Sentencia 4630 de enero 24 de 1992

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992).

Magistrado Ponente:

Dr. Hugo Suescún Pujols

Rad. Nº 4630.

Acta Nº 1

Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. “COLTEJER” contra la sentencia dictada el 30 de abril de 1991 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que le promovió ARTURO DE JESÚS OCHOA PELÁEZ.

I. Antecedentes.

El proceso se inició por demanda que Arturo de Jesús Ochoa Peláez presentó contra la recurrente para que se declarara “que la pérdida de capacidad auditiva que padece es una enfermedad profesional adquirida trabajando al servicio de COLTEJER y por culpa grave de ésta” y como consecuencia se la condenara a pagarle “los perjuicios morales y materiales” y las costas del proceso. Fundó sus pretensiones en haber laborado al servicio de Coltejer desde el 13 de noviembre de 1972 hasta el 26 de diciembre de 1989, fecha en que fue despedido, en la sección de hilados y peinados de la planta fabril denominada “Rosellón”, en la cual afirmó no se prestaba ninguna seguridad industrial como tampoco control auditivo a las condiciones ruidosas de la empresa, por lo que durante el tiempo de servicio a la empresa experimentó una apreciable pérdida de su audición, habiéndose solicitado en repetidas ocasiones por el ISS, su traslado a una sección no ruidosa, y que devengaba una asignación promedia de $ 2.415.27 diarios (fls. 2 a 11).

En la contestación de la demanda Coltejer aceptó la relación laboral existente entre las partes, el cargo desempeñado y el despido; negó la falta de existencia de seguridad industrial, pues dijo que desde hace bastante tiempo tiene establecido el departamento de seguridad industrial. También alegó haber efectuado “varios traslados al demandante a diversas secciones” y que la razón de la terminación del contrato de trabajo fue el “RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ POR PARTE DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, según Resolución Nº 05682 de septiembre 12 de 1989”. Se opuso a las pretensiones del actor y solicitó la absolución de los cargos. Como excepciones propuso la “SUBROGACIÓN EN EL RIESGO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES DE TRABAJO, de conformidad con el Decreto 3169 y 3170 de 1964 y la compensación con lo percibido o que vaya a percibir por el reconocimiento de la pensión de invalidez a cargo del Seguro Social (fls. 19 a 21).

El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, por sentencia de 12 ele febrero de 1991, condenó a Coltejer a pagar al actor la suma de $ 7'328.875.29 por los conceptos de “indemnización consolidada, futura y perjuicios morales” como resultado “de la enfermedad profesional (pérdida de la capacidad auditiva y laboral) que adquirió el demandante producida como consecuencia de su trabajo en 'Rosellón”', y las costas del juicio.

Por apelación interpuesta por Coltejer conoció del juicio el Tribunal Superior de Medellín, corporación que mediante el fallo aquí acusado confirmó la sentencia de primera instancia, con la modificación de que autorizó a la demandada para descontar del total de la condena del a quo la suma de $ 895.935.oo correspondiente a los valores recibidos por el actor “como pensión de invalidez entre el 28 de noviembre de 1988 e igual fecha de 1990”. El ad quem dejó sin costas la apelación.

II. El recurso de casación.

Debidamente concedido por el Tribunal Superior y admitido aquí por la Corte, pasa a decidirse mediante el estudio de la demanda extraordinaria que lo sustentó y de la réplica oportuna presentada por el opositor.

Según lo indica al delimitar el alcance de la impugnación, la sociedad recurrente aspira principalmente a la casación total de la sentencia acusada para que en instancia se revoque la del juzgado y se la absuelva de todas las peticiones de la demanda inicial. En subsidio solicito la casación parcial en cuanto el fallo autorizó únicamente a descontar de la indemnización de perjuicios el valor de las mesadas pensionales correspondientes a un año, para que en instancia se revoque la decisión del a quo y se la autorice a descontar las mesadas correspondientes a la vida probable del demandante.

