Sentencia 46476 de mayo 22 de 2013 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno 

SL 369-2013

Rad.: 46476

Acta 16

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil trece.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la apoderada de Martha Libia Gómez Escobar, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 8 de abril de 2010, en el juicio que le promovió al Instituto de Seguros Sociales.

Antecedentes 

Martha Libia Gómez Escobar llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales, con el fin que fuera condenado a restablecerle el pago de la pensión de sobrevivientes, a partir del 1º de junio de 1997, debidamente indexada, con los reajustes de ley, las mesadas adicionales de junio y diciembre, intereses moratorios y cualquier otro crédito que se le pudiera reconocer en virtud de las facultades ultra y extra petita.

Fundamentó sus peticiones, en que se le concedió la pensión de viudez por parte del Instituto de Seguros Sociales, desde el 5 de junio de 1975; la que luego le suspendió a partir del 6 de marzo de 1980, por haber contraído nuevas nupcias, el 23 de noviembre de 1978; razón por la cual el 4 de noviembre de 2004, le solicitó que le reanudara el pago de la pensión, petición que le fue negada el 8 de abril de 2005, con el argumento, que el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, establecía que tal derecho cesaba cuando la viuda contraía nuevas nupcias y que en tal caso tenía derecho a tres anualidades de la pensión reconocida.

Al dar respuesta a la demanda (fls. 29 al 31), la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos aceptó como cierto lo que demostraba la prueba documental. En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó: falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, prescripción, compensación y pago, buena fe del seguro social, improcedencia de la indexación de las condenas e imposibilidad de imponerle costas.

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 13 de abril de 2009 (fls.58 al 62), absolvió de todas las súplicas a la parte demanda.

Sentencia del tribunal

Al conocer, por apelación interpuesta por la señora Martha Libia Gómez Escobar, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 8 de abril de 2010, confirmó la decisión del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, el artículo 2º de la Ley 33 de 1973, el artículo 2º de la Ley 12 de 1975 y el artículo 2º de la Ley 126 de 1985, en sus textos originales consagraban consecuencias para el cónyuge supérstite beneficiario de pensión de sobrevivientes, de perderla cuando contraía nuevas nupcias.

Que en el caso de los artículos 2 de la Ley 33 de 1973, 2 de la Ley 12 de 1975 y 2 de la Ley 126 de 1985, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-309 del 11 de julio de 1996, los había declarado inconstitucionales, por no ajustarse a la Constitución Política de 1991, por lo que dispuso: “Las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la que en la actualidad se denomina pensión de sobrevivientes, podrán, como consecuencia de este fallo y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia”.

De donde dedujo que, para acceder al restablecimiento deprecado, era necesario que la accionante reuniera los siguientes requisitos:

1. Que la pensión hubiera sido concedida y suspendida en aplicación de lo dispuesto en la Ley 90 de 1946.

2. Que la pensión hubiera sido suspendida por hechos sobrevinientes (matrimonio o vida marital) en momento posterior al 7 de julio de 1991.

Consideró luego que si la pensión se hubiere otorgado en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, resultaba aplicable la sentencia C 309 de 1996 de la Corte Constitucional por ser el artículo 62 igual a los declarados inexequibles por ella; que en todo caso, la suspensión de la pensión debía darse por hechos posteriores al 7 de julio de 1991; que en el caso concreto de la demandante se le había otorgado la pensión a partir del 5 de junio de 1975 y se le había suspendido posteriormente, mediante sentencia de radicado 4184 del 6 de marzo de 1980, por haber contraído nuevas nupcias el 23 de noviembre de 1978, esto es, en vigencia de la Constitución de 1886; que en consecuencia, no procedía el restablecimiento de la pensión, cuando esta había sido suspendida antes de la Constitución de 1991.

El recurso de casación 

Interpuesto por la parte accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.

Alcance de la impugnación 

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, acceda a las pretensiones del libelo genitor.

Con tal propósito formula un solo cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y enseguida se estudia.

Cargo único 

Acusa el fallo recurrido por la vía directa en la modalidad de infracción directa, del artículo 62 de la Ley 90 de 1946, en armonía con los artículos 1º de la Ley 33 de 1973, 1º de la Ley 113 de 1985, artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, y los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional.

