Sentencia 46555 de mayo 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 46555

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

SL 420-2013

Acta 16

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Se considera

El cargo puntualmente objeta la conclusión del ad quem, de estar acreditado el requisito de la dependencia económica exigida para tener la condición de beneficiaria y, por ende, acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Se advierte inicialmente, que como lo señaló el tribunal, conforme con la jurisprudencia de la Corte, en tratándose de la pensión de sobrevivientes, la dependencia económica de los padres no tiene que ser total, pues así ellos se provean de algún sustento, que no los convierta en autosuficientes, tienen derecho a la garantía pensional cuando fallece el hijo que les brindaba un verdadero apoyo económico, por quedar en imposibilidad de procurarse una vida digna.

El anterior es el criterio que ha expuesto la Sala al fijar el alcance del texto del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, en las sentencias del 5 de marzo, 29 de septiembre de 2009 y 6 de septiembre de 2012, radicados 33053, 36023 y 39506, respectivamente, en la última precisó:

“Ese criterio se corresponde con la doctrina que ha expuesto la Corte al interpretar el original artículo 47 de la Ley 100 de 1993, tal como lo expuso entre muchas otras, en la sentencia del 7 de febrero de 2006, radicada con el número 25069, en la que al reseñar la evolución de su criterio sobre el tema, explicó lo que a continuación se transcribe:

Según la exégesis de la Sala la configuración de la dependencia a que alude la disposición legal no se desvirtúa por la circunstancia de que la ayuda o apoyo del hijo hacía sus progenitores sea parcial y complementaria a la de otros ingresos precarios, que por si no basten para proveerse de lo necesario para llevar una vida digna; la dependencia económica del beneficiario, según ha sido concebida por la Corte, no riñe con emolumentos, ayudas o provechos para la subsistencia siempre y cuando estos no los convierta en autosuficientes económicamente, situación que hace desaparecer la subordinación que predica la norma legal.

“Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para la Sala es claro que le asiste razón al recurrente por cuanto las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que se denuncian como quebrantadas en modo alguno consagran que la dependencia económica de los padres frente a los hijos, que da lugar a la pensión de sobrevivientes, debe ser absoluta y total (las subrayas y negrillas no son del texto).

Ahora bien, el examen del único medio de prueba que se acusa como calificado, esto es, el interrogatorio que absolvió la demandante y que obra a folio 68 del expediente, no emerge confesión en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, en la que se admita que no dependía económicamente de su hija Diana María Pérez, toda vez que las afirmaciones que resalta el recurrente —que se deslindan de esa prueba— atinentes a que “en razón de su oficio como empleada de servicio doméstico recibía alimentación que le daba el patrono, quien además, le reconocía prestaciones sociales y le pagaba la totalidad del aporte mensual a la entidad de seguridad social a la que estaba afiliada (al ISS)”, no constituyen una razón válida para considerarla como autosuficiente económicamente, ni para desvirtuar el razonamiento del juzgador referente a ser el verdadero apoyo económico de la causante, y de proveer todo lo que resultaba indispensable para su sostenimiento, como que lo percibido por la actora, solo le alcanzaba para el arriendo y así, la hija era quien velaba por todos los gastos de su progenitora, consideración que extrajo de la prueba citada.

De ese modo, aun cuando es cierto que el tribunal no tuvo en cuenta dicha probanza, de haberla valorado, no cambiaría su conclusión, en tanto que la misma no logra desvirtuar la inferencia que halló con otros elementos de convicción, esto es, que la contribución suministrada por la hija de la demandante revestía vital importancia para subvenir a las necesidades esenciales del hogar.

En cuanto a los testimonios que el recurrente denuncia como equivocadamente valorados, debe decirse que su estudio sólo resulta procedente cuando se ha demostrado el error con pruebas calificadas para el efecto, esto es, las indicadas en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969: los documentos auténticos, la inspección judicial y la confesión; como ello no sucedió en el presente asunto, no es viable el examen de ellos.

No se evidencia ningún desacierto fáctico, y por ello, el cargo no prospera.

Sin costas en casación, por cuanto no se presentó réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 19 de febrero de 2010, en el proceso promovido por Rosa Elisa Pérez Zapata contra Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».