Sentencia 4723 febrero 4 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Exp.: 4723. Acta 4, feb. 10/2000.

M.P. José Roberto Herrera Vergara

Resuelve la Corte la impugnación formulada por el señor Octavio Trujillo Corredor, contra el fallo proferido por la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 15 de diciembre de 1999, dentro de la acción de tutela contra la Presidencia de la República y otros.

I.Antecedentes

1. El señor Octavio Trujillo Corredor instauró acción de tutela contra el señor Presidente de la República, sus ministros de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, por considerar que se le han violado los derechos a la igualdad y los consagrados en los artículos 1º, 26, 42 y 53 de la Constitución Nacional vigente, con el fin de que se le brinde los mismos derechos que tienen los honorables senadores de la República, representantes a la Cámara, ministros y honorables magistrados de las altas cortes, y de todos los empleados estatales que devenguen menos de dos (2) salarios mínimos legales mensuales, y de quienes recibieron la bonificación especial.

Afirma en síntesis el accionante que en el mes de enero del año de 1999 se le aumentó el salario a todos los funcionarios y empleados estatales, pero en el mes de abril, mediante el Decreto 664 de 1999, se creó una bonificación especial por compensación con carácter permanente para los honorables magistrados de las altas cortes, incluyendo tribunales de distrito.

Agregó que de conformidad con la ley general del gasto público (presupuesto nacional), para el año 2000 solamente tendrán derecho al incremento salarial, las personas que ganan menos de dos salarios mínimos legales mensuales, además de los senadores, representantes, ministros del despacho y los honorables magistrados de las altas cortes, dejando por fuera a las demás personas que laboran en las empresas y entidades del Estado, con lo cual se ha dado un trato discriminatorio, dejando a la mayoría de los trabajadores sin un salario justo, mínimo, vital y móvil.

2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva resolvió denegar la solicitud de amparo, por considerar que no se trasluce violación o amenaza alguna de los derechos presuntamente conculcados, para lo cual se requiere de la demostración de un trato discriminatorio no justificado. Por el contrario, sostuvo, que los hechos relatados por el accionante, indican el trato igualitario que viene recibiendo respecto de las demás personas arropadas por las mismas circunstancias laborales.

Sostuvo, que no se puede sostener la igualdad con base en la desigualdad, pues el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato diferente a personas que por su formación académica, intelectual, dedicación y especialidades, se encuentran en cargos distintos y con mayores responsabilidades.

3. La anterior decisión fue impugnada por el señor Octavio Trujillo Corredor, argumentando que el ad quem no se refirió a la bonificación especial creada mediante el Decreto 664 del 13 de abril de 1999.

II. Consideraciones de la Corte

Centra su inconformidad el impugnante, en el silencio que guardó el tribunal, en cuanto a la bonificación especial que el Gobierno Nacional creó para ciertos funcionarios de la rama judicial. Es cierto que en la providencia recurrida no hay una referencia específica a dicha bonificación, pero las consideraciones plasmadas en el mismo, debido a su carácter general en cuanto al derecho a la igualdad, no la hacían necesaria. Cuando el tribunal de manera lógica, clara y precisa, analiza los elementos del derecho a la igualdad, para concluir que en el presente caso no se ha violado, quedan incluidos todos los hechos que el accionante menciona en su tutela como generadores de discriminación, entre ellos la mencionada bonificación.

Reiteradamente se ha dicho que el artículo 13 de la Constitución Política, permite un trato diferente para personas de condiciones y calidades distintas. Ello atañe no solamente a los sueldos de los senadores, representantes, ministros y magistrados, sino a aquellos funcionarios de la rama judicial, señalados de manera expresa por el decreto en mención, beneficiarios de la bonificación especial.

Además, como la petición conlleva un reclamo salarial, conviene recordar que conforme a lo prescrito por el artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela es improcedente en aquellos casos en que los afectados dispongan de otro medio judicial de defensa. En otras palabras, si el accionante considera tener derecho a los aumentos salariales o a la bonificación especial, debe recurrir a las acciones que las leyes han consagrado como los mecanismos más idóneos, para que las personas obtengan el reconocimiento de sus derechos, y no utilizar la acción de tutela, que por su naturaleza es de carácter subsidiario o supletorio, a menos que se trate de un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no se vislumbra en este caso.

Pero si se analiza el asunto exclusivamente frente al artículo 13 del ordenamiento superior, se observará que la política de salarios corresponde a la jerarquía de los empleos y a los grados, establecidos en función de los deberes, las responsabilidades, la dignidad que entrañan los cargos, la majestad que algunos encarnan, de ahí por qué no solamente las leyes marco existentes en esta materia y los decretos del gobierno que las ejecutan, sino la propia Constitución Política la que se encarga de definir la remuneración de los altos funcionarios del Estado, en forma diferente a los otros servidores públicos. De suerte que no se puede hablar de violación de un derecho fundamental constitucional, porque sería un contrasentido lógico afirmar que la Constitución protege los derechos y al mismo tiempo consagra su violación; cuando la verdad es que existen razones superiores en la organización de todas las sociedades y todos los países, sin excepción, que existe ese explicable tratamiento para los empleos de mayor rango y responsabilidad.

Aun cuando por razones distintas, otro tanto puede decirse de los cargos que están en los niveles inferiores de la planta de personal de las entidades públicas, respecto de los cuales consideraciones de gran significación social, basadas en que se trata de clases que económicamente son las más vulnerables, dentro de una concepción del Estado social de derecho y la necesidad de protección especial, que constitucionalmente debe prestarse a los más débiles, es perfectamente compatible con esos postulados, un trato benéfico que les brinde una tutela privilegiada.

En consecuencia, es improcedente el amparo solicitado mediante el ejercicio de la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 15 de diciembre de 1999, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acción de tutela promovida por el señor Octavio Trujillo Corredor contra la Presidencia de la República y otros.

2. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: José Roberto HerreraVergara—Francisco Escobar Henríquez—Carlos Isaac Náder—Rafael Méndez Arango—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero. 

Secretaria, Laura Margarita Manotas González.

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