Sentencia 4645 de mayo 20 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA DE CASACIÓN LABORAL

CORRECCIÓN MONETARIA

INCOMPATIBILIDAD CON LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA

EXTRACTOS: «La jurisprudencia laboral después de analizar y ponderar en diferentes sentencias los efectos jurídicos y las consecuencias negativas que ocasiona en el derecho del trabajo el problema económico de la depreciación de la moneda originado en el aumento del nivel general de los precios, es decir en la inflación, llegó a concluir la necesidad de la aplicación analógica en el régimen laboral del sistema de corrección monetaria, con el fin de resolver sobre el detrimento económico real que invocan los trabajadores cuando no le son cubiertas oportunamente sus acreencias laborales.

Ciertamente, la Sala en sus dos secciones ante el vacío existente en la normatividad laboral para decidir acerca de la desvalorización de las obligaciones laborales en determinadas eventualidades con ocasión de su no pago a tiempo, y frente a lo imperioso de corregir jurídicamente sus efectos dada la incidencia notoria y apreciable de la inflación en esos créditos, acudió al principio general de aplicación supletoria o analógica de la ley que se encuentra establecido recientemente a nivel constitucional en el artículo 230 de la nueva Carta Política y con anterioridad expresamente en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y también en el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 19. Conforme a este principio cuando no exista ley aplicable al caso controvertido se aplican las normas que regulan casos o materias semejantes, también la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina.

En efecto, para la aplicación analógica en el ordenamiento laboral del sistema de corrección monetaria, llamado también de indexación o sistema de valor constante, la Sala tuvo en cuenta, además de la jurisprudencia civil, diferentes disposiciones que tienen relación rigurosa con ella en nuestra legislación positiva, siendo algunas de ellas las siguientes: el artículo 44 de la Ley 14 de 1984 que instauró en el régimen tributario la corrección monetaria para determinados efectos; el artículo 10 de la Ley 56 de 1985 relativo a la indexación de los cánones de arrendamiento; el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo que prevé en caso de reajustes de condenas la utilización del índice de precios al consumidor o al por mayor; y el numeral 3º del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil que se refiere al reajuste monetario de las condenas, que se causa entre la fecha de la sentencia definitiva y el día de pago.

Conviene sin embargo decir, como en ocasiones anteriores lo ha hecho la Sala en otras sentencias, que la incidencia de la devaluación de la moneda en las obligaciones originadas en las relaciones de trabajo no ha sido extraña al régimen laboral colombiano que ha previsto en algunos casos las formas de corregir los efectos negativos que produce dicho fenómeno en los ingresos salariales, prestacionales e indemnizatorio de los trabajadores; es así como, frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, prevé en el artículo 146 del Código Sustantivo del Trabajo la fijación de salario mínimo atendiendo entre otros factores el del “costo de la vida”, en igual sentido con relación a las mesadas pensionales previo su reajuste de manera general en la Ley 4ª de 1976 inicialmente y en la actualidad en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988. Con relación a las prestaciones sociales dicho régimen tiene regulado un sistema retroactivo de cesantías en el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965 (que subrogó al CST, art. 253) que actualiza dicha prestación a valores monetarios actuales al momento de su reconocimiento, y particularmente en lo concerniente al no pago en su oportunidad de las prestaciones sociales tiene establecida una indemnización moratoria en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo que no es de aplicación automática como lo tiene definido la jurisprudencia laboral de la Corte.

En sentencia del 8 de abril de 1991, radicación 4087(*), la Sección Segunda de la Sala de Casación Laboral de la Corte decidió que la aplicación de la corrección monetaria procede únicamente como solución jurídica para el pago actualizado de las obligaciones monetarias en aquellos casos en que la ley laboral no se haya ocupado de reconocer la compensación de perjuicios causados por la mora en su solución o de dar a esos créditos el beneficio del reajuste automático y regular en relación con el costo de la vida, tesis que este proveído comparte.

Es oportuno reiterar que cuando no sea pertinente en una sentencia la condena de indemnización moratoria por el no pago oportuno de prestaciones sociales, por cuanto no se trata de una indemnización de aplicación automática, es viable aplicar entonces la indexación o corrección monetaria en relación con aquellas prestaciones que no tengan otro tipo de compensación de perjuicios por la mora o que no reciban reajuste en relación con el costo de vida, conforme a lo dicho antes, pues es obvio que de no ser así el trabajador estaría afectado en sus ingresos patrimoniales al recibir al cabo del tiempo el pago de una obligación en cantidad que resulta en la mayoría de las veces irrisoria por la permanente devaluación de la moneda en nuestro país, originándose de esa manera el rompimiento de la coordinación o “equilibrio” económico entre empleadores y trabajadores que es uno de los fines primordiales del Derecho del Trabajo.

