Sentencia 4624 de julio 6 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

CONCILIACIÓN

PUEDE SOLICITARSE SU NULIDAD

EXTRACTOS: «2. Dado que por uno de los opositores se plantea que la conciliación es un -así lo dice- “acto autónomo, definitivo, inmutable, como imposible de cualquier litigio ulterior”, conclusión ésta de quien defiende la sentencia del Tribunal que -debe entenderse- el litigante estima fundada en las sentencias del Tribunal Supremo del Trabajo y de esta misma Sala de Casación que cita y transcribe en su memorial de réplica, se hace necesario por ello responder previamente este argumento de la inmutabilidad de la conciliación y la imposibilidad de todo litigio ulterior, que presenta el replicante.

Y por esto, con el fin de hacer claridad sobre el tema, conviene precisar que las verdaderas doctrinas que expresan cada uno de los tres fallos traídos a colocación por el opositor son las de que la omisión de la conciliación genera la nulidad de la actuación procesal subsiguiente a dicha etapa (sent. de 15 de diciembre de 1949, G. de T., Tomo III, págs. 808 a 828); que la conciliación mantiene su validez y fuerza de cosa juzgada aun cuando el arreglo no sea resultado de la acción directa y activa del funcionario ante quien se celebra (sent. de 14 de marzo de 1969, G. J., Tomo CXXIX, págs. 538 a 542) y que la conciliación conserva su esencia jurídica y produce el efecto de cosa juzgada que la ley le atribuye tanto cuando se celebra por la organización sindical en beneficio general de sus miembros como cuando el sindicato sólo representa específicamente a un trabajador individual (sent. de 3 de diciembre de 1976, G. J. Tomo CLII, págs.)

Esta que se sintetiza es la jurisprudencia contenida en cada uno de los tres fallos, y no la que entiende el opositor, para quien basta simplemente que se realice una conciliación para que dicho “acto autónomo, definitivo, inmutable” haga imposible “cualquier litigio ulterior”. Pero como en verdad esto no es así, pues, contrariamente a lo que arguye este demandado y a como lo entendió el Tribunal, el efecto de cosa juzgada que los artículos 20 y 78 del C.P.T., le otorgan a la conciliación celebrada por fuera del juicio y dentro de él, únicamente se produce si además de cumplirse a cabalidad con los requisitos externos de validez del acto se configura un real acuerdo conciliatorio que no vulnera para nada la ley.

Este y no otro es el verdadero criterio jurisprudencial que resulta, entre otras, de las siguientes sentencias de ambas secciones de la Sala: Casación de 10 de agosto de 1988, ordinario de Francisco Luis Tamayo contra Martín Emilio Rodríguez Zapata, radicación 2343, Gaceta Judicial, Tomo CXCIV, páginas 293 a 314; casación de 25 de agosto de 1987, ordinario de Víctor González Arrautt contra Mario Restrepo Villegas, radicación 0335 y casación de 19 de febrero de 1991, ordinario de la Flota Mercante Grancolombiana S. A. contra Julio César Uribe Acosta, radicación 4018, estas dos últimas aún no publicadas.

Que esta que aquí se indica es la jurisprudencia que cabe decantar tanto de los fallos que se rememoran como de todas las demás sentencias que ocupándose de alguna manera del tema de la conciliación ha producido la Corte, resulta de la circunstancia de que siempre, invariablemente, se ha aceptado como procedente la demanda de nulidad que se intenta para invalidar la conciliación en todo o en parte.

3. Que la conciliación pueda llegar a ser anulada en todo caso en que ella resulta violatoria de la ley por no haberlo advertido así oportunamente el funcionario judicial o administrativo que le imparte aprobación, es consecuencia de que ciertamente y como bien lo explica al parte recurrente, en toda conciliación se conjugan dos actuaciones que pueden ser debidamente diferenciadas por corresponder a dos distintos momentos de este acto jurídico complejo: la primera, el acuerdo de voluntades de quienes por este medio finalizan un conflicto jurídico ya surgido o precaven uno eventual; y el segundo, la aprobación que le imparte el funcionario (juez o inspector del trabajo) por no parecerle lo convenido por las partes contrario a la ley.

No esta por de más anotar que esta manera de entender la conciliación no tiene nada de novedoso, sino que así desde hace ya varios lustros también lo explicó y enseñó un desaparecido comentarista de nuestra legislación laboral tan autorizado como lo fue el profesor Guillermo Camacho Henríquez, quien en su obra “Derecho del trabajo” sostiene que:

“...Toda conciliación envuelve necesariamente o un desistimiento de alguna de las partes, trabajador o patrono, por haberse convencido de la injusticia o ilegalidad de sus pretensiones, o contiene una transacción que es lo que generalmente sucede.

