Sentencia 46927 de noviembre 14 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 46927

Acta 41

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones de la Corte

Aduce como reparo el recurrente, la imposibilidad de acceder a la actualización de la mesada pensional impuesta, debido a la existencia de un proceso liquidatorio de la demandada.

Pues bien, la Sala ha tenido oportunidad de ocuparse del tema planteado por la censura en varias oportunidades, entre ellas en la sentencia del 27 de septiembre de 2011, radicado 47243, en la que sentó:

“Se duele el recurrente de la condena impuesta consistente en la indexación de la primera mesada pensional del actor, por cuanto este debía estar condicionado a lo dispuesto en los artículos 26, 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004, los cuales establecen el procedimiento para determinar y pagar la compensación por la pérdida del valor adquisitivo.

Se ha de indicar que, lo que aquí plantea el censor no fue materia de planteamiento o discusión durante el trámite procesal, por tanto, no puede ser materia de estudio en sede de casación.

Al punto esta corporación asentó en la sentencia con radicado 35996, de fecha 25 de enero de 2011, lo siguiente:

No pudo incurrir el tribunal en el desatino que le achaca el cargo, dado que el anterior yerro corresponde a un hecho que no fue planteado en la demanda, ni mucho menos en la apelación, por lo que mal puede ahora la censura modificar el lindero que fijó desde la demanda. Tal reproche refiere un hecho nuevo que es inadmisible en casación, toda vez que, de entrarse a analizar, se dejaría sin defensa a la parte demandada al no haber contado con las oportunidades procesales para tal efecto.

Cumple advertir que esta Sala “… tiene decantado que hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia y que sean invocados en casación constituyen lo que se ha denominado medios nuevos, que, se reitera, no pueden tener cabida en esta senda extraordinaria, pues al admitirlos se desconocería el derecho de defensa, en cuanto a que, cuando la Corte conoce del recurso de casación no lo hace en una tercera instancia, la parte opositora estaría desprovista de los mecanismos procesales para refutarlos. De ahí que se haya sostenido insistentemente que la casación ‘no es propicia para repentizar con debates fácticos y probatorios de última hora’ (rad. 27235/2006).

No obstante lo anterior, se ha de indicar que las normas que pretende el recurrente sean aplicadas al sub lite, no son procedentes toda vez que, ellas rigen los créditos aceptados y rechazados por el liquidador dentro del proceso de liquidación de la entidad, sin que se pueda predicar que la indexación reclamada por la actora hace o debió haber hecho parte de los mismos, pues, la pensión otorgada por la entidad es una obligación reconocida y otorgada a partir del 28 de junio de 2007 (fl. 74, cdno. ppal.), de forma tal, que no incurrió el ad quem en el error endilgado por la censura al no aplicarlas al caso sometido a su estudio, pues no afectan en nada el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional”.

Así, pues las anteriores directrices son aplicables al asunto que ocupa la atención de la Sala, y por consiguiente la actualización reclamada no se afecta con lo dispuesto en las normas denunciadas, además que el tribunal, para confirmar la condena por indexación de la primera mesada de la pensión de jubilación convencional de la demandante impuesta en la primera instancia, no se ocupó de la liquidación forzosa de la entidad accionada, menos aún de las normas que la gobiernan y que según el censor dan al traste con la sentencia impugnada. Y ello fue así, porque en efecto, este tema no fue propuesto por la entidad recurrente en el trámite anterior al recurso extraordinario; luego, la Corte no puede adentrarse a su estudio.

Igualmente, cabe anotar, que las disposiciones enunciadas en la censura, y que el recurrente aduce debió tener en cuenta el tribunal, en verdad no resultan aplicables, toda vez que las mismas tienen como destinatario directo al liquidador, no al juez, quien no tiene injerencia, para estos efectos, en el proceso liquidatorio.

Aunado a lo anterior, las normas referentes al proceso liquidatorio de las entidades financieras no son las pertinentes para examinar la actualización de la base salarial de la pensión del demandante, pues basta con recordar que esta Sala ha sido reiterativa al señalar que para efectos de la indexación pensional, independientemente de su origen, es necesario analizar si las mismas fueron reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, caso en el cual, como en el sub lite, dicha actualización resulta pertinente.

