Sentencia 4701 de octubre 31 de 1995 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AGENCIA COMERCIAL

NO SE CONFIGURA EN EL SUMINISTRO PARA REVENDER

EXTRACTOS: «1. Como es de público conocimiento, en razón de las necesidades crecientes surgidas del auge de la vida comercial, se hizo necesario que por el derecho se regulen las actividades de intermediación, las cuales han dado origen a nuevas modalidades contractuales, cual acontece con la preposición, la comisión, el corretaje y la agencia comercial, contratos estos específicamente incluidos en la legislación colombiana, al lado del mandato, a raíz de la expedición del Código de Comercio vigente.

1.1. En ese orden de ideas, el Código de Comercio, en el título XIII, capítulo V (arts. 1317 a 1331), reglamenta, por primera vez en Colombia, el contrato de agencia mercantil y, al efecto preceptúa que en él un comerciante, en forma independiente y de manera estable asume el encargo de promover o explotar negocios de otro comerciante, en una zona predeterminada del territorio nacional y en un determinado ramo, como representante o agente de otro comerciante, o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo.

1.1.1. De esta manera, conforme a su definición legal, aparecen como principales características del objeto de la agencia comercial, de una parte, la intermediación comercial especial que persigue con “el encargo (independiente y estable) de promover y explotar negocios” que hace un comerciante (agente) con relación a otro (empresario), y de la otra, que dicha intermediación sea exclusivamente subjetiva (como representante o agente promotor o explotador de negocios del empresario) u objetiva (como fabricante o distribuidor de productos del empresario, que a la vez promueve y explota), o bien en ambas formas. De allí que sea explicable la exigencia de la estabilidad de la relación contractual, así como la independencia o autonomía del agente, que con su propia organización, desempeña una actividad encaminada a conquistar clientela, conservar la existente, ampliar o reconquistar un mercado, en beneficio de otro comerciante, que le ha encargado al primero el desempeño de esa labor. De esta suerte, en el desempeño de su función contractual, el agente puede no sólo relacionar al empresario con clientes o consumidores de sus productos, sino inclusive actuar como su representante, como fabricante o como distribuidor, pero en uno y otro evento estas actividades del agente tienen que estar inequívocamente acompañadas de la actividad esencial consistente en la promoción o explotación de los negocios del empresario.

1.1.2. Es claro entonces que el contrato de agencia, no obstante su autonomía, su característica mercantil intermediadora, lo hace afín con otros contratos, con los cuales puede concurrir, pero sin confundirse con ellos; razón por la cual, en este evento, su demostración tendrá que ser igualmente inequívoca.

En efecto, el contrato de agencia, cuando se refiere a una modalidad personal del encargo o de intermediación, presenta entonces algunas afinidades con otros contratos, como sucede con el mandato, la comisión, el corretaje y la preposición, pero no puede sin embargo confundirse con ninguno de ellos, pues tiene características específicas que le confieren autonomía y que, por lo mismo, lo hacen diferente de ellos. Luego, un comerciante bien puede recibir estos encargos mediante dichos contratos y no ser agente comercial, pero dentro de aquella actividad; también puede el mismo comerciante recibir el encargo especial de promover y explotar los negocios del empresario como “representante” o “agente”, eso sí en virtud de un contrato de agencia.

Así mismo, con relación a la actividad mercantil que desarrolla el comerciante, éste puede ser simplemente un fabricante o distribuidor de productos de un empresario, en virtud de los contratos de construcción, distribución, suministro, compra al por mayor, depósito, o de cualquier otro convenio que conduzca exclusivamente a este objeto.

Pero también, ese mismo comerciante, en desarrollo de esta actividad mercantil, puede recibir, mediante el contrato de agencia, el encargo específico de “promover o explotar negocios” del empresario “en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional” (C. Co., art. 1317), lo que, como atrás quedó expuesto, representa para aquel comerciante-agente la obligación de actuar por cuenta del empresario en forma permanente e independiente, en las actividades de adelantar por iniciativa propia, y obtener en la zona correspondiente la elevación y mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los negocios (v. gr., contratos, ampliación de actividades, etc.), la ampliación de los negocios y los clientes existentes y el fomento, obtención y conservación de los mercados para aprovechamiento de los negocios del empresario. En cambio, la actividad de compra para reventa de un mismo producto, solamente constituye el desarrollo de una actividad mercantil por cuenta y para utilidad propia en donde los negocios de compraventa tienen por función la de servir de título para la adquisición (en la compra) o la disposición (en la reventa) posterior con la transferencia de dominio mediante la tradición. Pero el hecho de que, para el cumplimiento de esta finalidad, el distribuidor tenga que efectuar actividades para la reventa de dichos productos, como la publicitaria y la consecución de clientes, ello no desvirtúa el carácter propio de aquella actividad mercantil, ni el carácter propio que también tiene la promoción y explotación de su propio negocio de reventa de productos suministrados por un empresario. Porque cuando un comerciante difunde un producto comprado para él mismo revenderlo, o, en su caso, promueve la búsqueda de clientes a quienes revenderles los objetos que se distribuyen, lo hace para promover y explotar un negocio que le es propio, o sea, el de la reventa mencionada; pero tal actividad no obedece, ni tiene la intención de promover o explotar negocios por cuenta del empresario que le suministra los bienes, aunque, sin lugar a dudas, este último se beneficie de la llegada del producto al consumidor final. Por esta razón, para la Corte la actividad de compra hecha por un comerciante a un empresario que le suministra el producto a fin de que aquél lo adquiera y posteriormente lo distribuya y lo revenda, a pesar de que esta actividad sea reiterada, continua y permanente, y que se encuentre ayudada de la ordinaria publicidad y clientela que requiere la misma reventa, no constituye ni reviste por sí sola la celebración o existencia de un contrato o relación de agencia comercial entre ellos. Simplemente representa un suministro de venta de un producto al por mayor de un empresario al comerciante, que éste, previa las diligencias necesarias, posteriormente revende no por cuenta ajena sino por cuenta propia; actividad que no puede calificarse ni deducirse que se trata de una agencia comercial. Pero lo anterior no se opone, como lo reconoció esta corporación en ocasión anterior, a que habiendo un contrato de agencia entre empresario (agenciado) y comerciante (agente) en forma paralela puedan concurrir otros contratos, como los de ventas directas, hechas por el empresario en la zona de agencia (Sent. dic. 14/92, G. J. CCXIX, pág. 703 y ss.), sin que llegue a confundirse aquel contrato con estos últimos, pues sus elementos, particularmente el objeto, son diferentes aunque se presenten dentro de una misma actividad comercial destinada a poner los productos en manos del consumidor.

Todo ello conduce, entonces, a la necesidad de que el contrato de agencia requiera de una demostración típica y clara, es decir, que las pruebas se dirijan a establecer directamente el contrato de agencia, pues siendo éste autónomo, se repite, no puede entenderse probado con la simple demostración de otro de los contratos antes mencionados, porque estos, como se dijo, no conllevan necesariamente la existencia de agencia comercial.

1.2. Ahora bien, dada la naturaleza de la relación contractual inmanente en la agencia comercial, el legislador regula algunos asuntos, por razones de orden público.

1.2.1. En efecto, se señala en primer término que este contrato, cuando se ejecuta en el territorio nacional queda sujeto a la ley colombiana, aunque se pacte lo contrario (C. Co., art. 1328). Ello significa, entonces, que para determinar la ley aplicable al contrato, el legislador prescinde por completo del lugar de su celebración y de la nacionalidad de las partes contratantes.

1.2.2. Pero también, como norma protectora de la estabilidad de la relación contractual, el Código de Comercio establece que la agencia puede terminar por las mismas causas que ponen fin al contrato de mandato y, además, estatuye cuáles son las “justas causas” que permiten su terminación unilateral, ya por el empresario, ya por el agente (C. de Co., arts. 1324 y 1325). Por lo mismo, a la extinción del contrato tendrá derecho el agente al pago de una suma equivalente “a la doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor” indemnización ésta a la cual se agregará la suma de dinero que fijen los peritos “como retribución” a la actividad del agente “para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato”, norma que se extiende en su aplicación a los casos en que el contrato termina por justa causa imputable al empresario, todo conforme a lo preceptuado por el artículo 1324 del Código de Comercio.

