Sentencia 4753 de abril 22 de 1997

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Ref.: Expediente 4753

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Santafé de Bogotá D.C., veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete.

Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 22 de octubre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del distrito judicial de Medellín, en el proceso ordinario adelantado por María Nelly Rivera y sus hijos Efraín Alfonso, Erika Fernanda, Oscar Hernán, Sandra Socorro, Nelly Constanza, Adriana María y Rafael Enrique Tobón Rivera, contra Gaseosas Posada Tobón S.A. y Pedro Vélez Alzate.

Antecedentes

I. Por demanda de 18 de junio de 1991 que por repartimiento correspondió al juzgado quinto civil del circuito de Medellín, solicitaron los mencionados demandantes que con audiencia de los referidos demandados se les declarase a éstos responsables de los “daños y perjuicios” morales y materiales causados a aquéllos, por ende, se les condenase a su pago.

II. Los actores apoyaron sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian:

a) El 10 de enero de 1991, a las 7 y 20 de la noche, se encontraba Harold Eduardo Tobón Rivera en la carrera 58 con la calle 23 del municipio de Bello, cuando fue atropellado por el vehículo automotor tipo camión y con placas LL-2875, conducido por Pedro Vélez Alzate, empleado de la empresa Gaseosas Posada Tobón S.A., a consecuencia de lo cual falleció aquél horas más tarde.

b) “Harold Eduardo, se encontraba sentado sobre su motocicleta, parqueado sobre el andén ... en el lado izquierdo de la carrera 58, cuando de repente dicho camión que transitaba a alta velocidad ... giró de manera intempestiva”, y al parecer el conductor Vélez perdió el control del vehículo y se precipitó contra aquél.

c) El mencionado accidente, que le causó la muerte a Harold Eduardo, se debió a imprudencia del conductor del camión, pues mientras la víctima “se encontraba parqueado al costado izquierdo de la vía, sobre el andén en su motocicleta, el conductor del vehículo tipo camión repartidor de la empresa ‘Postobón’ transitaba por el costado derecho de la vía y en forma sorpresiva giró hacia la izquierda y pasando la zona verde y el andén, atropelló a los circunstantes (sic) con los resultados anotados y luego chocó contra el muro ‘de la panadería’ Juaco’”.

d) Harold Eduardo Tobón al momento del accidente tenía 22 años y 5 meses de edad, y según las tablas de mortalidad tenía “una supervivencia de 55 años y 7 meses”. Era hijo de Oscar Tobón y María Nelly Rivera, quienes le sobreviven, junto con sus hermanos demandantes.

e) Debido a que el padre de Harold Eduardo abandonó el hogar, éste se vio obligado a emplearse para el sostenimiento de su familia, y al momento del accidente laboraba en el establecimiento “Quesera Royal”, con un salario promedio mensual de $ 54.025, destinando el 80% del mismo a los gastos de la casa.

f) La muerte de Harold Eduardo Tobón Rivera ha ocasionado a los demandantes los perjuicios materiales y morales que da cuenta la demanda.

III. La demandada “Postobón” respondió en el sentido de oponerse a las súplicas de la demanda, expresando desconocer los hechos, y aclarando que el automotor de placas LL 2875 a la fecha del accidente no era de su propiedad, por cuanto lo había enajenado a la “Empresa Distribuidora Betancur Jaramillo y Cía. Ltda.”, según el contrato de compraventa que anexa; y que Pedro Vélez Alzate no tenía ningún vínculo laboral con ella, por lo que propuso las excepciones que denominó falta de “legitimación en la causa pasiva”, máxime cuando “no tenía ninguna vigilancia sobre el carromotor”.

IV. El otro demandado, representado por curador ad litem, contestó con oposición a las súplicas, expresando desconocer la mayoría de los fundamentos fácticos.