Para desarrollar el cargo refiere la censura que no obstante el Tribunal reconoció que la pensión de sobrevivientes le fue suspendida a la demandante, insiste en que la declaratoria de inexequibilidad no recayó sobre la norma que consagra el derecho, porque la situación fáctica se consolidó antes de la Constitución Política de 1991; que el juez colegiado se rebeló contra lo dispuesto en el artículo, pues si no fue objeto de pronunciamiento expreso por parte de la Corte Constitucional, no se le pueden extender los efectos de un fallo de constitucionalidad por ser una norma que consagra un derecho en cabeza de un administrado que solo con su consentimiento puede perder fuerza ejecutoria; que no podía entonces el ad- quem abrogarse la competencia de avalar el despojo de un derecho que se había reconocido legalmente, con apoyo en una decisión de la Corte Constitucional, pues evidentemente aunque el derecho al libre desarrollo de la personalidad solo haya sido consagrado en la Constitución de 1991, no por ello el estado de cosas inconstitucional que creaba la norma era jurídico, pues nunca ha tenido razón de ser que una persona debe mantenerse en soltería o manteniendo relaciones clandestinas solo para no perder un derecho que legalmente se le había reconocido.

Que como el juez plural, refiriéndose al artículo 62 de la Ley 90 de 1946, dijo que “… aunque la H. Corte Constitucional no haya hecho un pronunciamiento expreso sobre esta norma en la sentencia citada ni en otra, puesto que el texto de su artículo 62 es idéntico a los declarados inexequibles; pero para llegar a esta conclusión, será necesario que el juez conocedor del caso concreto en el que se pretende ese restablecimiento tenga en cuenta dos aspectos: 1. Que la pensión haya sido concedida y suspendida en aplicación de lo dispuesto en la Ley 90 de 1946. 2. que la pensión haya sido suspendida por hechos sobrevinientes (matrimonio o vida marital) en momento posterior a julio 7 de 1991”, al aceptar que la sentencia no abrigó la citada disposición no ha debido extenderle sus efectos, pues la Constitución abriga los hechos pasados de situaciones que venían en tránsito desde antes de su vigencia, como es el caso de pensiones que se venían disfrutando y que fueron suspendidas por nuevas nupcias; que así lo resolvió la Corte Constitucional en sentencias T-702 de 2005, T-679 de 2001 y T-592 de 2008. Entre otras.

La réplica 

Solicita que se desestime el cargo propuesto, porque, dice, el Tribunal, no incurrió en ninguna violación de la ley y, mucho menos, respecto a las normas contenidas en la proposición jurídica de la acusación.

Dice que en incontables fallos, esta Sala, ha reiterado el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación, y ha señalado los requisitos que debe contener el mismo, para que pueda ser estudiado en el fondo, porque ellos, como también lo tiene dicho: “más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley”; que igualmente, ha expresado que “(…) este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los dos litigantes le asiste la razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrenta la ley y la sentencia, y no quienes actuaron como contraparte en las instancias (…)”.

Manifiesta que trae a colación los anteriores pronunciamientos porque, aplicados a la demanda con que se sustenta el recurso, necesariamente hay que concluir que, la recurrente, no supo orientar el ataque, ya que, dice, basta con leer el fallo gravado para que se infiera que el juzgador no desconoció ni se rebeló contra tales disposiciones, sino que, basado en el alcance que la Corte Constitucional le fijó a los efectos de declaración de inexequibilidad contenida en la sentencia C-309 de 1996, concluyó que, para el caso de la demandante, no se daba el presupuesto fáctico previsto por ese fallo, como es que las nuevas nupcias, que originó la pérdida de la pensión de sobrevivientes cuyo restablecimiento reclama, hubiese ocurrido con posterioridad al 7 de julio de 1991; que lo anterior quiere decir que el Tribunal, a la postre para desatar la controversia, tácitamente, tuvo en cuenta el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, que regula el alcance de las sentencias en ejercicio del control constitucional, y aún el artículo 4º de la Carta, por lo que era imperativo haber denunciado tal ordenamiento como infringido, ya que al tenor del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, esos preceptos se constituían en base esencial del fallo; que pese a que parezca contradictorio que se falle un proceso con base en el texto de una norma declarada inconstitucional, o aunque no lo haya sido, como para este proceso se presenta, con referencia a una con un texto idéntico a la que sí lo fue, la verdad es que con el efecto futuro que, como regla, tienen los fallos de constitucionalidad, se busca y se logra dar seguridad jurídica, y que impere el principio de la igualdad, porque de no ser así, un pronunciamiento de inconstitucionalidad, reviviría una gran cantidad de conflictos jurídicos que fueron desatados con referencia a la norma que se retira del ordenamiento jurídico, y castigaría a quienes acudieron a los jueces y obtuvieron con celeridad un fallo judicial, en el que se aplicó un precepto legal que no había sido hasta esa data objeto de revisión constitucional; y que por esto es que los efectos futuros que prevé el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, deben ser aplicados con relación a hechos configurativos de algún derecho que se presenten con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma legal.

