Sentencia 4680 de mayo 21 de 1992

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

Santafé de Bogotá, D.C., mayo veintiuno (21) de mil novecientos noventa y dos (1992).

Magistrado Ponente:

Dr. Ramón Zúñiga Valverde

Rad. Nº 4680.

Acta Nº 11.

Beatriz Escobedo de Cardona promovió demanda contra la sociedad AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. —AVIANCA—, para que mediante los trámites de un juicio ordinario laboral de mayor cuantía, el juez competente se pronunciara sobre las siguientes declaraciones y condenas: 

“PRIMERA. Que entre el señor Guillermo Gómez Escobedo, fallecido, quien en vida fuer el hijo legítimo de la señora Beatriz Escobedo de Cardona y la Sociedad demandada, existió un contrato de trabajo, desde el día 11 de mayo de 1980 hasta el día 27 de noviembre de 1983.

“SEGUNDA. Que el contrato de trabajo mencionado en la petición primera de esta demanda, terminó en la fecha allí indicada, por la muerte del trabajador señor Guillermo Gómez Escobedo, de acuerdo a los hechos fundamento de esta demanda.

“TERCERA. Que la muerte del trabajador Guillermo Gómez Escobedo, ocurrió con causa o con ocasión del accidente de trabajo, acaecido el día 27 de noviembre de 1983, estando él a bordo del avión BOEING B747-2838, matrícula HK-2910, operado y explotado comercialmente por la Empresa demandada, el que colisionó en el sitio denominado MEJORADA DEL CAMPO, en las proximidades del aeropuerto internacional de Barajas, en Madrid-España.

“CUARTA. Como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo por accidente de trabajo imputable a título de CULPA DEL PATRONO, según los hechos que se presentan en esta demanda para su prueba, la Sociedad demandada debe de ser condenada a satisfacer en favor de mi poderdante, conforme establece el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo 'la indemnización total y ordinaria por perjuicios' y el valor de cualquier otro derecho que resulte probado en el proceso, así:

“A. LOS PERJUICIOS MORALES, en la cuantía equivalente a 1.000 gramos de oro fino para mi poderdante, según el valor que al momento de la condena tenga dicha cantidad de oro, de acuerdo a la certificación emitida por el Banco de la República al respecto.

“B. LOS PERJUICIOS MATERIALES o patrimoniales, en su totalidad, incluyendo el lucro cesante y el daño emergente, ocasionados por la muerte del trabajador el señor Guillermo Gómez Escobedo, de conformidad con lo que se acredite en el proceso. En el lucro cesante se incluirán los intereses compensatorios de lo que sumen, desde la fecha de su causación hasta la fijación de la indemnización. El pago de los perjuicios materiales se hará en pesos corrientes, teniendo en consideración la variación porcentual del ÍNDICE nacional del precio al consumidor entre la fecha de causación del daño-perjuicios, y la sentencia condenatoria.

“C. LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA, que deberá pagar la demandada a mi poderdante de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a lo establecido en la cláusula TERCERA del contrato de trabajo, y a lo que al respecto determine la convención de trabajo vigente al momento de ocurrencia del accidente de trabajo, teniendo en cuenta el último salario y la fecha en que se satisfagan definitivamente los derechos a mi mandante.

“D. Que se hagan condenas ultra y extra-petita.

“E. Que se aplique el principio de la indexación.

“F. Que se condene en costas a la demandada.

“QUINTA. SUBSIDIARIAMENTE, para el caso de no condenarse a la demandada conforme a lo solicitado en la petición CUARTA, literales A y B de este libelo, pido que se le condene en abstracto, para lo cual se le ordenará pagar en favor de mi representada, para lo cual se le ordenará pagar en favor de mi representada(sic), la totalidad del valor de los perjuicios de todo orden, a ella causados por la muerte del ex trabajador ocurrida en el accidente de trabajo, especificado en los hechos de esta demanda, e imputable a título de culpa patronal, conforme lo establece el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para que posteriormente mediante INCIDENTE DE REGULACIÓN DE PERJUICIOS, morales y materiales, se establezca el monto definitivo de los mismos, conforme al procedimiento indicado en los artículos 307 y 30 del Código de Procedimiento Civil”.

Las anteriores pretensiones las fundó la parte actora en los siguientes hechos:

“PRIMERO. El trabajador fallecido Guillermo Gómez Escobedo el día 11 de mayo de 1980, por escrito, celebró un contrato individual de trabajo con la sociedad comercial AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. “AVIANCA” para ser ejecutado desde el día.

“SEGUNDO. De acuerdo al contrato de trabajo existente entre el servidor fallecido y la demandada, terminó por la muerte del primero, ocurrida a consecuencia del accidente de trabajo acaecido el día 27 de noviembre de 1983, estando el trabajador abordo de la aeronave KH-2910 operada y explotada comercialmente por el patrono aquí demandado.

“CUARTO(sic). El accidente de trabajo consistió en la coalisión(sic) de la aeronave tipo BOEING B747=283B, matrícula HK-2910, operada y explotada comercialmente por la demandada, ocurrida en el sitio denominada MEJORADA DEL CAMPO, inmediaciones de Madrid (España), el día 27 de noviembre de 1983, a eso de la “0” horas, “6” minutos y “24” segundos.

“QUINTO. El trabajador fallecido, en el momento de la ocurrencia del accidente de trabajo que le causó la muerte, se encontraba laborando a bordo del avión HK-2910 operado y explotado comercialmente por la demandada.

