Sentencia 46668 de enero 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Rad.: 46668

Acta 2

Bogotá D.C., treinta de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Estima la Sala que le asiste razón al recurrente en cuanto afirma que el tribunal no reparó puntualmente en los argumentos del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primer grado, específicamente los relativos a que al demandante no le resultaba aplicable la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1982-1983. En efecto, como lo aduce la censura, el juez de apelaciones no analizó las razones por las cuales, según la demandada, al actor no le era aplicable la referida convención.

Igualmente es cierto que en la sentencia acusada el tribunal dio por sentado que al demandante le era aplicable la cláusula 20 de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre Electrificadora de Bolívar S.A. y el Sindicato de Trabajadores de Empresas de Energía Eléctrica de la Costa Atlántica-Subdirectiva Bolívar, vigente para los años 1982-1983, sin explicar los motivos por los cuales al trabajador lo cobijaba la referida norma convencional y, por lo tanto, sin referirse a las razones por las que según la demandada al actor no le era aplicable.

No obstante, observa la Corte que el tema relativo a la aplicación al demandante de la convención colectiva vigente para los años 1982-1983 no fue materia de controversia, pues como acertadamente lo hace ver la oposición, la demandada confesó que la pensión convencional que le reconoció al promotor del proceso lo había sido con fundamento “en las diferentes Convenciones Colectivas de Trabajo firmadas en diferentes fechas, entre la Electrificadora de Bolívar S.A., y el Sindicato de Trabajadores de dicha empresa, en especial la de los años 1976-1978, 1982-1983, 1998-1999” (Hecho 5º de la demanda).

Así se afirma por cuanto al dar respuesta al hecho 5º de la demanda que dio origen al proceso, donde el actor aseguró que su pensión de jubilación se había reconocido con fundamento en las diferentes convenciones colectivas suscritas por la Electrificadora de Bolívar S.A., en especial las de “los años 1976-1978, 1982-1983, 1998-1999”, la entidad demandada manifestó que era “cierto, aclarando que del origen de tales cláusulas se desprende, además, el origen convencional de tal acreencia periódica”.

De lo anterior se desprende, sin lugar a dudas, que Electrocosta S.A. ESP confesó que la pensión convencional del demandante se reconoció en aplicación, entre otras, de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1982-1983, que es la fuente de los derechos reclamados. Por esta razón, se concluye, no pudo incurrir el tribunal en los cuatro primeros yerros fácticos planteados en el ataque.

Importa anotar que, ante la aludida confesión espontánea, carece de relevancia entrar a determinar la razón por cual al actor le resultaba aplicable la convención colectiva de trabajo 1982-1983, es decir, por encontrarse afiliado al sindicato qua la suscribió o por extensión.

Ahora bien, con relación al quinto error denunciado en el ataque considera la Corte que el hecho de que el juez de segundo grado no hubiera dado por demostrado que, desde el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, la demandada advirtió que esa pensión sería compartida con la de vejez del ISS, lo cual, aduce, se encuentra probado con la comunicación por la cual se reconoció aquella prestación, no incide en la naturaleza compatible de la pensión convencional, pues una manifestación unilateral de la empresa empleadora en tal sentido no puede mutar la naturaleza compatible de la prestación, cuando en la convención se determinó que sería compatible con la de vejez.

Es decir, la pensión extralegal no deja de ser compatible con la de vejez que reconozca el ISS por una manifestación unilateral del empleador.

Como con nitidez lo señala el parágrafo del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para que la pensión convencional pierda su naturaleza de compatible, pactada por las partes, debe ser así dispuesto por estas y, por lo tanto, no resulta suficiente una manifestación unilateral del empleador para que la prestación se transmute en compartible.

Frente a los yerros sexto y séptimo denunciados por la censura, formulados de manera subsidiaria, relacionados con la asunción, por parte de la Nación, del 90% de las condenas judiciales dictadas en procesos laborales a partir de agosto de 1998, y con la aplicación de la cláusula compromisoria pactada en el convenio de sustitución patronal celebrado entre Electrificadora de Bolívar S.A. y la demandada, anota la Corte que la valoración que el a quem hizo de la aludida cláusula compromisoria, la cual lo llevó a declarar su falta de jurisdicción para dirimir la controversia existente entre la demandada y la llamada en garantía, no aparece descabellada.

