Sentencia 4741 de mayo 10 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

TÉRMINOS EN EL PROCESO PENAL

CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO

EXTRACTOS: «Para el censor, la sentencia se ha dictado en un juicio viciado de nulidad por estos motivos: a) “Falla en la estructura básica del proceso por inobservancia del mandato legal que señala el término de la instrucción sumariá''.

(...).

Del tema a), se alega, luego de citar el art. 26 de la C. N., que habiéndose abierto la investigación el 7 de octubre de 1987, ésta vino a cerrarse el 11 de febrero de 1988, cuando debió ocurrir el 7 de noviembre de 1987.

“Eso traduce entonces la evidente desprotección del derecho a la defensa respecto de los procesados ... Los sindicados de tales ilícitos, por su parte, tenían derecho a saber, al culminar el término señalado por la ley (arts. 354 y 473 C. de P. P.) como apto para que dentro de él se cumpliera la investigación, cuál era su suerte frente al proceso con miras a poner en actividad su defensa. No ocurrido eso en el término indicado legalmente, su derecho de defensa fue totalmente conculcadó''.

(...).

Respuesta de la Delegada y de la Sala

La rotundidad, en cuestiones procedimentales, no suele ser la regla general, como tampoco le basta a esta rama del derecho penal las concepciones cerradamente abstractas, absolutamente teóricas o definitivamente supuestas. La ley de procedimiento fija unos derroteros de sensata ordenación en el descubrimiento de los delitos y en el juzgamiento de sus autores, pero sin que se pretenda que la regularidad se mantenga incólume y no existan circunstancias que expliquen, excusen o justifiquen un apartamiento del esquema ideal de averiguación y procesamiento previstos por el legislador. Esta racional evaluación, en cada caso, permitirá la efectividad de una administración de justicia que a la vez que garantiza los fundamentales derechos del procesado y de los perjudicados con su conducta, también proteja idóneamente los altos intereses de la sociedad. Por eso, el debido proceso permite advertir su existencia prevaleciente, aun en el caso de abundantes y hasta significativas irregularidades, pero que no alcanzan a socavar los requisitos básicos o indispensables del procedimiento. De igual modo, el aspecto del derecho de defensa, cuando este tuvo oportunidad de expresarse a plenitud y con atendibles factores de idoneidad, permanece indemne así ciertas actitudes de los funcionarios o de las personas intervinientes en el debate judicial penal, merezcan justo reproche y hasta merecidas sanciones.

Tiene que aceptarse, entonces, que no obstante estar escrupulosamente determinado lo que debe hacerse en una investigación, quién debe cumplirla, cómo debe realizarla, en qué tiempo debe ejecutarse, etc., sin embargo el desconocimiento de previsiones tales pueden llegar al terreno de la simple y mortificante irregularidad, pero no al extremo de la sanción anulatoria de todo lo actuado o de parte importante del proceso. Mutatis mutandis debe decirse, en forma específica, de los términos de instrucción y de los que rigen la marcha del expediente, en la asunción de las resoluciones de trámite o de fondo. Pueden darse aspectos que vulneren, con su ignorancia, desconocimiento o burla, el debido proceso y el derecho de defensa, pero puede acontecer que, a pesar de darse esta irrebatible realidad, la cuestión no trascienda hasta la esfera del remedio heróico y final de la anulación total o parcial.

Es verdad, en el evento subjúdice, que el término de instrucción sobrepasó con creces el que manda la ley como ordinario y normal. Su incumplimiento no produce, totalmente, la decadencia de todo lo actuado o de parte de lo realizado. Mientras no se demuestre una turbia intención en el instructor, para actuar de este modo, mientras no se advierta que tal obrar privó a la defensa, a la parte civil o al Ministerio Público, de la posibilidad de intervenir aportando pruebas, controlando diligencias, rebatiendo elementos de convicción, presentando alegaciones pertinentes, conociendo oportuna y adecuadamente lo practicado y, en fin, introduciendo los recursos de ley, no es dable invocar el desconocimiento de un término, de una fórmula de carácter procedimental, para pedir la declaratoria de nulidad. Si se asumiera criterio diferente, la conclusión lógica pero cerradamenta dañina y contraria a los fines de la justicia, sería la inexistencia de los procesos, pues éstos no dejan de ofrecer, unos más otros menos, desobediencia en cuanto a los términos, debido o a la carencia de medios adecuados para cumplir religiosamente con los mismos, o por la ola gigantesca de delincuencia que desde buen tiempo atrás amenaza casi que con disolver las instituciones nacionales, o por la propia intervención de los llamados a participar en el debate, o por las complejidades de los casos, etc. Quedaría la obra de la justicia no tanto en manos de las rígidas previsiones legales como sí dependiendo de factores de la más variada índole, procedencia e intención. Se estaría sacrificando los fines perseguidos por el procedimiento, considerado en integridad, a las fórmulas ideadas para objetivos más cuerdos y plausibles. Siempre se ha dicho que no procede la nulidad por la nulidad, que no puede extremarse la obediencia ciega y etérea del precepto, ni sacrificar el derecho a la forma o al medio de ejecución. Dentro de esta apreciación, a las claras, se incluye el fantasmagórico respeto de los términos.

Pero es más, el planteamiento del recurrente llevaría al absurdo, vale decir, que una vez incumplido un término, así este desconocimiento no haya inferido perjuicio a nadie y haya permitido, por el contrario, la satisfacción de los derechos procesales fundamentales o de esencia, tendría que pararse allí todo conato de averiguación y juzgamiento y dar por terminado en vista de la traición a los términos, todo amago de prosecución. En efecto, si ahora se tomara la determinación que propugna la impugnación, no podría retrotraerse la actuación, porque lo que sirvió para dar al traste con ella (incumplimiento de términos) seguiría pesando abstractamente sobre el diligenciamiento. Lo que no pudo tener validez como prueba practicada por fuera del término, ya no es posible subsanarlo ya que sólo se dieron treinta días para esta clase de realizaciones, pasados los cuales debió conocerse (y no se conoció) si podía enjuiciarse, o debía reabrirse la investigación, o se terminaba con la acción penal. Aguzando la observación del censor, tendría que concluirse que tan sustancialmente vicioso fue lo que se hizo en ese entonces, al cumplirse tardíamente la instrucción (unos tres meses de exceso), como lo que ahora podría hacerse a ese respecto, en cuanto a comprobaciones o emisiones de piezas de fondo. Todo estaría, ayer y hoy, por fuera de los términos cuasisacramentales que se quieren imponer.

En el caso estudiado, la defensa siempre estuvo presente (ni se la estorbó, ni se la canceló, ni inexistió por renuncia o renuencia a actuar), estuvo en constante ocasión de pedir pruebas y de intervenir en la prácica de las realizadas, como también contó con claras e intangibles posibilidades de reclamar incluso contra el término sobrepasado, y de presentar alegaciones de fondo cuando a ello, con cierto retardo, se llegó, y fue totalmente plena en sus cometidos durante toda la etapa de la causa, aspectos todos que demuestran la ninguna afección de este requisito básico del procesamiento penal, daño que, de concretarse y resultar inatacable, daría lugar a la solicitada declaratoria de anulación, mediante la prosperidad de este extraordinario recurso de casación.

La censura no procede.

(Sentencia de casación, mayo 10 de 1991. Radicación 4741. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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