“SEXTO. La ocurrencia del accidente de trabajo se debió a la culpa del patrono de acuerdo a:

“A. El comandante y la tripulación encargada de operar la aeronave accidentada, por negligencia no cumplieron con los requisitos técnicos señalados en manuales e instrumentos de navegación aérea, como los indicados para realizar la aproximación y aterrizaje del avión accidentado al lugar de su destino.

“B. La aeronave se encontraba en condiciones técnicas apropiadas para operar.

“C. El siniestro aéreo que generó el accidente de trabajo en el cual murió el trabajador Guillermo Gómez Escobedo y la mayoría de los ocupantes del avión HK-2910, se hubiera podido evitar, si la tripulación encargada de conducir la aeronave, hubiera observado la diligencia y cuidado que exigen este tipo de actividades, durante la realización del vuelo AV-011 del día 27 de noviembre de 1983.

“SÉPTIMO. El comandante de la aeronave accidentada era el capitán Tulio Hernández Mora, de nacionalidad colombiana y había nacido el día 2 de marzo de 1925.

“OCTAVO. El copiloto era el Sr. Eduardo Ramírez Roa, fallecido, de nacionalidad colombiana, quien había nacido el día 27 de junio de 1947.

“NOVENO. El trabajador fallecido tenía nacionalidad colombiana, estaba domiciliado en la ciudad de Bogotá, y había nacido el día 6 de agosto de 1953.

“DÉCIMO. El trabajador fallecido era soltero.

“DÉCIMO PRIMERO. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE TURISMO Y COMUNICACIONES de la República Española 'DIRECCIÓN AVIACIÓN CIVIL', por medio de la Comisión de Investigaciones de Accidente, rindió el informe técnico 1/85, el que versa sobre el accidente aéreo HK-2910, ocurrido el día 27 de noviembre de 1987 en suelo español.

“DÉCIMO SEGUNDO. Mi poderdante por intermedio del suscrito, el día 24 de noviembre de 1986, presentó por escrito reclamación directa a la empresa demandada, tendiente a obtener los derechos que mediante esta demanda se reclaman”.

El juicio correspondió al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá que en sentencia del 9 de abril de 1991 resolvió:

“PRIMERO: ABSOLVER A LA DEMANDADA AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. “AVIANCA”, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la señora Beatriz Escobedo de Cardona identificada con C.C. Nº 29.053.110 de Cali.

“SEGUNDO. COSTAS: Correrán a cargo de la demandante. Tásense”.

Contra la sentencia de primera instancia interpuso el recurso de apelación la parte demandante y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en sentencia del 30 de mayo de 1991 CONFIRMÓ el fallo apelado y condenó en costas a la actora.

Recurrió en casación la parte demandante. Concedido el recurso por el tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el estudio de la demanda extraordinaria y la réplica del opositor.

El alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos:

“Con este recurso, pretendo que la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, CASA TOTALMENTE la sentencia proferida por el H. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 30 de mayo de 1991, dentro del proceso ordinario laboral Beatriz Escobedo de Cardona, en cuanto confirmó, la del 9 de abril de 1991 del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá que absolvió a la demandada de las súplicas y condenó en costas a mi apersonada.

“Pretendo, igualmente, que la honorable Corte Suprema, al casar la sentencia recurrida, procediendo como TRIBUNAL DE INSTANCIA, revoque la de primera instancia, y en su lugar, haga las siguientes declaraciones y condenas:

“'PRIMERA. Que el Sr. Guillermo Gómez Escobedo (fallecido), y la sociedad demandada AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. “AVIANCA”, existió un contrato de trabajo, desde el día 11de mayo de 1972, hasta el día 27 de noviembre de 1983.

“SEGUNDA. Que el contrato de trabajo mencionado en la petición anterior, terminó en la fecha allí indicada, por la muerte del trabajador, el Sr. Guillermo Gómez Escobedo, de acuerdo con los hechos que en la demanda se manifiestan.

“TERCERA. Que la muerte del trabajador Guillermo Gómez Escobedo se debió a la ocurrencia del accidente de trabajo, imputable a culpa del patrono, acaecida el día 27 de noviembre de 1983, estando el mencionado laborando a bordo del avión Boeing B-747-283B, matrícula HK-2910, operado y explotado comercialmente por la empresa demandada, el que colisionó en el sitio denominado 'Mejorada del Campo', lugar próximo al Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid, España.

“CUARTA. Que como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo por muerte del trabajador, en accidente de trabajo imputable a culpa del patrono, la sociedad demandada debe ser condenada a satisfacer en favor de la parte que represento, la indemnización total y ordinaria por perjuicios, y el valor de cualquier otro derecho que resulte probado en el proceso, así:

“A. LOS PERJUICIOS MORALES en la cuantía equivalente a DOS MIL GRAMOS DE ORO para mi poderdante, según el valor que al momento de la condena tenga dicha cantidad, de acuerdo con la certificación del Banco de la República al respecto; según lo preceptuado en el artículo 107 del C.P., o en su defecto, por lo establecido en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.

“B. LOS PERJUICIOS MATERIALES o patrimoniales en su totalidad, incluyendo el daño emergente y lucro cesante ocasionado por la muerte de la trabajadora(sic), de conformidad al que resulte probado en el proceso, en el lucro cesante se incluirán los intereses compensatorios de lo que sumen desde la fecha de su causación, hasta la fecha de fijación de la indemnización, el pago de los daños materiales se hará en pesos corrientes, teniendo en consideración la variación porcentual del ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR entre la fecha del daño y de la condena.

“C. LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA que deberá pagar la demandada a la parte demandante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo a su vez concordante con la cláusula tercera del contrato de trabajo, y con lo estatuido en la convención colectiva de trabajo vigente al momento del accidente; teniendo en cuenta el último salario devengado por el trabajador y la fecha en que se satisfagan definitivamente los derechos de mi mandante.

