Sentencia 47150 de mayo 29 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 47150

Magistrado Ponente

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

SL 379 - 2013

Acta Nº 17

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Recurso de casación

La señora Eloisa Manyoma González, pretende, según lo manifestó en el alcance de la impugnación, que la Corte CASE TOTALMENTE la sentencia del tribunal, para que una vez constituida en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, se acceda a todas y cada una de las pretensiones por ella formuladas.

Subsidiariamente, que se CASE PARCIALMENTE la sentencia del Colegiado para que constituida la Corte en sede de instancia “modifique” la de primer grado y, en su lugar, conceda la sustitución pensional “en partes iguales, esto es, en un 50% para la esposa ELOISA MANYOMA GONZALEZ (sic) y el 50% para la compañera señora Cruz Herminia Conrado Asprilla. Sobre costas decidirá lo pertinente”.

Con ese propósito invoca la causal primera de casación laboral contemplada en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y formuló dos cargos, que no fueron replicados.

VI. Primer cargo

Ataca la sentencia del tribunal de violar la ley sustancial, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 7º del Decreto 1889 de 1994 en relación con los artículos 61 y 145 del CPL y de la SS. y 208 del CPC.

Sostiene que el tribunal se equivocó porque:

“1. Dar por demostrado, sin ser ello cierto, que la convivencia entre la señora Eloisa Manyoma González y su esposo Pedro Miguel Cortés Cortés desapareció por la sola ausencia física entre ellos, cuando la verdad sea dicha, tal separación física se dio por motivos o razones justificables, como fue la hospitalización del señor Cortés Cortés.

2. No dar por demostrado, siendo ello tan evidente, que la razón fundamental por la cual y durante los meses de junio a septiembre de 2007 (sic), la señora Eloisa Manyoma González y su esposo Pedro Miguel Cortés Cortés no compartieron el mismo techo, fue porque éste se encontraba hospitalizado en la ciudad de Cali.

3. No dar por demostrado, estándolo, que fue la señora Eloisa Manyoma González quien en virtud del grave estado de salud de su esposo Pedro Miguel Cortés Cortés, tomó la determinación de trasladarlo a la Cali para internarlo en el “Hospital Universitario del Valle” y luego consintió su traslado al hogar de reposo para personas de la tercera edad “Volvamos a vivir”.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la señora Eloíisa Manyoma González durante los meses de junio a septiembre de 2007 (sic), jamás, pero jamás dejó hacer comunidad de vida con su cónyuge señor Pedro Miguel Cortés Cortés, pues siempre le dio afecto, le prestó auxilio y lo acompañó espiritualmente, tanto así que luego de hospitalizarlo en la ciudad de Cali, viajaba cada 8 días a visitarlo.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la causa por la cual la señora Eloisa Manyoma González no concurrió a las exequias fúnebres de su esposo Pedro Miguel Cortés Cortés, fue porque tales actos luctuosos fueron sigilosamente encubiertos por la señora Mireya Cortés Conrado, hija del causante con la otra demandante señora Cruz Herminia Conrado”.

Como pruebas indebidamente valoradas relaciona el interrogatorio de parte absuelto por la señora Eloisa Manyoma González (fls. 165 a 166); las testimoniales rendidas por Celia González de Albornoz, Sixto Merquias Cortés Urrutia (fls. 55 a 56 y 58 a 59 respectivamente), Carmen Rosa Amu y Flavia Mercedes Castro Valencia (fls. 128 a 132 y 133 a 135 vto. y 148 a 149).

La recurrente señala que no discute la calidad de pensionado de Foncolpuertos del señor Pedro Miguel Cortés Cortés; que falleció el 6 de septiembre de 1997; que el causante convivió de manera simultánea con su esposa señora Eloisa Manyoma González y con la señora Cruz Herminia Conrado Asprilla; que en el mes de junio de 1997, y debido a su grave estado de salud, tomó la determinación de trasladar a su cónyuge a la ciudad de Cali para ser internado primeramente en el “Hospital Universitario del Valle” y luego en el hogar de reposo para personas de la tercera edad “Volvamos a vivir”.

La inconformidad con la sentencia recurrida, gira exclusivamente en tomo a la convivencia final de la señora Eloisa Manyoma González con el finado Pedro Miguel Cortés, pues para el tribunal, el hecho de que el causante durante los últimos meses de vida —junio a septiembre— estuviese hospitalizado en la ciudad de Cali y al cuidado de su hija Mireya Cortés Conrado y no por la señora Eloisa Manyoma González, quien además no asistió a las exequias fúnebres, rompe la comunidad de vida y con ello el derecho a percibir la sustitución pensional.