(*) Publicada en J. y D., tomo XX, pág. 443. (N. del D.).

Lo anterior se concluye en virtud de que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo dispone una indemnización al trabajador por el patrono o empleador a causa del incumplimiento de éste de la obligación de pagar a aquél las acreencias laborales resultantes a la terminación del contrato de trabajo y de que la indexación tiene también el mismo objetivo cuando el empleador incumple la obligación por falta de pago oportuno al trabajador en los casos aludidos antes, en que la ley laboral no reconozca la compensación de perjuicios causados por la mora.

En el caso materia de examen el Tribunal confirmó la decisión del a quo en la medida que condenó a la empresa demandada a pagar la indemnización moratoria prevista en el citado artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por omitir aquélla el pago de prestaciones sociales al demandante (fl. 6 cdno. de la C.), luego conforme a las razones anteriores no es compatible condenar a la empresa a cubrir la indexación de las obligaciones sobre las cuales ya se impuso la indemnización moratoria (fl. 7 cdno. de la C.); por tanto al absolver el fallo acusado a la demandada de la pretensión sobre indexación no infringió directamente las disposiciones acusadas en la proposición jurídica, pues no son aplicables a este caso particular».

(Sentencia de mayo 20 de 1992. Radicación 4645. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez).

SALVAMENTO DE VOTO

El motivo de mi disentimiento con la decisión mayoritaria tomada por la Sala Plena en este asunto, se concreta exclusivamente a la consideración de ésta relativa a que la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la indexación son conceptos incompatibles, pues en mi concepto no lo son. Paso a explicar mi punto de vista.

Pretende el recurrente se condene a la empresa “a cubrir la indexación que debe actualizar las condenas que contiene esa decisión...” (fl 7, c. Nº 1).

Sobre el punto precedente —indexación—, dijo el ad quem: “se solicita en la demanda que las condenas se profieran en forma indexada. Sin embargo, esta pretensión no puede prosperar por cuanto, como lo expresa en su fallo la a quo, no se encuentra establecida por nuestro Código Laboral. Se confirma la absolución” (fl. 432 c. Nº 1).

Ha de observarse en primer término que la depreciación monetaria es un fenómeno eminentemente económico que afecta a todos los ciudadanos de un país, sin que ellos puedan disponer nada sobre el particular, por cuanto ella se origina en distintos factores cuyo control escapa a los particulares. Unas veces se causa por el inadecuado manejo interno de la economía por las autoridades encargadas de dirigirla. En otras, parte de circunstancias propias del ámbito internacional, que ni siquiera pueden controlar las autoridades internas.

Igualmente ha tenido oportunidad de expresar esta Sala de la Corte, al abordar el tema de la corrección monetaria, que ante el impacto negativo que produce la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, razones potísimas de justicia y equidad conducen a buscar un remedio a tal problema, respecto del cual no se ha dado una específica regulación legal en el campo de las obligaciones de carácter laboral.

Así mismo, ha observado la corporación, que el fenómeno no ha sido ajeno al interés del legislador ordinario o extraordinario, el cual lo ha tenido en cuenta, como se dijo en varios de los pronunciamientos de la Sala Laboral, citándose en ellos algunas disposiciones que le dan piso jurídico, quedando por fuera de los mismos otros textos legales que también pudieron haberle servido de sustento.

La Sala de Casación Laboral, desde la sentencia del 18 de agosto de 1982, ha venido sosteniendo la aplicabilidad a los créditos de origen laboral de la corrección o actualización de la moneda. Posteriormente, esta misma Sección en sentencia del 31 de mayo de 1988 (rad. 2031), aplicó la corrección monetaria a una indemnización por despido injusto. Jurisprudencia que fue acogida por la Sección Segunda, en fallo del 18 de abril de 1991 (rad. 4087).