El convenio al que se refiere la providencia censurada es el celebrado entre Electrocosta y Electrificadora de Bolívar sobre sustitución patronal (fls. 11 a 19 del cdno. ppal.) y dentro del cual, de un lado, en sus cláusulas 3 y 4 se previó en qué casos Electribol o Electrocosta responderían por el 90% o el 10%, respectivamente, de las condenas judiciales dictadas en procesos de carácter laboral originados en demandas, que, a partir de la fecha efectiva, presentara un trabajador o un pensionado contra Electrocosta por hechos u omisiones ocurridos con anterioridad a la fecha efectiva (de sustitución patronal) y, de otro lado, en el que en su cláusula 22, como lo dice el fallo, se previó una cláusula compromisoria del siguiente tenor:

“Las partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas, en relación con este Convenio, incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su firma, formalización, interpretación o cumplimiento, que no pueda ser resuelta amigablemente entre ellas dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud cursada por escrito por una parte a la otra, se someterá a un tribunal de arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá... El Tribunal fallará en derecho... El laudo arbitral tendrá efectos de cosa juzgada”.

De la lectura de la cláusula pretranscrita, concluye la Corte que es acertada la inferencia del juez colegiado en cuanto consideró que la misma era una barrera impeditiva para entrar a resolver la controversia generada entre la demandada y la llamada en garantía, relativa al pago de la condena judicial impuesta en el proceso.

Por lo tanto, no es un error evidente de hecho del tribunal haber inferido que el debate, conforme a la voluntad de las partes que suscribieron el convenio, no podía ser resuelto por esa Sala.

Por lo dicho, el cargo no sale avante.

Segundo cargo

Acusa la sentencia recurrida de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 5º del Acuerdo 29 de 1985; 18 del Acuerdo 49 de 1990; (arts. 1º del D. 2879/85 y del D. 758/90), 11 y 60 del Acuerdo 224 de 1966 (art. 1º del D. 3041/66); 259, 260, 467, 470 y 472 del Código Sustantivo del Trabajo; 27 del Decreto 3135 de 1968; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; y 48 de la Constitución Política.

Afirma que la anterior violación se dio como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“1. Suponer sin fundamento alguno, que con la convención colectiva de trabajo 1982-1983 las partes de la misma dieron cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 5º y 18 de los acuerdos 29 de 1985 y 49 de 1990 del ISS.

“2. Acoger, en contra de la evidencia, la conclusión que con la cláusula 20 de la convención colectiva firmada en 1982 las partes pactaron una compatibilidad de las pensiones.

“3. No tener por establecido que una convención colectiva suscrita en enero de 1982 no podía atender lo ordenado por una norma expedida en octubre de 1985.

“4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la convención colectiva de trabajo invocada por la parte demandante como apoyo de sus pretensiones, dispuso expresamente la compatibilidad de las pensiones de jubilación a cargo del empleador y de vejez por cuenta del ISS.

“5. No dar por demostrado, estándolo, que en vigencia de los acuerdos 29 de 1985 y 49 de 1990, la demandada y el sindicato no han dispuesto expresamente que las pensiones convencionales no serán compartidas con el ISS.

“6. No dar por demostrado, estándolo, que es el trabajador quien no debe “tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS”, de acuerdo con la convención colectiva de trabajo.

“7. No dar por demostrado, estándolo, que desde el mismo acto de reconocimiento de la pensión de jubilación extralegal, se dejó expresamente señalado que dicha pensión sería compartida con la de vejez que reconociera el ISS”.

Dice que los anteriores yerros se cometieron por la errónea apreciación de los siguientes documentos:

“1. Convención Colectiva de Trabajo 1982-1983 (fls. 45 a 60).

“2. Comunicación de la demandada BO-98 0814 (fls. 7-8 y 207-208)”.