“D. Que se hagan condenas ultra y extra petita.

“F. que se condene en costas a la demandada.

“Peticiones subsidiarias

“PRIMERA SUBSIDIARIA, subsidiariamente para el caso de no condenarse a la demandada conforme a lo solicitado en la PETICIÓN CUARTA LITERALES 'A' y 'B', solicito que se emita condena de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Convención de Varsovia, ratificado por Colombia por la Ley 95 de 1965; o a lo que establezca cualquier otro convenio ratificado por este país, y que tenga que ver con el monto indemnizatorio aplicable en los siniestros aéreos a sus víctimas o causahabientes.

“SEGUNDA SUBSIDIARIA. Subsidiariamente para el caso de no condenarse conforme a lo solicitado en la PETICIÓN CUARTA LITERALES 'A' y 'B' o a lo solicitado en la PRIMERA SUBSIDIARIA, solicito se emita condena en ABSTRACTO, para que posteriormente mediante incidente de regulación de perjuicios se establezca el monto indemnizatorio definitivo en favor de mi poderdante, conforme lo establecen los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil”.

El recurrente formula un cargo que enunciativa y sustenta así:

“CARGO ÚNICO. Causal del artículo 87 Código Procesal Laboral (D. 528/64, art. 6º). La sentencia es violatoria, vía indirecta, por indebida aplicación, de los artículos 1º, 5º, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 55, 56, 57/2 y 9, 62/l (7º del D. 2351/65), 65, 104, 105, 107, 108/10, 11 y 15; 348 1º D. 13/67), 349, 350/2 del Código Sustantivo del Trabajo; 10 del Decreto 13 de 1957; 80/a, 84/d, 112 y 122 de la Ley 9ª de 1979; 127, 132, 133, 144, 145, 146, 158, 165, 169, 170, 172, 173, 174, 177 (1º L. 51/83), 192 (8º D. 617/54), 193, 199, 145, 146, 158, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 177 (1º L. 51/83), 192 (8º D. 617/54), 193, 199, 216, 218, 247, 249, 253 (17 D. 2351/65) del Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos 63, 1492, 1546, 1609, 1612, 1614, 1615 y 1616 del Código Civil y del artículo 106 del Decreto 100 de 1980 (8º y 48 de la L. 153/887), y en razón de violación medio de los artículos 51, 60, 61, 145 del Código Procesal del Trabajo (D. 2158/48, adoptado por el D. 4133/48) en referencia a los artículos 194, l 95, 198, 200 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de error de hecho, manifiesto y evidente en autos por apreciación errónea de la confesión judicial que actúa a folios 136y 137 del expediente, consistente:

“Demostración

A.

“Los errores de hecho, manifiestos y evidentes son:

“1. En no dar por demostrado, estándolo, la culpa de la sociedad demandada, Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca”, en la ocurrencia del accidente del avión HK-2910 el 27 de noviembre de 1983 en Mejorada del Campo, Madrid, España;

“2. En no dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca” expresamente confesó por causa del accidente la concluida por la Comisión de Investigación de Accidentes Española que aparece en la página 81 de ese texto y a folio 95 del expediente'.

B.

“La prueba de confesión judicial apreciadas erróneamente por el tribunal:

“Los yerros fáticos anotados provinieron de la apreciación errónea del sentenciador de segundo grado de la prueba de confesión judicial visible a folios l 36 y 137 del expediente, provocada en diligencia de interrogatorio de parte absuelto por la REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA, Dra. Elisa Esther Murgas de Moreno, el 11 de noviembre de 1988, cuyas preguntas y respuestas segunda y tercera, textualmente dicen:

“'2ª MANIFIÉSTELE AL DESPACHO en qué fecha y por qué causa se terminó la relación laboral entre la empresa y el trabajador Gómez Escobedo.

“Admítese la pregunta. El interrogado CONTESTÓ: El contrato de trabajo terminó el día 27 de noviembre de 1983 como consecuencia del accidente del avión de Avianca HK-291O ocurrido en Mejorada del Campo.

“3ª Explíquele al despacho sobre cuáles fueron las causas de ocurrencia del mencionado accidente.

“Admítese la pregunta, el interrogado CONTESTÓ: 'Las causas que originaron el accidente de trabajo fueron establecidas en el informe que presentó la Comisión de Investigación de Accidentes Española que aparece en la página 8l de ese texto y a folio 95 del expediente' - Leída

“La página 81 de este texto folio 95 del expediente, textualmente, indica:

“'Causa

“LA CAUSA DEL ACCIDENTE FUE QUE EL COMANDANTE, sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigió a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada; descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad del área, hasta colisionar con el terreno'.

C.

“Demostración del error evidente de hecho:

“El Tribunal Superior de Bogotá, en la sentencia 30 de mayo de 1991, después de encontrar:

“l. 'que el señor Guillermo Gómez Escobedo sí prestó servicios a la demandada mediante contrato de trabajo, pues así lo admite la demandada a través de su apoderado al contestar la demanda, y que dicha relación laboral terminó el día 27 de noviembre de 1983 por muerte del trabajador hecho este último que además está acreditado en autos con la copia auténtica del registro civil del fallecimiento que obra a folio 11 del expediente'.

“2. de deducir 'como fecha inicial de la prestación de servicios, el 8 de abril de 1979 según la documental de folio 151' (fol. 476).

“3. y de estalecer(sic) 'que efectivamente el trabajador Guillermo Gómez Escobedo falleció a causa del accidente acaecido el 27 de noviembre de 1983 estando abordo de la aeronave HK-2910 desempeñando su trabajo, aeronave, operada y explotada comercialmente por la demandada' (fol. 477).