Es así como en la decisión del 31 de mayo de 1988, expresó la corporación:

“Con base en estos principios superiores y efectuando una interpretación sana, lógica y realista del derecho, ha expresado la doctrina de la Corte, “que así queden subestimados el nominalismo y el formalismo de la ley, que hasta entonces parecían motivos insalvables que impedían la aplicación en el ámbito jurídico del fenómeno inflacionario, se impone acudir al hecho notorio y público del continuo proceso de depreciación de la moneda, cuando en las relaciones contractuales por el tiempo transcurrido entre el recibo del dinero y su correspondiente restitución se ha menguado su valor real de cambio, todo con el fin de evitar un empobrecimiento injusto a una de las partes”. Es decir, que con este sistema se persigue que los créditos originados en las relaciones de trabajo, demandados judicialmente, se actualicen con base en la depreciación monetaria que se calcula desde que la obligación se hace reclamable hasta el momento del efectivo pago.

Igualmente ha de anotarse que ante la falta de solución legislativa al problema y siendo ajeno el trabajador al diario proceso de devaluación de la moneda y ante la gran inestabilidad de la economía colombiana en los últimos tiempos, corresponde a los jueces el restablecimiento de las prestaciones, sin que esa postura pueda tomarse como creación de derechos no contemplados en el ordenamiento jurídico, ni tampoco se está haciendo la deuda más gravosa que en su comienzo, pues simplemente se le está dando dinamismo a éste y sólo se busca mantener el valor real de la moneda frente a su continuo envilecimiento y al mismo tiempo impedir que se produzcan sentencias que vulneren los conceptos más elementales de justicia”.

Ha de resaltarse igualmente, que por imperativo legal, los jueces y magistrados no pueden pretextar silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, para abstenerse de fallar (L. 153/887, art. 48); ello conlleva que al desatar un conflicto de intereses si encuentran un vacío legal, en tratándose de asuntos laborales han de acudir a las normas que regulen casos o materias semejantes, a los principios del código respectivo, a la jurisprudencia, a la costumbre, a la doctrina, a los convenios y recomendaciones de los organismos internacionales del trabajo y a los principios del derecho común, siempre que estos dos últimos no contraríen las leyes sociales o los principios propios del derecho del trabajo (CST, art. 19).

Sobre el anterior aspecto, dijo la Sala en decisión del 13 de noviembre de 1991 (rad. 4486):

“En torno a la disposición legal que ordena al juez llenar los vacíos legales que encuentra en el desarrollo de su función de juzgar, muestra la inaplicabilidad del criterio hermenéutico según el cual “cuando la ley menciona expresamente un caso concreto para regularlo de manera específica, en forma implícita está excluyendo de ese régimen cualesquiera otros casos distintos”. Pues de ser ello así, no tendría posibilidad el ordenamiento legal del Estado de llenar las lagunas que en la producción de sus mandatos quedasen; y la no consagración expresa de un determinado problema, so pena de no resolución, exigiría siempre una definición positiva expresa. Esto, fuera de impedir el desarrollo progresivo del ordenamiento jurídico, conduciría necesariamente a la consolidación de flagrantes injusticias sólo redimibles por la atención expresa de la ley; además de lo cual tornaría inmóvil y sumisa al querer de la ley, la actividad de la judicatura, y permanente el reinado de la escuela de la exégesis, cuya característica peculiar lo constituye la fe ciega en la suficiencia de las leyes. Por ello aparece también como no pertinente la afirmación del censor relativa a que, en vista del argumento mencionado, era procedente la aplicación de las normas consagratorias de la corrección monetaria, “ya que solamente al ignorar su contenido e imperio expreso pudo extender el sentenciador ad quem el sistema de corrección monetaria a las obligaciones laborales””.

Por tanto, con base en los artículos 1613, 1614, 1617, 1627 y 1649 del Código Civil, para que el pago alcance o pueda liberar al deudor, ha de ser íntegro o completo; toda vez que con la corrección monetaria no se está haciendo la deuda más gravosa que en su comienzo, pues ésta busca mantener el valor real de la moneda frente a su continuo envilecimiento y al mismo tiempo persigue la misma, impedir que se produzcan sentencias que vulneren los conceptos más elementales de justicia. Es decir, la corrección monetaria trata de mantener el valor real de la cantidad que se ha ordenado pagar en beneficio del trabajador, a consecuencia de no habérsele cubierto en forma oportuna las diversas acreencias laborales.

Es que además, el deudor que no paga a tiempo sus acreencias laborales, no puede beneficiarse de su incumplimiento, pues éste debe cubrir al trabajador los créditos en forma completa, esto es, la suma debida más la depreciación que haya sufrido la moneda, entre la fecha en que ha debido pagar sus obligaciones y aquella en que efectivamente las cubra; independientemente de las indemnizaciones que tiene establecidas la ley.

