Sentencia 4751 de marzo 4 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SOCIEDAD CONYUGAL

RENUNCIA DE GANANCIALES

EXTRACTOS: «1. Delanteramente precisa la Corte el alcance de la normatividad vigente sobre los negocios jurídicos atinentes a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y la renuncia de gananciales.

1.1. Sea lo primero destacar que el artículo 25 de la Ley 1ª de 1976, subrogatorio del artículo 1820 del Código Civil, abrió la posibilidad jurídica de la intervención directa de los cónyuges estatuyendo la institución de la disolución y liquidación voluntaria de la sociedad conyugal, sin perjuicio de las disposiciones complementarias correspondientes.

1.1.1. En efecto, se trata del reconocimiento jurídico a la autonomía privada que se le otorga a los cónyuges para la intervención mediante acuerdo con la extinción de la sociedad conyugal y determinación de sus efectos, por contraste al régimen tradicional del Código Civil de regulación imperativa y excluyente de dicho fenómeno. Por lo tanto, en virtud de la libertad negocial pertinente pueden los cónyuges, a partir de esta ley, celebrar los negocios jurídicos tanto de disolución como de partición, pero sujetos a los límites normativos especiales, así como a las demás reglas pertinentes.

1.1.2. Ciertamente se trata de dos negocios jurídicos que, como tales, deben reunir en términos generales los elementos básicos que los estructuran relativos a la capacidad, a la voluntad, al objeto, a la causa y a la legitimación correspondiente. Sin embargo, ellos en concreto son diferentes porque tienen elementos esenciales que los distinguen unos de otros.

1.2. En efecto, el negocio jurídico de disolución de la sociedad conyugal no solo es autónomo por los elementos que lo conforman, sino también por sus respectivas consecuencias.

1.2.1. Dicha autonomía se encuentra determinada fundamentalmente por su objeto, consistente en la disolución de la sociedad conyugal preexistente, esto es, en la terminación, finalización o extinción de un régimen de sociedad conyugal que, por ausencia de capitulaciones o ratificación en ésta, se había establecido desde el momento del matrimonio. Ello se encuentra establecido en forma clara cuando se dispone de manera expresa que “la sociedad conyugal se disuelve: ...5) por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a escritura pública” (art. 1820 del Código Civil, en la redacción del art. 25 de la Ley 1ª de 1976). Y ello es así no solo por la intención del citado artículo, sino también por la función natural y obvia que tiene el negocio disolutorio de cualquier tipo de sociedad, constituida voluntaria o legalmente. De allí que las circunstancias de que el mismo precepto autorice que en la misma escritura pública pueda incorporarse el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación, no significa en manera alguna que se trate de una segunda parte del objeto del acuerdo disolutorio, porque, de un lado, no se trata de un asunto relativo a la disolución sino a la partición, y, del otro, porque se trata de un fenómeno partitivo que supone ineludiblemente la perfección previa en otro acto, recogido en otro documento o en el mismo, del llamado negocio disolutorio, que, por ser necesariamente su presupuesto, no puede contenerlo. La disolución es la causa para que la partición pueda llevarse a efecto. Luego, en este evento no se trata entonces sino de la posibilidad legal contemplada expresamente en el texto, de que también en la misma escritura pública de disolución de la sociedad conyugal, se pueda recoger igualmente la partición, la cual cumple la función importante de evitar cualquier tipo de controversia relativa a esa posibilidad. Es decir, dicho texto permite inferir claramente que la partición de gananciales no solo es posible hacerla de manera judicial sino también en forma voluntaria, y en este último caso puede hacerse no solamente en forma separada al acto previo de disolución, sino que también puede recogerse en el mismo documento tanto la disolución voluntaria como la partición voluntaria correspondiente.

1.2.2. Ahora bien, este negocio jurídico disolutorio de los cónyuges capaces, elevado a escritura pública, produce por sí solo, los siguientes efectos: De una parte, la extinción de la sociedad conyugal y su régimen, permite a los cónyuges recobrar de ahí en adelante el régimen de separación de bienes; y, de la otra, también surge la eventual creación de una masa indivisa de gananciales compuesta por bienes, deudas y demás elementos indicados en la ley, que, como universalidad jurídica, genera en favor de ambos cónyuges el derecho a la participación en ella, llamados derechos universales de gananciales. Ahora bien, este último efecto es meramente eventual porque se encuentra sujeto a la reunión de los elementos patrimoniales (v. gr., como bienes, deudas sociales, etc.), que integren esa masa indivisa de gananciales y den lugar en consecuencia a los derechos sobre ella en favor de los cónyuges, pues, de lo contrario, la ausencia de aquélla conlleva la ausencia de los otros. Además, se trata de un efecto positivo o negativo de la existencia o inexistencia de universalidad jurídica de gananciales y consecuenciales derechos, que se produce de pleno derecho desde el mismo momento de la perfección del negocio jurídico disolutorio, porque se trata de un efecto de “la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal” (L. 28/32, art. 1º). Y ello encuentra su justificación en la naturaleza universal y real que se produce tanto de la masa indivisa de gananciales, estimada como una real universalidad jurídica indivisa, caracterizada por unos derechos universales de gananciales, que recaen sobre una real comunidad universal de gananciales. Pues uno y otro efecto constituyen categorías jurídicas abstractas que no requieren una concreción previa. De allí que para el nacimiento estricto de uno u otro fenómeno no se requiera inventario alguno y mucho menos partición.