En la demostración del cargo sostiene la censura que aunque el tema propuesto en el cargo ha sido materia de estudios anteriores por la Sala, sigue considerando que su posición no solo es atendible, sino contundente; que no resulta razonable que de una expresión ambivalente surja una posición judicial que desquicie la estabilidad económica de la fuente de empleo y, por esa vía, desconozca el mandato constitucional plasmado en el principio de la sostenibilidad financiera previsto en el artículo 48 de la Constitución Política y la empresa como fuente de empleo; que la invocación del Acto Legislativo 1 de 2005 no es una discusión de derechos adquiridos como se ha entendido en los estrados judiciales, sino de respeto por una filosofía que impone privilegiar el interés colectivo sobre el particular; que defender la fuente de empleo es prioritario en la filosofía del artículo 48 superior, sobre la concesión de dos pensiones para una sola persona.

Agrega que los acuerdos 29 de 1985 y 49 de 1990, cuando acogieron la figura de la compartibilidad, previeron la posibilidad de conservar la compatibilidad entre ellas y la de vejez, mediante pacto expreso de no compartibilidad; que antes del 17 de octubre de 1985 no era necesario pactar la compatibilidad personal, simplemente porque se encontraba consagrada en la ley; que sin embargo, desde octubre de 1985 sí fue necesario acordar esta figura, dado que la ley invirtió la regla; que “No es posible cumplir lo que todavía no está ordenado y por eso suponer que con la convención colectiva de 1982-1983 se atendió una previsión impuesta normativamente en 1985, riñe con la lógica o, lo que es igual, constituye una lectura abiertamente errada de un texto convencional y ello configura un error evidente de hecho” y que “Lo anterior conduce a la demostración de los tres primeros dislates denunciados, que se exponen siguiendo la forma que utilizó el tribunal para pronunciarse sobre este importantísimo tema. En todo caso, para mayor claridad en cuanto a la posición de mi mandante, se procede a la explicación de los restantes yerros denunciados”.

En cuanto al cuarto error de hecho, dice que es evidente, dado que el mandato expreso del Acuerdo 49 de 1990 dispone que cuando las partes no deseen acogerse a la regla general de la compartibilidad deben disponerlo de manera expresa; que en la cláusula 20 de la convención colectiva aplicable al ámbito laboral de la demandada no hay un pacto expreso de compatibilidad o de no compartibilidad de las pensiones, toda vez que hay una expresión ambigua en la que se establece que aquélla reconocerá la pensión en el 100% del salario promedio del trabajador, sin tener en cuenta la pensión de vejez que otorga el ISS., expresión que, dice, se ha inferido, con un criterio de amplia laxitud del principio de favorabilidad, la compatibilidad, pero, en la realidad, afirma, no hay un pacto expreso en este sentido.

Manifiesta que, a pesar de los pronunciamientos de esta Sala en el sentido de afirmar que la interpretación de la compatibilidad no es abiertamente errada, lo cierto es que sí lo es dada la ambigüedad de la expresión de la cláusula 20 y por cuanto “Lo que es expreso tiene por fuerza que ser claro y si no cumple con tal exigencia debe concluirse que no es expreso, lo cual significa para lo que ahora se viene estudiando, que en la convención colectiva vigente en los años 1982 y 1983 no se cumple con el mandato del parágrafo del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990 del ISS., inicialmente contemplado en el Acuerdo 29 de 1985 del mismo Instituto”; que, entonces, en la norma convencional no aparece de manera expresa la palabra compatibilidad, por lo que debe entenderse la regla general de la compartibilidad; que el único objetivo de la cláusula 20 fue mejorar la condición de la pensión, para que, en lugar de conceder el 75% del promedio salarial del último año, fuera el 100%, lo cual explica más claramente, que se estableciera un equilibrio a ese mayor costo que debía asumir la empresa, “equilibrio ubicado precisamente en que la pensión iba a ser compartida porque el Seguro Social debía abonar al monto de ella, la cuantía de la pensión de vejez”.