“4. previo análisis del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo consagratorio de la responsabilidad plena, total y ordinaria del patrono por su culpa, cuya carga probatoria es del demandante, concluyó la 'falta de demostración fehaciente por parte de la actora, de la culpa de la demandada en el asunto' (fol. 478 y 479) para lo cual, puntualizó:

“'En efecto, a folios 14 a 104 del expediente obra el informe técnico 1/85 de la Comisión de Investigación de Accidentes, del Ministerio de Transporte, Turismos y Comunicaciones, Dirección General de Aviación Civil, de Madrid, España, aportado por la propia demandante con su demanda, por dicho informe está contenido en unas fotocopias simples, como así lo anuncia el libelista, carente de toda autenticación que permita al juzgador tomarlo como elemento serio instructorio, y por consiguiente carece de eficacia probatoria alguna, así como de firma responsable (359 CPC). Y lo mismo que se predica de las fotocopias simples de folios 182 a 278 del expediente aportadas por la demandada. En consecuencia como aquélla es la única documental relacionada con el accidente aéreo en comento, que ha obrado en autos, al resultar inapreciable por carecer de la más mínima autenticación, entonces en el sub lite se presenta una protuberante deficiencia probatoria sobre la culpa del patrono, pues de otra parte la prueba testimonial nada puede aportar al respecto, como que las declaraciones no versan sobre este tópico, y tampoco el interrogatorio de parte de la representante legal de la demandada (fls. 137-137), invocado por el recurrente en la sustentación de la apelación para inferir de él la culpa del patrono (fl. 284) proporciona en momento alguno aquella prueba de la culpa, pues allí la absolvente se limitó a remitirse al informe de la Comisión de Investigación de Accidentes cuyas fotocopias en autos resultaron inapreciables, para referirse a las causas del accidente de trabajo (3ª respuesta), pero de esta diligencia de interrogatorio no se establece la 'culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo' como presupuesto jurídico procesal de la pretensión de la demandante' (fls. 478 y 479).

“5. La sentencia del ad quem se apoyó exclusivamente en la ausencia de prueba de la culpa de Aerovías Nacionales de Colombia S.A. “Avianca” al apreciar de manera errónea el contenido de la confesión judicial, por cuanto el representante legal se limitó 'a remitirse al informe de la Comisión de Investigación de Accidentes cuyas fotocopias en autos resultaron inapreciables, para referirse a las causas del accidente de trabajo', estimación errónea:

“a) es cierto que la prueba documental referida o reenviada por la confesión de parte, en cuanto documental, carece de eficacia probatoria al haber allegado en fotocopias simples;

“b) más de una cosa es el documento y otra bien diferente la confesión. Se trata de pruebas diversas cuya calificación igualmente es distinta.

“e) la confesión judicial se prueba idónea y suficiente por sí misma para la demostración del accidente de trabajo y de la culpa, falta de diligencia o cuidado, error de conducta en que no se hubiera incurrido estando en el mismo marco de circunstancias del autor;

“d) características de la confesión es su indivisibilidad, aspecto que no estimó el sentenciador que le condujo a apreciar erróneamente la indicación y aceptación de la causa del accidente de trabajo por el representante legal de la sociedad demandada. La naturaleza indivisible de la confesión refiere a su integridad (art. 200 del CPC), tanto cuanto más respecto de la provocada judicialmente (art. 194 CPC), cuya eficacia es indiscutible desde que el confesante sea capaz y tenga poder dispositivo del derecho confesado, verse sobre hechos que produzca consecuencias adversas al confesante o favorezcan a la parte contraria, recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba, sea expresa, consciente y libre, refiere a hechos personales del confesante o de los cuales tenga conocimiento (art. 195) y en tratándose de la realizada por representante legal esté en ejercicio de sus funciones y lo confesado se comprende dentro de sus atribuciones representativas (art. 198 CPC).

“e) es cierto y así está demostrado por expresa confesión judicial de la sociedad demandada que 'las causas que originaron el accidente de trabajo fueron establecidas en el informe que presentó la Comisión de Investigación de Accidentes Española que aparece en la página 81 de ese texto y a folio 95 del expediente'. Leída la aprobó (fls. 136 y 137), o sea, 'LA CAUSA DEL ACCIDENTE FUE QUE EL COMANDANTE, sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigió a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada; descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad del área, hasta colisionar con el terreno'.

“t) No se trata de referencia documental sino de expresa confesión y aceptación por la sociedad demandada de la culpa del comandante de la aeronave. Así está en la confesión y se comprende dentro de su indivisibilidad, que el juzgador no consideró por una apreciación errónea de la misma.

“D

Incidencia del yerro fáctico en la sentencia.

“Al estar demostrado por confesión de la propia demandada que la causa del accidente de la aeronave HK-2910 en que perdió la vida el señor Guillermo Gómez Escobedo, aconteció a 'QUE EL COMANDANTE, sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigió a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada; descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad de área, hasta colisionar con el terreno', esto es, a su culpa, al desconocer el ad quem el carácter indivisible de la prueba de confesión e incluso llegar al extremo de confundirla con la 'documental' resulta prístino el yerro fáctico del sentenciador, en no darla por probada, cuya incidencia en la sentencia es igualmente incuestionable, ya que absolvió considerando que la confesión judicial no puede extenderse en su indivisibilidad a la aceptación de la causa del accidente así determinada, cuando lo contrario, hubiera supuesto una decisión condenatoria.

