Sentencia 4634 de marzo 19 de 1998

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 4634

Consejero Ponente:

Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez

Actor: Nubia Ramírez Cuartas

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala.

La decisión contenida en la Resolución 91 de 15 de febrero de 1991, confirmada en las resoluciones 452 de 2 de mayo del mismo año y 2245 de 21 de abril de 1992, es la siguiente:

“ART. 1º—Corríjase la anotación 7 del folio de matrícula inmobiliaria 050-0265774 en cuanto a su especificación así: Adjudicación en juicio ordinario como cesionario de María Elisa Ramírez de Sánchez, que adquirió a título universal según escritura 258 del 27.01.62 Notaría Segunda de Bogotá. De: Sánchez de Ramos Rosa Elvia Beatriz, Ramírez vda. de Sánchez María Elisa, A: Ramírez Suárez Jesús Alberto.

ART. 2º—Modifíquese la anotación 10 del folio de matrícula 050-0265774 en su especificación así: Adjudicación sucesión en los términos del artículo 7º, inciso 7º del Decreto-Ley 1250 de 1970, continúa vigente embargo, excluyendo a su vez las X de propietario y X de modo de adquisición por la X en la columna de falsa tradición”.

Insiste la parte actora, al recurrir la decisión proferida por el fallador de primera instancia, en que en el presente caso se trató de una cancelación de registro y no de una corrección del mismo.

Prescriben los artículos 35, 39, 40 y 41 del Decreto-Ley 1250 de 1970, que se refieren, el primero a la corrección de un registro, y los tres últimos a su cancelación:

“ART. 35.—Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán resaltando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deben agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciéndolo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo y sustituyéndolo y así se indicará en la salvedad que se haga. Las salvedades serán firmadas por el registrador o su delegado. Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán por verdaderas las expresiones originales”.

“ART. 39.—La cancelación de un registro o inscripción es el acto por el cual se deja sin efecto el registro o inscripción”.

“ART. 40.—El registrador procederá a cancelar un registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido”.

“ART. 41.—La cancelación de una inscripción se hará en el folio de matrícula en la columna correspondiente y con referencia al acto, contrato o providencia que la ordena o respalda, en los respectivos índices y en la copia del título cancelado que repose en el archivo”.

La Sala comparte las apreciaciones expuestas por el a quo , en el sentido de que la oficina de registro de instrumentos públicos cometió un error al registrar la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá que adjudicó el bien ubicado en la calle 22ª Nº 14-31 a los herederos de la señora María Elisa Ramírez viuda de Sánchez, pues la propiedad de dicho bien la ostentaba el señor Jesús Alberto Ramírez Suárez, según sentencia proferida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá de 23 de marzo de 1966, la cual sí fue registrada mediante el sistema anterior al previsto en el Decreto-Ley 1250 de 1970 el 25 de mayo de 1966, en el libro primero, folio 385, Nº 9251-A, tal y como obra a folio 71 del cuaderno principal.

Como consecuencia de la petición elevada por el señor Ramírez Suárez, la entidad demandada procedió a corregir el error en el que había incurrido, debiéndose hablar de corrección y no de cancelación, ya que, como lo disponen los artículos 39 , 40 y 41 del Decreto-Ley 1250 de 1970 , esta última deja sin efecto el registro y solo procede mediante la presentación de la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido, cuestión que no se presentó en el asunto que ocupa la atención de la Sala.

En efecto, en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0265774 (antes de la expedición de las resoluciones acusadas), la anotación 07 simplemente figuraba como “Juicio ordinario de Ramírez vda. de Sánchez María Elisa a Jesús Alberto Ramírez Suárez”, y, en virtud de los actos acusados, fue corregida en cuanto a su especificación así: “Adjudicación en juicio ordinario como cesionario de María Elisa Ramírez de Sánchez, que adquirió a título universal según escritura 258 del 27-01-62 Notaría Segunda de Bogotá. De: Sánchez de Ramos Rosa Elvia Beatriz, Ramírez vda. de Sánchez María Elisa, A: Ramírez Suárez Jesús Alberto”.