Con la transacción por vía conciliatoria, encontramos que el mencionado contrato se envuelve dentro de un acto público de tipo procesal o simplemente administrativo. La conciliación no desvirtúa, pues, lo fundamental del contrato de transacción, ni impide los problemas que con ella pueden presentarse, especialmente los relativos a derechos ciertos e indiscutibles y a las renuncias de estos derechos” (Op. cit., Tomo I, Ed. Temis, 1961, pág. 158).

Y este mismo autor afirma que:

“La conciliación puede rescindirse o anularse de la misma manera que las transacciones, y especialmente por falta de personería cuando las realiza un mandatario sin autorización suficiente.

Es de suponer que la conciliación puede violar derechos sustanciales, a pesar de que la presencia de un funcionario del Estado que la aprueba, permite inferir que esas violaciones serán excepcionales, aunque no imposibles. Cuando por error o impericia se apruebe una conciliación violatoria de derechos, esa conciliación es anulable'' (ibídem, pág. 159 -se subraya-).

4. Para terminar estas consideraciones relacionadas con la naturaleza de la conciliación y si cabe o no su eventual revisión judicial mediante proceso ordinario en el que se prueben vicios en el consentimiento que afecten la declaración de voluntad de los celebrantes o cualquier otro hecho configurante de una nulidad, conviene igualmente recordar que por la Sala Plena de la Corte Suprema de Jsuticia se definió así la conciliación:

“Desde el punto de vista jurídico la conciliación es un sistema o procedimiemto legal que permite a las partes en conflicto, en uso de su voluntad autónoma, ensayar fórmulas de composición de sus intereses encontrados. Es un recurso de auto-regulación de la sociedad frente al Estado en sus expresiones funcionales de dispensación de la justicia con miras a agilizar y garantizar la operatividad de ésta. Con frecuencia se le otorga a los acuerdos que con ese mecanismo se adopten el carácter de definitivos, es decir, de fuentes de cosa juzgada.

Naturalmente, desde antiguo se conocen en el universo jurídico y en nuestro propio sistema de derecho, instrumentos que apuntan a idéntica finalidad, como son la transacción y el arbitramento, no siendo realmente fácil captar distinciones sustanciales entre la conciliación y la transacción. Más bien se las puede discernir en perspectivas históricas y externa o formal, por varias facetas, así:

La conciliación tiene origen en el derecho internacional público, mientras que la transacción se inspira en la tradición contractual del derecho privado. La conciliación es una instancia oficial, judicial o prejudicial, para llegar a un acuerdo amigable; en tanto que la transacción es un contrato.

Por sus efectos, tanto a la conciliación como a la transacción se les conceden por ley los de cosa juzgada, sin perjuicio de los efectos contractuales de la segunda. Por la materia, ambas figuras encuentran su ámbito de aplicación conforme a las prescripciones de la ley; sin embargo, se suelen limitar los asuntos objeto de transacción, en cuanto estos conciernan al interés público (artículos 2472, 2473, 2474 del Código Civil), por el carácter privado de esa modalidad contractual; en tanto que la conciliación ha sido autorizada, como instancia oficial, indistintamente para asuntos de naturaleza, privada o mixta (laboral, familia, contencioso-administrativo, civil), con fundamento en las conveniencias sociales que inspiran su existencia como actuación no litigiosa. En la conciliación, como instancia oficial que es, funge como conciliador un funcionario público o un particular transitoriamente investido de esa función oficial, quien no necesariamente debe tener la categoría de juez o magistrado; en la transacción, como contrato que es, sólo actúan en principio las partes.

Como criterio de deslinde de fondo, quizá la única diferencia perceptible reside en qué elemento sustancial de la transacción es la renuncia recíproca a pretensiones en aras del arreglo, lo que no ocurre necesariamente en la modalidad que la ley denomina conciliación, pues en esta es factible que una de las partes se pliegue íntegramente a las pretensiones de otra.

Por lo demás —y esto es lo que marca la diferencia esencial con el arbitramento— el conciliador no tiene poder para administrar justicia; la conciliación no tiene la naturaleza de un procedimiento orientado a producir un fallo, sino la de un conducto legal que procura llevar las partes a un arreglo amigable de sus diferencias sin que pueda decirse en sentido estricto que sea una etapa del litigio, ni siquiera cuando se realiza con motivo de la tramitación judicial del mismo, por cuanto el proceso se suspende durante ese paso legal”. (se subraya).