“E

“La violación de las normas sustanciales:

“En virtud del error de hecho evidente en los autos motivado por la apreciación errónea de la prueba de confesión judicial a la cual el juzgador le atribuyó un carácter divisible, la sentencia recurrida resulta violatoria por vía indirecta e indebida aplicación de las disposiciones legales reguladoras de los derechos reclamados, esto es, los artículos 1º, 5º, 15, 18, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, ha de orientar su actividad a la coordinación económica y el equilibrio social de las relaciones de trabajo según las normas laborales consagratorias del mínimo de derechos y garantías sociales de los trabajadores, debiendo aplicar a falta de texto expreso, los del derecho común dentro 'de un espíritu de equidad' y 'favorabilidad'; los artículos, 199 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo que respecta a la responsabilidad ordinaria y plena por culpa comprobada o realizada del patrono en el accidente de trabajo, y, por ello, los artículos 22, 23, 24. 55, 56, 57/2 y 9, 62/1 (7º del D. 2351/65), 104, 105, 107, 108/10, 11 y 15; 348 (1º D. 13/67), 349, 350/2 del Código Sustantivo del Trabajo; 10 del Decreto 13 de 1957; 80/a, 84/a 84/d, 112 y 122 de la Ley 9ª de 1979; ya que sustentada dicha responsabilidad, en el incumplimiento del contrato de trabajo (arts. 55, 64 y 65 del CST), cuyo contenido se amplía, naturalia negotia con los preceptos legales y del reglamento de trabajo, higiene y seguridad industrial, en punto de proporcionar a sus trabajadores elementos apropiados para su seguridad y protección, señalarles criterios de orden y seguridad para evitar riesgos y accidentes de trabajo. incumplidas estas obligaciones se incumple el contrato de trabajo y hay lugar a la indemnización de perjuicios comprensiva del daño patrimonial, integrado del daño emergente y del lucro cesante, para cuya estimación han de considerarse los ingresos del trabajador, en particular, su salario y elementos definitorios (arts. 27, 127, 132, 133, 144, 145, 146, 158, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 177 (1º L. 51/83), 192 (8º D. 617/54), 193, 247, 249, 253 (17 D. 2351/65), en concordancia con el artículo 218 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 63, 1492, 1546, 1609, 1612, 1613, 1614, 1615 y 1616 del Código Civil), y del daño moral (art. 106 del D. 100/80, aplicable por favorabilidad y analogía legis concorde a los artículos 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, 19 y 21 del CST) y en razón de violación medio de los artículos 51, 60, 61, 145 del Código Procesal del Trabajo (D. 2158/48, adoptado por el D. 4133/48) en referencia a los artículos 194, 195, 198, 200 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, la confesión judicial es medio probatorio idóneo bastante por sí mismo que debe analizar correctamente el sentenciador al proferir su decisión, tanto más respecto de hechos para los cuales la ley no exija determinada solemnidad ad substantiam actus como es la culpa, bajo la perspectiva de su indivisibilidad y las restantes exigencias concernientes a la provocada judicialmente (art. 194 CPC), cuya, eficacia es indiscutible desde que el confesante sea capaz y tenga poder dispositivo del derecho confesado, verse sobre hechos que produzca consecuencias adversas al confesante o favorezcan a la parte contraria, recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba, sea expresa, consciente y libre, refiera a hechos personales del confesante o de los cuales tenga conocimiento (art. 195) y en tratándose de la realizada por representante legal esté en ejercicio de sus funciones y lo confesado se comprenda dentro de sus atribuciones representativas (art. 198 CPC).

“Solicito, por tanto, casar la sentencia.

“VI

“Observación final:

“Teniendo en cuenta que la culpa patronal en la ocurrencia del accidente de trabajo se encuentra plenamente demostrada, es importante resaltar como los elementos de la responsabilidad se encuentran probados, a saber: la legitimación en la causa de la demandante (registro de nacimiento que obra a fl. 12 cd. 1), la demostración de los perjuicios (declaraciones de los Sres. Ernesto Alberto Rodríguez Escobar, a folios 139, 140 y 141 del cuaderno 1; Héctor Rojas Medina, a folios 143, 144 del cuaderno 1; Enrique Borda Gómez a folios 144 y 145 del cuaderno 1; la demostración del monto de los perjuicios según dictamen pericial aceptado por la demandada y que obra a folios 158 a 162 del cuaderno 1, por todo lo cual se debe imponer la sentencia acogiendo las pretensiones de la demanda”.

Se considera:

De la prueba que le cargo estima como erróneamente apreciada y así causante de los errores de hecho que denuncia, resulta lo siguiente:

En la diligencia del interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la empresa demandada, Elisa Esther Murgas de Moreno, vista a folios 136y 137, aparecen las preguntas 2ª y 3ª con las correspondientes respuestas así:

“2ª Manifiéstele al despacho en qué fecha y por qué causa se terminó la relación laboral entre la empresa y el trabajador Gómez Escobedo?

“Admítese la pregunta. El interrogado CONTESTÓ: El contrato de trabajo terminó el día 27 de noviembre de 1983 como consecuencia del accidente del Avión de Avianca HK-2910 ocurrido en Mejorada del Campo, en Madrid (España)'. Leída la aprobó.

“3ª Explíquele al despacho sobre cuáles fueron las causas de ocurrencia del mencionado accidente?

“Admítese la pregunta. El interrogado CONTESTÓ: ¡Las causas que originaron el accidente de trabajo fueron establecidas en el informe que presentó la Comisión de Investigación de Accidentes Española que aparece en la página 91 de ese texto y a folio 95 del expediente'. Leída la aprobó”.

La página 81 del informe a que se refiere la declarante y que aparece al folio 95 del expediente dice:

“Causa

“La causa del accidente fue que el comandante, sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigió a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada: descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad del área, hasta colisionar con el terreno”.

Al manifestar la declarante al folio 137 que las causas del accidente fueron establecidas en la página 81 del informe citado que aparece al folio 95 del expediente, está incorporando a su declaración del folio 137 lo manifestado en tal documento al folio 95 y que precisamente por esa incorporación viene a formarse una unidad jurídica compuesta por lo expresado tanto al folio 137 como en el folio 95 y que resulta ser la prueba de declaración de parte que debe estimarse en su integridad porque es clara la voluntad de la declarante de dar la versión de las causas del accidente en la forma expuesta por el informe en mención al folio 95 y que por tal motivo éste forma parte de la declaración de la representante legal de la demandada y que expresa que la causa del accidente fue la impericia del comandante que al dirigirse a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación publicada, descendió por debajo de todos los márgenes de seguridad del área hasta comisionar(sic) con el terreno (fl. 95).

El comandante de la aeronave accidentada, por ser representante de la empresa demandada (art. 1º D. 2351/65) era agente de la misma en el momento en que ocurrió el accidente, por lo cual, al producirse éste por culpa de dicho comandante, ello implica culpa de la demandada de conformidad con la responsabilidad directa que tienen las personas jurídicas o morales por el hecho de sus agentes, según jurisprudencia reiterada de la Corte (G.J. Tomo CVI, pág. 168). 

La declaración de parte de la representante legal de la sociedad demandada se integra, como ya se anotó, por dos elementos, a saber: a) lo manifestado al folio 137 y b) lo expuesto al folio 96 del expediente.

Dicha declaración de parte, integrada en tal forma constituye una confesión (art. 195 num. 2º CPC) que prueba la culpabilidad de la sociedad demandada en la ocurrencia del accidente en referencia.

De lo que se concluye que el tribunal al apreciar equivocadamente dicha confesión contenida en la declaración de la representante legal de la demandada incurrió en los evidentes errores fácticos denunciados en el cargo que por tal motivo está llamado a prosperar y, en consecuencia se casará totalmente la sentencia impugnada.

Consideraciones de instancia

Para decidir la instancia, son suficientes las razones expuestas anteriormente y las que se expresan a continuación, así:

1. Guillermo Gómez Escobedo prestó sus servicios como trabajador de la sociedad demandada desde el 6 de abril de 1979, en su calidad de auxiliar de vuelo internacional-división servicios abordo.

2. El contrato de trabajo existente entre Guillermo Gómez Escobedo y la sociedad demandada terminó por la muerte del primero ocurrida a consecuencia del accidente de trabajo sucedido el día 27 de noviembre de 1983, estando en ese entonces como trabajador abordo de la aeronave HK-2910 operada y explotada comercialmente por la misma sociedad demandada.

3. Dicho accidente de trabajo consistió en la colisión de la mencionada aeronave tipo BOEING B747-283B, de matrícula HK-2910, accidente ocurrido en el sitio denominado MEJORADA DEL CAMPO, a inmediaciones de Madrid, España.

4. El Sr. Guillermo Gómez Escobedo en el momento de dicho accidente que le causó su muerte se encontraba laborando abordo de la mencionada aeronave HK-2910.

5. El Comandante de la aeronave accidentada en mención era el capitán Tulio Fernández Mora.

6. La causa del accidente en referencia fue la impericia del comandante de dicha aeronave HK-2910, como se desprende de la confesión de la parte demandada contenida en la declaración de la representante legal de Avianca e integrada por lo manifestado a folios 137 y 95, como se anotó anteriormente.

La jurisprudencia citada anteriormente respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas es del siguiente tenor: 

“Se transcribe y reitera la doctrina que la Corte acogió en fallo de treinta de junio último no publicado, sobre responsabilidad directa de las personas jurídicas por faltas de sus empleados y dependientes. 

“'La doctrina general ha formulado serios reparos a la forma indirecta de la responsabilidad de las personas morales, motivo por el cual dicha forma puede considerarse ya fenecida, en lo que atañe a tal especie de personas. 

'La tesis organicista de la división de los agentes, en funcionarios órganos y subalternos auxiliares, para que la persona jurídica responda de manera directa solo de las culpas de los primeros, y de modo indirecto por las de los últimos, es artificiosa e inequitativa. 

“'En cambio el problema se desata en forma satisfactoria, desde el ángulo de la persona jurídica privada, mediante la tesis de la responsabilidad directa, en una palabra, por ser actos de los agentes, sus propios actos' (Sent. Sala de Casación Civil de 29 de febrero de 1964, G.J. Tomo CVI. pág. 168). 

La anterior doctrina jurisprudencia que desarrolla lo dispuesto por el artículo 2341 del Código Sustantivo, respecto de las personas jurídicas, es aplicable al sub lite, en virtud de lo dispuesto por los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y 8º de la Ley 153 de 1887, teniendo en cuentra(sic) que cuando el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere a la culpa del patrono está comprendiendo tanto a la persona natural como a la persona jurídica o moral que tenga el carácter de patrono, el cual, como ha dicho la Corte, “saca provecho de la actuación de sus subordinados y de ahí que deba soportar los riesgos de la empresa entre los cuales figuran los hechos derivados de la mala dirección de un agente!” (G.J., Tomo XLIII Nº 1.904, pág. 69). 