Consideraciones de la Corte 

Razón asiste a la réplica en cuanto señala que el Tribunal no pudo haber infringido directamente el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, pues resulta palmario que esa norma fue la que aplicó para dirimir el asunto sometido a su decisión, así no obstante hubiere considerado que los efectos del fallo de inconstitucionalidad C-309 de 1996 le fueren aplicables, en la medida que dicha disposición era igual a las que se refería esta sentencia (los artículos 2º de la Ley 33 de 1973, 2º de la Ley 12 de 1975 y 2º de la Ley 126 de 1985), pues para ello estimó que era necesario que la pensión en cuestión hubiera sido suspendida por hechos sobrevinientes, en momento posterior al 7º de julio de 1991; circunstancia que estimó no se daba en este caso en que la actora había contraído nuevas nupcias el 23 de noviembre de 1978, esto es, en vigencia de la Constitución de 1886, que era compatible con dicho artículo 62 de la Ley 90 de 1946.

Es pues abiertamente equivocada la imputación que hace la censura al ad quem de haber violado tal disposición, por lo que se debió haber denunciado fue su aplicación indebida.

No obstante, tampoco incurrió el Tribunal en dicha violación de la ley si se tiene en cuenta que esta Corporación ya abordó el tema señalado en la sentencia del 22 de agosto de 2012, radicación 44782, en la que adoctrinó lo siguiente:  

“(…).

“En esas condiciones, el Tribunal no podía aplicar el citado artículo 46 ibídem, ni el 12 de la Ley 797 de 2003, pues, se reitera, claramente indicó que la disposición vigente al momento del fallecimiento era el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, por virtud del cual “a las pensiones de viuedad y orfandad les será aplicable la disposición del artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará desde el día del fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin acrecer las cuotas de los demás, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias, reciba de otra persona lo necesario para su subsistencia, o cuando el huérfano cumpla catorce (14) años de edad o deje de ser inválido. Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá en sustitución de las pensiones eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida” y era esta la convocada a regir el asunto. 

“Esa normativa, que se mantuvo con el artículo 2º de la Ley 33 de 1973, y que a la luz de la actual Constitución Política resulta en verdad discriminatoria, no tenía ese carácter cuando la cónyuge sobreviviente contrajo nuevas nupcias, en tanto la Carta Política de 1886 confería un especial contenido a la unión matrimonial.  

“Tal regulación supralegal en vigor por más de un siglo, aparejó unas evidentes consecuencias en el ordenamiento jurídico, que no pueden ser reprochadas hoy bajo un espectro social evidentemente disímil, como se aspira, bajo las garantías y la concepción de un Estado laico, y fue justamente ese aspecto el que abordó el juzgador cuando resolvió el debate, pues los artículos constitucionales que se enlistaron en el cargo vinieron a existir después de estructurado el derecho pensional, se repite, bajo un régimen constitucional diferente, que para ese momento era legitimo y no puede ser desconocido. 

