Sentencia 4702 de febrero 26 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

INCIDENCIA DE PROVIDENCIA PENAL EN EL PROCESO CIVIL

EXTRACTOS: «1. Resulta incuestionable que por virtud de los principios que gobiernan en la legislación patria la materia, no puede desconocerse la forzosa incidencia de ciertas decisiones penales en relación con determinadas causas de responsabilidad civil adelantadas por los jueces de esta especialidad, razón por la cual, la añeja controversia sobre la viabilidad de distinguir tajantemente el ilícito penal del civil, o, por el contrario, la improcedencia de tal distinción, no puede sustraerse de esa realidad que en el medio nacional se ofrece como inobjetable y que finca su razón de ser en que los designios del derecho penal comprenden un interés general, en la medida que la represión del delito compromete el interés de todos los asociados, y que, subsecuentemente, debe preponderar sobre el interés particular, amén de que se evitan en el punto decisiones judiciales contradictorias.

Si, pues, como ha quedado establecido, es indiscutible que determinados pronunciamientos de los jueces penales producen efectos inevitables en las causas de responsabilidad adelantadas por la jurisdicción civil, el núcleo de la cuestión no es otro que el de determinar las condiciones en que esa irremediable injerencia se presenta y los alcances de la misma. Una primera aproximación al asunto conduce a descartar, como solución general del problema, el acogimiento del principio de la cosa juzgada, entendida ésta en los términos del Código de Procedimiento Civil, desde luego que, dada la distinción ontológica entre la acción punitiva y la civil, no es fácil advertir la similitud entre ambas edificada como se encuentra en una triple identidad en el objeto, los sujetos y la causa, afinidad que, como se sabe, es reclamada de manera necesaria por el ordenamiento procesal civil para que los efectos inmutables de la cosa juzgada obren con relación a una decisión judicial. De ahí que hubiese sentado la Corte que la cabal comprensión de la cuestión debe reparar, por el contrario, en las particularidades de cada caso, de modo que aquellas decisiones de los órganos punitivos del Estado que tengan un carácter definitivo o irreversible, produzcan los efectos erga omnes que le son propios y, por ende, de forzosa aceptación para los demás órganos judiciales.

En este orden de ideas, no puede desconocerse que el carácter preferente de ciertas determinaciones proferidas por los funcionarios encargados de la investigación y sanción de los delitos, se funda en la necesidad de impedir que se profieran decisiones incoherentes que menoscaben los cimientos de la jurisdicción y que, de contra golpe, pongan en entredicho las decisiones que se adopten en las causas criminales, fundamentalmente en lo que concierne

“... “a lo que ha sido necesaria y ciertamente decidido en la acción pública penal, a la materia o punto en que pueda coincidir el objeto procesal de ambas acciones, porque lo que la razón de orden público adscrita a la vida del Estado exige es que se evite la contradicción entre sus órganos jurisdiccionales ...” (G.J., t. LII, pág. 799). En otros términos, es únicamente la solución del proceso penal lo que se juzga erga omnes y, por lo tanto, autoridad con semejante extensión es predicable tan sólo de aquellas comprobaciones con efectos punitivos que, efectuadas por el juez penal y por mandato expreso de la ley, son de tal naturaleza que se las deba considerar como base necesaria e insustituible de la responsabilidad criminal declarada, criterio éste que para su cabal entendimiento, bien puede desdoblarse en dos fórmulas paralelas entre sí y que a la vez se limitan recíprocamente, recogidas en los siguientes enunciados:

i) Los jueces penales tienen la función privativa de decidir sobre la existencia del hecho constitutivo de la infracción penal, si ese mismo hecho le es jurídicamente imputable al sindicado, y en fin, si se produjo con las características exigidas por la ley para motivar la aplicación de una determinada pena prevista en el código del ramo;

ii) En general y por eso mismo dejando a salvo eventos de excepción legalmente regulados, los jueces del fuero punitivo en el marco propio de la acción penal, no están llamados a estatuir sobre hechos determinantes de simple responsabilidad civil no condicionada por la solución dada a la cuestión penal en el correspondiente fallo; si lo hacen, no se remite a duda que sus conclusiones forman parte del juicio jurisdiccional así emitido, pero lo cierto es que a ellas no se une la autoridad absoluta a la cual viene aludiéndose y por ende “...no existe ningún inconveniente para que sean contradichas en el proceso civil, puesto que aun cuando el mismo juez penal hubiera advertido su error, su resolución no habría sido modificada. El juez civil no tropieza con la decisión dada a la acción pública, no la declara inexacta, y solamente aprecia a su manera hechos que el juez penal no tenía por qué considerar...” (Mazeaud. Op. Cit. num. 1766)” (Casación del 15 de abril de 1997).

2. Tratándose de las providencias de carácter absolutorio, tanto el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal actualmente en vigor, como el artículo 55 del estatuto vigente en octubre de 1991, época en la cual el Juzgado Primero de Instrucción Criminal Ambulante de Cúcuta, profirió decisión ordenando “la cesación de todo procedimiento respecto del procesado Heliodoro Zafra Lindarte”, disponen, en sentido general, que la acción civil se torna improcedente cuando se hubiese declarado por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió, o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa, cuestiones estas que, dado ese singular cariz que les otorga el legislador, constituyen un confín que ha sido encomendado de manera preeminente a los órganos penales de la jurisdicción, de modo que sus inferencias quedan resguardadas de controversia en otros estrados judiciales.