Igualmente la Sala ha expresado en torno al punto en cuestión:

“... El reajuste no implica la variación de la moneda con que debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino, como se ha dicho y repetido en el curso de esta sentencia, la actualización de su valor, en forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda”.

De otro lado, ha precisado la Corte que la corrección monetaria procede —como se dijo antes— como solución jurídica por el retardo o la mora del empleador en el reconocimiento y pago de las acreencias laborales, aun frente a aquellos casos en que se hubiese reconocido la indemnización moratoria, por cuanto uno y otro tienen origen y fundamento distintos, como pasa a demostrarse:

1. La indemnización por falta de pago a que alude el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, es el efecto de la no solución oportuna e injustificada de los salarios y prestaciones debidos, que es la consecuencia de dicha relación. Se trata, entonces de una sanción incompatible con la buena fe, y solamente aplicable en casos de mala fe, por lo cual no obra automática o mecánicamente por la simple mora, sino condicionada, en cada caso, al previo análisis que el juzgador haga de la conducta del patrono, según lo ha interpretado la jurisprudencia. Esa mala fe, además, se presume en el empleador, como insistentemente lo ha dicho la corporación. Así, en sentencia del 20 de noviembre de 1990, radicación 3956, expresó la Corte:

“La tutela minuciosa que la ley ha dado a los salarios y prestaciones sociales sería inoperante y sin sentido si el trabajador, además de tener que demostrar su acreencia tuviera que asumir también la carga de probar la mala fe del patrono que dejó de pagarla para obtener el reconocimiento judicial del derecho a la indemnización por mora. Aparte la dificultad práctica que semejante carga probatoria significaría para el trabajador, es evidente que todas las garantías legales que se han enunciado propenden a que el patrono sea en todo caso sumamente diligente y cuidadoso en la liquidación y pago de los salarios y prestaciones sociales que adeude a sus trabajadores, hasta el punto de que si a la finalización del contrato quedan a su cargo deudas insolutas por dichos conceptos, sea suya la carga de demostrar esa diligencia y cuidado que acreditarán su buena fe, exculpatoria de la indemnización por mora”.

Observo, de otra parte, que al aludirse en el párrafo anterior al calificativo de sanción para la obligación establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no se está sino reiterando un concepto que ha venido expresándose desde el extinto Tribunal Supremo del Trabajo, sobre lo cual sólo citaré algunos de los últimos pronunciamientos que sobre el particular han venido haciendo las dos secciones que conforman la Sala Laboral de la Corte: 8 de abril de 1988 radicación 1902 ponente doctor Rafael Baquero Herrera; 7 de febrero de 1990, radicación 3443, ponente doctor Rafael Baquero Herrera; 1º de julio y 26 de octubre de 1988, radicaciones 2243 y 2512 respectivamente, ponente doctor Hernán Guillermo Aldana Duque; 20 de noviembre 1990, radicación 3956, ponente doctor Hugo Suescún Pujols; 8 de noviembre de 1988, radicación 1388 y del 20 de marzo de 1990, radicación 2635, ambas con ponencia del doctor Ramón Zúñiga Valverde; 13 de marzo de 1990, radicación 3500, ponencia doctor Jorge Iván Palacio Palacio.

La indemnización moratoria no tiene lugar sino cuando se conoce claramente la intención del empleador de retener las prestaciones del trabajador, de carácter indiscutible, sin fundamento alguno, y ésta tiene cabida a la extinción del contrato de trabajo, pero la renuencia ha de ser —se repite— injustificada o de mala fe.

Dedúcese como corolario de lo anterior, que para poderse configurar la condena por salarios moratorios, el empleador ha de ser renuente sin razones valederas al pago de los salarios y prestaciones debidos, lo cual se identifica con su mala fe, o sea, que no siempre que éste incumple pagar las acreencias derivadas del contrato de trabajo, debe condenársele al pago de la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues para decidir si tal condena prospera o no, ha de analizarse la conducta del empleador y este análisis corresponde hacerlo al juez individual o colegiado.

2. La corrección monetaria parte del principio de no cumplimiento del empleador en pagar en el momento debido sus obligaciones laborales, y su objetivo no es otro que el de buscar un equilibrio justo en las relaciones que surgen entre empleadores y asalariados, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social (CST, art. 1º), tendiéndose primordialmente a la protección del trabajador, quien por razones económicas se halla en inferioridad de condiciones frente a aquél, mediante la consagración de derechos y garantías que no puede renunciarse, ni desconocerse (art. 13, ib.).