V. Adelantado el litigio en esas condiciones, la primera instancia terminó con Sentencia de 11 de junio de 1993, mediante la cual el a quo hizo los pronunciamientos siguientes:

“1. Se declara civilmente responsable al señor Pedro Vélez Alzate y a la persona jurídica “Gaseosas Posada Tobón S.A. ‘Postobón’ por los daños y perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito ocurrido el diez (10) de enero de 1991, hechos que tuvieron su ocurrencia en la carrera 58 con la calle 23 del municipio de Bello y donde perdiera la vida el joven Harold Eduardo Tobón Rivera.

“La condena total tiene un monto de trece millones ocho mil trescientos sesenta y cuatro pesos ($ 13.008.364,oo), que en favor de los demandantes se discrimina así: Para la señora María Nelly Rivera, la suma de nueve millones quinientos ocho mil trescientos sesenta y cuatro pesos ($ 9.508.364,oo m.l.) y para los restantes demandantes: Efraín Alfonso, Erika Fernanda (menores representados por su señora madre), Oscar Hernán, Sandra Socorro, Nelly Constanza, Adriana María y Rafael Enrique Tobón Rivera, de a quinientos mil pesos ($ 500.000) m.l., para cada uno de ellos.

“COSTAS a cargo de la parte accionada.

“Consúltese la presente providencia por ante el Superior (CPC, art. 386)”.

VI. Con excepción del demandado Pedro Vélez Alzate las partes recurrieron en apelación contra la decisión precedente, terminando la segunda instancia con fallo de 22 de octubre de 1993 en el que se confirmó lo resuelto por el a quo, con modificación de la condena impuesta por concepto de lucro cesante en favor de la señora María Nelly Rivera, fijada en la suma de once millones cuatrocientos setenta y siete mil setecientos catorce pesos ($ 11.477.714), que obtiene el ad quem de fijar la indemnización consolidada en dos millones ciento once mil quinientos dieciocho pesos ($ 2.111.518) y la anticipada en la suma de nueve millones trescientos treinta y seis mil ciento noventa y seis pesos ($ 9.336.196); condena que impone al codemandado Pedro Vélez Alzate, pues a la empresa “Gaseosas Posada Tobón S.A.” la absuelve “de cargos endilgados en su contra”. - Al mismo codemandado Vélez Alzate lo condena al pago de las costas procesales de ambas instancias.

VII. Insatisfecha la parte demandante con lo así decidido por el ad quem, interpuso el recurso de casación que ahora resuelve la Corte.

La sentencia impugnada

Referidos por el tribunal los antecedentes del litigio, sienta a continuación las reflexiones siguientes:

a) Que el artículo 2356 del Código Civil hace referencia a la responsabilidad civil que se deriva del ejercicio de actividades peligrosas, misma que conforme con los hechos y pretensiones de la demanda ha invocado la parte actora, contentiva de una presunción de culpa “en contra del agente respectivo, quien sólo puede llegar a eximirse de aquella acreditando la existencia de fuerza mayor, caso fortuito o la intervención de un elemento extraño como el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima”.

b) Que la parte demandante, para el buen suceso de su pretensión, solo tiene que acreditar el hecho nocivo, el daño y la relación de causalidad, pues la culpa se presume.

c) Que el hecho nocivo se encuentra acreditado con el informe del accidente, la prueba de la defunción y la no oposición en el punto por parte de los demandados.

d) Que el daño y los consiguientes perjuicios se evidenciaron con el fallecimiento del joven Harold Eduardo Tobón Rivera, y aparece obvia la relación de causalidad.

e) Que así “planteada la situación, tiénese que la parte demandada no invocó eximente de responsabilidad tendiente a enervar los efectos de la acción, pues como bien se sabe, para el caso del conductor del automotor señor Pedro Vélez Alzate, su representación estuvo a cargo de un curador ad litem quien, a pesar de su oportuna intervención, sólo hizo la manifestación de oponerse a las declaraciones y condenas pero sin esgrimir ningún fundamento, y el apoderado de la empresa co-demandada no formuló reparos al aspecto de la responsabilidad civil extracontractual que cabía por el siniestro, sino que su intervención se enrutó, como ya se había dicho al inicio de este proveído, a la comprobación de una falta de legitimación en la causa por pasiva pues según manifestó, “la empresa Postobón S.A. nada tiene que ver con el lamentable insuceso ya que no tenía ninguna vigilancia sobre el carromotor, ni relación laboral alguna con el codemandado Pedro Vélez Alzate y en efecto no está llamada a responder por la obligación pretendida. (fl. 64)”.