Para la recurrente el error del juzgador estribó, entonces, en no haber analizado en su justa dimensión el interrogatorio de parte rendido por la señora Eloisa Manyoma González pues “fácilmente se hubiese percatado cuáles fueron las razones por las cuales no pudo asistir a las honras fúnebres de su esposo Pedro Miguel Cortés, que no fueron otras diferentes a que le ocultaron dicho fallecimiento; es más, si se hubiese tomado la molestia de leerlo en su integridad, hubiese advertido con suma facilidad, que jamás, pero jamás desatendió a su esposo, tanto así que fue ella y por el grave estado de salud de él, que autorizó su traslado a la ciudad de Cali, además fue quien dio el visto bueno para que se le llevara a un hogar de reposo para personas de la tercera edad llamado... volvamos a vivir...; pero ello no lo es todo, a pesar de vivir lejos de la ciudad de Cali, esto es en Buenaventura, iba cada ocho días a visitarlo”.

Dice la impugnante que el análisis de la prueba que antecede, deja ver con suma claridad, que la señora Manyoma González, jamás descuidó material y espiritualmente a su esposo durante los últimos meses de vida, y aunque resulta cierto que no estuvo “en la hora de su muerte, ni en sus exequias, ello se debió a que la hija de él con la otra demandante, de nombre MIREYA CORTES (sic) CONRADO no le informaron (sic) de su deceso, esto es, le ocultaron (sic) su fallecimiento y las exequias con el único fin de sacar el máximo provecho al hacer la reclamación pensional”.

A continuación se refiere a las declaraciones rendidas por Sixto Merquias Cortés Urrutia, Celia González de Albornoz, Carmen Rosa Amu y Flavia Mercedes Castro Valencia.

VIII. Se considera

Como se asentara cuando se hizo el itinerario procesal, el tribunal estimó que el derecho a la pensión de sobrevivientes derivado de la muerte del señor Pedro Miguel Cortés, correspondía a su compañera permanente, Cruz Herminia Conrado, toda vez que en el proceso quedó acreditado que convivió e hizo vida en común hasta el momento de la muerte con el pensionado. Concluyó así mismo, que el causante no hizo vida marital y tampoco convivió al menos 2 años continuos con anterioridad a su fallecimiento con su legítima esposa, Eloisa Manyoma González.

Para arribar a ese convencimiento, el juzgador de segundo grado se apoyó en esencia en las declaraciones vertidas por Carmen Rosa Amu y Flavia Mercedes Castro Valencia, quienes fueron enfáticas en afirmar que la convivencia simultánea de Eloisa Manyoma González con el pensionado no se prolongó hasta la “hora postrera del causante”, pues “quien acompañó a la accionante (sic) desde junio de 1997 hasta se (sic) muerte en septiembre de ese año fue la señora CRUZ HERMINIA CORTES (SIC), no sólo mientras estuvo internado en la Clínica de Medinorte o viviendo juntos en la casa de la hija de ambos, FRANCISCA MIREYA CORTES (SIC), sino hasta cuando estuvo internado en el hogar de reposo para personas de la tercera edad”.

Para contrarrestar la conclusión del tribunal, la recurrente denuncia como pruebas mal valoradas el interrogatorio de parte que ella absolvió y las declaraciones de Sixto Merquias Cortés Urrutia, Celia González de Albornoz, Carmen Rosa Amu y Flavia Castro Valencia.

Pues bien, se impone a la Sala recordar lo que de antaño ha enseñado, en torno a que cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de “manifiesto”. Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de desaguisados en el examen de los elementos de juicio que conforman el haz probatorio, ya bien por haberlos apreciado equivocadamente, ora por no haberlos estimado.

No basta entonces que el recurrente dé explicaciones, así sean razonables, sobre los eventuales asertos erróneos del fallador, o que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de este, sino que además de identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial.

Bajo las aristas en precedencia, entonces, procede la Sala a analizar las diferentes probanzas que el cargo ataca como indebidamente contempladas, lo cual arroja el siguiente resultado:

1º) Repetidamente ha dicho la jurisprudencia que el interrogatorio de parte no es un medio de convicción calificado en la casación del trabajo sino, en la medida que entrañe confesión. Pero lo que resulta totalmente inadmisible es que el interrogatorio vertido por la parte en el proceso constituya prueba en su favor y, por supuesto, menos aún, que las afirmaciones que allí haga el deponente sirvan para fundar un error de hecho en el recurso extraordinario, pues, como es sabido, la confesión debe versar sobre hechos personales que favorezcan a la contraparte o que perjudiquen a su declarante (CPC, art. 195).

Ahora bien, el tribunal, tras analizar el interrogatorio de parte rendido por la señora Eloísa Manyoma González, dedujo: (i) que la declarante no concurrió al entierro de quien fuera su cónyuge, y (ii) que se enteró de su deceso días después de ocurrido.

Así las cosas, al ser confrontadas las inferencias que obtuvo el tribunal en la sentencia recurrida con la probanza denunciada como indebidamente valorada, observa la Corte Suprema de Justicia, que no incurrió la sala sentenciadora en ningún distorsionado juicio estimativo de ese medio de convicción, pues nada distinto concluyó de lo que emana del mismo.

2º) Juzga conveniente la Corte memorar que el tribunal también basó su decisión en la prueba documental (fl. 102), situación que le competía rebatir a la recurrente, sin restringir su análisis a los indicados medios de prueba, pues, sostenidas en el restante conglomerado probatorio, con prescindencia de su acierto, se mantendrían incólumes y con ello el fallo conservaría su presunción de legalidad.

Por lo anterior, debe reiterar la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el tribunal como soporte de la decisión impugnada o apenas alguna de ellas, o como aquí sucedió, apenas algunos medios de prueba que le sirvieron de soporte a la decisión.

3º) La prueba testimonial, a la que ha hecho referencia la Sala para explicar cómo formó el tribunal su convencimiento sobre la convivencia entre la señora Cruz Herminia Conrado y el causante, no está calificada para fundar sobre ella un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969. Así que únicamente podría haber sido examinada si previamente se hubiese establecido un desacierto valorativo originado en medios de convicción aptos para estructurar un yerro fáctico, lo que no ocurrió.

Se impone reiterar que en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles, corresponde al juzgador dentro de su restringida libertad y soberanía probatorias y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión y desechando el otro.

A la mano de las anteriores reflexiones las acusaciones no se abren paso.

VIII. Segundo cargo

Acusa la sentencia del tribunal de violar la ley sustancial, por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 7º del Decreto 1889 de 1994, lo que se dio a causa de no haber aplicado los artículos 13, 42, 48 y 230 de la Constitución Política, en relación con los artículos 5º y 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del CST.

Inicialmente, la impugnante señala que no discute la calidad de pensionado de Foncolpuertos del señor Pedro Miguel Cortés Cortés; que este falleció el 6 de septiembre de 1997; que el causante “convivio de manera simultánea y hasta la fecha de su fallecimiento” con su esposa señora Eloísa Manyoma González y con la señora Cruz Herminia Conrado Asprilla, y que “no se debate que en el mes de junio de 1997 y debido a su grave estado de salud, mi representada tomó la determinación de trasladar al causante a la ciudad de Cali para ser internado primeramente en el “Hospital Universitario del Valle” y luego en el hogar de reposo para personas de la tercera edad “ Volvamos a Vivir’, lugar donde estuvo al cuidado de su hija Mireya Cortés”.

Asevera la recurrente que el fallador, para concluir que la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, es la señora Cruz Herminia Conrado Asprilla, le dio un alcance restringido al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, pues si bien es cierto, dicha norma nada dice respecto a la convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente, “dejando además un margen de interpretación en favor de la esposa, tal enunciado no es un imperativo categórico inmodificable por el operador judicial, pues tal preceptiva debe ser entendida bajo la destellante luz de los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política, que consagran los derechos a la igualdad, a la familia y a la seguridad social; por demás, tales preceptivas superiores le dan el mismo tratamiento a la cónyuge y a la compañera permanente; es más, cuando se presenta conflicto entre los posibles titulares del derecho a la sustitución pensional, factores como el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la comprensión y la vida en común al momento de la muerte, son los que legitiman el derecho reclamado, y si en este caso, hubo convivencia simultánea como lo concluye el tribunal y no se discute, significa que las dos estuvieron hasta el 6 de septiembre de 1997 (fecha del fallecimiento), prestándole ayuda y auxilio mutuo, y si ello es así, lo más lógico, jurídico, justo y equitativo, es que tanto la señora MANYOMA GONZALEZ (sic) como la señora Conrado Asprilla compartan la pensión de sobrevivencia”.

Para apoyar su discurso trae a colación pasajes de la Sentencia 2410-2004 del Consejo de Estado.

X. Se considera

Aunque la recurrente afirma estar conforme con los hechos que da por probados la sentencia que acusa —para poder enfocar su ataque por la vía directa—, lo cierto es que mientras el tribunal parte del supuesto de que no hubo convivencia entre la señora Eloísa Manyoma González y el causante “desde junio de 1997 hasta se (sic) muerte” (fl. 105), la acusación parte del supuesto contrario, es decir, que hubo convivencia “hasta el 6 de septiembre de 1997 (fecha del fallecimiento)”.

Al no existir coincidencia sobre tales hechos no se podía enderezar el ataque por la vía directa, puesto que, como lo ha adoctrinado esta Sala, es presupuesto indispensable de un ataque por el referido sendero de violación de la ley sustancial, la real aceptación por parte de quien impugna de los fundamentos fácticos edificantes de la decisión acusada, por lo que no puede existir desavenencia entre las conclusiones de hecho del sentenciador, fruto de su actividad valorativa, y los hechos en que se basa la censura, lo que resulta suficiente para dar al traste con la acusación.

En armonía con lo discurrido, el cargo se rechaza.

Por cuanto no hubo oposición, sin costas.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 12 de marzo de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, en el proceso adelantado por la recurrente contra la Nación —Ministerio de Protección Social (hoy de Trabajo)— grupo interno de trabajo para la gestión del fondo pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia —Foncolpuertos—, y en el cual actuó como interviniente ad excludendum la señora Cruz Herminia Conrado Asprilla y también fue llamada a juicio la señora María Medarda Lara Morales.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».