Si ello es así, es decir, que por el hecho de la disolución perfecta de la sociedad conyugal se genera la universalidad indivisa de gananciales y el derecho sobre ella en favor de cada uno de los cónyuges, de la misma manera debe decirse para renuncia de los gananciales en el sentido de que para su ejercicio no se requiere la preexistencia de inventarios y avalúos de bienes y deudas, y mucho menos de partición, porque, además de no exigirlo la ley, resultaría absolutamente imposible e inútil en el campo jurídico: lo primero, porque si la ley permite la renuncia de gananciales por parte de los cónyuges, tanto mujer como varón, desde el mismo momento en que nace el derecho, esto es, desde la perfección de la disolución social (C.C., arts. 1837 y 15), cuando aún material y jurídicamente no se ha hecho el inventario y partición, que necesariamente ha de ser posterior (C.C., art. 1821), lógicamente se desprende la imposibilidad jurídica de exigir que esto último constituya un requisito para que los cónyuges puedan renunciar a los gananciales. Lo segundo, porque si el objeto de la disposición mediante el negocio de renuncia es el derecho a los gananciales que, por su naturaleza universal se refiere a una masa indivisa y abstracta de la sociedad de gananciales, porque no se recae en forma individual y concreta sobre cada uno de los bienes, se concluye que así como para que existan los gananciales no solo resulta innecesario el inventario de avalúo y la partición, de la misma manera igualmente sería inútil e impertinente tal exigencia para la disposición de dichos derechos mediante la renuncia, tal como ocurre igualmente con la repudiación de los derechos hereditarios (C.C., arts. 1832 y 1282). Sin embargo, la renuncia de gananciales, como negocio jurídico unilateral, es formal porque, al igual que el acto que le da origen real y concreto al derecho de gananciales objeto de la renuncia, debe recogerse en escritura pública (C.C., art. 1820, núm. 5º, en la redacción de la L. 1ª/76) o bien puede perfeccionarse en las formas como se disponen en los procedimientos judiciales y disposiciones legales pertinentes. Pero tal negocio de renuncia debe reunir, además, los requisitos relativos a la capacidad, al consentimiento, al objeto, a la causa y a la legitimación. Pues, al igual que la repudiación de derechos sucesorales, la renuncia de los derechos sociales de gananciales es irrevocable, sin perjuicio de la posibilidad de su rescisión cuando se probare “que la mujer (hoy también el marido) o sus herederos han sido inducidos a renunciar por engaño o por un justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales”, caso en el cual la acción rescisoria procedente solamente puede instaurarse dentro de los cuatro años siguientes a la disolución de la sociedad (C.C., art. 1838).

1.3. Entonces, encuentra la Sala, que distinto de lo anterior es el negocio jurídico partitivo voluntario.

1.3.1. En efecto, se trata de aquel negocio jurídico que, a diferencia del negocio jurídico disolutorio, no tiene por objeto disolver la sociedad conyugal para darle existencia concreta y real a la masa de gananciales, sino otro completamente distinto, consistente en poner fin a esa masa indivisa de gananciales y darle satisfacción a los derechos sobre ella surgidos desde la disolución, mediante la correspondiente partición, la cual, no solamente comprende “el inventario de bienes y deudas sociales”, sino también “su liquidación” (incluye liquidación y adjudicación), tal como lo señala la parte final del numeral 5º del artículo 1820 del Código Civil. Luego, tal como se dejó visto, se trata de un negocio jurídico no solamente distinto a la disolución, sino que esta última constituye un presupuesto de aquél.

1.3.2. Viene de todo lo dicho que si para la renuncia de gananciales no se requiere que previamente se haya elaborado inventario y avalúo, ni mucho menos que se hayan liquidado y adjudicado los bienes, tampoco puede exigirse como requisito para que pueda resultar procedente dicha renuncia que se encuentre perfeccionada la correspondiente partición. Porque para la mencionada renuncia de gananciales no se requiere que previamente se haya partido la sociedad conyugal indivisa disuelta precedentemente: de un lado, porque la ley así no lo exige; y, del otro, por sustracción de materia. En efecto: Lo primero obedece, a que la ley en ninguna parte exige que previamente se haya inventariado y partido la sociedad conyugal; solamente se limita a autorizar la renuncia de los gananciales (art. 1837 del C.C. con la modificación de la Ley 1ª de 1976 citada) y no prescribe nada sobre la renuncia a los bienes sociales, ni mucho menos la que tenga que ver con los bienes adjudicados en la correspondiente partición. Además, tal hipótesis de renuncia después de la partición sería jurídicamente imposible, puesto que no habría derechos de gananciales que renunciar. Porque si solamente se puede renunciar a los derechos de gananciales mientras estos subsistan, y estos solamente tienen existencia entre el momento de su nacimiento con la disolución de la sociedad conyugal y el momento de la partición, en que los derechos se satisfacen con las adjudicaciones individualizadas; es preciso concluir en la viabilidad de la renuncia durante ese período, no antes de la iniciación (con la disolución) de este período (cap. VI, Tít. XXII, libro 4º, art. 1837 C.C.), ni después de su conclusión con la adjudicación (arts. 1832 y 1401 C.C.). Esto último obedece a que si con la partición de gananciales los antiguos derechos universales de gananciales son sustituidos por derechos individuales adjudicados, generalmente en propiedad, ello significa que, al igual que los adjudicatarios por derechos hereditarios, el cónyuge adjudicatario por gananciales se reputa sucesor en el dominio o en el derecho adjudicado en el anterior titular (C.C., arts. 1832 y 1401), momento para el cual sí ya no se tiene derecho de gananciales sobre esos bienes; luego, siendo así las cosas, mal puede hablarse de renuncia de unos derechos de gananciales después de una partición que los ha extinguido satisfaciéndolos mediante las adjudicaciones correspondientes».

(Sentencia de casación, marzo 4 de 1996. Expediente 4751. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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