f) Sigue diciendo el Tribunal que en este “orden de ideas y admitiendo en gracia de discusión que conforme a (sic) las normas de tránsito es propietario del vehículo quien como tal aparece inscrito en la oficina correspondiente, no se puede desconocer que independientemente de esa circunstancia responde quien sea el guardián de la misma en los términos en que se plasmó en la Sentencia del a quo, agregando lo que a continuación se indica literalmente:

“Ahora bien, descendiendo al punto en discordia tiénese que de conformidad con la cláusula décima primera del contrato de distribución visible a folios 56 y ss. del cuaderno principal, la empresa distribuidora, en este caso ‘Distribuidora Betancur Jaramillo y Cía. Ltda.’, asumió los riesgos que llegare a originar tal actividad comercial incluyendo ‘aquellos gastos ocasionados por el transporte, movilización, almacenamiento, distribución y venta’, y se comprometió a realizar tales actos comerciales ‘en forma directa e independiente, valiéndose para ello de sus propios medios, con libertad y autonomía técnica y administrativa’, aparte de que la misma empresa distribuidora tiene plena autoridad y libertad para utilizar el equipo que considere necesario para la atención de las ventas.

“De otro lado, la misma compañía distribuidora, en el contrato de compraventa en que adquirió el vehículo de manos de Postobón, asumió en la cláusula sexta el riesgo por el ‘pago de multas por sanciones de policía y tránsito, o por cualquier otra causa, durante el tiempo que el vehículo esté a su cuidado. Así mismo, será el único responsable de los daños que pueda ocasionar a terceros por sus acciones u omisiones culpables o negligentes en el uso o manejo del vehículo o por el riesgo que su explotación implica’ (fl. 59 vto.).

“Por lo tanto queda claro que el guardián de la cosa con la que se ocasionó el insuceso, no era Postobón sino la compañía distribuidora como compradora que además fue del automotor, debiendo absolverse a la entidad co-demandada por cuanto demostró cómo quedó dicho, que no ejercía el poder de dirección y control sobre el multicitado carromotor.

“Tal aserción resulta más robustecida con los testimonios que seguidamente se analizarán en sus aspectos más relievantes para el efecto, con los que se respalda el desprendimiento que de la guarda de la actividad peligrosa desarrollada, había hecho la empresa Postobón S.A.”.

Agrega el Tribunal que el desprendimiento de la guarda del automotor por parte de Postobón S.A. se evidencia aún más con los testimonios de Nicolás Alberto Rivera Guerra, quien como empleado de la empresa demandada declara que el conductor Pedro Vélez Alzate trabajaba al servicio de una distribuidora particular de la fábrica, denominada Betancur Jaramillo, y que el carro lo vendió Postobón a “Gorbachó”, dueño de la citada distribuidora; Abelardo Buitrago Loaiza, quien declara que Postobón trabaja con carros “fleteros” de particulares y en este caso con uno de la distribuidora de gaseosas “Betancur y Cía. Ltda.”; Augusto Botero Betancur, quien como gerente de Postobón S.A. suscribió en su momento los contratos de distribución y compraventa aludidos (obrantes entre folios 56 a 60 del cuaderno principal) y al declarar reconoció como ciertos tales acuerdos, añadiendo que la empresa distribuidora era la dueña del vehículo; y Juan Guillermo Betancur Rendón, quien como suscriptor de esos contratos de distribución y compraventa en su calidad de gerente de la empresa Distribuidora Betancur Jaramillo y Cía. Ltda. reconoció el contenido de los mismos.