La anterior modificación llevaba implícita la de la anotación 10, y, así se hizo, al disponer su traslado a la columna sexta, en la cual, según el artículo 7º inciso 7º del Decreto-Ley 1250 de 1970, se inscriben los títulos que conllevan la llamada falsa tradición, tales como aquellos que carecen de un antecedente propio.

Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el artículo 52 ibídem , “Para que pueda ser inscrito en el registro cualquier título se deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho respectivo, mediante la cita del título antecedente, con los datos de su registro (...)”, teniéndose en el presente caso que la sentencia del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá no podía constituir el antecedente inmediato del derecho de dominio, ya que, se reitera, la causante, señora Ramírez viuda de Sánchez, no era la propietaria del inmueble adjudicado en su sucesión. Por consiguiente, no podía transferir algo de lo cual no era dueña.

Lo anteriormente reseñado deja sin sustento los cargos de violación de los artículos 55 de la Constitución Política de 1886 y 113 de la Constitución actual que se refieren a la separación de funciones de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, dado que el registrador de instrumentos públicos tiene la competencia para corregir las inscripciones que lo ameriten.

De igual manera no se puede afirmar que se violaron los artículos 2º y 58 de la Carta Política de 1991, que consagran, respectivamente, el deber de las autoridades de proteger a las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, pues el verdadero propietario del inmueble al cual se contrae el folio de matrícula inmobiliaria 050-0265774, de acuerdo con la sentencia del Juzgado Décimo Civil Municipal de 23 de marzo de 1966, que como ya se dijo, fue inscrita en el antiguo sistema el 25 de mayo de 1966, es el señor Jesús Alberto Ramírez Suárez, razón por la cual, precisamente, mediante los actos acusados se le protegió el derecho adquirido que este tenía sobre el inmueble en cuestión.

Finalmente, frente a las normas del Decreto-Ley 1250 de 1970 que la parte actora cita como violadas en la demanda, considera la Sala que no lo fueron por las siguientes razones:

Los artículos 22 y 27 se refieren a la forma como debe hacerse el registro, esto es, siguiendo el orden de radicación. Como se expuso anteriormente, la sentencia del Juzgado 10 Civil Municipal fue inscrita el 25 de mayo de 1966 en el antiguo sistema, es decir, con anterioridad al registro de la sentencia del 26 de marzo de 1990 del Juzgado Séptimo Civil del Circuito, razón por la cual, al advertir la oficina de registro de instrumentos públicos la imprecisión en el registro de dicha sentencia procedió a corregir su inscripción, lo cual se encuentra acorde con lo preceptuado en los artículos en estudio.

Respecto de los artículos 39 y 41 que versan sobre la cancelación de los registros, la Sala ya se pronunció, concluyendo que no se trató de una cancelación sino de una modificación de las anotaciones 7 y 10 tantas veces mencionadas.

En cuanto a los artículos 43 y 44 , que prescriben en su orden que, “Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrán mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina (...)”, y que, “Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel”, cabe reiterar que se dejó claramente establecido que la sentencia que sirve de título al señor Jesús Alberto Ramírez para acreditar la propiedad del inmueble fue inscrita el 25 de mayo de 1966 en el sistema que entonces regía para las inscripciones.

En lo que toca con el artículo 82 que reza, “El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ordenación, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del bien”, basta decir que mediante los actos acusados lo que se hizo precisamente fue exhibir el real estado jurídico del inmueble, en la medida de que con anterioridad a la sentencia del año de 1990, había sido inscrita la sentencia de 1966 a la que tantas veces se ha aludido en la presente providencia.

Finalmente, frente a la pretendida violación del artículo 35 del Decreto-Ley 1250 de 1970, la Sala observa que esta norma no fue citada como violada en la demanda y, no siendo el recurso de apelación una oportunidad para invocar la transgresión de nuevas normas, pues ello iría en contra del derecho de defensa de la parte demandada, se abstiene de hacer pronunciamiento alguno al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, de fecha 17 de abril de 1997.

2. De conformidad con lo previsto en los artículos 171 del Código Contencioso Administrativo y 392 numerales 1º y 3º del Código de Procedimiento Civil, condénase la parte actora en costas de la segunda instancia.

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase».