Sentencia 4691 de junio 18 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ÁMBITO TERRITORIAL

EXTRACTOS: «El doctor José Hilario Lugo Bernal con cédula de ciudadanía 15.637 de Bogotá, con fundamento en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (acción de nulidad) demandó ante el tribunal la nulidad de los parágrafos 1º, 2º y 3º del artículo 20 del Acuerdo 21 de 1983 proferido por el Concejo del Distrito Especial de Bogotá, mediante los cuales se reglamentan los ingresos por actividades comerciales o de servicios realizadas en lugares distintos a Bogotá; se prohíbe descontar de la base gravable de las actividades industriales los ingresos percibidos en otros municipios y se impone la obligación a los contribuyentes que ejerzan actividades gravables en más de un municipio a través de sucursales o agencias, de registrar su actividad en cada municipio y llevar registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en tales municipios, etc.

Encontrándose en trámite el proceso ante el tribunal, el actor desistió de la pretensión de nulidad del parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 21 de 1983 del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, por cuanto el Consejo de Estado (sentencia de jun. 1º/90, Exp. 2440) declaró la nulidad del mencionado parágrafo 2º (fl. 102).

Surtida la etapa procedimental prevista en el Código Contencioso, el a quo mediante sentencia de mérito anuló el parágrafo tercero del artículo 20 del Acuerdo 21 de 1983 del Consejo del Distrito Especial de Bogotá, por considerar que el cabildo distrital, no podía expedir normas locales que impongan obligaciones en municipios diferentes a Bogotá como son el registro de actividades objeto del hecho imponible (impuesto de industria y comercio) en el municipio o municipios en donde se establezcan sucursales y agencias; y además exigir la apertura de los respectivos controles de tipo contable que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en tales municipios, pues la facultad constitucional de los concejos municipales debe utilizarse dentro de la respectiva jurisdicción territorial propia y no con carácter general como se evidencia del texto del parágrafo 3º de la norma acusada (fls. 125/133).

Consideraciones de la Sala

A pesar de que la apelante en modo alguno se refiere en su impugnación a las transgresiones del artículo 197 de la Constitución Política de 1886, del artículo 2º de la Ley 4ª de 1913 y del artículo 32 de la Ley 14 de 1983, lo cierto es que el parágrafo 3º del artículo 20 del Acuerdo 21 de 1983 sí desborda estas disposiciones, porque la atribución de los concejos es votar las contribuciones y gastos locales, a más de que los acuerdos rigen en el respectivo municipio; y tratándose específicamente de materia imponible, el impuesto de industria y comercio recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales directa o indirectamente.

En efecto, cuando el parágrafo 3º de la norma acusada ordena a los contribuyentes que ejercen actividades objeto del hecho imponible a través de sucursales y agencias en más de un municipio, registrar su actividad en cada municipio, está violando el ámbito territorial que la Constitución y la ley le ha conferido a los acuerdos. De igual modo lo hace al ordenar la apertura de registros contables a los contribuyentes que operan en más de un municipio a través de sucursales y agencias.

Sobre estos aspectos la Delegada de la Procura-duría atinadamente observa que todo comerciante tiene la obligación de inscribirse en el registro mercantil del domicilio declarado por el mismo comerciante. De ahí que sea muy diferente a la exigencia que hace el parágrafo 3º a los contribuyentes de “registrar su actividad en cada municipio y llevar registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos, por las operaciones realizadas en tales municipios”, pues ello trasciende los límites territoriales a que está su-jeto el Concejo Distrital.

Respecto a los registros contables la Procuraduría precisa también que no existe obligación en el Código de Comercio de llevarlos en cada una de las sucursales y agencias, sino que tal obligación la cumple el comerciante con el sólo hecho de ma-nejar los registros contables en la sede principal del establecimiento. De lo anterior concluye que el parágrafo 3º acusado está imponiendo una obli-gación adicional no consagrada en disposición alguna.

De lo brevemente expuesto la Sala estima que evidentemente el parágrafo 3º del artículo 20 del Acuerdo 21 del Concejo del Distrito Especial de Bogotá viola normas superiores de su escala normativa como son el artículo 197 de la Constitución Política de 1886 y los artículos 2º y 32 de las leyes 4ª y 14 de 1913 y 1983 respectivamente, y por lo tanto es procedente su anulación tal como lo hizo el tribunal en la providencia apelada. Por consiguiente, se impone la confirmación de tal decisión.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 16 de octubre de 1992 proferida en el juicio 7.700, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad del parágrafo 3º del artículo 20 del Acuerdo 21 de 1983 del Concejo del Distrito Especial de Bogotá”.

(Sentencia de junio 18 de 1993. Expediente 4691. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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