De lo anterior aparece la culpa suficientemente probada de la sociedad demandada en la ocurrencia del accidente aéreo y de trabajo en que perdió la vida el ex trabajador de la misma, Guillermo Gómez Escobedo, de conformidad con la jurisprudencia transcrita de la Corte, sobre responsabilidad directa, y teniendo en cuenta que la causa de tal accidente fue la impericia y consiguiente culpa del comandante de la aeronave accidentada en la conducción de ésta. Por lo cual y de conformidad con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo la sociedad demandada está obligada a la indemnización total y ordinaria por los perjuicios causados por tal accidente. 

7. La actora Beatriz Escobedo de Cardona, madre de Guillermo Gómez Escobedo, recibía ayuda económica del mismo, lo cual demuestra que ella sufrió perjuicios con la muerte de su hijo y por consiguiente debe ser indemnizada, de acuerdo al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los perjuicios materiales fueron avaluados mediante dictamen pericial en la suma de $ 14'589.582.37.

Esta Sala ha escogido la doctrina de la Sala Civil de la Corte respecto a la cuantía de los perjuicios morales, según la cual, dada la índole subjetiva de éstos y por ser inconmensurable el monto del daño moral, no puede ser materia de regulación pericial sino del prudente arbitrio del juzgador —arbitrium judicial—.

En lo que atañe al sub lite, estima la Sala que dentro del prudente arbitrio se ha de condenar a la demandada a pagarle a la actora la cantidad de $ 2'000.000.oo por concepto de los perjuicios morales sufridos por la última por causa del accidente de trabajo en referencia, ya que esa suma se estima equitativa si se tienen en cuenta las circunstancias particulares del caso.

8. La pretensión de la parte actora sobre indemnización moratoria es improcedente, ya que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra esta indemnización a favor del trabajador y respecto a los salarios y prestaciones debidos, mas no para la indemnización, como es el caso y no procede la misma a favor de terceras personas que no sean parte del contrato de trabajo.

9. Acerca de los intereses solicitados no se decretan por no existir disposición alguna que los consagre para el caso particular a que se refiere esta pretensión. Se debe denegar la indexación pretendida, por no proceder para el caso del sub lite.

10. De acuerdo a lo expuesto en la presente providencia y lo acreditado en el plenario, no aparecen probadas las excepciones propuestas por la demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia recurrida y, en sede de instancia, REVOCA el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá el 9 abril, de 1991 para en su lugar, condenar a la empresa Aerovías Nacionales de Colombia S.A., —Avianca—, a pagar a la actora Beatriz Escobedo de Cardona la totalidad de los perjuicios de orden material y moral causados en el accidente de trabajo en referencia, así: ·

a) Por perjuicios materiales, la suma de $ 14'589.582.37: y

b) Por perjuicios morales, la suma de $ 2'000.000.oo.

Declárase no probadas las excepciones propuestas.

Deniéganse las pretensiones sobre indemnización moratoria, intereses e indexación.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Ramón Zúñiga Valverde—Manuel Enrique Daza Álvarez—Jorge Iván Palacio Palacio, salvo el voto.

Javier Antonio Fernández Sierra, Secretario.

Salvamento de voto

Rad. Nº 4.680

Mi disentimiento con la decisión mayoritaria radica en que considero que en el evento sub examine no se dio la confesión por parte del representante legal de la empresa demandada; pero previamente esbozaré algunos aspectos deferenciales entre la indemnización que se desprende de la responsabilidad objetiva y la total y ordinaria que deriva de la culpa comprobada de empleador. 

El cargo se dirige por la vía indirecta, a través de errores de hecho y busca la casación del fallo objeto del recurso extraordinario a fin de que se condene a la entidad demandada por la indemnización plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. 

El artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo define el accidente de trabajo como “todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima”. 

Frente a la norma antes citada, cabe realizar dos distinciones: 1. La indemnización que se desprende de la responsabilidad objetiva, la cual tiene su fundamento en el riesgo creado. 2. La indemnización total y ordinaria consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. 

I. Para la configuración de la primera basta que concurran tres elementos, a saber: a) Un suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. b) Una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera y c) La relación de causalidad entre el suceso imprevisto y repentino y la lesión orgánica o perturbación funcional. 

La indemnización correspondiente a la primera, por tratarse de una responsabilidad objetiva, propia de toda actividad laboral, se halla siempre a cargo del empleador; independientemente de toda culpa suya, y la misma está detallada en la tabla de valuación que consagra el ordenamiento laboral. 

En esta clase de responsabilidad y, conformados sus elementos integrantes, la culpa del empleador se presume en todo accidente de trabajo. La jurisprudencia nacional al desarrollar la teoría del riesgo, ha considerado que “el patrono asuma la responsabilidad de devolver al trabajador al grupo social en las mismas condiciones de sanidad en que lo recibe y que, por dirigir y ser dueño de una actividad laboral que implica riesgos especiales, es su deber responder por ellos si llegaron a afectar al trabajador durante la vida del contrato y esto, tanto cuando hay una relación de causalidad inmediata y directa entre el trabajo y el hecho dañoso imprevisto, como cuando él se produce a través de las circunstancias propias del ambiente de trabajo o por razón de las mismas. Dentro de estos principios al trabajador solo corresponde demostrar que en el momento en que ocurrió el accidente estaba vinculado al patrono por un contrato de trabajo. Este último, según las voces del artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo, puede librarse de la responsabilidad solo si demuestra que el insuceso ocurrió debido a provocación deliberada de la víctima o a culpa grave de la misma. Como se ve, dentro de la nueva concepción legal de la responsabilidad poco es cuanto tiene que demostrar la víctima y mucho, en cambio, el presunto responsable” (Casación del 24 de marzo de 1956). 