Con ese propósito presenta dos cargos que se resuelven en el mismo orden en el cual fueron propuestos:

Primer cargo

Acusa la sentencia de violar por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida los artículos 56, 57 y 216 del CST, en relación con los artículos 63, 1613, 1614 del Código Civil, debido a manifiestos errores de hecho producto de la errónea apreciación de las investigaciones de “ambiente laboral” efectuadas por la división de salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales, seccional Antioquia (fls. 94 y 98), las comunicaciones de 21 de diciembre de 1983 y 24 de diciembre de 1985 enviadas por el jefe de la división de salud ocupacional al jefe de seguridad de Coltejer (fls. 95 y 97) y los testimonios de Virgilio de J. Amaya (fl. 36), Gerardo de J. Molina (fl. 38), José Otoniel Ramírez (fl. 42) y Francisco A. Restrepo T. (fl. 61) y de la inestimación de la investigación especial de higiene (fls. 77 a 92).

La defectuosa valoración de la prueba que singulariza, al decir de la recurrente, hizo incurrir al tribunal en los errores de hecho manifiestos de haber dado por cierto, sin estarlo, que existió comprobación “suficiente” de su culpa en la causación de la enfermedad profesional del demandado y no haber dado por probado “que se presenta una situación dudosa respecto de dicha causa, que excluye la culpa suficientemente comprobada del empleador, cuya demostración requiere la certeza” (fl. 9).

Comienza la impugnadora la demostración de su cargo precisando que no discute “el hecho de que el demandante padezca de una 'hipoacusia neurosensorial bilateral' que constituye enfermedad profesional de acuerdo con el artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo, rectamente aplicado aquí por el sentenciador” (fl. 9), pero disiente de que esa lesión se haya producido por culpa debidamente comprobada del empleador, según lo dedujo equivocadamente el ad quem por “no haber estudiado todas las pruebas, relacionándolas unas con otras”.

Afirma que en la investigación especial de higiene practicada por el Instituto de Seguros Sociales que obra a folios 77 a 92 del cuaderno de las instancias, prueba que el Tribunal Superior no apreció, consta —según sus textuales palabras— “... la evaluación de la calidad del ruido en las diversas áreas de trabajo, desde el punto del riesgo que representa, calificándolo de bajo, moderado y alto. Y entre tales áreas se encuentra la SECCIÓN de HILADOS PEINADOS, que fue en la que laboró la mayor parte del tiempo el demandante. Pero resulta que la intensidad del ruido se califica por razón de la máquina a la que estaba destinado el trabajador. Por eso en el mencionado cuadro, hallamos:

“En el nivel 'BAJO' de la 'MAGNITUD DEL RIESGO', 'HILADOS Y PEINADOS': 'Desperdicios de la prensa, puerta de entrada al salón'.

“En el nivel 'MODERADO', HILADOS Y PEINADOS: 'Abridoras 3 y 4, cardas, manuares, reunidoras, manuares tercer pase, báscula zona de almacenamiento'.

“Y en el nivel 'ALTO', HILADOS Y PEINADOS: Abridoras l y 2, mecheras, mecherras 7 y 8, peinadoras, pabilero, sacadir de hiladoras, HILANDERO” (fls .9 y 10).

Observa a continuación que en auto no aparece probado cuál o cuáles de la máquinas mencionadas en el informe operó ei actor, dato que considera fundamental para determinar la causa de su enfermedad “pues si trabajó en un nivel bajo o moderado de la Sección de HILADOS PEINADOS, carece de base culpar a la demandada de la Hipoacusia de aquél” (fl 10).

Con apoyo de doctrina anota que “no todo ruido da por resultado el daño auditivo.” y que por no tenerse noticia de que ninguno de los otros 229 trabajadores que según el informe laboran en la Sección de Hilados y Peinados esté afectado de hipoacusia, es permisible deducir lógicamente que la lesión del demandante pudo prevenir de causa distinta del ruido de los telares.

