Sentencia 4648-03 de junio 21 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA DESPIDOS COLECTIVOS

Los trabajadores pueden ser informados por avisos fijados en la empresa.

Expediente 4648-03

Consejera Ponente:

Dra. Ana Margarita Olaya Forero

EXTRACTOS: «Se contrae la presente litis a dilucidar la legalidad de las resoluciones 181 de 18 de agosto de 1998 (fls. 5 ss., cdno. ppal.), 246 de 5 de noviembre siguiente (fls. 13 ss. ib.) y 971 de 12 de mayo de 1999 (fls. 23 ss. ib.), por medio de las cuales la Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de la Protección Social, autorizó a la empresa Inca-Metal S.A. para despedir a 22 trabajadores del área operativa. Exigió la entidad otorgar la garantía o caución que acredite el pago de las prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos ciertos de los trabajadores.

En primer lugar, dirá la Sala que la excepción que por falta de legitimación en la causa formuló la demandada, ninguna vocación de prosperidad tiene, comoquiera que el presente proceso no persigue el resarcimiento de los perjuicios económicos que pudieran derivar para los trabajadores afectados con los actos acusados, lo cual es de competencia de la jurisdicción ordinaria.

Dos son los cargos que endilga la parte actora a tales actos: 1) haber omitido la empresa la comunicación escrita a los trabajadores, en forma simultánea a la solicitud presentada ante el Ministerio del Trabajo y 2) la extemporaneidad de la decisión que tomó la administración.

1. De la comunicación.

El artículo 67 de la Ley 50 de 1990, modificó el artículo 40 del Decreto-Ley 2351 de 1965, que trata el tema de la protección en caso de despidos colectivos, consagró en su numeral 1º lo siguiente:

“Cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar labores, parcial o totalmente, por causas distintas a las previstas en los artículos 5º, ordinal 1º, literal d) de esta ley y 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones, si fuere el caso. Igualmente deberá comunicar en forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores de tal solicitud. (...)”.

Da cuenta el cuaderno 4, de la solicitud de despido colectivo de 50 trabajadores, presentada por la Empresa Industria Nacional Colombiana - Artículos de Acero y Metales S.A. “Inca-metal S.A.” el 18 de diciembre de 1997. Para ello alegó razones económicas. Se lee en el mismo cuaderno el documento que informa sobre los resultados de la encuesta realizada en el mes de agosto de ese año para que los mismos trabajadores plantearan posibles soluciones a los problemas económicos por los que atravesaba la empresa.

Obra igualmente en el mismo cuaderno, el acta de inspección ocular (fl. 49) en la que aparece que la funcionaria del Ministerio de Trabajo constató que los trabajadores fueron informados mediante avisos ubicados en dos partes diferentes del restaurante, lugar de obligatorio tránsito para aquellos.

Para la Sala resulta evidente que los trabajadores venían siendo informados de la situación precaria por la que atravesaba la empresa, al punto que esta misma les puso a consideración el problema y los llamó a formular soluciones, situación que por sí sola descarta que aquellos hubieran sido sorprendidos con la solicitud de Inca-Metal S.A. Pero además, los avisos fijados en el restaurante cumplen con la previsión que ordena la comunicación escrita a los trabajadores, pues lo que quiso fue evitar que estos fueran objeto de una decisión intempestiva que, como es lógico, afecta sus intereses. No exigió la norma que tuviera que ser elaborada una comunicación por cada trabajador y menos aun que se efectuara una notificación personal, como lo advierte la parte actora, porque esta tiene lugar para dar a conocer decisiones dentro de un proceso en el que se encuentran específicamente determinadas las partes o interesados y en este caso no se trataba de dar a conocer una decisión de la administración, como tampoco podía en ese momento precisarse cuáles serían los empleados que habrían de ser retirados, ya que no existía siquiera certeza de que se obtendría la autorización pedida.

De manera que para la Sala es evidente que los avisos que constató la entidad demandada cumplieron con toda certeza y eficacia el propósito de la norma, que quiso garantizar que los trabajadores sean informados del proceso que iniciará su empleador, de manera que no solo puedan asumir las medidas preventivas que tal contingencia puede acarrear en su situación económica, sino también estar atentos para intervenir dentro del proceso que tiene inicio.

2. Extemporaneidad de la actuación administrativa.

Para la Sala no hubo extemporaneidad en la decisión de la administración. Los artículos 466 del Código Sustantivo del Trabajo y 40 del Decreto 2351 de 1965, modificados por los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990, establecieron el término de 2 meses pera pronunciarse sobre la autorización de clausura y despido colectivo.

Y si bien, las citadas disposiciones en efecto establecieron el plazo de 2 meses para decidir, solo prescribieron que su incumplimiento acarrearía falta disciplinaria para el funcionario infractor, sin ningún efecto para la validez de la actuación.

Ahora bien, el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, fija igualmente el término de 2 meses para decidir sobre los recursos interpuestos, pero señala que se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas; por su parte, el artículo 40 ibídem señala el de 3 meses en relación con la petición. No obstante lo anterior, ambas disposiciones señalan que la ocurrencia del silencio no exime a las autoridades de pronunciarse, en tanto no se haya acudido ante la jurisdicción para el caso de los recursos o no se hayan resuelto estos para el caso de la petición inicial.

Es claro entonces, que no le asiste razón a la parte actora.

Finalmente, dirá la Sala que no es razonable la afirmación del Ministerio Público, en el sentido de que la entidad que profirió los actos no tenía competencia porque solo autorizó el despido de 22 trabajadores, número inferior al porcentaje legal que establece la ley para considerar un despido como colectivo.

La petición de autorización que elevó la empresa presentó un número de 50 empleados para ser despedidos, lo que suficientemente cumple con el porcentaje que dispuso la ley, si se considera que para el momento de su presentación existían 410 trabajadores y para la fecha de la inspección ocular eran 382. Es el número precisado en la solicitud lo que determina que hay lugar a iniciar el proceso que consagró la ley para tramitar la autorización de despidos colectivos, pues ninguna certeza puede tener el empleador de que va a ser decidida favorablemente su petición y menos aún que le va a ser aprobado el despido del total de trabajadores que fue objeto de petición; absurdo sería que al momento de decidirla, el ministerio decidiera retrotraer la actuación porque la cantidad a autorizar resulte inferior a la señalada en la ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. Declárase no probada la excepción propuesta.

2. Deniéganse las súplicas de la demanda».

(Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente 4648-03. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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