Anoto que si aun en los casos en que se paga oportunamente el salario al trabajador, éste se ve afectado por el alto costo permanente de los artículos necesarios para su subsistencia, a consecuencia de la pérdida constante del poder adquisitivo del dinero; ¿qué se podrá decir en aquellos eventos en que el pago, tanto de los salarios, como de las prestaciones sociales, no se hace a tiempo?

Pero fundamentalmente lo que busca la corrección monetaria es poner al acreedor laboral en las mismas condiciones en que se encontraba antes de presentarse el hecho del incumplimiento, por esta razón y no por otras es que el deudor incumplido debe cargar en su totalidad con los riesgos del envilecimiento; o dicho de otra manera, se pretende con la indexación el pago de la suma debida al momento de ser ella exigible más el valor de la depreciación de esa cantidad hasta el momento en que se haga efectivo dicho pago.

Infiérese, entonces, del análisis efectuado, que son fenómenos distintos la indemnización por falta de pago (C.S. del T., art. 65) y la corrección monetaria, pues mientras la primera es una indemnización por el no pago a la terminación del contrato, de los salarios y prestaciones debidos, la segunda no hace más gravosa la obligación, ni implica variar la moneda con que debe ser cubierta la pertinente obligación, sino la actualización de su valor, en forma tal que con la cantidad de pesos colombianos de hoy se satisfagan las necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda, siendo por tanto compatibles las mismas, pues como se anotó en el transcurso de esta providencia la causa y finalidad de cada una de ellas es diferente.

El cargo consiguientemente ha debido prosperar.

Con mi acostumbrado respeto,

Jorge Iván Palacio Palacio. 

SALVAMENTO DE VOTO

La divergencia con la sentencia de la Sala Plena Laboral de la Corte del 7 de abril (sic) de 1992 radicado bajo el número 4645 estriba, esencialmente, en el planteamiento conforme al cual los incrementos legales de algunos créditos o prestaciones sociales y la indemnización moratoria excluyen, al momento de su solución o pago, que se haga de manera indexada. Asunto que la sentencia expone así:

“Es oportuno reiterar que cuando no sea pertinente en una sentencia la condena de indemnización moratoria por el no pago oportuno de prestaciones sociales, por cuanto no se trata de una sanción de aplicación automática, es viable aplicar entonces la indexación o corrección monetaria en relación con aquellas prestaciones que no tengan otro tipo de compensación de perjuicios por la mora o que no reciban reajuste en relación con el costo de vida, conforme a lo dicho antes, pues es obvio que de no ser así el trabajador estaría afectado en sus ingresos patrimoniales al recibir al cabo del tiempo el pago de una obligación en cantidad que resulta en la mayoría de las voces irrisoria por la permanente devaluación de la moneda en nuestro país, originándose de esa manera el rompimiento de la coordinación o “equilibrio” económico entre empleadores y trabajadores que es uno de los fines primordiales del Derecho del Trabajo”.

De suma importancia para el examen de la materia controvertida es centrar la atención en que la fuente de las obligaciones salariales y prestacionales incrementadas o no, dimanan del contrato de trabajo, y la indemnización moratoria (CST, art. 65) de la ley, cuyo fundamento radica en la sanción por falta de cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales patronales en la forma y tiempo debidos luego de la extinción del contrato de trabajo.

En tanto que la de la indexación deviene de hechos y situaciones económicas nacionales e incluso internacionales ajenas a la voluntad de las partes en el contrato pero entrelazadas con lo jurídico, dada su íntima conexidad con las instituciones reguladoras del efecto de las obligaciones, como el pago de lo debido, sea en el orden civil, laboral, mercantil, etc., y del “enriquecimiento sin causa”, desarrollado como fuente de las obligaciones por la jurisprudencia nacional con base en la interpretación de los artículos 4º, 5º, 8º y 48 de la Ley 153 de 1887.