En ese orden, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

IX. Segundo cargo

Atribuye a la sentencia violar directamente la ley sustancial, en la modalidad de falta de aplicación, “del artículo 332 del Código de procedimiento Civil, lo que conlleva a la violación de medio de los artículos 29 y 228 de la Constitución Política; y artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Para sustentar el cargo, reproduce el texto del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil y señala que la demandada propuso la excepción de cosa juzgada, con fundamento en que ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, la demandante adelantó un proceso previo contra la accionada, en el que existía identidad en el objeto y en la causa, por lo que, al pretender replantear la misma cuestión litigiosa, opera el efecto de cosa juzgada; que de la copia de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2006 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, se advierte que la señora Isabel Guzmán de Gutiérrez “demandó a la Caja Agraria para que se ordenara el ajuste del valor inicial de la mesada pensional aplicando al salario promedio el valor de la devaluación monetaria desde la fecha del retiro hasta el día en que empezó a disfrutar de la pensión”, por lo que se evidencia que entre las partes ya hubo una controversia judicial sobre la indexación de la primera mesada pensional, dentro de la cual la demandada resultó absuelta; y concluye con la trascripción de apartes de la sentencia de casación laboral de fecha 12 de noviembre de 2008, radicación 34929.

X. La réplica

Textualmente refiere el opositor:

“ya, el ad quem con la sentencia del 24 de marzo de 2010, folios 284 a 286, negó la excepción de cosa juzgada esgrimida en la primera instancia por considerar que la demanda fue inoportuna e ineficiente al reclamar la excepción, no pudiendo entonces ampararse en su propia negligencia”.

XI. Tercer cargo

Imputa la sentencia recurrida por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de “los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, los artículos 252, 253, 254 y 332 Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Parágrafo del artículo 24 de la Ley 712 de 2001. Artículo 25 del Decreto 2651 de 1991”.

Aduce como manifiestos errores de hecho:

“1. No dar por demostrado estándolo, que la demandante había adelantado previamente un proceso laboral ordinario del cual conoció el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en el que fueron debatidas idénticas pretensiones a las invocadas por la demandante dentro del proceso de la referencia, y que mediante sentencia de 24 de febrero de 2006 el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá decidió absolver a la demandada, decisión que se encuentra debidamente ejecutoriada.

2. No dar por demostrado estándolo, que se configuró el efecto de cosa juzgada respecto a la decisión inicialmente adoptada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá al confrontar la decisión judicial proferida por tal despacho el 24 de febrero de 2009 con la demanda objeto del proceso de la referencia.

3. Dar por demostrado sin estarlo, que la sentencia de fecha 24 de febrero de 2009 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá dentro del proceso laboral ordinario en el cual se resolvió la controversia judicial sobre la indexación de la primera mesada pensional, oportunidad dentro de la cual la demandada resultó absuelta, no se encontraba ejecutoriada por haber sido aportada en copia informal por la demandada y remitida en las mismas condiciones por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá a través de memorial suscrito por el funcionario competente, luego de ser oficiado por el Juzgado Trece Laboral del Circuito”.

Y como prueba no apreciada, refiere la sentencia de fecha 24 de febrero de 2006, proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá.

Sustenta el cargo, al señalar que el “documento aportado en original o en copia por cualquier de las partes dentro de un proceso judicial se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con base en lo dispuesto por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil” el cual reproduce; que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 ibídem, las copias de los documentos públicos o privados, tienen el mismo valor probatorio del documento original; que el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991 dispuso que los documentos aportados por las partes a un expediente judicial, se reputan auténticos “sin necesidad de presentación personal ni autenticación”.

Sostiene que el juez de apelaciones restó valor probatorio a la sentencia de fecha 24 de febrero de 2006 que fue anexada por la demandada y por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá en respuesta al oficio librado por el a quo, por haber sido aportada en ambas oportunidades en copia informal; que el tribunal confirmó las motivación del a quo, que en su fallo señaló: “correspondía a la parte demandada allegar las pruebas pertinentes a efectos de demostrar el medio exceptivo allegado”, cuando la demandada efectivamente allegó la demanda, su contestación y el fallo proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, como prueba anexa al libelo introductorio.

Manifiesta finalmente que existía plena identidad entre la copia de la sentencia aportada por la demandada y la que obraba en el archivo del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, por lo que no puede existir duda frente a la fidelidad del documento, pues tampoco fue tachado de falso por la demandante, ni este solicitó su cotejo con el original.

XII. La réplica

Alega la oposición que el cargo es un complemento a los anteriores “respecto al recaudo y aporte de una sentencia, sin los requisitos que exige la ley procesal y que fue negada en ambas instancias”.

XIII. Consideraciones de la Corte

La premisa fundamental que sirvió al tribunal para confirmar la negativa a declarar probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la demandada, radicó en la intelección literal del contenido del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, que le otorga fuerza de cosa juzgada a la “sentencia ejecutoriada” proferida en proceso contencioso “siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”; pues afirmó que “en el expediente no se acreditó que la sentencia aducida como título de la excepción hubiese producido su ejecutoria”.

Pues bien, sea lo primero señalar que comoquiera que para resolver lo planteado en los cargos es necesario dirigirse al material probatorio existente en el expediente, cuestión que solo es posible por la senda indirecta, es a esta vía a la que únicamente debió referirse la censura, ya que es sabido y reiterado que la vía directa supone la aceptación de las conclusiones fácticas a las que arribó el tribunal en el fallo acusado, por lo que bajo ese camino, no le sería posible a la Sala analizar nuevamente las pruebas del proceso.