Tras indicar que la prueba trasladada no puede apreciarse por cuanto Postobón S.A. no fue parte en el proceso dentro del que se recepcionó, el Tribunal se ocupa a continuación de los testimonios de Álvaro Diego Morales y Luz Amparo Giraldo (FLS. 82, 83, 91 Y 92 C. N° 3) para decir que “fueron contestes en atribuir la autoría del hecho a la actividad exclusiva desplegada por el camión agresor”, que embistió a Harold Eduardo Tobón Rivera causándole la muerte.

De esa manera el sentenciador concluye que es preciso revocar la Sentencia del a quo en cuanto atañe a la demandada Postobón S.A., a quien se absolverá de las pretensiones, no así al codemandado Pedro Vélez Alzate frente a quien se demostró su responsabilidad y no apeló. En armonía con esa conclusión señala que el daño emergente que dedujo el a quo en favor de María Nelly Rivera “permanecerá incólume por virtud de la comprobación de su erogación en la cuantía fijada”, y que “lo propio ocurrirá con el perjuicio moral por cuanto hace parte del arbitrio judicial...”, no así con el lucro cesante futuro y consolidado deducido en favor de la mencionada actora por cuanto la base “aproximativa” que tuvo en cuenta el a quo “no constituyó ningún parámetro técnico-científico que permitiera a las claras llegar a esa cuantificación luego de un análisis razonado”.

Nota por último el ad quem que es acertado el examen hecho por los auxiliares de la justicia en cuanto fijaron la indemnización consolidada o vencida en $ 2.111.518 y la anticipada o futura en $ 9.336.196, términos en los que advierte se reformará la sentencia de primer grado.

La impugnación.

Un único cargo, por la causal primera de casación, formula la parte recurrente contra la sentencia del tribunal, el cual hace consistir en quebranto de los artículos 2341, 2342, 2343, 2344, 2347, 2349 y 2356 del Código Civil; 1317 y 1320 del Código de Comercio, 17 de la Ley 33 de 1986, 261 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, por falta de aplicación, a consecuencia de errores de hecho y de derecho cometidos por el ad quem en la apreciación de las pruebas.

El cargo lo desarrolla sobre los asertos siguientes:

a) Que desacertó el tribunal al aplicar el criterio doctrinal de la Corte sobre la concepción de la guarda de la cosa, criterio que sólo es aplicable en Francia pero no en Colombia donde impera la teoría del dominio.

b) Que erró de hecho el tribunal al apreciar el contrato de distribución celebrado entre las personas jurídicas Gaseosas Posada Tobón S.A. y distribuidora Betancourt Jaramillo Ltda. lo mismo que el contrato de compraventa del vehículo automotor celebrado entre las mismas partes.

c) Que en lo que toca con el mal denominado contrato de distribución, lo que acordaron las partes fue un contrato de agencia comercial según se infiere de sus cláusulas, y que al haberse incorporado al proceso sin el respectivo registro mercantil no es oponible a terceros de buena fe exenta de culpa (C. Co., arts. 1317 y 1320).

d) Que el mal llamado contrato de distribución aportado por la codemandada Postobón, tampoco tenía reconocidas las firmas de los representantes legales, porque si bien este impase se trató de resolver mediante las declaraciones de reconocimiento de firmas y contenido que hicieran los representantes de ambas empresas, ocurrió que Augusto Botero Betancourt, representante de Postobón, reconoció su firma y el contenido del contrato firmado el 29 de mayo de 1986, pero con relación a la ejecución del referido negocio jurídico que tenía una duración de siete años “no pudo argumentar nada, debido a que después de firmado el contrato sólo estuvo seis meses más dentro de la compañía, pues se retiró en octubre de 1986”. Y por otra parte Juan Guillermo Betancourt Rendón, representante de la Distribuidora Betancourt Jaramillo y Cía. Ltda., aunque reconoce su firma y el contenido del contrato, declara que el automotor al momento del accidente lo tenía un primo suyo de nombre Iván Darío Betancourt que quedó encargado del negocio y que le pagaba las cuotas a Postobón, que el carro sigue figurando a nombre de esta última empresa; que su primo era el que lo explotaba en ese momento; que Postobón permitió, entonces, que Iván Darío distribuyera sus productos y continuara administrando el vehículo.

