SENTENCIA 4722 DE AGOSTO 6 DE 1993

 

Sentencia 4722 de agosto 6 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS ADUANEROS

NO HAY SOLIDARIDAD ENTRE IMPORTADOR Y MANDATARIO

EXTRACTOS: «Se concreta la presente acción en la solicitud de nulidad de los artículos 3º (parcialmente), 23 inciso segundo y 107 (parcialmente) del Decreto 1909 de 1992, por medio del cual el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política con sujeción a los artículos 3º de la Ley 6ª de 1971 y 2º de Ley 7ª de 1991, en desarrollo del artículo 108 Ley 6ª de 1992. Decreto que al parecer del demandante establece la responsabilidad solidaria entre el importador y los demás sujetos que intervienen en la operación aduanera por los tributos y sanciones que se deriven de ésta.

A continuación se transcriben las normas demandadas.

“Artículo 3º—Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el propietario, o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, depositario, intermediario y el declarante.

ART. 23.—Obligado a declarar. El obligado a presentar la declaración de importación, es el importador, entendido éste como quien realiza la operación de importación o aquella persona por cuya cuenta se realiza, quien podrá actuar personalmente o a través de apoderado, o mediante mandatario especial para actuar ante la Aduana, intermediación que en este último caso se denominará agenciamiento aduanero.

Cuando la declaración se presente a través de apoderado o mandatario, éste será solidariamente responsable con el importador por los tributos aduaneros y las sanciones a que resulten de su actuación y del incumplimiento de las obligaciones aduaneras.

ART. 107.—Responsabilidad de los depósitos. Sin perjuicio de la responsabilidad frente a terceros de conformidad con las normas del Código de Comercio y del Código Civil, los depósitos serán responsables ante la Nación por las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las normas aduaneras” (fl. 22).

El artículo 3º del Decreto 1909 de 1992 prevé taxativamente quiénes son los sujetos responsables de la obligación aduanera y entre ellos contempla al importador, al propietario y al tenedor de la mercancía y establece una obligación especial para el transportador, el depositario intermediario y el declarante pero derivada de su intervención.

Haciendo una interpretación literal, de los vocablos utilizados por el precepto sub examen, se llega a la inmediata conclusión de que el texto no establece obligación solidaria, ni mucho menos subsidiaria como lo considera el Ministerio Público, entre el importador y los demás intervinientes en el proceso aduanero.

La doctrina y la jurisprudencia siempre han entendido que cuando la ley se refiere a la obligación solidaria, está colocando en igualdad de condiciones a los sujetos pasivos de un crédito, es decir que éste puede exigirse en su totalidad y de manera indistinta a cualquiera de los deudores, o bien reclamar su cumplimiento simultáneamente a todos los obligados.

La obligación subsidiaria por el contrario, es secundaria, derivada, condicionada, lo que implica la existencia de una principal en interrelación con aquélla pero sin que se deba predicar la necesaria concurrencia entre una y otra.

En síntesis, la norma que se analiza establece para efectos de la responsabilidad aduanera claras diferencias dependiendo de la calidad con que actúe cada uno de los sujetos en el procedimiento administrativo respectivo, razones que conducen a descalificar la procedencia del cargo y declarar la legalidad del precepto acusado pues se encuentra compatible con las facultades que la ley marco de aduanas y la Constitución Nacional otorgan al ejecutivo.

Los mismos argumentos precedentes, se expresan en relación con la solicitud de nulidad del artículo 107, Decreto 1909 ibídem, razón por la que no se accede a la solicitud de nulidad impetrada.

En relación con la solicitud de nulidad del inciso segundo del artículo 23 Decreto 1909 ibídem, la Sala encuentra que el precepto acusado en su inciso primero establece sin vaguedad que el obligado a declarar es el importador, entendido por tal quien realiza la operación de importación o aquella persona por cuya cuenta se realiza; sin embargo el inciso demandado expresamente establece la responsabilidad solidaria entre el importador y el mandatario por los tributos aduaneros y las sanciones que resulten de su actuación y del incumplimiento de las obligaciones aduaneras.

Como puede verse, el inciso acusado no establece diferencias para efectos de la responsabilidad entre el obligado a declarar y el mandatario o apoderado con ocasión de su actuación.

Ha de precisar la Sala en este momento si con la norma bajo estudio, el Gobierno Nacional invadió el universo de competencias propias del Congreso y si introdujo modificaciones a la legislación ordinaria y comercial en cuanto al contenido de las obligaciones propias de las partes que intervienen en el contrato de mandato.

El artículo 2142 del Código Civil, define el mandato en los términos siguientes:

“El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante y la que lo acepta apoderado, procurador y en general mandatario”.

A su vez el mandato comercial se encuentra regulado por los artículos 1262 a 1286 del Código de Comercio y lo define como a continuación se transcribe:

“El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra”.

Según las definiciones citadas, los resultados jurídicos y patrimoniales, en tanto sean creadores de derechos o de obligaciones derivados de las gestiones o negocios celebrados por el mandatario, se producen en la órbita del mandante tal como si él mismo hubiese actuado, en síntesis, el destinatario de las consecuencias de la declaración de voluntad del representante es el mandante y por lo mismo es a él a quien ella vincula, esto es, que en circunstancias normales el mandatario no queda obligado con los terceros ante quienes ha actuado o con quienes ha contratado.

El mandante cuando obra por medio de representante y dentro de los términos del mandato, lo hace como si hubiera actuado directamente, aquí la obligación nace de manera indirecta del poder otorgado y produce plenos efectos desde el mismo momento en que se expresó la voluntad del mandatario.

Es claro además que los actos que celebre el mandatario sin poder, bien porque carezca del mismo o por haberse extralimitado en el ejercicio de las facultades que sí tenía, no obligan jurídicamente al mandante para con terceros sino que comprometen directamente la responsabilidad del primero.

Por otra parte, el artículo 1568 inciso segundo del Código Civil, establece las fuentes de la solidaridad en materia de obligaciones y entre ellas contempla la convención, el testamento y la ley.

Norma que no hace distinciones entre la ley en sentido formal o material y que por lo mismo no admite razonamientos que validen la equiparación en la jerarquía normativa de los decretos que expide el Gobierno en desarrollo de leyes marco, con la ley expedida por el Congreso dentro del ámbito de sus naturales competencias.

Es cierto que al ejecutivo se le ha facultado para introducir modificaciones al ordenamiento aduanero en desarrollo de la llamada ley cuadro de la materia, pero en manera alguna ha de entenderse que puede parcelar la preceptiva general avalado en el argumento de estar reglamentando una materia específica.

En síntesis, el artículo 23, inciso segundo del Decreto 1909 de 1992, ha de declararse nulo, por cuanto introduce modificaciones al principio general de la solidaridad en el campo de las obligaciones y en cuanto al contenido y alcances del contrato de mandato, materias que son de exclusiva competencia del legislador ordinario.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARASE la nulidad del inciso segun-do del artículo 23 del Decreto 1909 de 1992, y que reza:

“Cuando la declaración se presente a través de apoderado o mandatario, éste será solidariamente responsable con el importador por los tributos aduaneros y las sanciones que resulten de su actuación y del incumplimiento de las obligaciones aduaneras” (fl. 28).

2. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de agosto 6 de 1993. Expediente 4722. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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