En efecto: para la validez del pago como forma de extinción de las obligaciones (civiles, laborales, mercantiles, etc.), deben darse varias condiciones sin lo cual no podría apreciarse que el deudor haya cumplido su obligación porque siendo el pago la prestación de lo que se debe y extinga la obligación debe agotarla, esto es, cumplirla totalmente y ese cumplimiento total involucra todos sus aspectos en absoluta conformidad con el contenido de la obligación que comprende no sólo aquello que del tenor literal del pacto se desprende, sino todo lo que de su naturaleza o de la ley se derive pertenecerle. Consecuencia obligada de lo anterior, es que el pago de la obligación laboral para que sea tal, completo y en la forma debida, ha de hacerse en su valor real y no nominal porque de esta forma, en el régimen de las obligaciones, frente al fenómeno de la devaluación de la moneda que ciertamente afecta la economía nacional, el pago de estos créditos no indexados en armonía con los índices devaluatorios, siempre dejarán un déficit, una parte insoluta pero en beneficio del deudor y jurídicamente no podría apreciarse el pago no indexado de manera distinta al de simple pago parcial de lo debido que de tomarse como liberatorio, conduciría, irreparablemente, al enriquecimiento sin causa de éste a costa del acreedor.

Esta institución de la indexación en su finalidad de mantener lo real sobre lo nominal, compromete el hecho económico, el proceso devaluatorio de la moneda nacional con las relaciones contractuales de los particulares, pues “nadie puede enriquecerse torticeramente a costa de otro”, principio del que la Corte elaboró la teoría del enriquecimiento sin causa como otra de las fuentes de las obligaciones, para cuya estructuración es preciso —dice la Corte— que el enriquecido lo sea de veras, es decir, que haya obtenido una ventaja patrimonial positiva (aumento del patrimonio del enriquecido) o negativa (evitar el menoscabo de su patrimonio).

Considera la Corte, además, que es necesario que la ventaja obtenida por el enriquecido haya operado un empobrecimiento correlativo, es decir, que haya costado algo al que alega el enriquecimiento injusto, o en otros términos, que el enriquecimiento se haya efectuado a expensas del empobrecido, lo que sucede inocultablemente cuando el deudor paga al acreedor de salarios y prestaciones con dineros envilecidos con ocasión de la devaluación monetaria (se resalta).

Se tiene así, pues, que establecida la naturaleza e identidad de las obligaciones laborales según sus fuentes, apreciamos, dentro del marco lógico-jurídico que no hay lugar a confundirlas. Mediante la indexación se persigue y logra que el valor de los créditos laborales mantengan su valor real, su poder adquisitivo y que al momento de su satisfacción o pago éste no resulte deficitario o incompleto propiciándose, de tal suerte el enriquecimiento sin causa del deudor, como precedentemente viene planteado.

La indemnización moratoria y los incrementos legales de prestaciones devienen de instituciones cuya finalidad es bien distinta a la teleología de la indexación, lo que implica la imposibilidad de asimilarlas.

Entonces, mal podría apreciarse la posibilidad de suplantación de esta institución (indexación) por la indemnización establecida en la ley (C.S. del T., art. 65.) como sanción no en razón de la devaluación monetaria sino del cumplimiento oportuno patronal de sus obligaciones nacidas del contrato de trabajo. Lo propio ha de predicarse respecto del incremento legal de algunas prestaciones sociales, en lo que concierne.

Es de reiterarse que esta institución (indexación) no deviene de la simple equidad sino de la ley (C.C., arts. 1603 y 1627) y del enriquecimiento sin causa (L. 153/887, art. 8º). Fuentes autónomas del derecho a la exigencia del pago completo de la obligación que, por lo demás, no es arbitrario, pues corresponde a la actualización de la obligación aparejada al índice de devaluación que definitivamente no corresponde a los valores deducidos en atención a la indemnización moratoria o a los incrementos legales de algunas prestaciones sociales.

Por eso aprecio subjetiva y arbitraria la supeditación de la indexación de las obligaciones laborales a la circunstancia de no aplicarse a aquellas que tengan incrementos legales o cuando medie la indemnización moratoria por tratarse de situaciones también independientes de la indexación en su función de preservar la realidad del precio de la obligación lo cual, es obvio, no tiene naturaleza de sanción como quiera que ésta (la sanción) corresponde a conductas antijurídicas del sancionado que no es el caso de la indexación como solución a situaciones independientes de la conducta de los contratantes, como es la desvalorización de la moneda nacional. No surge, en consecuencia, con la actualización mediante la indexación la imposición de pena sobre pena que parece ser alguno de los fundamentos que se han tomado en consideración, de tiempo atrás, para excluir la aplicación de la indexación frente a la indemnización moratoria y a los incrementos legales de algunas prestaciones.

Aprecio que el cargo estaba llamado a prosperar.

En los términos anteriores dejo registrado mi salvamento de voto.

Ramón Zúñiga Valverde.

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