SENTENCIA 469 DE ENERO 17 DE 1990

 

Sentencia 469 de enero 17 de 1990 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PROCESO ELECTORAL

NO ES OBLIGATORIO SUSTENTAR LA APELACIÓN

EXTRACTOS: «Ante todo la Sala se referirá a la opinión del Ministerio Público, según la cual “... el recurso de apelación debe declararse desierto y ejecutoriada la providencia objeto del mismo...” porque no fue sustentado en la forma dispuesta en el artículo 212 del CCA (art. 51 D.E. 2304/89), que reglamenta el trámite que debe darse en el Consejo de Estado al recurso de apelación de sentencias proferidas en primera instancia en procesos distintos del especial originado en la acción pública electoral.

El 2 de diciembre de 1988, en el expediente N° 233, esta Sala dijo respecto de la sustentación del recurso de apelación de sentencias pronunciadas en procesos electorales, lo siguiente:

“ 1. Conviene señalar que a pesar de la falta total de sustentación del recurso por parte de quien lo interpuso, la Sección lo ha tramitado en consideración a que el apelante se encuentra legitimado para ello por haberle sido desfavorable la providencia de primer grado, porque obran dentro del expediente elementos de juicio que le permiten conocer las razones de su inconformidad y además, porque estima la Sala que en el proceso contencioso-electoral no es indispensable sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, por cuanto de un lado, el estatuto contencioso-administrativo, que regula el trámite de la segunda instancia en su artículo 251 no establece la obligatoriedad de la sustentación del recurso de apelación y la consecuencia o sanción que cabe aplicar por el juez en el caso de que así no se haga, consistente por lo general, en la declaratoria de deserción del recurso y la ejecutoria de la sentencia objeto de la apelación y, por cuanto, de otro lado, no es aplicable al proceso contencioso-electoral lo dispuesto en el artículo 212 del Decreto 01 de 1984, para la apelación de las sentencias proferidas dentro de un juicio o proceso ordinario, ya que aquél como proceso especial se regula por las disposiciones que lo reglan, que es precisamente lo que lo caracteriza como juicio especial, y además, es principio general de derecho que no es dable establecer, por aplicación analógica de la ley, obligaciones y sanciones procesales consagradas pa ra otro tipo de actuaciones o procesos. En síntesis, para la Sala en el juicio o proceso electoral ni es obligatoria la sustentación del recurso de apelación ejercitado contra la sentencia de primera instancia, ni hay sanción legal alguna por no hacerlo”.

Ciertamente, el contencioso-electoral es un proceso de naturaleza especial y así lo estimó el le-gislador cuando para su tramitación consagró en el Capítulo IV, Título XXVI del CCA un procedimiento especial distinto de aquél al cual están sometidos los procesos contenciosos originados en la acción de simple nulidad, denominado “procedimiento ordinario” en el Título XXI~ de dicho estatuto. En buena parte esa naturaleza especial del proceso electoral tiene fundamento en la naturaleza misma de la acción que lo origina, que es pública porque la tutela jurídica de la acción y su desarrollo procesal interesa a toda la comunidad. Se trata de una acción de la cual “cualquier persona” puede hacer uso en demanda directa por la vía jurisdiccional (art. 227 CCA), pero que una vez desencadenada no t posible detenerla mediante el desistimiento, porque, como ya se anotó, el ámbito de tal acción trasciende de lo privado a lo público. Además ese procedimiento especial se caracteriza por su brevedad frente al ordinario, porque de su ex pedición depende precisamente la eficacia de la tutela del ejercicio del sufragio popular, base de un sistema democrático bien fundamentado.

Por manera que sobre la base de las características que distinguen tanto a la acción pública electoral como al procedimiento especial para tramitar los procesos originados en el uso de aquélla, en la forma que acaba de anotarse, es claro que dicho proceso constituye en toda su extensión una excepción frente al proceso contencioso administrativo ordinario. De ahí que el trámite de la apelación conforme a los artículos 250 y 251 del CCA constituya una excepción, contrariamente a lo que afirma la distinguida colaboradora fiscal. Como el Código Contencioso Administrativo es un todo armónico, forzoso es entender que si el legislador hubiera querido darle al trámite del recurso de apelación de sentencias en el proceso electoral tratamiento similar al previsto en el artículo 212 del mismo Código, lo hubiera dicho expresamente. Sin embargo no lo hizo porque entendió que la celeridad propia del juicio electoral resultaba incompatible con un tratamiento procesal similar al consagrado en dicho artículo, y como garantía de la buena administración de la justicia, que se supone como resultado de la revisión total que hace el superior de la actuación del inferior. No puede pasarse por alto que la regulación del proceso electoral viene ubicada en el Código con posterioridad a la que rige el proceso ordinario. No existe, por consiguiente, vacío alguno que dé lugar a remitir el trámite del recurso de apelación en el proceso electoral al señalado en el artículo 212 del Código.

Tal parece que el legislador estimó conveniente y necesario que en el juicio electoral ocurra algo similar a lo que sucede en el proceso penal, en el que la competencia del superior al conocer del recurso de apelación se ejerce “... sin limitación alguna, sobre la providencia impugnada... “ (art. 538 C. de P. P.), posiblemente porque al igual que la acción penal la acción pública electoral interesa a toda la sociedad más allá de todo interés puramente privado. Consideró el legislador tal situación como una mejor garantía de la mas correcta administración de justicia.

Naturalmente, al no ser obligatoria la sustentación del recurso de apelación en el proceso contencioso-electoral, al juez de la segunda instancia le resulta imposible conocer las razones de hecho y de derecho que motivaron al recurrente, lo que supone un desacuerdo genérico de éste con la decisión impugnada. Esta situación trae como consecuencia la inaplicabilidad del principio de la reformatio in pejus porque, aun así el recurso sea sustentado, la naturaleza y las características de la acción electoral obligan al funcionario a revisar sin limitación alguna tal decisión a fin de verificar su total conformidad con los hechos y con el derecho. No de otra manera podría entenderse la razón por la cual el legislador excluyó la sustentación obligatoria del recurso de apelación en el proceso electoral cuando sí está expresamente consagrada de acuerdo con la Ley 2a de 1984 para los procesos civiles, penales y laborales, y para el proceso contencioso administrativo ordinario conforme al Código de la materia.

Por las razones expuestas la Sala da trámite al recurso de apelación interpuesto en este proceso contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira el 28 de septiembre del año inmediatamente anterior».

(Sentencia de enero 17 de 1990. Expediente 0469. Consejero Ponente: Dr. Jorge Penen Deltieure).

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