son un mecanismo de presión de que están dotadas las organizaciones sindicales para obtener sus reivindicaciones, mejorar las condiciones de trabajo de sus afiliados, sin que pueda ignorarse que otros fines como los sociales, culturales, o educativos, son lícitos, en la medida en que no atenten contra otros objetos jurídicamente tutelados como las paz social, ni el orden público. De esta suerte, si la utilización del mecanismo es legal cuando se busca mejorar las condiciones de trabajo, no se avizoran razones para pensar que no lo es, cuando, como en este evento, se trató de mantener las condiciones vigentes, en el que, a juicio del sindicato, las medidas legislativas que se cernían sobre esta clase de entidades, daban lugar, por lo menos, a la desmejora de la situación de los trabajadores, pero además, pondrían en riesgo la función social que cumplen las mismas.

Se articula lo considerado por la Corte Constitucional como argumento para declarar la inexequibilidad parcial del literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto no son solamente motivaciones de índole económica las que legitiman al sindicato para acudir lo que la norma impropiamente denomina “huelga imputable al empleador”, que no es tal, sino simplemente un cese de labores, originado en el incumplimiento de las obligaciones del empleador.

Nótese que si se permite una interpretación sistemática, el derecho a la huelga está en conexión no solo con derechos fundamentales como los de asociación y sindicalización, sino además, con valores y principios constitucionales como la solidaridad, dignidad, y participación, y la realización de un orden justo, amenazado con las medidas legislativas que se proponía implementar el gobierno nacional (ver C-473/94).

En sintonía con lo expuesto, la comisión de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha insistido, en sus informes, en que el derecho a organizar manifestaciones públicas es un aspecto importante de los derechos sindicales y que “la restricción de carácter horario que impone la legislación al derecho de manifestación no se justifica y puede provocar que el mismo sea inoperante en la práctica”; asimismo ha insistido en que “Las acciones de protesta están protegidas por los principios de la libertad sindical solo cuando estas acciones están organizadas por organizaciones sindicales o pueden ser consideradas como actividades sindicales legítimas cubiertas por el artículo 3º del Convenio 87”; y también en armonía con lo contemplado en el artículo 37 de la Constitución Política, en consonancia con el 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre reunión pacífica, el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 13 y 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

De otra parte, la conclusión de que la cesación de labores fue intempestiva, resulta desatinada, pues a folio 109 obra una comunicación remitida por el director regional del Sena - Atlántico al Ministerio de la Protección Social, de fecha 11 de junio de 2009 que textualmente dice “De manera atenta solicito nos asigne un funcionario del Ministerio de la Protección Social, a efectos de verificar un eventual cese de actividades que se realizará el día 12 de junio de 2009, en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena Regional Atlántico ubicadas en la carrera 43 Nº 42-40 y la calle 30 Nº 3E-164 de Barranquilla”; tal información es inequívoca de que la entidad conocía de antemano las actividades que se realizarían el día 12 de junio de 2009, al punto que, inclusive, tuvo la oportunidad de citar al Ministerio de la Protección Social, con la antelación, para que concurriera a sus instalaciones.

De tal forma que cuando, como en el presente caso, se encuentra acreditado que la actividad se conoció previamente por el empleador, es decir, que no fue intempestiva, ni obedeció a una vía de hecho; que se mantuvo de forma pacífica, que tuvo causas razonables, y que se originó en desarrollo de las libertades sindicales, no le es posible al juez laboral calificarla de ilegal, pues claramente se está frente a una actividad de las organizaciones sindicales que no puede ser afectada con una decisión que viabilice su desintegración, dado que está ligada al ejercicio de la libertad y del derecho de asociación que les confiere la Constitución y la ley; una interpretación en contrario puede generar efectos adversos y consecuencias negativas que no se acompasan con la vigencia de un Estado social de derecho.

En ese orden, no se aviene con el análisis precedente, la consideración del tribunal de que el cese de actividades, no enmarcado dentro del conflicto colectivo de trabajo regulado en los artículos 429 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo, sea contrario al ordenamiento jurídico, ni es un derecho de los trabajadores, tildándolo de antijurídico, pues está “desterrado” por el legislador, dada la prohibición prevista en el numeral 5º del artículo 60 ibídem, dado que, además de lo que se dejó expuesto, tal restricción está ubicada en la parte individual de aquel estatuto, y daría para la adopción de correctivos en el plano individual, que no colectivo, que es el ámbito en que se desenvolvió esta actuación.

Se reitera no obstante que la rigurosidad en el estudio de este tipo de circunstancias, para cada caso particular, permitirá identificar si la situación se enmarcó o no en la citada normativa y si el juez laboral puede imponerle las consecuencias legales.

Ahora bien, en el presente asunto, y conforme a la totalidad de las pruebas estudiadas, emerge diáfano que la situación puesta en conocimiento por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, permite concluir, que lo que ocurrió fue una actividad sindical de protesta que no encuadra dentro de los supuestos de la Ley 1210 de 2008, y por tanto se infirmará la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA en su totalidad la providencia del 12 de abril de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso especial que el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, le promovió al Sindicato de Empleados Públicos del Sena, Sindesena, y al Sindicato de Trabajadores del Sena, Sintrasena, en consecuencia desestima la solicitud formulada.

Sin costas en la alzada. En primera instancia, a cargo de la demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen».