Sentencia 4632 de agosto 27 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

AJUSTES INTEGRALES POR INFLACIÓN

SE EXAMINAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 2075 DE 1992

EXTRACTOS: «Pretende el demandante que a través de la acción pública de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, se declare:

“Que el señor Presidente de la República o el Gobierno Nacional no pueden expedir normas sustantivas o adjetivas de derecho, ni reproducir normas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional al amparo del numeral 20 del artículo 189 de la Constitución Política”.

Igualmente que se declare la nulidad de las siguientes disposiciones del Decreto Reglamentario 2075 de diciembre 23 de 1992, así:

“1. La palabra FISCAL, calificativo que se le dio a la cuenta de “corrección monetaria”, contenida en los arts. 4º, 7º, 8º, 10, 13, 15, 16 y 17.

2. Del art. 5º, las palabras “terrenos” y “edificios”.

3. Del inciso segundo, literal c), del art. 6º, la nulidad de la expresión “... pero los conceptos que comprende el segundo factor y su ajuste no darán lugar a depreciación, amortización o agotamiento...”.

4. Del art. 7º las siguientes expresiones:

Del inciso segundo, la expresión “... así como los demás factores que hagan parte del costo de los mismos, con excepción de aquellos que tengan una forma particular de ajuste...”.

Los incisos cuarto y quinto, en su totalidad.

5. Del artículo 8º: El numeral 3; en su totalidad. Del parágrafo, la expresión “... los cargos diferidos no monetarios que no estén en condiciones de generar ingresos o de ser enajenados...”.

6. Del inciso primero del art. 14, las expresiones “tales como....” y “valorizaciones”.

7. Del art. 15, las siguientes expresiones:

Del numeral 1º, las expresiones “entre el primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el aumento de capital...”, y “...Este ajuste constituye un mayor valor de patrimonio líquido y un débito en la cuenta corrección monetaria fiscal”.

Del numeral 2º, la expresión “... entre el primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el reparto o la disminución...” y “...Este ajuste constituye un menor valor del patrimonio líquido y un crédito en la cuenta corrección monetaria fiscal”.

8. Del inciso primero del art. 18, la palabra “fiscales”.

9. Del inciso primero del art. 21, la expresión: “en este decreto”.

10. Los arts. 30, 31, 32 y 33, en su totalidad” (fls. 96, 97, 98).

Consideraciones

Avoca la Sala en esta oportunidad el estudio para pronunciamiento de fondo en relación con la legalidad y constitucionalidad del Decreto 2075 de 23 de diciembre de 1992 emanado del Gobierno Nacional, por medio del cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario y se dictan otras disposiciones.

Los cargos formulados se pueden identificar en dos grandes grupos como a continuación se enuncian; el primero consistente en la violación del inciso segundo del artículo 243 de la Carta Política, por considerar que numerosos preceptos del acto demandado, reproducen normas del Decreto 2911 de 1991, declarado inexequible en su totalidad por la Corte Constitucional desconociendo por esta vía, el principio de cosa juzgada constitucional; el segundo se concreta en la violación de las normas del estatuto tributario que se pretende reglamentar, como consecuencia del exceso en el uso de la potestad otorgada al ejecutivo por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Nacional.

Previamente a decidir el cargo primero, se procede a efectuar un análisis del artículo 243 de la Carta Política a fin de establecer si en la contención sub examine se presenta o no desconocimiento del mandato en el contenido.

Artículo 243 de la Constitución Nacional.

“Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la constitucional”.

Se ha consagrado como principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, la jerarquía superior de la Constitución, catalogada ésta como norma de normas, posición de privilegio que se realiza en el mundo de los hechos en cuanto goce del atributo de imperatividad y tenga la capacidad e instrumentos para imponerse frente a circunstancias que la desconozcan o que ataquen el orden instituido; fenómeno social y jurídico que se concreta en la instrumentación de eficaces mecanismos de reacción contra su incumplimiento, entre los cuales los más destacados corresponden a las llamadas acciones públicas, entre ellas la de inexequibilidad.

Para efectos del control y mantenimiento de la superioridad de la Constitución, la propia Carta estableció la jurisdicción constitucional, cuyo rol principal consiste en sustraer del mundo jurídico y ordenar la inaplicación de preceptos contrarios a la Carta Política.