Dice que a lo anterior hay que agregar que la demandada, sin reparo del actor, señaló en el momento del reconocimiento de la pensión que a partir de la fecha en que el ISS hiciera lo propio con la pensión de vejez, solo cancelaría “la diferencia existente entre ésta y el valor de la pensión que le pague Electrocosta”, lo que constituye un elemento que clarifica cualquier controversia para el caso en que se considerara que podía existir duda.

La réplica

Se opone a la prosperidad del cargo. Alega que el ad quem no incurrió en ninguno de los siete errores de hecho denunciados en el mismo.

Dice que la discusión más que ser fáctica, es de orden jurídico dado que lo que esencialmente propone la censura es que una norma convencional, pactada antes de la vigencia del Acuerdo 29 de 1985, no le puede otorgar el carácter de compatible a la pensión convencional con la de vejez que reconozca el ISS, discusión que al estar dirigida por la vía de los hechos debe ser rechaza de plano; que además de lo anterior, la censura propone otra discusión jurídica y no fáctica, cual es que el Acto Legislativo 1 de 2005 eliminó la compatibilidad de las pensiones convencionales reconocidas antes de la vigencia del Acuerdo 29 de 1985.

Sostiene que “para desechar la propuesta que hace el recurrente y soslayando de una manera generosa la deficiencia de orden técnico anteriormente referenciada, oportuno es recordar la Sentencia 29.907 del 3 de abril de 2008”; que el tribunal fue cuidadoso en señalar que las cláusulas 20 de la convención colectiva 1982-1983 y 5ª de la vigente para 1976-1978 señalaron que tales pensiones se reconocen con independencia de la vejez que otorgue el ISS, es decir, que las dos pensiones son compatibles.

Luego de transcribir las referidas normas convencionales, señala, con apoyo en la sentencia dictada por esta Sala de Casación el 13 de abril de 2010, rad. 40254, que “el error de hecho para que sea evidente y capaz de llevar al quebranto de la sentencia atacada, debe aparecer de manera ostensible entre la (sic) concluido por el tribunal y lo que dice determinada prueba, pues si ello es sólo un parecer o creer de la parte que recurre en casación, fácil es advertir que el cargo en lo absoluto puede prosperar”.

Añade, en cuanto al séptimo error de hecho denunciado en el cargo, que “la inserción de un párrafo en la comunicación BO-980814 de reconocimiento pensional a que alude el distinguido casacionista, fue una acotación unilateral de la demandada, que no tiene alcance para vulnerar los elementos estructurales que definen ambas pensiones como compatibles, teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente”.

Consideraciones de la Corte

No obstante el planteamiento de argumentos jurídicos tales como el desconocimiento de la nueva filosofía del artículo 48 de la Constitución Política a partir del Acto Legislativo 1 de 2005 y la imposibilidad de que la norma convencional de 1982 previera la figura de la compartibilidad que solo vino a ser consagrada hasta 1985, los cuales son impropios a la vía indirecta seleccionada, entiende la Sala que la censura endilga error de hecho en cuanto a la errónea apreciación que hizo el tribunal de la cláusula 20 de la Convención Colectiva de Trabajo, vigente para el periodo 1982-1983, en la cual, dice, no se consagró de manera expresa la compatibilidad entre la pensión de jubilación convencional y la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales y, por el contrario, se consagró una expresión ambivalente de la cual no era dable entender dicha figura, sino que se trataba de una simple mejora en la cuantía de la pensión.

Frente a ello, debe reiterar la Corte que el fin último de la casación no es fijarle el sentido a las disposiciones convencionales como normas jurídicas, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales, dado que éstas no tienen las características propias de las leyes de alcance nacional, sobre las cuales esta Sala define su interpretación y sienta criterios jurisprudenciales, siendo las partes las llamadas a determinar el verdadero sentido de aquéllas.

Por ello, como ya se ha señalado en otras oportunidades, las convenciones colectivas solamente pueden ser analizadas por esta Sala, en su carácter de prueba, cuando el yerro de valoración cometido por el ad quem sobre la misma ha sido manifiesto, evidente y trascendente en la decisión recurrida, caso en el cual, esta corporación entraría a corregir el error en la apreciación probatoria de la convención, para fijar su sentido y alcance para el caso particular y concreto.