Se tiene que el recurrente estima que el juzgador incurrió en error de hecho derivado de “la falta de apreciación” de la sentencia proferida en un proceso previo de cuya existencia pretende derivar los efectos de la cosa juzgada. Sin embargo, no tiene en cuenta que esa pieza procesal, sí fue estimada en la sentencia acusada, al punto que el tribunal consideró que carecía de firmeza, en tanto no se acreditó que la misma se encontrara debidamente ejecutoriada.

En ese sentido, no podían aducirse errores fácticos derivados de la falta de estimación de la prueba correspondiente al fallo en cuestión, porque ello solo tendría asidero en el evento de que el juzgador no la hubiera observado o detectado en el expediente, pero no cuando la desechó por la razón anotada.

Correspondía entonces a la parte impugnante desvirtuar la inferencia del juzgador, mediante un ataque jurídico, apuntando a que se le diera valor o eficacia probatoria y se le otorgara la calidad de ejecutoriada a dicha sentencia, lo cual se omitió por completo. Ha de recordarse que el fallo del ad quem, en casación, conserva una presunción de acierto y legalidad, que solo puede desvirtuarse por el recurrente en la medida de ser dispositivo el recurso extraordinario, lo cual impide que la Sala analice o revise oficiosamente tal decisión.

Para el efecto, no resultaba suficiente, menos viable, enderezar el discurso en torno a la posibilidad de tener como auténticos los documentos allegados por las partes al expediente, entiéndase el fallo referido en precedencia, en tanto ese no fue el pilar central de la decisión del ad quem, pues, se itera, el problema versa sobre la falta de ejecutoria de la providencia en cuestión en que se fundamente la cosa juzgada, no sobre su autenticidad.

Tan es así, que el tribunal al plantear el eje central de la controversia en punto al medio exceptivo formulado señaló: “la controversia se centra en definir si existe una decisión judicial en firme, que hubiera puesto fin a la controversia surgida entre las partes, con fuerza de cosas juzgada” (resaltado por la Sala).

Ahora bien, los cargos ni siquiera mencionan los efectos, requisitos o las características de una sentencia ejecutoriada, aspecto que no evidenció el juzgador de apelaciones; y además, omitió tener en cuenta, que el tribunal consideró “que existía un indicio grave en contra de la demandada contenido en la contestación, derivado de aducir la existencia de una decisión de segunda instancia y una de casación dentro del mismo proceso (fl. 94) hecho que pone en duda que la firmeza de la sentencia invocada como título de la cosa juzgada”; cuando es criterio reiterado de la Sala, que corresponde al recurrente destruir todos los soportes sobre los cuales se edificó la providencia impugnada, so pena de que la misma permanezca incólume.

Entonces, si el fallo acusado, ni siquiera se refirió a la autenticidad o no de las copias aportadas al expediente, la demandada recurrente no podía acusar como indebidamente aplicadas las normas referidas en la proposición jurídica que gobiernan este tema, esto es, los artículos 252 a 254 y 332 del Código de Procedimiento, 24 de la Ley 712 de 2001 y 25 del Decreto 2651 de 1991, pues ellas nunca fungieron como soporte de la sentencia acusada.

Luego, la censura desvió el ataque cuando presenta el actuar del ad quem como si su decisión de no declarar probada la excepción de cosa juzgada, hubiese sido determinada, en su totalidad, por la no autenticidad de la copia de la sentencia allegada como prueba de la cosa juzgada, cuando, evidentemente, no fue así, ya que aquel fundó su negativa en el hecho de no haberse acreditado dentro del proceso la ejecutoria de tal decisión judicial, es decir, el encontrarse en firme.

Sabido es y sobra recordarlo, que contra el fallo de primera instancia dictado en un proceso ordinario laboral de primera instancia, procede el recurso de apelación o la consulta para ante el superior, según sea el caso. No existe prueba en el plenario acerca de que se haya dejado de interponer la alzada o que, interpuesta esta, haya sido resuelta, o que de haber procedido, se hubiera surtido el grado de consulta, caso en el cual también era necesario probar lo propio dentro del recurso extraordinario de casación, lo que no se hizo.

De lo precedente, surge de manera indefectible que la providencia tantas veces referida, no podía ser tenida como ejecutoriada, en firme, definitiva, y por tanto tampoco era viable que se predicara de ella los efectos de la cosa juzgada ya referidos, por lo que el tribunal no cometió los yerros jurídicos y fácticos que se le endilgan.

Por lo considerado, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandada, toda vez que su demanda de casación no salió avante y tuvo réplica, las cuales se fijan en la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada el 24 de marzo de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, en el proceso que Isabel Guzmán de Gutiérrez promovió contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».