2. Aplicadas las nociones anteriores al caso sub lite, encuentra la Corte que el cargo propuesto y que aquí se analiza no puede prosperar, por cuanto:

2.1. Como puede apreciarse en la sentencia impugnada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín —Sala Civil—, funda la decisión desestimatoria de las pretensiones del actor, en cuanto hace relación al contrato de agencia cuya existencia se impetra declarar, en que éste no reúne la totalidad de los requisitos exigidos en la ley para estructurarlo, como quiera que aun cuando el demandante tiene el carácter de comerciante independiente de la parte demandada y la relación contractual existente entre ellos fue de carácter estable, para cumplirse en una zona prefijada del territorio nacional, es lo cierto que Distrimora Ltda. y la Shell Colombia S.A. efectivamente realizaron un “negocio de compraventa al por mayor” de productos enajenados por ésta a aquélla, la cual una vez adquiridos procedía luego a la “reventa” de tales productos, “con destino al consumidor final” (fls. 121 y 212 v., C-16), lo que resulta corroborado por las cláusulas primera y cuarta del contrato celebrado entre las partes, a las cuales alude el fallo impugnado, como aparece a folios 121 y 122 del cuaderno Nº 16. Además, al examinar el contrato, manifestó el tribunal que conforme al texto del mismo “en él no se estipuló que la sociedad demandante actuaría, como agente o representante de la demandada” y, por el contrario, “con la prueba testimonial y documental (carpetas de 1 a 8)”, se demostró que la actora actuó como “un distribuidor de los productos adquiridos por compra a la demandada, para ser revendidos a los precios señalados por estamentos gubernamentales” (fls. 123 y 123 v., cdno. 16), lo que que significa que “Distrimora Ltda ponía en el mercado sus propios productos, sin que mediara por parte de la Shell encargo o mandato”, por lo que resulta que no se demostró en el proceso la existencia del contrato de agencia comercial entre las partes (fls. 123 y 124, cdno. 16).

2.2. El cargo primero formulado por la parte recurrente contra la sentencia de segundo grado, asevera que se produjo por el fallador la violación directa de algunas de las normas reguladoras de la agencia comercial, “por interpretación errónea” y la falta de aplicación de los preceptos mencionados al enunciar la acusación, para lo cual afirma el recurrente que acepta como acertada “la ubicación de la cuestión de hecho” por parte del Tribunal, el cual, sin embargo, a su juicio incurre en equivocación al fijar el sentido y alcance de los artículos 1317 y siguientes del Código de Comercio, en cuanto se refieren al contrato de agencia comercial, normas que se analizan por el censor a lo largo de su exposición en procura de sustentar la acusación (fls. 56 a 65, cdno. Corte).

2.2.1. Dejando de lado la impropiedad del lenguaje técnico-jurídico al aseverar que se incurrió en interpretación errónea de normas sustanciales inaplicadas por el fallador, pese a que conforme a doctrina reiterada de esta corporación “el quebranto de una norma sustancial, en la especie de interpretación errónea excluye la falta de aplicación de la misma, y excluye igualmente la aplicación indebida, porque en el caso del yerro hermenéutico se aplica la disposición legal que corresponde, pero con una inteligencia que no puede dársele” (sent. sep. 22/72, G.J. t. CXLIII, pág. 168), es evidente que la censura adolece de grave equivocación al erigir la acusación, como quiera que si la sentencia impugnada se apoya en que no encontró demostrada la existencia del contrato de agencia comercial entre las partes, como ya se vio, sino la de una compraventa de productos Shell al por mayor para su reventa posterior a los consumidores, esa conclusión del Tribunal sobre la cuestión fáctica debatida en el proceso, mal puede combatirse aduciendo violación directa de normas de derecho sustancial, pues sólo era dable atacarla por la vía indirecta, ya que, como salta a la vista, si el sentenciador dio por demostrado un contrato de compraventa no pudo incurrir en interpretación errónea de las normas atinentes a la agencia comercial, las que, por ello juzgó inaplicables.