La jurisdicción constitucional acciona de conformidad con los mandatos de la Carta de manera inmediata o mediata así, directamente cuando dados ciertos presupuestos de hecho debe aprehender y emprender el examen de constitucionalidad de uno o de un conjunto de preceptos v.gr., los decretos legislativos que se dicten en uso de las facultades a que se refieren las normas sobre los estados de excepción; o bien por virtud de la acción de inexequibilidad, teleológicamente orientada a vigilar y promover el cumplimiento de la Carta y a que los poderes públicos se ejerzan dentro de los precisos límites en ésta señalados.

La anterior reflexión obviamente ubica la jurisdicción constitucional para los fines de este proceso en la Corte Constitucional, pues en sentido material instancias como el Consejo de Estado también ejercen esta competencia como suele ocurrir con la denominada acción de nulidad.

Con el propósito de acoplar los argumentos precedentes con la litis planteada a la Sala, a continuación se avoca el estudio del fenómeno “cosa juzgada constitucional” previsto en el artículo 243 de la Carta Política.

Procesalmente, el principio de la cosa juzgada hace relación a la culminación definitiva de una controversia porque en relación con ella ha habido un pronunciamiento de fondo que le pone fin y que se traduce en el carácter inmutable e intangible del fallo toda vez que se hayan observado a plenitud los trámites, condiciones y requisitos señalados por la ley.

La cosa juzgada otorga a las providencias el atributo de verdad legal dentro del particular espectro de la contienda, o bien colectiviza sus efectos cuando se trata de una decisión pública, su propósito es el de dar certeza, seguridad a los asociados en relación con los asuntos que se someten a pronunciamiento de los jueces.

Es necesario precisar recavando la doctrina y haciendo una obvia interpretación del artículo 243 de la Carta, la existencia de dos conceptos o denominaciones de la cosa juzgada “la material” y “la formal”, la primera trae como consecuencia la imposibilidad de revisar nuevamente el asunto en cualquier otro proceso y con cualquier motivo o razón por haberse desplegado íntegramente la actividad del Estado; la segunda predica la inmuta-bilidad de la decisión dentro del mismo proceso y por los mismos hechos que condujeron a la decisión. Sin embargo el artículo 243 ibídem, califica especialmente la cosa juzgada al agregarle la expresión constitucional ya que en el inciso segundo precisa entre los efectos de la sentencia la prohibición genérica a toda autoridad de reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, previsión de la que se infiere sin necesidad de artificiosos análisis que cuando los motivos de la declaratoria de inexequibilidad fueron adjetivos la prohibición no opera, sin que ello implique la autorización tácita a las autoridades para actuar sin observar las formas propias para el ejercicio de sus competencias.

Como consecuencia de los argumentos anteriores esta superioridad procede a verificar los argumentos de la sentencia C-608 de 14 de diciembre de 1992, proferida por la Corte Constitucional y que declaró inexequible en su integridad el Decreto 2911 de 1991.

Expresa la Corte Constitucional:

“Sin embargo, advierte la Corte que el Decreto 2911 de 1991, expedido el 30 de diciembre de 1991, es inconstitucional porque las facultades extraordinarias contenidas en el artículo 25 de la Ley 49 de 1990, disposición que sirvió de fundamento al Gobierno para expedirlo, ya habían sido utilizadas o ejercidas por el Presidente de la República desde el 4 de julio de 1991, fecha en la que profirió el Decreto 1744.

La Corte, sin embargo considera que el Presidente dentro del término legal sólo puede ejercerlas por una vez, de modo que al expedir el co-rrespondiente decreto-ley agota su cometido”.

Como puede observarse, para el pronunciamiento aludido no se examinó el contenido material del acto acusado (Decreto 2911 de 1991) pues éste se fundamentó en el agotamiento de competencias del ejecutivo para expedirlo, razón suficiente para desechar el cargo de reproducción de preceptos inexequibles en relación con los artículos 4º; artículo 5º; incisos 2º, 4º y 5º del artículo 7º; numeral 3º del artículo 8º; artículo 14; numeral 1º y 2º del artículo 15; artículo 18; inciso 1º del artículo 21; artículo 33; del Decreto 2075 de 1992.