d) Que el tribunal no apreció en su integridad el testimonio de Juan Guillermo Betancourt Rendón y tampoco hizo un análisis del contrato referido, porque de haberlo hecho habría concluido que era un contrato de agencia comercial, inoponible a terceros de buena fe.

e) El ad quem incurrió en manifiesto error de hecho al no apreciar el indicio grave y preciso que surge en contra de Postobón de la declaración rendida por el empleado de dicha empresa Abelardo Buitrago Loaiza, quien declara que al vehículo automotor que causó el accidente lo vio al otro día cuando lo llevaron a la fábrica.

f) Que el Tribunal incurrió “en error de derecho al no apreciar las siguientes pruebas”: La certificación de Transportes y Tránsito del municipio de Itagüí que atribuye a Postobón el dominio del automotor que causó el daño y el documento público autenticado por el juzgado 98 de instrucción criminal, que pone de presente que Darío de J. Rodríguez Méndez, autorizado por Postobón, reclama el automotor en la Inspección de Tránsito del municipio de Bello, con lo que se acredita que la empresa es la propietaria del camión causante del siniestro.

Se considera.

1. El cargo, tal como viene planteado, no puede abrirse paso, como quiera que concurren respecto de él serias deficiencias de técnica que la Corte no puede subestimar, porque el recurso de casación, a pesar de las reformas introducidas, sigue siendo extraordinario, formalista y dispositivo.

2. En efecto, el cargo, tal como fue estructurado por la parte recurrente, se aleja de la disciplina técnica del recurso de casación en los siguientes aspectos:

a) Cuando la sentencia impugnada se funda en varios pilares de orden probatorio y la acusación viene montada por la causal primera de casación por vía indirecta, es menester que se ataque y destruyan todos los soportes de ella para poder infirmarla, pues si la impugnación no comprende la totalidad de los puntos de apoyo que le sirven de fundamento, o si aun atacándolos queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar la sentencia, ésta no puede ser quebrada.

La jurisprudencia de la Corte ha sostenido insistentemente sobre el particular que cuando el fallo acusado se basa en multiplicidad de pruebas, “cada una con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, aún en el supuesto de que fueren destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada, ésta en manera alguna puede ser quebrada” (Cas. Civ. de 6 de agosto de 1958, LXXXVIII, 596; 24 de enero de 1962, XCVIII, 10; 29 de enero de 1966, CXV, 59 y 60; 4 de octubre de 1973; 23 de marzo de 1977, no publicadas).

b) El tribunal para absolver a la sociedad demandada, por no estar legitimada pasivamente, no solo se apoyó en el denominado contrato de “distribución”, y en el contrato de compraventa del automotor con el que se causó el daño, celebrado entre “Postobón” y la sociedad Distribuidora Betancourt Jaramillo y Cía. Ltda., sino en los testimonios rendidos por Nicolás Alberto Rivera y Abelardo Buitrago Loaiza; elementos de convicción que la censura no combate, pues si mencionó el contrato de distribución referido fue para destacar que no era tal sino de agencia comercial y que además había perdido vigencia, sin hacer alusión concreta empero al contrato de compraventa y menos a la interpretación de la cláusula sexta de dicho negocio jurídico que fue fundamental en la conclusión y decisión del Juzgador de segundo grado. Y si también menciona la parte recurrente el testimonio de Abelardo Buitrago Loaiza, no lo combate en la apreciación y conclusión que sacó el Tribunal, sino en un punto diferente. 