2.2.2. Ahora bien, dejando de lado el defecto anotado, la prenombrada acusación formulada por vía directa resulta inocua o desacertada.

En efecto, de aceptarse por la parte recurrente como inconmovible la fijación de los hechos por el Tribunal, dicho cargo resulta inútil. Porque si bajo estas consideraciones forzosamente ha de tenerse por probada la compraventa al por mayor para la reventa posterior de los productos Shell por la parte demandante; y siendo así las cosas, todas las disquisiciones en torno al contrato de agencia comercial resultarían impertinentes, pues el sentenciador y el recurrente coinciden en la cuestión fáctica materia del litigio, esto es, de que el contrato probado fue el de compraventa y no el de agencia. Luego, la acusación, así entendida, no sería trascendente para quebrar la sentencia desestimatoria de la acción de responsabilidad fundada en el contrato de agencia.

Pero entendida la acusación en el sentido de que el yerro en la interpretación de las normas jurídicas reguladoras del contrato de agencia llevó consecuencialmente al tribunal a calificar jurídicamente en forma errónea el convenio que se adujo como base de la responsabilidad por terminación injusta hecha por la demandada, dicha impugnación también resulta desacertada. Pues, de acuerdo con lo atrás expuesto, el alcance y sentido del régimen legal de contrato de agencia no permite confundir este contrato con el de compraventa, ni con el de compraventa para reventa, ni con el de suministro; ni tampoco permite afirmar que hay promoción o explotación de negocios por cuenta ajena (como agente), cuando se compra o se recibe un suministro para reventa posterior. Si ello es así, debe concluirse entonces que no hubo yerro por parte de el tribunal en la interpretación de tales preceptos, ya que esa misma fue su conclusión. De otra parte, la censura no plantea frontalmente equivocación interpretativa sobre la posibilidad de que al lado de un contrato de agencia para promover o explotar negocios de un empresario, también pueda existir la actividad de compra para reventa sobre los mismos productos del agenciado, porque desde la misma demanda el objeto de litigio ha sido el derivar una responsabilidad del demandado por la supuesta terminación injusta o ilegal de un contrato que, a juicio del demandante, no es un contrato de suministro para reventa, sino que este mismo contrato unido a otras condiciones también genera un contrato de agencia, convirtiéndose simultáneamente al distribuidor en agente. De allí que la Corte limite su pronunciamiento a señalar que, de acuerdo con el régimen legal vigente, el simple suministro de un producto para la reventa, aun adicionado con otras condiciones, no genera un contrato de agencia. Por consiguiente, le corresponde a la Sala abstenerse de hacer pronunciamiento sobre si además del suministro para la reventa, pueda subsistir independientemente un contrato de agencia distinto entre las mismas partes y bajo qué condiciones, porque tal independencia así no ha sido planteada en la censura. Pero aún en el caso de que a la Sala se le hubiera planteado el mencionado yerro interpretativo, su pronunciamiento en el caso sub examine también sería imposible de expresarlo porque, al desatender ese yerro hipotético los extremos de litigio fijados en la demanda inicial, se trataría de un medio nuevo jurídico, inadmisible en casación.

Por lo dicho, el cargo no prospera».

ACLARACIÓN DE VOTO

Aunque estoy de acuerdo con la decisión mayoritaria, deseo, sin embargo, manifestar mi discrepancia con algunas de las consideraciones acogidas por la decisión aprobada. Ellas se sintetizan así:

1. El recurrente, en el primer cargo, acusa la sentencia del Tribunal, por violación directa de la ley, ya que, al decir del casacionista, el fallo de segunda instancia sólo vio un contrato de compraventa y no un contrato de agencia mercantil, en cuyo caso aparece violado el artículo 1317 del Código de Comercio. Pero, en la página 36 de la decisión aprobada, se dice que el cargo adolece de grave equivocación ya que el recurrente no está de acuerdo —según la Corte— con la apreciación fáctica hecha por el Tribunal, razón por la cual el cargo debería haber sido formulado por la vía indirecta.

No obstante, considero que, pese a la terminología utilizada por el recurrente, no hay de parte suya, en el cargo primero, un desacuerdo con las apreciaciones fácticas hechas por el Tribunal. Sobre los hechos, Tribunal y casacionista están de acuerdo. Se trata simplemente de un problema de cualificación jurídica ya que, según el demandante, el Tribunal no vio que los hechos probados se sumían dentro de las normas que regulan el contrato de agencia mercantil y que en cambio, sólo encontró la existencia de un contrato de compraventa.

2. En mi concepto, la decisión mayoritaria acierta cuando considera que el cargo no puede prosperar en la medida en que el tribunal llegó a la conclusión según la cual los hechos demostrados sólo permitían inferir la existencia de un contrato de compraventa y no un contrato de agencia mercantil. En ese sentido tanto el tribunal como la Corte tienen la razón.

Ahora, tanto el demandante como el tribunal hacen reflexiones sobre la posibilidad de que la compraventa para revender y la agencia comercial puedan coexistir. Es decir, si la venta hecha por un distribuidor, en su propio nombre, es o no compatible con un contrato de agencia comercial entre dicho vendedor y quien a él le vende.

3. En ese sentido, la decisión mayoritaria, siguiendo jurisprudencia anterior de esta misma Corporación(*) acepta que dicha compatibilidad existe cuando el empresario directamente vende a terceros en sitios donde el mismo producto es vendido en forma independiente por el agente.

En cambio, la decisión aprobada estima que no es del caso referirse a la posibilidad de que puedan coexistir el contrato de suministro para la reventa y el contrato de agencia mercantil entre aquel que vende o suministra y aquel que compra para posteriormente revender al público. Manifiesta el fallo aprobado que como tal problema no ha sido planteado en la censura, la Corte no tiene por qué pronunciarse sobre el mismo.

Me parece, no obstante, que tal argumento no es válido, pues hay otra serie de consideraciones de tipo sustantivo que la decisión aprobada efectúa, y que para nada fueron abordados en la demanda de casación. Por lo tanto, con el mayor respeto me refiero al problema planteado.

En efecto, es claro que la simple compraventa no da lugar por sí sola al nacimiento del contrato de agencia mercantil, ni siquiera en aquellos casos en que el vendedor que compra para revender, en forma independiente, y sin haberlo pactado con el fabricante o con el mayorista, acude a medios publicitarios o de cualquiera otra índole para impulsar las ventas del producto.

Pero nada impide que, además de la simple compraventa, el distribuidor, previo acuerdo con el suministrador, se comprometa, mediante remuneración adicional (que puede consistir en un precio más favorable que para los demás distribuidores) a impulsar el producto y, en general, a ser su representante o agente, y, en tales circunstancias, las prestaciones a que tiene derecho el agente en caso de que se termine el contrato de agencia, se medirán teniendo en cuenta únicamente lo que valga la remuneración que por ese servicio adicional reciba de manos del empresario. Por lo tanto, si el distribuidor que compra para revender, adicionalmente se obliga a ser el distribuidor oficial del suministrador, a representarlo ante las autoridades públicas, a realizar las campañas publicitarias y de demostración, a cumplir las garantías de calidad de los productos y, en general, a realizar las gestiones que, en principio, son las que habitualmente hace el mismo suministrador como un empresario diligente que quiere introducirse y mantenerse dentro del mercado, es indudable que, paralelo a la compraventa, se da el contrato de agencia mercantil, así todos los productos vendidos por el distribuidor hayan sido comprados por él al suministrador. Desde luego, que esta prestación adicional tiene que ser pactada como un elemento diferente de la simple compraventa para revender. El impulso del producto, por sí solo, no tipifica el contrato de agencia. Se requiere que ese servicio sea acordado con el empresario y que sea remunerado, como una prestación diferente de la utilidad que a cualquier vendedor le deje el producto.

Con todo respeto,

Javier Tamayo Jaramillo 

(...).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA