Sentencia 4699 de junio 18 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ALBACEA

REMOCIÓN E INDIGNIDAD

EXTRACTOS: «En materia de administración de los bienes sucesorales el artículo 1327 del Código Civil se refiere a los ejecutores testamentarios o albaceas como aquellos a quienes el testador otorga el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones de última voluntad y siguiendo tal lineamiento el legislador también reglamentó, tanto en el texto anterior, vigente hasta 1971, como en el actual del artículo 595 del Código de Procedimiento Civil, la administración de los bienes herenciales desde la apertura del proceso de sucesión hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación, señalando en primer lugar, que “la tendrá el albacea con tenencia de bienes”, cargo acerca de cuya naturaleza dijo la Corte:

“El albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga de asegurar la ejecución exacta de su última voluntad, y tiene, con respecto al testador, el carácter de un mandatario póstumo, y con respecto a los herederos el carácter de un supervigilante que en ciertos casos puede sustituirse a ellos para ejecutar directamente la voluntad del testador y, al mismo tiempo, el carácter de un mandatario con la particularidad de que deriva sus poderes del testador y sin perjuicio de que tales poderes tengan efectos con relación a los herederos. Con respecto a los acreedores y a los legatarios y beneficiarios en general de las disposiciones testamentarias, el albacea es un defensor y en cierto modo un representante” (G.J. XLIII, pág. 506).

Y haciendo alusión al cumplimiento de las funciones que son propias del albaceazgo, también tiene sentado la jurisprudencia que:

“El cargo entra en vigor, como cualquiera otra disposición testamentaria, desde el momento de la muerte del testador; y la administración empieza desde que el ejecutor testamentario acepta expresa o tácitamente. No es exacto que el desempeño del albaceazgo no puede comenzar sino con el reconocimiento judicial del cargo y desde la notificación de la providencia correspondiente” (G.J. XXVII, 27).

Y en pos de los principios rememorados en el párrafo precedente, dispone la ley que en el desempeño de sus funciones, el albacea está obligado a administrar los bienes sucesorales y disponer de los mismos siguiendo con absoluta fidelidad las pautas fijadas para el efecto por el testador, respondiendo en el cumplimiento de sus deberes hasta la culpa leve (art. 1356 C.C.). A su turno, el artículo 1357 ibídem establece que el albaceazgo termina con la remoción del albacea por haber incurrido en culpa grave o dolo, decretada judicialmente luego de surtirse un incidente (art. 598 CPC) en el respectivo proceso de sucesión, provocado por los herederos o por el curador de la herencia yacente; dispone dicha norma, además, que en caso de dolo el albacea removido se hará indigno de tener en la sucesión parte alguna, sanción ésta que es lógica desde todo punto de vista, primero porque es consecuencia del principio inconcuso de que no debe ejercer función ni desempeñar cargo debido por encima de cualquiera otra consideración a la confianza del testador, el albacea que por actos engañosos o fraudulentos no se hace merecedor de ella y evidencia por añadidura que carece de la condición esencial a la que es de imaginarse se debió su nombramiento, y en segundo lugar porque es de elemental sentido común que no puede ser ejecutor de la voluntad del difunto y menos aun heredarlo, quien maliciosamente contraría la voluntad de este último. Así, pues, la gravedad de la falta debe ser analizada por el juez en el citado incidente cuya conclusión será la destitución del albacea cuando se haya logrado demostrar que existió culpa grave en su gestión, y si además se establece que incurrió en dolo en la ejecución del testamento o en la administración de la herencia, será declarado indigno de suceder al causante previo el proceso correspondiente iniciado a instancia de parte legitimada de acuerdo con la ley para hacerlo, convirtiéndose así en una causal más de indignidad la del albacea que haya sido removido del cargo por habérsele probado dolo en el cumplimiento de la gestión a su cargo.

En síntesis, de conformidad con los artículos 1356 y 1357 del Código Civil leídos en armonía con el artículo 1031 de la misma codificación y el artículo 598 del Código de Procedimiento Civil, los mandatos legales al tenor de los cuales deben ser resueltos litigios con características similares a las que ofrece el que dio origen al presente proceso, bien pueden articularse en el siguiente esquema básico cuyo detenido análisis, como más adelante se verá, permite concluir que la impugnación ahora en estudio, expresada en los cuatro cargos reseñados, es infundada y por lo mismo no puede alcanzar los propósitos infirmatorios que la inspiran.

a) En primer lugar, el albacea en el cumplimiento del encargo conferido, ha de ajustarse a las instrucciones recibidas del testador y a las normas rectoras que configuran su cometido, debiendo por lo tanto hacer todo lo que en este ámbito concreto haría un buen padre de familia, habida cuenta que su responsabilidad parte de la culpa leve en adelante. Por este grado de culpa resulta obligado a indemnizar perjuicios pero de suyo el mismo no justifica la remoción.

b) La segunda regla por destacar es que si el albacea incurre en culpa grave, además de comprometer su responsabilidad patrimonial, puede ser removido por determinación judicial tomada dentro del marco procesal adecuado que es el que señala con claro sentido restrictivo el artículo 598 del Código de Procedimiento Civil y a instancia de parte interesada (herederos o curador de la herencia yacente).

c) Y en fin, si el albacea incurre en dolo al realizar su gestión y por ello, luego de surtido el trámite procesal que acaba de indicarse, es removido por obra de las pruebas que justifican tal determinación, además de la condigna responsabilidad por daños que cabe deducirle, se hace indigno de suceder al causante con todas las consecuencias que una situación de esta naturaleza acarrea, lo cual significa, en pocas palabras, que mientras no se configure en términos de derecho esa infracción civil una vez agotado en la respectiva mortuoria el trámite incidental tantas veces mencionado y, por consiguiente, no se haya producido la remoción judicial del albacea, la declaración de indignidad respecto de este último no es legalmente posible.

Así las cosas, dejando en claro que no puede desagregarse a gusto de cada cual la solicitud de remoción del albacea por dolo en el desarrollo de su función de la declaración de indignidad que la prosperidad de tal solicitud encierra, ello con el objeto de que ésta, en su integridad jurídica, sea ventilada en forma independiente, sometiéndola así al régimen contemplado por la ley para los casos comunes de indignidad, debe tenerse en cuenta que los demandantes son legatarios sin que exista, ni pueda existir en vigencia del testamento, modificación de tal calidad a la de heredero, y por lo tanto están legitimados para solicitar la declaratoria de indignidad de otros sucesores en la medida en que demuestren interés atendible en hacerlo, mas no así la del albacea si se tiene en cuenta que por expresa disposición legal, tal sanción para este último debe estar precedida de su remoción judicial producida en incidente en el que se haya demostrado el dolo, y a solicitud exclusiva de los herederos o del curador de la herencia yacente».

(Sentencia de casación, junio 18 de 1996. Expediente 4699. Magistrado Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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