Sentencia 46385 de julio 25 de 2012

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 46385

Acta 26

Magistrados Ponentes:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

Primeramente es de advertir, que no le asiste razón a la réplica sobre los defectos de técnica que le enrostró al cargo, habida cuenta que el alcance de la impugnación de la demanda de casación está bien formulado, comoquiera que la censura solicita que se case parcialmente la sentencia de segundo grado, respecto de la condena por indemnización moratoria hasta cuando se haga efectivo el pago de los salarios que le dieron origen y, en sede de instancia, es decir en el caso de prosperar el recurso, pide se modifique la decisión del a quo en el sentido de que dicha condena impuesta lo sea conforme al artículo 29 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente, encuentra la Sala que la proposición jurídica resulta suficiente, ya que no era necesario citar el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, sino las normas que regulan la cuestionada indemnización moratoria, como en efecto se hizo, al acusar el precepto legal arriba enunciado y el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Y finalmente se observa que la modalidad de violación que se invocó, está acorde con lo planteado en la sustentación de este cargo, encaminado por la vía directa, lo que permite abordar el estudio del fondo del ataque.

De otro lado, es pertinente anotar, que en el escrito de apelación interpuesto por la entidad demandada contra el fallo condenatorio de primer grado (fls. 71 a 74, cdno. ppal.), uno de los puntos de inconformidad de la recurrente fue lo concerniente a la condena por indemnización moratoria, lo que habilitaba al tribunal en los términos del artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social a pronunciarse en relación a esta precisa súplica, correspondiéndole al mencionado juzgador establecer la norma aplicable, independiente de la disposición legal que invocaran las partes. En estas condiciones, no es de recibo lo manifestado por la parte opositora en cuanto a que al aceptar el recurso extraordinario en los términos propuestos se estaría violando el principio de consonancia. En relación a este puntual aspecto, en sentencia del 17 de junio de 2008 radicado 31038, la Sala expresó: “... el juez frente a los hechos que encuentra acreditados, debe aplicar la disposición cuyos supuestos fácticos encajen dentro de su contenido, sin estar sometido a las normas jurídicas que las partes invoquen como fuente del derecho que se controvierte”.

Superados los anteriores escollos y yendo al fondo del asunto, el cargo persigue que se determine jurídicamente, si el tribunal se equivocó al confirmar la condena por indemnización moratoria, desde la fecha de terminación del contrato de trabajo del demandante hasta el día en que se verifique el pago total de los salarios adeudados, pese a que, de acuerdo con la fecha de finalización del vínculo contractual, se debió aplicar el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, según el cual, en decir del impugnante, la moratoria solamente va hasta el mes veinticuatro (24) contado desde la ruptura de la relación laboral.

Dado el sendero escogido por el ataque, no es materia de debate el supuesto fáctico determinado por el tribunal, consistente en que la terminación del contrato de trabajo del promotor del proceso tuvo lugar el 28 de febrero de 2005 y, en consecuencia es indudable que para esa data se encontraba ya rigiendo el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo aquella la norma con que se debió definir la imposición de la indemnización moratoria.

Como el recurrente en casación no controvierte los razonamientos del tribunal, que lo llevaron a concluir que en este caso no existe justificación alguna por parte de la demandada para que se haya sustraído del pago correspondiente al salario del mes de febrero de 2005 y, que por ende su conducta no es posible ubicarla en el terreno de la buena fe, queda incólume esta inferencia. Sobre la condena que por este concepto corresponde, conforme a la modificación introducida por la norma aplicable, esto es, el citado artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en sentencia del 6 de mayo de 2010 con radicado 36577, reiterada entre otros pronunciamientos en la sentencia del 3 de mayo de 2011 radicación 38177, proferidas ambas en procesos análogos adelantados contra la misma demandada, la Sala fijó el criterio que actualmente impera, y en esa oportunidad adoctrinó:

“(...) En este caso es un hecho no discutido que la relación laboral de la demandante terminó el 31 de diciembre de 2003, de tal suerte que, como lo afirma la censura, para ese momento ya se encontraba rigiendo el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que introdujo una modificación al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Según aquella norma, luego de que fuera parcialmente declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-781 del 30 de septiembre de 2003, que retiró del ordenamiento jurídico las expresiones “o si presentara la demanda no ha habido pronunciamiento judicial”, la indemnización por falta de pago, en lo que aquí interesa, quedó regulada de la siguiente manera:

“Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique”.

La anterior disposición, según el parágrafo 2º del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, solamente se aplica respecto de los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente, situación que se presentaba respecto de la actora, de modo que aquel precepto le era aplicable.

No obstante las notorias deficiencias en la redacción de la norma, esta Sala de la Corte entiende que la intención del legislador fue la de establecer un límite temporal a la indemnización moratoria originalmente concebida por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de tal suerte que, como regla general, durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la extinción del vínculo jurídico el empleador incumplido deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, siempre y cuando el trabajador haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria dentro de esos veinticuatro (24) meses, como aconteció en este caso.

Después de esos veinticuatro (24) meses, en caso de que la situación de mora persista, ya no deberá el empleador una suma equivalente al último salario diario, sino intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, hasta cuando el pago de lo adeudado se verifique efectivamente; intereses que se calcularán sobre las sumas debidas por concepto de salarios y prestaciones en dinero.

Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

De tal suerte que la presentación oportuna (entiéndase dentro de los veinticuatro meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo) de la reclamación judicial da al trabajador el derecho a acceder a la indemnización moratoria de un día de salario por cada día de mora hasta por veinticuatro (24) meses, calculados desde la ruptura del nudo de trabajo; y, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25), contado desde esa misma ocasión, hace radicar en su cabeza el derecho a los intereses moratorios, en los términos precisados por el legislador.

Pero la reclamación inoportuna (fuera del término ya señalado) comporta para el trabajador la pérdida del derecho a la indemnización moratoria. Solo le asiste el derecho a los intereses moratorios, contabilizados desde la fecha de la extinción de vínculo jurídico.

A pesar de lo anterior, el tribunal confirmó el fallo del juzgado de primer grado que condenó a la universidad demandada por concepto de la indemnización moratoria a “la suma diaria de $ 40.000 a partir del 31 de enero de 2003 y hasta cuando se verifique el pago”, lo que indica que no tuvo en cuenta que, como se afirma en el cargo, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que debe considerarse ese fallador infringió directamente, al pago de esa suma diaria solo podía condenarse por los veinticuatro (24) meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo, pues, a partir de ese momento se deben los intereses moratorios, sobre las sumas adeudadas por salarios y prestaciones sociales en dinero, liquidados a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

Así las cosas, desconoció el tribunal el mandato contenido en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y por esa razón el cargo es próspero, como consecuencia de lo cual se casará la sentencia impugnada en los términos pedidos en el alcance de la impugnación.

Siguiendo las anteriores directrices o enseñanzas, se tiene que el tribunal se equivocó al no tener en cuenta lo regulado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que ordena el pago de la aludida indemnización moratoria a razón de un día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales adeudadas, solo hasta por veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de culminación del contrato de trabajo, pues a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) lo que se generan son intereses moratorios.

Por lo dicho, habrá de casarse parcialmente la sentencia impugnada en los términos pedidos en el alcance de la impugnación.

En sede de instancia, a más de lo esbozado a estudiarse el cargo, cabe agregar, que en el sub lite, la demanda inaugural fue presentada el 4 de abril de 2006, según la constancia de folio 18 del cuaderno del juzgado, es decir dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de terminación del vínculo laboral, 28 de febrero de 2005. El salario diario corresponde al tomado por los jueces de instancia, dado que no fue objeto de reparo en el presente litigio.

Así las cosas, se modificará el ordinal 2 del numeral primero de la sentencia de primer grado, relacionado con la pretensión de la indemnización moratoria, y se condena a la demandada a pagar al actor la suma de $ 333.333,33 diarios a partir del 1º de marzo de 2005 hasta el 1º de marzo de 2007; y a partir de esta fecha, solamente los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas por salarios, ordenadas en este proceso, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

Como el recurso extraordinario salió avante no hay lugar a costas en sede de casación, ni en la alzada por no haberse causado, y las de primera instancia serán a cargo de la parte vencida que lo es la demandada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 19 de marzo de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso adelantado por Fernando Luna Escobar contra la Fundación Universitaria San Martín, en cuanto a la condena impuesta por indemnización moratoria.

En sede de instancia, se MODIFICA el ordinal 2 del numeral primero de la sentencia de primer grado, relacionado con la pretensión de la indemnización moratoria, y se CONDENA a la demandada a pagar al actor la suma de $ 333.333,33 diarios a partir del 1º de marzo de 2005 hasta el 1º de marzo de 2007; y desde esta fecha, solamente los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas por salarios, ordenadas en este proceso, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera.

Costas en el recurso de casación como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».

ACLARACIÓN DE VOTO

Con mi acostumbrado respeto, me permito manifestar que aun cuando estoy de acuerdo con la decisión de fondo sobre la procedencia del pago de la indemnización moratoria y la aplicación en este asunto del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, modificatorio del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, disiento de la argumentación expuesta por la mayoría, en el antecedente jurisprudencial que se cita, del 6 de mayo de 2010 radicado 36577, según la cual en el evento de que “no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo...” (subrayo).

Lo precedente obedece a que, si bien la redacción del texto de la norma no es muy afortunada, en lo que atañe a la consecuencia para aquellos casos en que el trabajador, dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato, no reclame el pago de los salarios y prestaciones sociales que se le adeuden, la interpretación lógica, a mi juicio, es que, a partir de la iniciación del mes 25 ya no recibirá un día de salario por cada día de mora (lo que corresponde a los primeros 24 meses), sino únicamente los <intereses moratorios> que consagra el citado artículo 29 de la Ley 789 de 2002. La posibilidad que sea a partir de la finalización del vínculo contractual laboral, no se desprende del tenor literal del artículo citado, que en su parte pertinente reza:

“... Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria (o si presentada la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial), el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique” (Resalto. El texto entre paréntesis fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-781 de 2003 de la Corte Constitucional).

De suerte que el citado precepto expresamente señala que los intereses moratorios se causan para el evento referido, “a partir de la iniciación del mes veinticinco (25)” y, no antes. Por consiguiente, en este puntual aspecto, cualquier interpretación o hermenéutica distinta iría en contravía del contenido de esa normativa, así como de su espíritu, que buscó que quien se tarde en demandar y lo haga por fuera del término estipulado de los 24 meses, no puede beneficiarse de la sanción por el incumplimiento del empleador desde la extinción del contrato de trabajo, sino a partir del vencimiento del plazo que el legislador concedió para incoar la reclamación pertinente ante la jurisdicción laboral.

En lo anteriores términos dejó aclarado mi voto en este asunto.

Fecha ut supra.

Magistrado: Carlos Ernesto Molina Monsalve