Sentencia 4652-01 de octubre 15 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 5000131840021997-04652-01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá, D.C., quince de octubre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como esta corporación solo puede ocuparse de los temas puntuales que proponga el impugnante, por no estarle permitido completar cargo alguno, ni elucidar el error mediante propias razones, ni sustituir al casacionista en la carga de demostrarlo, tiene que entenderse que el ataque fincado en el quebranto de la ley sustancial por error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba, no solo debe comprender todos los elementos probatorios que fundan la conclusión atacada, sino que además debe demostrar que ella fue abiertamente contraria a lo establecido por la prueba.

Cabe recordar, además, que la Corte ha repetido que el error de derecho excluye la preterición, la suposición y la distorsión de los medios probatorios, bases estas que sustentan el error de hecho, porque aquel presupone que el juez sí vio y apreció las probanzas. No le está permitido al impugnante, por esa razón, confundir las señaladas especies de error en el campo de la violación indirecta. Y si así ocurre, es decir, si se amalgama el error de hecho con el de derecho, en atención a lo limitado y restringido del recurso de casación, tiene que comprenderse que la Corte carece de poder para adecuar de oficio la demanda a fin de subsanar ese defecto.

2. Se advierte que no estuvo acertado el casacionista en cumplir las exigencias impuestas por la especialidad del recurso, comoquiera que, evidentemente, no se ocupa, habiéndolo debido hacer, de la prueba de genética que el fallo enlaza a los testimonios para concluir que fue demostrada la posesión de estado, ni de la manifestación vertida por los demandados en la respuesta de la demanda y en la audiencia de conciliación, en el sentido de que no se oponían a las pretensiones y aceptaban hechos fundamentales de la demanda, actitud considerada por el sentenciador como la aceptación de que el reconocimiento del hijo lo realizó José Waldo Gutiérrez “de manera pública, incluyó la atención de las necesidades de subsistencia y educación (...) y que dicho trato perduró por más de cinco años...”.

No es aquel factor de convicción impertinente, ni de poca monta, pues está fundado en el examen de ADN, sistema STR, sobre 18 marcadores, siguiendo un método indirecto, y fue realizado al actor César Alfonso Vaca Ortega, su progenitora Lilia Vaca Ortega, la demandada Dulmay Morales de Gutiérrez, cónyuge supérstite del extinto José Waldo Gutiérrez, y sus herederos determinados, Giovanna Marcela y William Oswaldo Gutiérrez Morales, habiendo arrojado como probabilidad acumulada de paternidad 99,9986%, amén que fue prohijado con su silencio por las partes (cdno. 1, fls. 227 a 233), pero quedó completamente ignorado por la censura.

Igual ocurrió con lo expuesto por la cónyuge y los herederos determinados del declarado padre, quienes, pese a negar los hechos de la demanda, al responderla manifiestan “que siempre han sentido a César Alfonso como hijo y hermano” y que por ello no se oponen “a su vocación de suceder de acuerdo con lo manifestado en el numeral tres de las pretensiones” (cdno. 1, fls. 50 y 98), mientras que en la audiencia de conciliación, en la etapa de fijación de hechos (cdno. cit., fls. 179 y 180), aceptan la veracidad de los hechos séptimo y octavo de la demanda, en los cuales se afirma que ellos acogieron al demandante como hijo de su “marido y hermano”, así como que “la fama de hijo por el trato de su padre, fueron notoriamente públicas y continuas durante muchos años” (cdno. 1, fl. 4).

La sobresaliente falencia desde luego deja indemne lo resuelto por virtud de que, según es sabido, entre el elenco de facultades de la Corte no se halla la de completar de oficio el ataque para suplir las insuficiencias de su formulación.

3. Adicionalmente, nótese cómo el cargo primero destaca, con señalado perfil, que el error de hecho surge en la circunstancia de que ninguno de los testigos afirmó la existencia de relaciones sexuales entre la madre del demandante y el fallecido José Waldo Gutiérrez, aspecto este que no es pilar de lo decidido ni el tribunal lo estudia, por una potísima razón, consistente en haber considerado, de entrada, deduciéndolo así del numeral sexto de los hechos de la demanda, que la causal invocada en el caso había sido la posesión notoria del estado de hijo (cdno. 5, fl. 117).