“Bajo tales parámetros es que la sentencia C-309 de 1996 consideró que esas disposiciones atentaban contra la nueva concepción constitucional, y fue por ello que las apartó, dejando claro el efecto retroactivo únicamente hasta la entrada en vigor de la actual Constitución, pues no podía desligar que antes de su expedición tenían un contenido justificado. Así lo consideró: 

“No duda la Corte que al entrar en vigencia la nueva Constitución, la disposición legal acusada que hacía perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se tornó abiertamente incompatible con sus dictados y, desde entonces, bien había podido ejercitarse la excepción de inconstitucionalidad. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a lo que se suma la facultad de conformar un nuevo núcleo familiar, se vulneran de manera meridiana, de conformidad con lo expuesto, por la anotada condición. El radio de la violación constitucional se amplía aún más cuando en 1993 se expide la Ley 100, que elimina la susodicha condición, pero deja inalterada la situación que, por lo menos a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, pugnaba con sus normas y principios. Ya se ha señalado cómo el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro de un mismo predicado material, son objeto un trato distinto carente de justificación objetiva y razonable. 

“La causa de que al momento de promulgarse la Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la Ley 100 de 1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto, deberá declararse inexequible. 

“A juicio de la Corte Constitucional, con el objeto de restablecer los derechos conculcados, se impone reconocer a la viudas, que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política hubieren perdido el derecho a la pensión —actualmente denominada de sobrevivientes— por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital, su derecho a recuperar la mesadas dejadas de pagar que se hubieren causado luego de notificada la presente sentencia”. 

“Inclusive, en un caso de similares contornos, esta Sala de la Corte, en sentencia 22955 de 18 de junio de 2004 estimó:

“Por otra parte, como surge de la sinopsis del fallo impugnado, la conclusión del Tribunal se soportó, en esencia, en su argumento según el cual lo planteado por la actora es improcedente porque busca que se le reconozca el derecho pensional que perdió a la luz de lo dispuesto en la Ley 90 de 1946, con base en normas promulgadas con posterioridad al 9 de octubre de 1975, pues entendió ese fallador que “nos es imposible hoy, como le fue al juzgado de primera instancia, aplicar las normas posteriores pese a la potencial favorabilidad para la actora…” (fl. 11).

“El anterior argumento no es cuestionado por la censura, de suerte que debe permanecer indemne como estribo del fallo impugnado, porque como lo ha explicado en muchas ocasiones esta Sala de la Corte, es deber inexcusable del recurrente en casación desquiciar todos los argumentos que hayan servido de apoyo al sentenciador para adoptar la decisión cuya anulación pretende, pues su propósito se verá frustrado si se limita a cuestionar razonamientos distintos o a combatir sólo una parte de la argumentación plasmada en la providencia acusada, puesto que así tenga razón en la crítica que formula, al dejar libres de cuestionamiento los verdaderos pilares del fallo, seguirán ellos sirviendo de cimiento a la decisión censurada.

“Y es que en realidad lo que la recurrente plantea en su escrito es un juicio sobre la constitucionalidad de las leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 y del Decreto 1160 de 1989, a la luz de las normas de la Constitución Nacional de 1886 que considera quebrantadas, cuestionamiento que, desde luego, no es propio del recurso extraordinario de casación, porque no le corresponde a la Corte decidir la constitucionalidad de los citados preceptos.

“Aparte de lo anterior, cumple precisar que la impugnante igualmente alude a la sentencia de la Corte Constitucional C-309 de 1996, la cual considera que fue erróneamente apreciada por el Tribunal; cuestión que así presentada, no puede ser elucidada por la modalidad de violación de la ley escogida, porque, en cuanto involucra un criterio jurisprudencial, como lo destaca el replicante, debió ser planteado por el motivo de interpretación errónea de la ley sustancial.

“Con todo, contrariamente a lo que sostiene la censura, el juez de la alzada no hizo mención a la citada sentencia, de modo que no pudo haberla apreciado con error, aún cuando no sobra advertir que en esa providencia no se hizo una confrontación de las normas acusadas por la recurrente con la Constitución de 1886 y si bien se declaró la inexequibilidad de parte de esas disposiciones, en lo que interesa al asunto debatido se precisó el derecho a recuperar la pensión extinguida por haber contraído nuevas nupcias, pero sólo respecto de las viudas que hubieren perdido el derecho a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, circunstancia que no se presenta respecto de la demandante”.

Por lo anterior el cargo es infundado y no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $3.000.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 8 de abril de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Martha Libia Gómez Escobar contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) moneda corriente.

Por la secretaría, practíquese la liquidación de las mismas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.