En el asunto que ocupa ahora la atención de la Corte, se tiene que el mencionado Heliodoro Zafra Lindarte, quien a la sazón conducía el otro vehículo involucrado en el lamentable accidente en el que falleció el señor Alexander Avendaño Pineda, fue encausado penalmente por tal accidente y, a la postre, absuelto de toda responsabilidad penal por el mismo, toda vez que mediante providencia del 7 de octubre de 1991, el Juzgado Primero de Instrucción Criminal Ambulante de Cúcuta decidió “ordenar la cesación de todo procedimiento” respecto del aludido sindicado, aduciendo, en síntesis, que estaba demostrado “que el procesado no cometió la infracción que se le imputa, el hecho no le es atribuible y en tales condiciones resulta libre de toda responsabilidad en el indicado suceso”.

Es palpable, entonces, que para el funcionario penal quedó demostrado que el “hecho no le es atribuible” al encartado, lo que equivale a decir, que él no lo cometió, deducción que, como ha quedado dicho, produce efectos absolutos o erga omnes, motivo por el cual los demás organismos de la jurisdicción no pueden desatenderla, por supuesto que en los términos escuetos en los que fue plasmada, no puede entenderse como una disquisición sobre la mayor o menor culpabilidad del sindicado en el percance, o la ausencia de ésta, sino que, yendo mucho más allá, lo exonera de toda participación en el fatal desenlace o, lo que es lo mismo, pone al descubierto la inexistencia de cualquier vínculo o nexo de causalidad entre su conducta y el evento dañoso.

Y es, así mismo evidente, que el Tribunal, incurriendo en el error que aquí se le atribuye, prefirió esa determinación, pues ninguna alusión hizo a ella, no obstante que fue ese organismo el que de manera oficiosa ordenó que las copias de la actuación penal, se allegaran al proceso.

3. Con miras a determinar la trascendencia del referido yerro, y teniendo de presente que la acción civil se dirige contra un tercero de quien se dice que está llamado a responder por los perjuicios que en la demanda se reclaman, esto es, que no se formula frente al sindicado, es oportuno destacar que la providencia del juzgado de instrucción criminal no comprende un análisis de la culpabilidad del procesado, es decir, que no contiene un juicio sobre si obró con prudencia, pericia y diligencia o sin ellas, evento en el cual faltaría por examinar aún, frente al civilmente responsable, si existió un hecho extraño que lo exonerara de toda responsabilidad, cuestión esta que, como se sabe, es el único modo de eludir el deber de indemnizar originado en el ejercicio de actividades peligrosas.

Como la providencia penal asienta de manera absoluta y definitiva que el encartado no cometió el hecho que se le atribuye y esa imputación es el puntal de la reclamación de perjuicios de que trata la demanda, por supuesto que allí no se elude a otro fundamento distinto a la actividad desplegada por Zafra Lindarte, es incuestionable la trascendencia de la omisión en que el juzgador incurrió, pues de haber visto que el órgano al que la ley le confirió la misión de juzgar lo pertinente, había dictaminado que “el procesado no cometió la acción que se le imputa”, habría concluido sin ambages, que tampoco estaba llamada a responder la empresa demandada, pues resultaría paradógico, por decir lo menos, que ésta estuviese obligada a indemnizar por una acción que el órgano por el cual responde, no cometió, máxime cuando no es posible atribuirle una culpa presunta al tenor del artículo 2356 del Código Civil, dado que como ocurrieron los hechos, conforme a la prueba que obra en el expediente, el régimen jurídico aplicable no es otro que el de la culpa probada, previsto por el artículo 2341 ibídem, siendo aquí donde se advierte la ausencia de cualquier elemento de convicción que razonablemente permitiera desvirtuar la conclusión del juez penal.

Así las cosas, el cargo habrá de prosperar.

Sentencia sustitutiva

1. Para la adecuada comprensión del problema jurídico que se despeja, no puede perderse de vista que, de una parte, el demandante apuntaló su pretensión de manera exclusiva en la actividad desplegada por Zafra Lindarte en el transcurso del accidente, o sea, que, el único fundamento de su reclamación frente a la empresa demandada radica en la participación del aludido conductor en el evento dañoso, dejando de lado cualquier otra imputación contra la persona jurídica, como por ejemplo, las que atañen con la dirección y control de la actividad ejercida por ésta. Y si, como está visto, el juez de la causa penal determinó que el susodicho Zafra no cometió la acción que se le imputa o, lo que es lo mismo, no existe ningún vínculo de causalidad entre su accionar y la muerte de la víctima, la misma tampoco le es imputable a la persona jurídica que responde civilmente por él.

De otro lado, tampoco aparece probada en el proceso una culpa de distinto temperamento de la demandada, cuestión que adquiere especial trascendencia en cuanto se advierte que en los trágicos hechos de que da cuenta la demanda, tanto la víctima como la demandada ejercían actividades peligrosas, circunstancia en la cual la mutua presunción se anula aparejando la necesidad de probar del encartado.

2. Subsecuentemente, habrá de confirmarse la sentencia absolutoria proferida por el juzgador a-quo, pero al amparo de las consideraciones que anteceden».

(Sentencia de casación, febrero 26 de 1998. Expediente 4702. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles).

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