Insiste en que si el tribunal hubiera apreciado el informe del Instituto de Seguros Sociales habría concluido que la culpa del empleador en que la lesión del demandante no se hallaba suficientemente comprobada pues “... si el ruido continuo de la sección era superior al límite permitido para evitar daño en la audición de los trabajadores, todos ellos o su mayor parte se hubieran visto afectados por hipoacusia y ni los informes del ISS, ni ninguno de los testigos lo insinúa siquiera” (fl. 10). Y anota en seguida, que si algunos de los trabajadores de la sección hubiera padecido la lesión auditiva, el Instituto de Seguros Sociales, que hacía continuas visitas a los talleres de la empresa, así lo hubiera hecho saber con la exigencia de aplicación de la corrección debida.

Hace a continuación el recurrente algunas juiciosas consideraciones sobre la sana crítica de las pruebas. Recalca el hecho de que ni los testigos ni el propio demandante se hubieran referido a otros trabajadores, que deberían ser muchos, afectados por la misma lesión del oído si fuera verdad que el ambiente laboral en el cual trabajaba el actor sobrepasa los niveles tolerables de ruido y anota textualmente: “Se afirma que la sección de hilados peinados mantiene un ambiente insoportable para la sanidad del órgano del oído; pero se viene en conocimiento de un solo caso, el del actor, como víctima de esa supuesta situación nociva. Luego, por lógica, no puede atribuirse su sordera al exceso de ruido en los telares” (fl. 11). Deduce en consecuencia que si sólo uno de los 200 operarios de la sección sufrió la lesión auditiva y los demás no, se está ante una negación indefinida que correspondía desvirtuar al actor.

Anticipándose a la posibilidad de que su argumentación solamente pudiera aceptarse en tratándose de las áreas de la sección de hilados peinados, en las cuales el nivel de riesgo fue calificado como “bajo” o “moderado” pero no de “alto”, anota que no se demostró en cuál de dichas áreas trabajó el demandante ni que en la de nivel de alto ruido se presentaran otros casos de hipoacusia.

Deduce por consiguiente que la sordera del demandante tuvo una causa distinta del ambiente ruidoso en que trabajaba, “como su propia constitución orgánica o disposición genética, no estudiada por los médicos del ISS, que en los informes y comunicaciones que invoca el ad quem, y que señalé como indebidamente apreciados, toman la línea de menor resistencia: Hay un ámbito viciado en la sección de hilados y peinados donde trabaja Ochoa por la intensidad del ruido que producen las máquinas, luego su hipoacusia tiene esa causa”, y concluye afirmando:

“En consecuencia, si el ad quem hubiese estudiado el documento sobre investigación ESPECIAL DE HIGIENE en que he basado la argumentación que antecede, hubiera concluido que sólo un área de la sección de HILADOS PEINADOS adolece de un ruido calificado como “ALTO” y que no se probó que el actor hubiese laborado en ella, lo que le hace perder visos de verosimilitud a los conceptos que dan como única o necesaria causa de su sordera el super ruidoso ambiente de los talleres. Y del mismo modo hubiese topado con lo extraña circunstancia de que el único trabajador de aquella sección y área que padece el dicho mal auditivo es el gestor de este pleito, no obstante que sus compañeros de sitio de trabajo no lo adquirieron” (fl. 12).

Por considerar probado el error de hecho con el examen de la prueba calificada, estudia la recurrente a continuación las declaraciones de los testigos que también considera equivocadamente apreciadas por cuanto ellas se limitan a afirmar el hecho, no discutido, de que las empresas textileras son ruidosas “y que mantienen ese ambiente los telares de la planta de Rosellón”, pero sin que puedan precisar que esa situación hubiera originado la lesión del demandante “ante la circunstancia de que no todas las áreas de trabajo se encontraban en la máxima intensidad de ruido y que no se sabe en cuál de ellas laboró, ni consta qué otros trabajadores de la misma área sufrieron igual lesión auditiva, cuestiones que no despejan esos testimonios” (fl. 13).

El opositor, por su parte, afirma que las pruebas fueron bien apreciadas por el tribunal; que el informe de folio 77 a 92 se realizó en el año de 1989 cuando el daño acústico del demandante ya se había producido; que según pudo constatar el ISS en noviembre de 1983, de acuerdo al documento de folio 98, en el lugar de trabajo de Ochoa el nivel de ruido superaba “los 85 decibeles tolerables para una exposición de 8 horas” y que en esa sección la empresa no había suministrado equipo de protección auditiva. Anota, igualmente, que conforme al documento de folio 94 en septiembre de 1984 el Instituto de Seguros Sociales insistió ante la empresa en la necesidad de cambiar el lugar de trabajo el actor, lo que, según del documento de folio 96, se ratificó sin resultado en diciembre de 1985.

Se considera:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 200, 201 (25) y 202 del Código Sustantivo del Trabajo, se presume de origen profesional el estado patológico de sordera que sobreviene a los trabajadores industriales que por razón del medio en que se vieron obligados a trabajar han estado expuestos a sonido superior a 80 decibeles.

Aunque al comienzo del cargo el impugnador advierte que no discute la conclusión del tribunal sobre el carácter profesional de la hipoacusia sufrida por el actor, su ataque está principalmente encaminado a desvirtuar ese presupuesto, determinado por la presunción legal que en este caso favorece al demandante.

En la motivación de su sentencia, el Tribunal Superior estudia en su orden las declaraciones de Virgilio de Jesús Maya Ypegui (fls. 36 y 37), Gerardo de Jesús Molina Mesa (fl. 38), José Otoniel Ramírez López (fls. 42 y 43) y Francisco Antonio Restrepo Taborda (fls. 61 y 62), la “investigación de ambiente laboral” efectuada por la división de salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales en las instalaciones de Rosellón el 29 de noviembre de 1983 (fl. 98), la solicitud de reubicación del demandante enviada a la empresa por el jefe de salud ocupacional del ISS el 21 de diciembre de 198 (fl. 97), el informe sobre la investigación del ambiente laboral efectuada en “Coltejer-Rosellón” por el supervisor de seguridad industrial de la división de salud ocupacional del ISS de fecha 11 de septiembre de 1984 (fl. 94), y la comunicación dirigida por el médico y el jefe de salud ocupacional de la empresa el 24 de septiembre de 1985, en el cual se da cuenta de una nueva evaluación del estado de salud y del puesto de trabajo del demandante (fl. 95), luego de lo cual concluye:

“De las pruebas ameritadas anteriormente, se deduce con meridiana claridad que el lugar donde el demandante Ochoa Peláez le prestó sus servicios a la empresa Coltejer, era ruidoso en grado sumo, hasta rebasar los límites permisibles y, como consecuencia de ello se desarrolló en él la enfermedad profesional, que dio como resultado la pérdida de su capacidad auditiva, no obstante la dicha empresa tener un departamento de seguridad industrial encargado de prever este tipo de riesgos. 

“Pero como bien lo hacen notar los testigos mencionados y el aludido informe del ISS, los sistemas protectores o preventivos para la audición sólo los empezó a suministrar la compañía Coltejer desde hace 3 ó 4 años, cuando ya el actor había adquirido la enfermedad profesional, la que fue detectada y certificada el 23 de diciembre de 1983, de acuerdo al documento que se aprecia al folio 97, suscrito por la jefe (E.) de la división de salud ocupacional del citado órgano asegurador. 

“Para la Sala, entonces, resulta evidente la culpa de la entidad patrona en la enfermedad profesional adquirida por el actor en autos, por las siguientes razones: 

“1. De acuerdo con los dichos testificales mencionados y el informe del Instituto de Seguros Sociales, el señor ARTURO DE JESÚS OCHOA PELÁEZ, laboró en la empresa Coltejer, en un lugar muy ruidoso, que estaba por encima de los decibeles permitidos. 

“2. De consiguiente, el trabajador hoy demandante, adquirió la enfermedad profesional acusada, en razón de que la empresa no le suministró los elementos de protección necesarios, o por lo menos no lo había hecho hasta el 21 de noviembre de 1983, cuando salud ocupacional del ISS efectuó la investigación de ambiente ya mencionada. 

“3. Al trabajador se le cambió de oficio pero no de sección, lo que agravó su patología, pues continuó expuesto a una presión sonora que supera los límites permisibles. Y el cambio a que se alude, lo hizo la compañía Coltejer cuando ya el daño en la audición del trabajador Ochoa Peláez estaba hecho” (fls. 143 y 144). 

Aparte la calidad de enfermedad profesional que corresponde al estado patológico que le sobrevino al actor y que el cargo acepta, la culpa patronal en el infortunio es deducida por el tribunal de dos circunstancias de hecho específicas: la falta del suministro oportuno al trabajador de los elementos necesarios de protección auditiva y el desacato de la empresa a las solicitudes hechas por el ISS para que cambiara de ambiente laboral al demandante.

Es cierto, tal como lo indica el cargo, que el tribunal no apreció la investigación especial de higiene que obra de folios 77 a 92 del cuaderno de las instancias, y también es verdad que de dicha investigación pueden hacerse razonablemente las deducciones lógicas que hace el recurrente. Pero resulta que el dicho informe y las citadas deducciones apuntan más a desvirtuar el carácter profesional de la enfermedad que le sobrevino al actor —lo que según se vio constituye un presupuesto de la sentencia que no se controvierte— que la conclusión del ad quem sobre la culpa patronal en la hipoacusia del demandante. Además, debe observarse, tal como lo anota la réplica, que la citada investigación no podría desvirtuar las deducciones obtenidas por el juzgador colegiado con fundamento en otros medios probatorios, pues aquélla se practicó en agosto de 1989, cuatro meses antes de producirse el retiro definitivo del actor del servicio de la demandada por la invalidez que le sobrevino, no obstante que la sentencia concluye que para el año de 1985 el daño en la salud del actor, producido por culpa de la empresa demandada, “ya estaba hecho” (fl. 144).

Por otra parte, debe anotarse que respecto a los demás fundamentos probatorios de la sentencia, si bien el cargo los señala como indebidamente apreciados no indica con la precisión requerida en qué consistió su impropia valoración por el tribunal por todo lo cual, aun aceptándose las conclusiones que el cargo deduce de la falta de apreciación del documento de folios 77 a 92, la sentencia continuaría soportándose en otros medios de prueba que son suficientes para obligar a la Sala a mantenerla, amparada como está por las presunciones de acierto y legalidad.

Por no aparecer evidentes los errores de hecho que denuncia, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Propuesto para sustentar la petición subsidiaria del alcance de la impugnación, está presentada así:

“Acuso la sentencia impugnada de haber violado por la vía directa en el concepto de interpretación errónea los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Decreto 3170 de 1964, aprobatorio del Acuerdo 155 de 1963 del ISS, en relación con los artículos 193 y 259 del mismo Código; Decreto 433 de 1971, artículo 2º, 6º; Ley 90 de 1946 artículos 25, 48, 43, 60, 62; Decreto 3169 de 1964, aprobatorio del Acuerdo 169 de 1963, artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º; Decreto 3170 de 1964, aprobatorio del Acuerdo 155 de 1963 del ISS, artículos 1º, 7º, 37, 38; Decreto 3041 de 1966, aprobatorio del Acuerdo 224 del mismo año del ISS, artículos 1º, 5º, 8º, 9º, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 28; Decreto número 2879 de 1985, aprobatorio del Acuerdo 029 del mismo año del ISS, artículos 1º, 3º; Ley 4ª de 1976, artículos 1º, 2º y 4º; Ley 71 de 1988, artículos 1º, 2º; Ley 33 de 1973, artículos 1º, 2º y 3º” (fl. 13). 

La impugnadora, mediante este cargo, pretende que se modifique la doctrina de la Sala, tomada en cuenta por el Tribunal de Medellín para sustentar su fallo, según la cual no es procedente deducir del monto de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios a que se condenó al empleador que ha sido hallado culpable de la enfermedad profesional o accidente de trabajo sufrido por el trabajador, el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Seguro Social.

Y la razón que da la recurrente para solicitar este cambio jurisprudencial es la de considerar que la pensión que el Instituto, de acuerdo con sus reglamentos, paga al trabajador no es una simple expectativa sino que “es un derecho adquirido por el beneficiario hasta que fallezca, y dado el cálculo sobre su vida probable, que el a quo efectuó para fijar el monto de la indemnización, es fácil encontrar aproximadamente lo que habrá de descontarse por el lapso probable de su vida de la indemnización total y ordinaria” (fl. 14).

El opositor considera que de conformidad con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo el juez no puede ordenar el descuento de sumas eventuales futuras e inciertas, “que aún no han sido recibidas por el trabajador, tal como atinadamente lo tiene dicho en forma reiterada la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte” (fl. 32).

Se considera:

No encuentra la Sala ningún fundamento o argumento nuevo que justifique la variación doctrinaria que propone el recurrente. Bien al contrario, en reciente sentencia de 18 de julio de 1991 (Rad. 4324) esta misma sección dijo lo siguiente: 

“Con respecto a la interpretación errónea predicada por la acusadora, debe decirse que ella no se produjo, por cuanto el tribunal soportó su decisión en la sentencia de esta misma sección de 14 de diciembre de 1989, radicación 3352, en la que con ponencia del magistrado Hernán Guillermo Aldana Duque, se dijo lo siguiente: 

“'Siendo éste el caso en que el actor es la víctima del accidente y el patrono el demandado, no puede esperarse que el patrono se beneficie deduciendo de la condena por indemnización plena de perjuicio, las sumas de dinero que el Instituto de los Seguros Sociales reconoció a los sobrevivientes como consecuencia de la muerte del trabajador, pues no está previsto en los estatutos de riesgos del trabajo la subrogación de la culpa y del dolo en que incurra el patrono como consecuencia del insuceso. 

“'Así lo ha venido sosteniendo esta corporación como en el fallo de fecha 15 de marzo de 1985, expediente 9981 en que fue magistrado ponente el doctor José Eduardo Gnecco C., que en lo pertinente expresó: 'Si del hecho del accidente de trabajo acaecido por culpa del patrono surgen obligaciones de éste con los Seguros Sociales, ello no sería materia del proceso seguido por la víctima o sus causahabientes contra el patrono. Mas no siendo asegurables la culpa y el dolo, no le es dable al patrono beneficiarse de las sumas pagadas por el Instituto de Seguros Sociales al trabajador para cubrir el riesgo de accidente de trabajo, y éste, en consecuencia, podrá repetir los valores que han sido descontados de la indemnización total de perjuicios causados por el accidente de trabajo'...”. 

La anterior doctrina sobre accidentes de trabajo es igualmente aplicable a las enfermedades profesionales que se producen por culpa del empleador, como ocurrió en el presente caso. 

Las consideraciones anteriores determinan que el cargo no prospera. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida, dictada el 30 de abril de 1991 “por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio que contra la recurrente Compañía Colombiana de Tejidos S.A. “Coltejer” sigue Arturo de Jesús Ochoa Peláez.

Costas a cargo de la recurrente.

Cópiese, Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Hugo Suescún Pujols—Rafael Baquero Herrera—Ernesto Jiménez Díaz.

Javier Antonio Fernández Sierra, Secretario.