Sentencia 4653 de julio 16 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez

Ref.: Exp. 4653

Actor: María Carolina Rodríguez Ruiz.

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda instaurada por la ciudadana y abogada María Carolina Rodríguez Ruiz, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, contra el Decreto 951 de 4 de mayo de 1989, expedido por el Gobierno Nacional.

Santafé de Bogotá, D.C., a los dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

El Decreto 951 de 1989 “por el cual se establece el reglamento general para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado”, según reza su encabezamiento, fue expedido por el Presidente de la República, “en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 109 de 1936”.

El texto de la Ley 109 de 1936, “sobre tarifas y reglamentos de empresas de energía eléctrica y de acueducto a domicilio”, reglamentada por el decreto acusado, es como sigue:

“ART. 1º—El gobierno procederá a revisar la situación jurídica en que se hallen las empresas que aprovechen aguas de uso público para el servicio de acueductos o para producir energía, o que ocupen bienes de uso público con redes de acueducto o conductoras de energía, y legalizará su funcionamiento.

La legalización se hará con sujeción a las reglas generales que al efecto determine el gobierno, y a las normas consignadas en los artículos siguientes; éstas últimas serán aplicables también a las nuevas concesiones y permisos que otorgue el gobierno en conformidad con lo dispuesto en la Ley 113 de 1928.

ART. 2º—Las tarifas y reglamentos de las empresas de servicios públicos a que se refiere el artículo anterior serán sometidas a la aprobación del gobierno, y no podrán regir sin ella. Esta aprobación tendrá como finalidad garantizar que en ningún caso tales empresas puedan imponer condiciones y cobrar tasas que excedan los justos límites de la conveniencia colectiva y de la moral comercial.

PAR.—Las tarifas y reglamentos que rijan en la actualidad serán sometidos a la aprobación del gobierno, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes al de la promulgación de la presente ley.

ART. 3º—Cuando se trate de tarifas y reglamentos de empresas de acueducto, el gobierno se abstendrá de aprobarlas mientras no haya llegado al convencimiento de que el agua que suministra la empresa reúne las condiciones del agua potable.

ART. 4º—Por lo menos una vez al año, el gobierno, por medio de la Dirección Nacional de Higiene y de las dependencias de ella, hará que se practiquen exámenes bacteriológicos de las aguas que suministren las empresas de acueducto destinadas al servicio público, y obligará a las empresas cuyas aguas resulten contaminadas a eliminar las causas de la contaminación inmediatamente que sea descubierta.

ART. 5º—Las tarifas aprobadas por el gobierno se fijarán al público en las oficinas de las respectivas empresas, y no podrán ser variadas por ningún motivo sin consentimiento y aprobación expresa del gobierno.

ART. 6º—A las empresas que contravengan las disposiciones de la presente ley se impondrán multas de doscientos (200) a mil (1.000) pesos por cada infracción.

ART. 7º—Esta ley regirá desde su promulgación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del artículo 2º”.

Analizado el contenido de la Ley 109 de 1936, anteriormente transcrito, la Sala encuentra que le asiste razón a la demandante y al representante del Ministerio Público en el sentido de que el Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria a él conferida por el artículo 120, numeral 3, de la Constitución Política de 1886, vigente para la fecha de expedición del acto acusado, dado que la facultad que otorgó el legislador al gobierno lo fue para revisar la situación jurídica de las empresas que aprovechando aguas de uso público prestan el servicio de acueducto o energía o que ocupen bienes de uso público con redes de acueducto o productoras de energía y para aprobar las tarifas y reglamentos de las mencionadas empresas, mas no para reglamentar dichos servicios, cuestión esta última que llevó a cabo el gobierno mediante el Decreto 951 de 1989.

En efecto, el acto acusado, como su encabezamiento lo indica “...establece el reglamento general para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en todo el territorio nacional”, ocupándose en sus respectivos capítulos de los siguientes aspectos: definiciones, disposiciones generales, aspectos técnicos, acceso al servicio, derechos y deberes de la entidad (política tarifaria y facturación), derechos y deberes de los usuarios del servicio, modificación del inmueble y cambio de uso del servicio, servicios comunitarios, vertimientos, suspensiones y cortes, cargas pecuniarias especiales y disposiciones finales.

Adicionalmente, la Sala también encuentra que respecto del servicio de alcantarillado el Gobierno Nacional no fue siquiera autorizado para aprobar los reglamentos y tarifas concernientes a dicho servicio, ya que la Ley 109 de 1936 se refirió exclusivamente a los servicios de acueducto y energía, respecto de lo cual también se configura el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Sin más consideraciones y por encontrar esta corporación que el Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria, violando con ello el artículo 120, numeral 3, de la Constitución Política de 1886 y la Ley 109 de 1936, declarará la nulidad del Decreto 951 de 4 de mayo de 1989.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Sección Primera, oído previamente el concepto del Ministerio Público y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad del Decreto 951 de 4 de mayo de 1989, expedido por el Gobierno Nacional.

2. Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 16 de julio de 1998.

Juan Alberto Polo Figueroa, presidente—Ernesto Rafael Ariza Muñoz—Libardo Rodríguez Rodríguez—Manuel S. Urueta Ayola».

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