A continuación procede la Sala a estudiar los cargos por violación de preceptos constitucionales y legales, en el mismo orden en que fueron expuestos por el actor.

Artículo 4º Decreto 2075 de 1992. 

Concreta el demandante el cargo, en el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno al agregar a la cuenta de corrección monetaria la expresión fiscal.

La utilización de la expresión fiscal en la cuenta de corrección monetaria, como bien lo afirma la administración no implica la modificación del sistema de ajustes, el cual se define como uno solo con efectos contables y fiscales.

En aras de una mayor claridad, resulta suficiente invocar el encabezamiento que el Decreto 1744 de 1991 da al artículo primero a saber: “Efectos contables y fiscales del sistema de ajustes integrales”, expresión que nos permite colegir que genéricamente la denominación de la cuenta corresponde a la de corrección monetaria y dependiendo de sus efectos ésta será contable o fiscal.

Como consecuencia de la breve exposición anterior, la Sala concluye que no hay lugar a declarar la nulidad de la expresión fiscal en el precepto demandado, pues si ella en nada modifica el sistema de ajustes, no puede decirse que el ejecutivo excedió su potestad reglamentaria, sino que cumplió con su deber constitucional al prever los mecanismos necesarios para hacer aplicable el título V del estatuto tributario.

Por las mismas razones expuestas se habrá de negar la petición de nulidad de la palabra fiscal utilizada para calificar la cuenta de corrección monetaria, en los artículos 7º, 8º, 9º, 10, 13, 15, 16, 17 del Decreto 2075 ibídem.

Artículo 6º. Base de los ajustes fiscales. 

El cargo consiste en la violación de los artículos 133, 332.4, 353 del estatuto tributario por parte del inciso final del artículo 6º del Decreto 2075 ibídem, se invoca además la infracción de los artículos 150 y 189 numeral 11, de la Carta Política.

Estima el demandante que con el acto acusado, se está disminuyendo el gasto por depreciación no establecido en las normas reglamentadas al señalar que éste se determina sin los ajustes fiscales acumulados a diciembre 31 de 1991.

El artículo 133 del estatuto tributario prevé que a partir de 1992 quienes deban efectuar ajustes a la depreciación, la calcularán conforme lo ordena el título V, libro I del estatuto y en concordancia con el precepto citado, el artículo 332 numeral 4º del mismo estatuto cuando se refiere a los bienes depreciables, establece que la depreciación o amortización en el año, se determina sobre el valor del bien (subraya la Sala) una vez ajustado de acuerdo con PAAG.

De la norma anteriormente referida se tiene como consecuencia que el legislador no se refirió a valor patrimonial del bien, sino a “valor del bien” de manera que si la ley no distingue, opera el principio general según el cual no le es dado al intérprete distinguir.

Vale finalmente agregar, que si el valor patrimonial del bien hace relación a una valuación que en términos presentes hace del mismo su propietario, el guarismo representado por este valor, está compuesto por varios elementos, a saber: su costo histórico o de adquisición más las adiciones, mejoras, contribuciones por valorización e impuestos que lo afecten; el segundo elemento toca lo relacionado con reajustes fiscales (reavalúos), valorizaciones o mayores valores de papeles de libre negociación en bolsa en razón de su cotización; este segundo elemento no es susceptible de depreciación, amortización o agotamiento atendiendo a su propia naturaleza, por ello resulta lógico que no se tengan en cuenta para el cálculo de la depreciación.

En el orden de ideas expuestas, la Sala acoge lo expresado por la colaboradora fiscal así como lo dicho por la administración en la oposición a la demanda y en sus demás actuaciones dentro del proceso en el sentido de que los ajustes integrales por inflación operan a partir de 1992, razón por la cual los cálculos de depreciación o amortización serán deducibles para dicha vigencia fiscal lo que permite concluir que la exclusión de la base de los ajustes a los activos fijos efectuados antes del año mencionado es de recibo atendiendo a que el propio estatuto tributario dispone efectuar la depreciación o amortización sobre el valor del bien una vez ajustado por el PAAG de conformidad con el artículo 332 numeral 4º del estatuto citado. No prospera el cargo.

Artículo 7º. Ajustes de los inventarios. 

Para el demandante, la norma acusada al incluir la expresión “así como los demás factores que hagan parte del costo de los mismos, con excepción de aquellos que tengan una forma particular de ajuste...” aumenta la base para el cálculo del ajuste, la utilidad por corrección monetaria y el impuesto a cargo.

Se demanda además la prohibición de realizar sobre una misma partida un doble ajuste por no estar regulada en la norma reglamentada.

Los cargos en relación con las distintas partes del artículo acusado no están llamados a prosperar por las razones siguientes.

Al determinar la norma acusada que al ajustar las compras de mercancías o inventarios se tendrán en cuenta todos los factores que forman parte de los mismos, no está violando ninguna disposición de carácter superior, pues no precisa ningún factor particular, sino que obliga a concordar el precepto con aquellos del mismo estatuto tributario que regulan lo atinente a la determinación del costo, constituyendo este ejercicio la mecánica normal para la aplicación sistemática de cualquier estatuto legal.

Ahora bien, resulta inane hablar de ajuste a compras e inventarios sin hacer una referencia a su costo y obviamente este no siempre estará representado por su valor de adquisición, de ahí que sea necesario aplicarle los demás factores previstos en el estatuto tributario, y a ello debe entenderse referido el Decreto 2075 ibídem.

De otra parte, cuando el artículo acusado precisa que sobre una misma partida no podrá hacerse un doble ajuste, no está haciendo nada distinto que reafirmando la esencia única del sistema, pues resulta natural que en el proceso de producción o transformación se agrega valor a un bien por distintas razones como pueden ser fuerza de trabajo utilizada, nuevos insumos o productos incorporados, etc., lo que da como resultado un nuevo producto o un producto transformado, circunstancia en la que aparece lógico que no se puede realizar un ajuste sobre un mismo bien en los inventarios y en el proceso productivo.

Finalmente y como bien lo expresa la parte demandada, el inventario y el costo de ventas deben reflejar los ajustes a las compras de mercancías e inventarios ya que este rubro integra el costo de ventas; esperar lo contrario sería una negación del sistema o una incorrecta aplicación del mismo.

En síntesis el artículo demandado no hace más que señalar la mecánica para la aplicación de los ajustes a inventarios sin afectar la norma reglamentada y por lo mismo sin exceder las facultades constitucionales al respecto.

Artículo 8º. Ajuste a otros activos no monetarios. 

Se acusa el numeral 2 del artículo en cuestión de contrariar el artículo 342 del estatuto tributario, por considerar que disminuye el período de ajustes de los activos no monetarios contemplados en el precepto, al prever que éstos se efectuarán entre el primer día del mes siguiente a la realización de la operación y el 31 de diciembre del mismo año.

Examinado el artículo 342 del estatuto tributario se observa con claridad meridiana, que éste se refiere al ajuste del costo de venta de los activos fijos enajenados durante el año, pero en proporción al número de meses de posesión del activo. La norma en ninguna parte habla de días, de PAAG proporcional al tiempo de posesión del activo. Si se refiere a meses debemos entenderlo como se viene haciendo en atención a lo previsto en el Código de Régimen Político y Municipal, es decir períodos de 30 días, pero adecuados a la filosofía y naturaleza del sistema de ajustes, es decir meses conforme el calendario, puesto que el PAAG se determina por la variación porcentual del índice de precios al consumidor para ingresos promedios elaborado por el DANE, cálculo que se hace para cada mes calendario y que sirve para la determinación del índice anual.

Respecto al cargo en contra del parágrafo del artículo bajo examen, se invoca la violación de los artículos 330 y 336 del estatuto tributario por considerar que los cargos diferidos de cualquier naturaleza no son objeto de ajuste.

Se observa que la norma acusada se refiere a ajustes de activos no monetarios y los cargos diferidos respecto de estos activos pueden estar representados en construcciones en curso, cultivos en período improductivo y programas de ensanche.

Ahora bien, el artículo 336 del estatuto tributario invocado como infringido, se refiere a los ajustes a intangibles distintos de los gastos pagados por anticipado y de los cargos diferidos pero para indicar que se ajustarán por las mismas reglas aplicables a los activos fijos y en manera alguna da a entender que los cargos diferidos se excluyen del sistema de ajustes.

Concluye la Sala estimando la improcedencia de este cargo.

Artículo 14. Valores a excluir del patrimonio lí- 

quido.

Del inciso primero se acusan las expresiones “tales como” y “valorizaciones”. Se invoca la violación del artículo 346 del estatuto tributario en atención a que se agregan las expresiones antes citadas, no contenidas en la norma reglamentada.

Para la Sala la expresión “tales como” utilizada en cambio de “correspondientes” no cambia el sentido de precepto si lo miramos en su integridad, pues también se agrega “y demás intangibles que sean estimados...”.

La predicada taxatividad no existe pues la expresión del artículo 346 del estatuto tributario “y demás intangibles que sean estimados por el contribuyente”, deja la fórmula abierta, sin embargo ha de entenderse que por mandato expreso de la ley, sólo los activos correspondientes a good will y know-how se deben excluir del patrimonio líquido, los demás intangibles a excluir serán los estimados por el contribuyente.

En lo relacionado con la expresión “valorizaciones” en el mismo artículo atacado, la Sala se abstiene de cualquier análisis por razón del principio de sustracción de materia, puesto que el Decreto Nº 180 de enero 27 de 1993, reglamentario del estatuto tributario, en su artículo 10, modificó el artículo 14 del Decreto 2075 de 1992, eliminando del texto del precepto la expresión “valorizaciones”.

En conclusión no prospera el cargo.

Artículo 15. Ajuste al patrimonio líquido que ha 

sufrido aumentos o disminuciones en el año. 

Acusa el demandante los numerales 1º y 2º del artículo 15, Decreto 2075 ibídem, por infracción del artículo 347 del estatuto tributario por considerar que modifican el período de ajuste y ordenan la cuenta en la que debe hacerse el registro (“revalorización del patrimonio”), mientras que la ley reglamentada permite al contribuyente registrar dis-crecionalmente el ajuste al patrimonio.

En relación con el tema del período ya se había dicho en líneas anteriores que el PAAG se entiende anual o mensual; y en el último caso, ésta será equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor registrada en el mes inmediatamente anterior, lo que quiere decir que las operaciones realizadas en el transcurso de un mes cualquiera, sólo podrán ajustarse en el mes siguiente, o bien ajustarse por la parte proporcional del PAAG, correspondiente a los meses transcurridos desde el aumento del capital y hasta el 31 de diciembre del mismo año, pero siempre calculado en meses y nunca en fracciones de los mismos.

Ahora, en relación con el segundo cargo consistente en el cambio de denominación de las cuentas, la Sala observa que la variación en la redacción no significa un desborde de la potestad reglamentaria, pues si el artículo 347 del estatuto tributario prevé que este ajuste se efectúa debitando la cuenta de corrección monetaria y acreditando la cuenta de revalorización del patrimonio, el artículo 15 produce los mismos efectos aunque difiera en la terminología empleada pues acreditar la cuenta de revalorización sin que se refleje en el resultado del patrimonio líquido carece de sentido, ya que conta-blemente y como lo expresa la administración los aumentos o disminuciones del patrimonio líquido, se registran en la cuenta revalorización del patrimonio.

En síntesis la parte relativa a la denominación de las cuentas muestra gramaticalmente expresiones diversas pero que desde el punto de vista contable y fiscal producen los mismos efectos previstos en el artículo 347 del estatuto tributario, razones por las que se desecha el cargo formulado.

Artículo 18. Compensación de pérdidas. 

Se demanda de este precepto la expresión “fiscales” en la parte que expresa: “las pérdidas fiscales realizadas al finalizar...”.

Se invoca la infracción del artículo 351 del estatuto tributario por considerar que la norma reglamentaria limita la compensación de pérdidas.

Para la Sala este cargo no está llamado a prosperar y al respecto comparte lo expresado por la parte demandada y por el Ministerio Público en su alegato final.

Surge del estatuto tributario que el sistema de ajustes por inflación está concebido para aplicarse en materia tributaria y que produce efectos en la determinación del impuesto de renta y patrimonio (artículo 329 ibídem y artículo 1º Decreto 2075).