Igualmente, ha de anotarse que si determinada tarea la cumple el asalariado dentro de las funciones propias emanadas del empleador, es decir, si la actividad es dirigida, devienen para este, las obligaciones que la ley consagra. Puede decirse, que mientras subsista la condición de subordinación, el empresario es responsable de todos los perjuicios derivados de los actos o hechos que ejecute el trabajador como consecuencia de aquella obligación, que le impone el estudio en que se halla. 

Ha reiterado la Corte que el empleador deberá indemnizar, en todos aquellos casos en que se acredite que el accidente no ha sido originado por su culpa, sino por un riesgo inherente al trabajo desempeñado, es decir, que puede deducirse que en estos eventos es responsable sin culpa, según el principio de la teoría objetiva. Se tiende, entonces, a garantizar al asalariado una indemnización por los daños que provengan de accidentes de trabajo y que son consecuencia de su oficio o profesión. 

La doctrina foránea ha definido el riesgo profesional como el “conjunto de causas de peligros permanentes, superiores a toda medida de seguridad y que residan en las condiciones mismas de la industria y en las necesidades que le son impuestas en su funcionamiento”. 

Cabe agregar que en estos casos del ejercicio de una actividad peligrosa ha reiterado la jurisprudencia, que “Tratándose de la responsabilidad del hecho de un tercero, no basta que el dueño de la máquina, por ejemplo, acredite que puso el debido cuidado en la elección del conductor de aquella, porque si esto se extremara resultaría que ninguna empresa de riesgo, como una de transportes, respondería por los accidentes causados por la mala dirección e imprevisión o negligencia de los conductores”. 

Es entonces, responsable el empleador, no sólo del hecho propio, sino también de los perjuicios causados por los hechos de aquéllos que están bajo su dependencia. 

2. En cambio, para la estructuración de la indemnización total y ordinaria consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se exige la demostración de la culpa patronal, que según la jurisprudencia es aquella falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios (art. 63 del C.C.). 

No se está ya en presencia de una indemnización basada en el riesgo, sino en la noción de culpa comprobada, quedando a cargo del trabajador la demostración de la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente. 

Sobre el particular ha sido unánime la jurisprudencia al considerar que “cuando el accidente se produce por culpa comprobada del patrono, entonces la indemnización ya no es la de la tarifa laboral, sino que comprende la totalidad de los perjuicios materiales y morales; en este caso se afecta la cuantía indemnizatoria, pero no la competencia, porque la obligación nace entonces no como resultado de una culpa cualquiera, sino como resultado de la violación culposa por parte del patrono del deber legal laboral de seguridad...”. 

Realizada la anterior reseña jurídica, se precisó determinar si en el sub examine se da la culpa comprobada del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, por parte de Aerovías Nacionales de Colombia S.A. —Avianca—, en la ocurrencia del accidente sucedido a un avión de su propiedad el 27 de noviembre de 1983, en Mejorada del Campo, próxima al Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid, España, en el que perdió la vida el miembro de la tripulación Guillermo Gómez Escobedo. 

Observo que la índole de la labor que desempeñaba Gómez Escobedo auxiliar de vuelo e integrante de la tripulación accidentada, es de por sí una actividad riesgosa, pues la aviación, más que ninguna otra ocupación, implica muchos peligros, que pueden provenir, entre otros, de hechos de la naturaleza de daños mecánicos o de simples fallas humanas. 

Es igualmente difícil el delimitar el punto concerniente con la culpabilidad de la empresa de aviación en el accidente del insuceso, mas cuando él obedece a falla de su operario —comandante de la aeronave—, que es le(sic) punto que se deduce de lo expresado por el representante legal de la compañía demandada al absolver el interrogatorio de parte. 

Adice(sic) el impugnador que la prueba apreciada erróneamente por el tribunal lo fue la confesión judicial provocada en diligencia de interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada a folios 130 y 137 del cuaderno principal. Pregunta tercera: “explíquele al despacho sobre cuáles fueron las causas de ocurrencia del mencionado accidente” contestó: “Las causas que originaron el accidente de trabajo fueron establecidas en el informe que presentó la Comisión de Investigación de Accidentes Española que aparece en la página 81 de ese texto y a folio 95 del expediente”. 

A folio 95 del expediente y 81 del informe se señala: “La causa del accidente fue que el comandante, sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigía a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada; descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad del área, hasta colisionar con el terreno” (subrayas no del texto). 

Tomando textualmente la respuesta dada por la representante legal de la compañía demandada y la expresa remisión que hace del aparte del informe que acaba de transcribirse y que hace suyo la absolvente, no se manifiesta un error de valoración probatoria, ya que inclusive, en rigor, no se está ante una confesión judicial, en los términos que la define el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, porque como tal debe entenderse que la declaración de parte verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. 

En el evento a estudio aparece que la absolvente del interrogatorio se acoge al informe, en el cual se dice que la causa del accidente fue el comportamiento del comandante de la aeronave, quien “sin tener conocimiento preciso de su posición, se dirigió a interceptar el ILS con una trayectoria incorrecta, sin iniciar la maniobra de aproximación instrumental publicada; descendiendo por debajo de todos los márgenes de seguridad del área, hasta colisionar con el terreno” (subrayas no del texto). De parte alguna de la transcripción puede inferirse que la empresa está confesando que incurrió en la culpa comprobada que exige el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo sino por el contrario, que el accidente sucedió por causa imputable al comandante del avión, y no a la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, al menos no se demostró ésta dentro del proceso.

Por tanto, al no darse la confesión judicial, la aludida prueba no es apta para estructurar el error de hecho manifiesto en la casación del trabajo al tener de lo preceptuado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Por consiguiente, en mi sentir, el cargo no ha debido prosperar.

Fecha ut supra. 

Jorge Iván Palacio Palacio