Sentencia 46648 de diciembre 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 843 - 2013

Radicación 46648

Acta 40

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El tribunal se enfocó en determinar que la norma aplicable al reconocimiento de la prestación pedida era el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, teniendo en cuenta la fecha de la estructuración del estado de invalidez —18 de abril de 2006—, de manera que no resultaba posible la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Asimismo, con fundamento en la resolución que negó el otorgamiento de la pensión y la historia laboral del actor, dedujo que se habían reunido 662 semanas cotizadas, de las cuales ninguna correspondía a los tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez.

Con ello, efectivamente incurrió en los errores de hecho denunciados por la censura, en la medida en que tuvo en cuenta únicamente las semanas cotizadas por el actor en el régimen contributivo hasta 1994 (fls. 14 a 16), e ignoró, sin ofrecer explicación alguna, las semanas cotizadas en el régimen subsidiado de pensiones, desde el 1º de septiembre de 2001 hasta el 18 de abril de 2006, que obran a folios 19 a 22 y que el juzgador de primer grado había validado en su decisión. Dichos documentos, como consecuencia, fueron indebidamente apreciados.

Ahora bien, el juzgador de primer grado no desconoció que la norma bajo el amparo de la cual debía analizarse la solicitud de pensión era el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, de manera que nunca le dio paso a la aplicación de la condición más beneficiosa, como pareció entenderlo el tribunal. Contrario a ello, evaluó el cumplimiento de los requisitos exigidos en la mencionada disposición, esto es, 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez y una fidelidad al sistema del 20%, y encontró que el actor los satisfacía plenamente. Para tales efectos, a su vez, concluyó que las semanas cotizadas en el régimen subsidiado no podían desconocerse, porque el actor no estaba inválido para las fechas en las que se habían efectuado los aportes.

Así las cosas, el tribunal cometió el doble error de entender que la concesión de la pensión se había fundado en el principio de la condición más beneficiosa y de desconocer, al mismo tiempo, los reportes de semanas cotizadas en el régimen subsidiado, como ya se dijo, sin ofrecer alguna explicación al respecto.

A lo anterior debe agregarse que no existe alguna razón para negar la validez de las semanas cotizadas en el régimen subsidiado, en aras de determinar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de la pensión de invalidez. Aunque el Instituto de Seguros Sociales adujo a lo largo del proceso que dichos tiempos no podían servir para el reconocimiento de una pensión de invalidez, pues solo amparaban los riesgos de vejez y muerte, no existe disposición alguna que establezca esa limitación y que le otorgue la razón a dicha Institución.

Contrario a ello, de conformidad con el literal i del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en la forma en la que fue modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, “[e]l fondo de solidaridad pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados.”En esa misma dirección, el artículo 1º del Decreto 569 de 2004 establece que la “[s]ubcuenta de solidaridad destinada a subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción”.

Las citadas disposiciones contemplan una posibilidad para que ciertos grupos poblacionales especiales ingresen al sistema general de pensiones, y no prevén alguna limitación relacionada con que la cobertura del aporte subsidiado alcance únicamente los riesgos de vejez y muerte, de manera que los de invalidez se encuentren expresamente excluidos, como lo defiende el Instituto de Seguros Sociales.

En ese sentido es claro el artículo 3º del Decreto 1858 de 1995, al señalar que dentro del Fondo de Solidaridad Pensional, “[l]a selección del régimen pensional es libre y voluntaria por parte del trabajador solicitante e implica la aceptación de las condiciones propias del mismo para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes y demás prestaciones económicas a que haya lugar” (resaltado no original). Esta norma se encuentra reproducida de igual forma, en el artículo 15 del Decreto 3771 de 2007.

Cabe decir también que, como lo resalta la censura, el afiliado no estaba inválido para el momento en el que realizó las cotizaciones, pues de acuerdo con las evaluaciones del mismo Instituto de Seguros Sociales, su pérdida de capacidad laboral no superaba el porcentaje necesario para considerarlo como tal (fls. 67 y 68, 72, 76), de manera que no existía alguna “invalidez preexistente”, ni estaba afiliado como “inválido urbano”. Esa condición de invalidez, se repite, llegó a consolidarse tan sólo el 18 de abril de 2006, como lo determinó el dictamen médico laboral pertinente (fls. 54 y 55).

La certificación obrante a folio 56 reafirma los anteriores supuestos, pues dice que el actor estaba afiliado al Fondo de Solidaridad Pensional, en el programa de subsidio al aporte en pensión, como “discapacitado urbano”. Esa condición, como lo reclama la censura, no equivalía a un estado de invalidez y, naturalmente, no le impedía que se vinculara al sistema general de pensiones y adquiriera todos los beneficios que de allí se derivan.

Se debe advertir, por último, que el error en la valoración de las semanas cotizadas en el régimen subsidiado fue definitivo en la decisión de negar el otorgamiento de la pensión, pues correspondían a los años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez.

Así las cosas, se reitera, el tribunal incurrió en los errores de hecho denunciados por la censura. El cargo, como consecuencia, resulta fundado y se casará la sentencia recurrida.

En sede de instancia, se debe recordar que el juzgador de primer grado consideró que la norma aplicable al reconocimiento de la pensión de invalidez era el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y que el actor cumplía plenamente con las condiciones allí establecidas. En ese sentido, el reclamo de la institución apelante, por la indebida aplicación del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, resulta totalmente infundado.

De igual forma, de acuerdo con los listados de semanas cotizadas obrantes a folios 14 a 22, con la aclaración realizada en sede de casación, de que las que pertenecían al régimen subsidiado son totalmente válidas, se alcanza un total de 862 semanas cotizadas, de las cuales 154 correspondían a los tres años anteriores a la estructuración del estado de invalidez —entre el 19 de abril de 2003 y el 18 de abril de 2006—, de manera que se cumplía a cabalidad el requisito de tener “(…) cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración (…)”.

En cuanto al requisito de fidelidad al sistema, aun cuando la posición actual de la mayoría de la Sala jurisprudencialmente no lo exige por ser un requisito que afecta el principio de progresividad, de todas maneras debe señalarse que el Instituto de Seguros Sociales aceptó su cumplimiento efectivo, a través de la Resolución 9969 del 2 de mayo de 2007 (fl. 12), pues se necesitaban 390 semanas y el actor había cotizado 662 en el respectivo período.

En ese orden, se reúnen a cabalidad los requisitos necesarios para ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez, como lo determinó el juez de primera instancia.

En cuanto a los intereses moratorios, su imposición deviene de la mora en el reconocimiento y pago de una prestación que es perteneciente al sistema integral de seguridad social, a la vez que no caben, para este preciso caso, argumentos relacionados con la buena fe de la entidad, debido a la naturaleza resarcitoria y no sancionatoria de ese estipendio (ver al respecto las sents. mar. 1º/2011, rad. 44710, mayo 2/2012, rad. 43289 y jun. 13/2012, rad. 42783, entre muchas otras).

Finalmente, la imposición de las costas simplemente respondió a la regla trazada en el numeral 1º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, en tanto la institución demandada fue la que resultó vencida en el proceso, por lo que no hay lugar a modificación alguna frente a este punto.

Por lo mismo, se confirmará en su totalidad la decisión apelada.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias correrán por cuenta de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 8 de abril de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor Alberto de Jesús Gómez Jiménez contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia, CONFIRMA la sentencia emitida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el 13 de julio de 2009.

Sin costas en el recurso de casación. En las instancias correrán por cuenta de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»