Como resulta de lo transcrito y especialmente de los apartes que se destacan mediante subraya, la Sala Plena de la Corte, al conceptualizar sobre la insitución de la conciliación, se inclina, sin reservas, por la tesis que ve en ella un desarrollo de la autonomía de la voluntad y desecha la tesis según la cual la conciliación es un acto procesal. Esta “doctrina constitucional” —que al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 153 de 1887, es norma para interpretar las leyes—, permite zanjar la discusión acerca de la naturaleza de la conciliación y tomar partido por la tesis de que se trata esencialmente de un acuerdo de voluntades sometido a una solemnidad ad substantiam actus; y por ser un acto o declaración de voluntad queda la conciliación sujeta para su validez y eficacia a que se cumplan los requisitos que de manera general exige el artículo 1502 del Código Civil».

(Sentencia de julio 6 de 1992. Radicación 4624. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera).

SALVAMENTO DE VOTO

Las razones que a continuación expreso sintetizan los argumentos que me llevan a separarme de la decisión adoptada por la Sala en este asunto:

La mayoría considera que la conciliación no es más que un contrato bilateral que concluyen las partes en ejercicio de su autonomía negocial. Consecuente con esta postura, deduce que es procedente determinar en juicio si al celebrarse la conciliación se cumplieron los requisitos generales que exige la ley para la validez de cualquier declaración de voluntad.

Desde mi punto de vista, la conciliación celebrada dentro de un juicio laboral es un acto procesal que si bien es asimilable en sus efectos a la transacción, como se verá adelante tiene con ésta sustanciales diferencias. En lo relacionado con los mecanismos de anulabilidad, contra la transacción caben los que expresamente consagran los artículos 2470 a 2483 del C. C.; en cambio, la conciliación sólo puede ser revisable en los mismos casos y por los mismos motivos que permiten invalidar en general los actos procesales, entre los cuales no se encuentra la anulación por vicios del consentimiento.

Conocedor de la tesis de la Sala de Casación Laboral según la cual es admisible que a través de un juicio de conocimiento se examinen y, dado el caso, se anulen las conciliaciones celebradas en los procesos del trabajo, propuse a la Sección Segunda una modificación de ese criterio con el fin de llevar el asunto a la Sala Plena de Casación Laboral y llegar así a la rectificación de la actual jurisprudencia sobre la materia, para que en cambio se decidiera que no es legalmente viable la revisión de la cosa juzgada que resulta de la conciliación judicial.

Lamentablemente mi propuesta no fue acogida por los restantes miembros de la Sección y por mayoría se aprobó la continuidad jurisprudencial en este punto de derecho.

Como lo expliqué en los debates que precedieron a la sentencia, mi disentimiento con la decisión mayoritaria no se refiere en el caso sub-lite al análisis y las conclusiones sobre los asuntos de hecho que el recurrente planteó a la Corte al explicar su inconformidad con la decisión acusada. Mi discrepancia, repito, se concreta a la viabilidad de la anulación de la conciliación judicial mediante un proceso de conocimiento posterior, que considero legalmente improcedente, entre otros, por los siguientes motivos:

1. La conciliación judicial, es decir aquella que se cumple dentro del proceso laboral con sujeción a lo dispuesto por los artículos 22, 44, 77 y 78 del C.P.T., es un acto de naturaleza jurisdiccional asimilable a una sentencia, y no un negocio jurídico entre particulares.

a) Precisamente por tratarse de un acto procesal su omisión acarrea nulidad, conforme lo tiene invariablemente establecido la jurisprudencia desde la sentencia de 15 de diciembre de 1948 del Tribunal Supremo del Trabajo.

b) La presencia necesaria del juez y su actividad caracterizan la conciliación judicial. Por ello, a diferencia de lo que ocurre con la transacción, no es la simple voluntad coincidente de las partes sino la actuación del Estado, manifestada en la aprobación que le imparte el juez competente, la que configura y valida la conciliación. En tal virtud, la calidad de cosa juzgada de la conciliación resulta por la actividad jurisdiccional y no por el simple albedrío de los litigantes.

c) La conciliación judicial tiene así la naturaleza de una sentencia consentida, que envuelve una renuncia de las partes a proseguir el juicio. Los efectos de cosa juzgada material que le son propios no se producen por la declaración concorde de voluntades de los contendientes sino por la providencia judicial que la aprueba, sin la cual no es legalmente posible que exista esa conciliación.