Ahora bien, como el estatuto tributario hay que interpretarlo sistemáticamente y en este contexto el artículo 147 ibídem, al tratar la materia de las pérdidas se refiere a la compensación de las mismas con la denominación “pérdidas fiscales” y a su vez el parágrafo del mismo artículo alude a la aplicación del sistema integral de ajustes por inflación y a la deducción de las pérdidas fiscales una vez ajustados conforme al título V, libro I, hay que concluir que el reglamento precisa que la compensación se refiere es a las “pérdidas fiscales” por corresponder a las previstas en el estatuto y no a otras, es decir que la norma se ajusta al mandato constitucional y legal y por ello habrá de declararse su legalidad.

Artículo 21. Gradualidad en la aplicación de los ajustes integrales. 

Se demanda del inciso primero la expresión “...en este decreto” en razón a que con ella se modifica el alcance de la ley reglamentada puesto que su aplicación se limita exclusivamente a lo dispuesto en el decreto acusado.

Se invoca la infracción del artículo 345 del estatuto tributario.

Si bien es cierto que el precepto antes citado, utiliza la expresión “...en este título”, también lo es, que el decreto acusado está reglamentando el estatuto tributario en lo relacionado con los ajustes integrales por inflación los cuales para ser aplicados a partir de 1992, son regulados por el título V, libro I del mismo estatuto, así que la expresión “en este decreto”, hace directa alusión a la ley desarrollada y por lo mismo no resulta contraria a ella; situación distinta y sujeta a un análisis más minucioso se presentaría si el decreto no hiciera alusión inmediata al conjunto de su preceptiva o a la directamente reglamentada, caso en el que sí podría presentarse el exceso en el ejercicio de las competencias del artículo 180, numeral 11 de la Carta Política. En conclusión no prospera el cargo.

Artículo 30. Métodos de valuación de inventarios. 

Se acusa esta norma, porque limita a tres métodos la valuación de inventarios a saber UEPS, PEPS y Promedio, en contra de lo dispuesto por el estatuto tributario que prevé en el artículo 62, que se admitirá cualquier sistema de reconocido valor técnico dentro de las prácticas contables y aceptado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Retomando lo expresado en la providencia que decidió la suspensión provisional, se encuentra que el Código de Comercio, en su artículo 450 deja como facultad del legislador en materia fiscal establecer los métodos de valuación de inventarios, materia que por ende no corresponde a una competencia del ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria.

En conclusión y atendiendo los reclamos del demandante, si la ley fiscal no ha creado ni definido los métodos de valuación de inventarios ni los ha limitado, en manera alguna puede hacerlo el reglamento.

La norma acusada sin lugar a equívocos prevé cuáles son los métodos admitidos, lo que supone que por fuera de ellos no se aceptan otros.

Comprobado el exceso en la utilización de la potestad reglamentaria, la Sala determina declarar la nulidad del precepto demandado.

Artículo 31. Forma de ajustar los inventarios. 

Se invoca la infracción de los artículos 333 y 333-1 del estatuto tributario.

No se presenta la violación denunciada y comparte aquí la Sala el criterio de la demandada y de la colaboradora fiscal, en el sentido de que el reglamento prevé la forma como puede hacerse el ajuste a los inventarios, pero en manera alguna está contrariando lo dispuesto por la ley, ya que si el reglamento no dice qué inventarios o activos movibles son los que se deben ajustar, habrá que entender que son los comprendidos en el artículo 333 del estatuto tributario es decir los inventarios iniciales. No prospera el cargo.

Artículo 32. Ajustes contables y fiscales. 

En relación con este precepto demandado en su integridad, la Sala considera improcedente la so-licitud de nulidad impetrada en primer lugar por las razones expuestas en relación con la sentencia que declaró la inexequibilidad del Decreto 2911 de 1991.

De otra parte ya se expresó que el sistema de ajustes por su naturaleza es uno solo, pero con efectos contables y fiscales y la norma acusada lo único que hace es autorizar la utilización de los ajustes contables para realizar los ajustes fiscales.

Para la Sala, la entidad demandada tiene razón al afirmar que los ajustes fiscales se previeron a partir de la vigencia de 1992 y que para la fecha en que se produjo la sentencia de inexequibilidad del Decreto 2911 de 1991, es decir el 14 de diciembre de 1992, no se había cumplido el período; luego el Decreto no se aplicó y como dijo la Corte Constitucional, reviven las normas que éste trató de reemplazar.

Así que los ajustes contables para el período de 1992, están gobernados por las normas vigentes en el respectivo año. No prospera el cargo.

Artículo 33. Especialidad en la aplicación de las normas tributarias. 

En cuanto a la reproducción de igual precepto contenido en el Decreto 2911 de 1991, la Sala se remite a lo expresado en relación con los alcances del artículo 243 de la Carta Política.

Se observa de otra parte, que el precepto acusado, contiene un principio general de aplicación de la ley, consistente en la aplicación prevalente de los preceptos especiales sobre los generales cuando los dos se refieren a la misma materia. Principio regulado de vieja data por la ley y que regularmente se incorpora en la mayoría de estatutos, cuando éstos se ocupan de un tema en particular (Ley 153 de 1887, artículo 3º), a manera de ejemplo se puede mencionar el inciso segundo del artículo primero del Decreto 01 de 1984 que expresa: “Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas...”.

Por tratarse de un principio general, que predica la prevalencia de las normas tributarias sobre las contables para la determinación del impuesto de renta, se considera que está invadiendo la órbita del legislador a quien corresponde genéricamente esta competencia y no al ejecutivo a través de un decreto reglamentario.

Es cierto como lo dice la delegada del Ministerio Público, que la declaración del principio en el decreto reglamentario en nada afecta las reglas generales sobre aplicación de la ley, pues su vigencia se conserva a pesar del enunciado demandado, pero en opinión de la Sala a pesar de lo inocua que pueda resultar la norma acusada, con ella el ejecutivo está ejercitando una potestad que no posee y que de suyo comporta la declaratoria de nulidad del precepto.

Artículo 5º. Numeral 2º. Ajustes a efectuar. 

Se demanda la expresión “terrenos y edificios” correspondiente a los activos no monetarios que según el precepto acusado, se deben ajustar.

Se considera por el actor, que con el ajuste por inflación se está gravando la propiedad inmueble y por esa vía violando el artículo 317 de la Constitución Nacional.

El cargo no está llamado a prosperar como consecuencia obvia de la diferente naturaleza jurídica del impuesto y de los ajustes.

Filosóficamente los tributos son la expresión del principio de solidaridad y del deber de sostenimiento que tienen los ciudadanos para con el Estado por los beneficios directos o indirectos recibidos de él, beneficios que se colectivizan y que por ende no suponen una contraprestación equivalente y directa a lo erogado, pero que no niegan la posibilidad de que eventualmente así sea. Los impuestos siempre representan un ingreso para el fisco y requieren previa definición y reglamentación antes de su imposición.

Por el contrario, los ajustes por inflación hacen relación a una situación que se presenta en el mundo de lo fáctico, pero que se reconoce con el fin de regular los efectos de la inflación en los estados financieros, efectos que técnicamente se concretan en un mayor costo del bien.

En conclusión, los tributos siempre se identifican con la expresa voluntad del órgano que posee la potestad para imponerlos, mientras que los ajustes por inflación regulan un fenómeno económico ajeno a la voluntad de la administración o de los ciudadanos sólo susceptible de ser influido o controlado a través de políticas económicas.

De otra parte los terrenos y edificios son activos no monetarios y aunque el reglamento no los hubiera mencionado, los ajustes están previstos en el estatuto tributario.

Por las razones expuestas se niega la solicitud de nulidad incoada.

Por lo expuesto al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ACCÉDESE parcialmente a la solicitud de nulidad impetrada por la parte actora en relación con los siguientes preceptos:

Decreto 2075 de 1992, artículo 30. “Métodos de valuación de inventarios. Para efectos tributarios, los métodos de valuación de inventarios permitidos son: UEPS (últimas en entrar primeras en salir), PEPS (primeras en entrar primeras en salir) y PROMEDIO”.

Artículo 33. Especialidad en la aplicación de normas tributarias. Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, serán aplicables las normas contables, salvo que exista disposición tributaria, en cuyo caso priman estas últimas (sic)”.

Las demás disposiciones demandadas se estiman ajustadas a los preceptos superiores que le sirvieron de fuente.

2. LEVÁNTASE, la medida de suspensión provisional decretada en relación con la expresión: “Entre el primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el aumento de capital...” contenida en el artículo 15 numerales 1º y 2 º del Decreto 2075 de 1992.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de agosto 27 de 1993. Expediente 4632. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

___________________________________