Sentencia 4665 de marzo 19 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS

APROBACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS

EXTRACTOS: «El ciudadano Jaime Leal González, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA, ha presentado demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del inciso 4º del artículo 15 del Decreto Reglamentario 2253 de 22 de diciembre de 1995, “por el cual se adopta el reglamento general para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, por parte de los establecimientos privados de educación formal y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.

(...)

El artículo 15 del Decreto Reglamentario 2253 de 22 de diciembre de 1995, prevé:

“El rector o director del establecimiento educativo privado o el director administrativo del mismo, si lo hubiere, efectuará el análisis previo de servicios y costos educativos, de conformidad con lo ordenado en el artículo anterior y lo someterá a la consideración del consejo directivo del establecimiento, junto con los correspondientes soportes y la propuesta de tarifas para cada uno de los conceptos de que trata el artículo 4º de este reglamento.

La propuesta de tarifas debe ser clara, inequívoca y determinada y será presentada a la consideración del consejo directivo por lo menos en dos sesiones que se celebrarán con un intervalo mínimo de tres (3) días calendario, de tal manera que en la primera de ellas se otorgue ilustración sobre la propuesta y se entreguen documentos de soporte y en la segunda, se llegue a la decisión.

En el mencionado intervalo, el consejo directivo del establecimiento educativo privado informará y explicará a los padres de familia la propuesta presentada.

El estudio de costos y la propuesta de tarifas correspondiente, deberán ser aprobados por el consejo directivo del establecimiento educativo privado, por mayoría y con el voto afirmativo de los representantes de los padres de familia en dicho órgano del gobierno escolar...”. (El aparte subrayado fuera de texto constituye el acto acusado).

El artículo 202, literal d), de la Ley 115 de 1994, que se invoca como transgredido, es del siguiente tenor:

“Costos y tarifas en los establecimientos educativos privados. Para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo, cada establecimiento educativo de carácter privado deberá llevar los registros contables necesarios para establecer los costos y determinar los cobros correspondientes.

Para el cálculo de tarifas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: (...).

d) Las tarifas permitirán utilizar las tecnologías y sistemas de administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y atendiendo los anteriores criterios, reglamentará y autorizará el establecimiento o reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes:

1. Libertad regulada, según el cual los establecimientos que se ajusten a los criterios fijados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, sólo requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la autoridad competente con 60 días calendario de anticipación, acompañadas del estudio de costos correspondiente. Las tarifas así propuestas podrán aplicarse, salvo que sean objetadas...”.

La Sala en sentencia de 12 de junio de 1997 (expediente 4001, Actor: Jorge Parra Benítez, consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez), al resolver la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad, entre otros, contra el artículo 15 del Decreto Reglamentario 2253 de 22 de diciembre de 1995, aquí acusado, expresó:

“...quedó claro que la conformación del gobierno escolar en los establecimientos educativos privados y la existencia del consejo directivo como uno de sus órganos, tiene fundamento en los artículos 139 y 142 de la Ley 115 de 1994.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la inconformidad del actor, en este cargo, hace referencia a que el consejo directivo sea parte en las decisiones que tengan que ver con materias tarifarias y de costos, la Sala considera pertinente remitirse al literal n del artículo 144 de la Ley 115 de 1994, que señala como función de los consejos directivos, la de “aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos”, dentro de lo cual bien puede entenderse el análisis de servicios y costos educativos y la aprobación de las tarifas, a los cuales se refieren los artículos 5º, 9º, 15, 21, 22, 23 y 24 del Decreto 2253 de 1995...”.

Las precisiones que hizo la Sala en la sentencia antes mencionada, que han quedado transcritas y que reitera en esta oportunidad, ponen de presente que el consejo directivo de los establecimientos educativos privados es competente para adoptar decisiones en materia de costos y tarifas en dichos establecimientos.

Sin embargo, asiste razón al actor en cuanto a que la exigencia que se hace en el artículo acusado en el sentido de que la aprobación de los costos y tarifas en tales establecimientos requiere el voto afirmativo de los representantes de los padres de familia es violatoria del artículo 202, literal d), de la Ley 115 de 1994, y, por ende, del artículo 189, numeral 11, de la Carta Política, pues ciertamente del texto de esta disposición no se infiere dicha exigencia, amén de que el artículo 144, literal n), ibídem, atribuyó como facultad a los consejos directivos de los establecimientos educativos la de aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos, facultad ésta dentro de la cual, como ya se dijo, está ínsita la de adopción de las tarifas, y en la que no establece condicionamiento alguno para la aprobación de éstas.

Así pues resulta viable acceder a las súplicas de la demanda, pero sólo en lo que respecta a la expresión “y con el voto afirmativo de los representantes de los padres de familia”, contenida en el artículo 15 acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la expresión “...y con el voto afirmativo de los representantes de los padres de familia...”. contenida en el inciso 4º del artículo 15 del Decreto Reglamentario 2253 de 22 de diciembre de 1995, expedido por el Gobierno Nacional.

Devuélvase al actor la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en los Anales del Consejo de Estado y cúmplase».

(Sentencia de marzo 19 de 1998. Expediente 4665. Consejero Ponente: Dr. Rafael Ariza Muñoz).

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