Sentencia 47001 2331 000 2003 00314 01 de septiembre 1º de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 47001 2331 000 2003 00314 01

Consejero ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: C.I. Prodeco S.A.

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «III. Las consideraciones

1. El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo señala que además de ser solicitada de manera expresa y por escrito, antes de que sea admitida la demanda para decretar la suspensión provisional del acto administrativo demandado es necesario que el mismo viole manifiestamente la norma superior en que se fundamente la petición, por confrontación directa o mediante documentos públicos con la solicitud y, si la acción es distinta de la nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor.

En efecto, debe precisarse que la procedencia de la suspensión provisional supone que la infracción normativa aparezca evidente, palmaria u ostensible, esto es, que se advierta sin necesidad de mayores elucubraciones o ejercicios de argumentación jurídica por parte del juez, pues de lo contrario, si se trata de una cuestión que requiera un análisis sustancial o de fondo, la decisión deberá adoptarse en la sentencia luego de surtido el debate procesal correspondiente.

2. En este caso, se solicitó la suspensión provisional del literal c) del artículo 4º del Acuerdo 24 de 16 de diciembre de 2002, expedido por el Consejo Distrital de Santa Marta “por medio del cual se fijan tarifas de alumbrado público para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”, en cuanto dispone lo siguiente:

“ART. 4º—OTROS. LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y EN GENERAL QUIENES DESARROLLEN DE MANERA PERMANENTE U OCASIONAL CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES O SE ENCUENTREN EN LAS CONDICIONES QUE SE INDICAN O QUE POR FUNCIÓN DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA TENGA (SIC) LA NECESIDAD DE UTILIZAR EL TERRITORIO DEL DISTRITO ESTARÁN OBLIGADAS AL PAGO DE UNA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO EQUIVALENTE ASÍ:

“...

“C) EMPRESAS QUE UTILICEN EL TERRITORIO DEL DISTRITO PARA EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO PROVISIONAL O PERMANENTE DE CUALQUIER TIPO DE COMBUSTIBLE PROCESADO O NO PROCESADO PAGARÁ (SIC) UNA TARIFA DE DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250) POR METRO CUADRADO DE TERRENO UTILIZADO, PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE NO TENGAN DELIMITADOS SUS TERRENOS EL ÁREA DE CÁLCULO SERÁ LA EQUIVALENTE A LAS SERVIDUMBRES REGISTRADAS Y QUE ESTÁN EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, PERO EN NINGÚN MOMENTO TENDRÁ UN RANGO INFERIOR DE $ 3.500.000” (FL. 24 CDNO DEL TRIBUNAL - mayúsculas sostenidas del texto original).

3. Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional para la Sala es claro que el auto apelado debe ser revocado, pues no se reúnen los requisitos para que proceda la citada medida.

Al respecto se observa en primer lugar que el a quo no específico cuál de las normas invocadas por la demandante como fundamento de esa solicitud es aquella que resulta manifiestamente infringida con el acto acusado; sin embargo, según se advierte de la decisión apelada, el tribunal estimó que con al disposición demandada se vulnera lo dispuesto en los artículos 314 numeral 4º de la Constitución Política y 31 numeral 7º de la Ley 136 de 1994, pues afirmó que como no existe norma legal alguna que consagre previamente el gravamen a la utilización de los territorios municipales para el transporte y/o almacenamiento de combustibles, no es dable a los concejos municipales reglamentarlo o imponer tarifas por ese concepto como se hizo a través del acto demandado.

Pues bien, examinada la actuación no encuentra la Sala cumplido el presupuesto de que trata el numeral 2º del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, dado que no aparece prima facie la alegada vulneración de las citadas normas.

En efecto, revisando el asunto se encuentra que para el a quo en el acto acusado en forma implícita se grava la utilización del territorio del Distrito de Santa Marta para las actividades de transporte y almacenamiento de combustibles y no propiamente el servicio de alumbrado público, y por tal razón concluye que se vulnera el ordenamiento superior antes mencionado, debido a que tal gravamen no está autorizado legalmente.

En criterio de la Sala, la anterior es una conclusión a la que no puede arribarse en este momento procesal, pues se requiere de un análisis de fondo acerca de los elementos constitutivos del tributo objeto del acto impugnado, en particular sobre los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables del mismo, en orden a determinar si de manera indirecta en uno de tales elementos se termina creando un gravamen distinto al que se refiere el acto acusado, pues es lo cierto que, en principio, el gravamen objeto de regulación es el de servicio de alumbrado público, y que en el acto demandado se señalan específicamente cada uno de tales elementos.

En ese orden, en el presente asunto se observa que la violación alegada no aparece de forma manifiesta en esta etapa procesal, si se tiene en cuenta que la materia que regula el Acuerdo Distrital 24 de 2002, esto es, la fijación de las tarifas del gravamen sobre el servicio de alumbrado público encuentra fundamento en el artículo 1º literal a) de la Ley 84 de 1915, mediante el cual se extendieron a todos los concejos municipales del país las atribuciones conferidas al Concejo de Bogotá D.C., por el artículo 1º de la Ley 97 de 1913 con excepción de las estipulaciones en el literal b) del mismo artículo. Esta última norma dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

“ART 1º—El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental.

“d) Impuesto sobre el servicio de alumbrado público.

“(...)” (1) .

Es decir, el impuesto sobre alumbrado público cuyas tarifas se regulan en la norma acusada si es de aquellos que se encuentran autorizados por el legislador.

Además, de determinarse que efectivamente el gravamen creado es el mencionado por el demandante, es necesario revisar mediante un estudio jurídico detallado si este ha sido creado por el legislador o autorizado por este, sin que para ello baste con decir que aquel no hace parte del catálogo de tributos autorizados a los municipios por el Decreto 1333 de 1986, ya el mismo no agota los gravámenes municipales.

De otro lado, es preciso advertir que para determinar la presunta violación de las demás normas señaladas como sustento de la medida provisional solicitada, debe primero dilucidarse el aspecto antes indicado, por cuanto el contenido de aquellas disposiciones apunta, de forma general, a prohibir a las entidades territoriales establecer gravámenes sobre las exportaciones y el tránsito de los productos destinados a tales operaciones de comercio exterior, y como antes se dijo, en principio, el tributo objeto de censura en este asunto se refiere al servicio de alumbrado público y no a tal actividad económica.

Además, las citadas disposiciones legales y reglamentarias establecen la prohibición respecto del “tránsito” de productos destinados a la exportación, en tanto que el aparte normativo demandado hace referencia al transporte y al almacenamiento provisional o permanente de cualquier tipo de combustibles, términos que, en principio, no son asimilables.

En esa perspectiva, entonces, por no ser evidente ni manifiesta la violación de las normas invocadas como sustento de la petición de suspensión provisional, la Sala revocará el auto apelado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto apelado en cuanto decretó la suspensión provisional del literal c) del artículo 4º del Acuerdo 24 de 16 de diciembre de 2002, expedido por el Consejo Distrital de Santa Marta “por medio del cual se fijan tarifas de alumbrado público para el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 1º de septiembre de 2005.

(1) El citado literal d) fue declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-504 del 2002.

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