Algo similar ocurre con el allanamiento del demandado a las pretensiones del demandante o cuando se presenta el desistimiento de las pretensiones de la demandada, casos en los cuales los efectos de la cosa juzgada no se producen propiamente por la voluntad particular de las partes, o de una de ellas, sino por las providencias correspondientes (sentencia consentida o auto de aceptación del desistimiento) que profiere el juez, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 93 y 342 del C. P. C.

En conclusión, por ser la conciliación un acto procesal equivalente a una sentencia, y no constituir, como considera la mayoría, un negocio jurídico, es improcedente su anulación por vicios del consentimiento.

2. La sentencia adoptada por mayoría equipara la conciliación a la transacción al darles a ambas instituciones el carácter de acuerdos de voluntad. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han precisado las notorias diferencias que existen entre estas dos figuras, diferencias que no son meramente formales como a primera vista pudiera pensarse.

a) La transacción es indiscutiblemente un negocio jurídico, más específicamente, y de acuerdo con nuestro derecho positivo, un contrato nominado al cual el Código Civil dedica en su Libro Cuarto la totalidad del título XXXlX, artículos 2469 a 2487.

Por medio de la transacción las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual. En este contrato, así definido por la ley, no interviene por regla general el juez, y para los efectos de su validez basta únicamente que el acuerdo de voluntades a que llegan las partes para finalizar el litigio, o para evitarlo, reúna los requisitos generales de todo acto o declaración de voluntad (art. 1502 C. C.). La única excepción a esta regla es la transacción sobre alimentos futuros para las personas a quienes legalmente se deben, expresamente prevista en el artículo 2474.

En cambio, la conciliación, como acto procesal que es, requiere ineludiblemente de la aprobación judicial para su propia existencia.

b) Mientras que el juez que homologa la transacción para poner término al proceso cumple un papel puramente pasivo, en la conciliación judicial está obligado a ejercitar una actividad encaminada a lograr la avenencia de las partes, facultándosele por tanto para proponerles fórmulas que permitan el acuerdo e imponiéndosele el deber de instruirlas acerca de los derechos que les asisten y de las obligaciones a su cargo, aun cuando, como es obvio, no pueda prejuzgar sobre el eventual resultado del proceso que procura componer mediante las soluciones que sugiere para aprobación de los litigantes.

El protagonismo del juez como elemento activo con miras a lograr el acuerdo que concluye en la conciliación es quizá una de las diferencias más significativas entre este instituto procesal y el contrato de transacción. No debe pues confundirse la aprobación judicial de la transacción para que se produzca por este mecanismo la terminación del proceso, con el deber legal que tiene el juez laboral de intentar conciliar las pretensiones contrapuestas de las partes y la facultad que la ley le otorga para proponerles fórmulas encaminadas a lograr la terminación del litigio.

c) Al reconocerle efectos de cosa juzgada a la transacción, el artículo 2483 del Código Civil tuvo que consagrar expresamente la posibilidad de impetrar la declaración de nulidad o la rescisión del contrato, lo que no ocurre con el instituto procesal de la conciliación. Debe destacarse que inclusive el específico caso de nulidad previsto en el artículo 2478 no puede por obvias razones operar en la conciliación judicial, puesto que si el juez que conoce del juicio es el competente para aprobarla, no podrá ocurrir la hipótesis de que al celebrarse la conciliación por medio de la cual se finaliza el proceso, “estuviere ya terminado el litigio por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y de que las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimientó”.

3. No considero, por otra parte, que la alusión que hizo la Corte en su Sala Plena a la autonomía de la voluntad como mecanismo de promoción conciliatoria para que los particulares compongan sus conflictos, signifique que se haya calificado a la conciliación como un negocio jurídico privado. Y sin desconocer desde luego la autoridad académica de la doctrina que invoca la sentencia de la cual me aparto, propuse a la Corte que continuara más bien consolidando y perfeccionando algunos de los postulados que sobre el tema dejó establecidos en sentencias de esta misma Sala, como por ejemplo cuando dispuso que la conciliación tenía “la misma fuerza y obligatoriedad de una sentencia judicial” (cas. de 14 de marzo de 1979), o cuando afirmó que “El artículo 78 C.P.L. le da a la conciliación la fuerza de la cosa juzgada que hace imposible cualquier litigio ulterior entre las mismas partes y sobre los mismos hechos” (cas. de 3 de diciembre de 1976, Rad. 5497), o cuando señaló que “el efecto de la cosa juzgada hace que la conciliación no pueda ser modificada por decisión alguna” (cas. 14 de marzo de 1983, Rad. 4282) y cuando precisó que “la conciliación, como la sentencia, no sólo son obligatorias sino que, en virtud de su efecto, son definitivas e inmutables” (cas. de 22 de febrero de 1984, Rad. 7114).