La descalificación de los testigos realizada por la censura tampoco es idónea para demostrar el error, comoquiera que los adjetivos utilizados para ello no surgen de la evidencia del proceso, sino del recurrente, como aquí ocurre. Lo cierto es que cuando ha debido dedicarse a confrontar lo encontrado por el tribunal con la evidencia del proceso para hacer ver, con claridad y precisión, la falencia enrostrada a la sentencia, el recurrente dirigió el esfuerzo a plantear su particular interpretación de la prueba, en actividad propia de los alegatos de instancia pero no del recurso, y, lo que es más grave, como ya se dijo, sin ocuparse de factores de convicción que por sí mismos bastan para sostener lo decidido.

Le pareció bastante a la censura con mencionar las pruebas, no todas, a efecto de analizarlas desde su particular punto de vista, pero habiéndose desentendido, como se desentendió, de su cardinal obligación, cual era la de demostrar los errores de hecho endilgados a la forma como fueron entendidos los elementos de juicio por el fallador, tiene que concluirse, derechamente, en el fracaso del cargo mencionado.

4. Si es claro que el error de derecho se configura al transgredir los preceptos legales que regulan la ritualidad y la eficacia de los medios probatorios, es posible concluir que el ataque por dicho yerro carece de técnica, y además no se demuestra, cual sucede en el cargo segundo, cuando el casacionista se limita a señalar como infringido un determinado precepto y a oponer, en su desarrollo, las propias conclusiones a las del tribunal. El esfuerzo dialéctico aparece entonces encaminado a combatir la estimación de esos medios con una distinta interpretación, y no, como exige la ley, a explicar en qué consiste la infracción, lo cual, obvio, se logra solo al expresar y evidenciar cómo se quebrantaron las reglas probatorias.

Tiene que adicionarse que el cargo aludido incurre en el desacierto técnico de refundir los conceptos de error de hecho y error de derecho, por un lado, mientras que, por otro, se contradice a sí mismo. Cuanto lo primero, es de ver que se increpa al fallador por “no hacer mención ni siquiera superflua” de las copias de un proceso, o por haber dejado de lado la tarea de analizarlas, que son reproches significantes de preterición de la prueba, propios del error de hecho y por tanto extraños en el marco del error de derecho elegido por el casacionista. Respecto de lo segundo, puede destacarse que a la censura por preterición viene aparejada la contraria, pues se afirma que el juzgador “vio la documentación referida y allegada al expediente, pero decidió no darle trascendencia, porque de suyo no puede constituir prueba plena que contraste o enerve lo manifestado por los testigos de cargo”:

De aceptar, por último, en gracia de discusión, que no se tuvo en cuenta la copia del proceso donde en oportunidad pretérita fue negada la declaración de paternidad ahora concedida, esto en nada trascendería porque la pretensión de entonces, decidida en 1970 sin practicar examen de ADN, se fundó en relaciones sexuales de la madre del demandante y su presunto padre (cdno. 1, fls. 58 y 85), causa que, obviamente, es diferente a la de posesión notoria del estado de hijo alegada aquí. Por supuesto que, según lo ha dicho la corporación, en las anotadas circunstancias la frustración de la causal entonces alegada no impide que se intente nuevamente, por causal distinta, como aquí aconteció, la reclamación del Estado; desde luego que en el segundo proceso no emergerá, en principio, cosa juzgada, porque estará fundado en hechos no controvertidos en el primero, razón por la cual faltará la identidad de causa para pedir, así pueda verse establecida tanto la identidad de partes como la de objeto (Sent. 206, mayo 29/90).

5. Ningún cargo prospera.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada en este asunto el 12 de noviembre de 2002 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

Costas del recurso a cargo del impugnante.

Copiése y notifíquese».

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