La Corte, al analizar la cláusula 20 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el periodo 1982-1983 (fls. 51 a 66, cdno. ppal.), prueba denunciada por la censura como erróneamente apreciada por el ad quem, observa que éste no pudo incurrir en yerro alguno sobre la misma, pues de dicha cláusula emerge la conclusión a la que arribó el tribunal, relativa a que el derecho a la pensión de jubilación quedaría a cargo de la empleadora, independientemente de la asunción de la de vejez que hiciera el Instituto de Seguros Sociales. En efecto, la cláusula 20 del texto convencional citado establece:

“ART. 20.—Jubilación.

“Para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de acuerdo con el artículo 5º de la Convención Colectiva 1976-1978, la empresa reconocerá el ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS”.

Así las cosas, para la Corte resulta acertada la inferencia del tribunal, de ser compatibles las pensiones de jubilación convencional con la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, lo que descarta de plano la configuración de un error de hecho con el carácter de evidente, protuberante y manifiesto, que conduzca al quebranto de la decisión, máxime cuando sobre la misma norma convencional existente en la entidad ahora demandada, esta Corte analizó su interpretación, tal como lo hizo, entre otras, en la sentencia de 22 de agosto de 2007, rad. 29543, reiterada mediante sentencia del 6 de septiembre de 2011, rad. 46804, así como en sentencia del 25 de noviembre de 2008, rad. 33197, donde puntualizó:

“(...) conforme con la interpretación que se deriva de la cláusula convencional que sirvió de apoyo al tribunal para inferir la compatibilidad pensional, esta Sala de la Corte ya ha fijado su criterio. A ese respecto, en sentencia del 1º de abril y 5 de noviembre del presente año, radicaciones 31197 y 33213, respectivamente, al reiterar la del 12 de noviembre de 2004, radicación 22710, dijo:

<Esta Corte, como lo afirma el tribunal, y respecto a la interpretación que emerge del texto de ambas disposiciones convencionales, ha expresado en sentencia rad. 22710 de fecha 12 de noviembre de 2004:

““Pero además, la compatibilidad entre las dos pensiones expuestas, también resulta como lo dijo el tribunal, del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo de 1982-1983, en la que expresamente se dijo que la pensión de jubilación reconocida con base en el artículo 5º de la convención colectiva de 1976-1978, equivalía al “ciento por ciento del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio, sin tener en cuenta la pensión de vejez que reconoce el ISS”.

““Como se observa, queda sin piso el ataque de la censura en torno a que el soporte convencional no reguló de manera expresa acuerdo sobre la independencia pensional, porque es la misma cláusula quinta de la convención, la que establece la autonomía entre la pensión reconocida por el empleador y la de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, pues así textualmente lo dice la convención cuando sostiene que la pensión convencional corresponde al cien por ciento del salario promedio devengado por el trabajador durante el último año; con independencia de la pensión de vejez reconocida por el Instituto””(rad. 22710, nov. 12/2004).

“Los conceptos anteriores continúan sin alteración aún en el contexto del acto legislativo 1, de 2005, conforme al cual los derechos adquiridos permanecen inmutables.

“De acuerdo a lo visto, no se casará la sentencia del ad quem que no incurre en yerro alguno al declarar compatible ambas pensiones referidas>”.

Frente a los errores sexto y séptimo denunciados en el cargo, caben las mismas consideraciones que se expusieron al resolver el primer cargo, en cuanto allí se dijo que una manifestación unilateral de la empresa empleadora en el sentido de que la pensión extralegal sería compartida, no puede mutar la naturaleza compatible de la prestación, pactada por las partes, en los términos del parágrafo del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues, como ya se vio, para que la pensión convencional pierda su naturaleza de compatible, debe existir un acuerdo expreso entre las partes sobre que la pensión será compartible, lo que no ocurre en el presente caso.

En conclusión, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en derecho $6’000.000.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 25 de noviembre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral queErnesto de Jesús Visbal del Realpromovió contra Electrificadora del Caribe S.A. ESP (antes Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP).

Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en derecho $6’000.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».