4. Comprendo que algún sector de la doctrina, con argumentos que son más de conveniencia que de tipo estrictamente jurídico, considere que la viabilidad de la anulación de la conciliación judicial viciada es una forma adicional de protección contra el proceso fraudulento. Sin embargo, en mi sentir, esa invalidación de la conciliación no constituye en realidad un desestímulo al fraude o la simulación procesales, puesto que siempre quedará abierta la posibilidad de acudir al allanamiento o al desistimiento conjunto, actos procesales por medio de los cuales se podrá obtener que el juez dicte las consecuentes providencias, también inmodificables e igualmente con efectos de cosa juzgada.

Así como puede utilizarse la conciliación con fines fraudulentos, en perjuicio de una de las partes, o de ambas, o de terceros, también se puede llegar a una sentencia fraudulenta. Pero si se provoca una conciliación judicial de ese tipo, o si se obtiene la sentencia como resultado de un proceso fraudulento, no obstante los diversos mecanismos de que dispone el juez para controlar que ninguna de las dos se produzca, lo que se tendrá será un acto procesal ineficaz contra cuya efectividad podrán hacerse valer por tanto las excepciones pertinentes dentro del proceso laboral de ejecución.

5. Como queda visto, con la posibilidad de anulación de la conciliación judicial por un ulterior proceso de conocimiento no se obtiene el anhelado cubrimiento contra el fraude. En cambio, sí se propina un duro golpe a la firmeza de la cosa juzgada y al prestigio de una de las herramientas más útiles para la búsqueda de la paz social que constituye asimismo una de las más significativas y valiosas instituciones del Derecho del Trabajo, reconocida como tal por el Derecho Laboral Internacional y por nuestra propia Constitución Política (art. 53), que la ley ha ampliado recientemente (D. 2651 de 1991) a otras áreas del derecho positivo, suponiendo naturalmente que es un mecanismo para poner definitivo término a los procesos en curso y no, desde luego, para provocar nuevos debates judiciales.

En mi opinión, la facultad de invalidar mediante juicio ordinario laboral una conciliación judicial celebrada en otro proceso anterior equivale pura y llanamente a dejar en la práctica sin efecto la cosa juzgada de la cual se creía revestida esa conciliación. Siempre tendrán los litigantes argumentos para presentar al juez según los cuales se concilió por error, o por fuerza o por dolo que vició el consentimiento. No se facilita evidentemente la composición amigable de los procesos laborales si el trabajador demandante tiene que cerciorarse de que el representante del empleador está debidamente facultado para conciliar por el monto que le ofrece, pues de lo contrario será nula la conciliación. Además, siempre los trabajadores subordinados (aunque no es el caso sub-lite) podrán argumentar infracción o renuncia involuntaria de sus derechos mínimos para promover la anulación de la conciliación.

6. Si se ve el problema desde el ángulo del empleador que normalmente paga o se compromete a pagar en el acto de la conciliación, la simple perspectiva de que vuelva a ser demandado lo hará mucho más renuente a aceptar una conciliación. No sólo por la contingencia de que posteriormente sea condenado por lo mismo que concilió o por mayores valores, sino principalmente porque al tener que enfrentar el segundo proceso (el ordinario de anulación) deberá asumir los costos y la pérdida de tiempo que precisamente quiso evitar con la conciliación. Además, quedaría en todo este asunto un interrogante cuya respuesta no he podido encontrar: ¿Sería recomendable una conciliación dentro del proceso que pretende la anulación de una conciliación anterior?. ¿Está obligado el juez a promoverla? Y si el proceso de anulación se conciliara ¿sería viable también un tercer proceso en que se pretendiera la anulación de la segunda conciliación, y así sucesivamente?

7. Debo finalmente reconocer que tampoco veo con la claridad que deseara la situación en que queda el proceso en el cual se haya producido la conciliación judicial que posteriormente resulte anulada en un proceso distinto. No me parece ajustado a la ley suponer que el primitivo juicio deba volver a empezar. Bien al contrario, esta solución me parece por varios aspectos peligrosa para la garantía del equilibrio procesal de las partes. Y no encuentro fundamento normativo alguno que autorice a la reanudación del debate a partir de la conciliación anulada como si hubiera ocurrido uno de los eventos previstos para la suspensión o interrupción del proceso (arts. 168 y 170 del C. P. C.).

Por las consideraciones que dejo expuestas con el mayor respeto por la opinión mayoritaria, propuse originalmente a la Sala que no casara la sentencia impugnada en este juicio.

Hugo Suescún Pujols 

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