Dicho en otras palabras, así fuese cierto el error fáctico cometido por el Tribunal al apreciar el contrato de compraventa referido cuya eficacia dejó realmente en entredicho Juan Guillermo Betancur Rendón, aun así ese yerro no podría ser examinado de fondo por la Corte en vista de que tal contrato no fue la única fuente probatoria que examinó el Tribunal para desplazar la “Guarda de la actividad” en persona distinta a Postobón S.A., y porque los restantes elementos de persuasión en que para ello se apoyó no resultaron combatidos en el cargo, permitiendo así que la decisión se mantenga. 

c) Fuera de lo dicho, que sería suficiente para la improsperidad de la acusación, también es oportuno dejar sentado que el error de derecho a que se refiere la causal primera de casación planteada en el cargo presupone la existencia y apreciación en el proceso de la prueba y el quebranto por el Juzgador de las normas legales que disciplinan su mérito probatorio. Por consiguiente, mal puede cometerse un yerro de este linaje respecto de pruebas no tenidas en cuenta en la sentencia que se impugna, porque si esto último es lo que ha acontecido, el yerro sería de facto.

Sobre el yerro de valoración ha sostenido la Corte que se incurre en él, “cuando se aprecian pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las avalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere” (Cas. Civ. de 25 de agosto de 1973, CXLVII, 61). Y también ha sostenido la Corte que es impropio y alejado de la técnica que se acuse una sentencia por yerro de valoración desarrollándolo, como si fuera de hecho, en que determinadas pruebas no fueron tenidas en cuenta, porque ambos yerros tiene claros perfiles que los diferencian. En efecto, el “yerro de derecho se sitúa en un ángulo distinto, pues consiste en que el sentenciador, no obstante ver bien la prueba en su materialidad misma, no le otorga el valor demostrativo que la ley le asigna, o le atribuye uno que ésta le niega. Y ese sencillo enunciado hace ver que en el campo probatorio, cada uno de los dos errores, el de hecho y el de derecho, asume una entidad específica propia, en cuya virtud no pueden confundirse ni hacerse derivar el uno del otro” (Cas. Civ. de 6 de septiembre de 1967). Por ello, la Corte ha insistido en sostener que “mal puede cometerse un error de derecho respecto de pruebas no tenidas en cuenta en la sentencia” (Cas. Civ. de 30 de abril de 1964).

Y aquí acontece que el yerro de valoración, que la censura le achaca al tribunal en cuanto no apreció la certificación de la secretaría de transportes y tránsito de Itagüí ni el documento proveniente del juzgado 98 de instrucción criminal, no estructura yerro probatorio de derecho sino la comisión de un típico error de hecho, resintiéndose así el cargo de confundir uno y otro yerro, lo que es inadmisible, como acaba de explicarse, por los perfiles propios que caracterizan a cada uno de ellos.

3. No obstante lo anteriormente discurrido que hace inevitable el fracaso de la censura, debe la Sala hacer la precisión doctrinal que el asunto exige en torno al alcance que, entre los varios que consideró, le dio el Tribunal al concepto de “guardián de la actividad”, y por el que concluyó que el poder efectivo de uso, dirección o control sobre el vehículo causante del daño, no lo tenía Postobón S.A. “sino la compañía distribuidora como compradora que además fue del automotor”; conclusión con la cual parece dar a entender que en el supuesto de este litigio bastó la venta mencionada, efectuada por Postobón S.A., para que se produjera el desplazamiento de la “guarda”, esto es, para que el vendedor escapara sin más a la responsabilidad civil que le fue imputada, no obstante conservar una incuestionable vinculación económica con el vehículo causante del daño. 

A fin de perfilar ese concepto en su debida dimensión, la Corte se ve en la necesidad de efectuar este formal reparo por cuanto, muy a pesar del alcance de los elementos de convicción obrantes en esta actuación, con tal consideración desconoció el tribunal la apuntada vinculación y por ende la noción teórica de “guarda compartida”, según la cual en el ejercicio de actividades peligrosas no es extraña la concurrencia de varias personas que, desde diversos ángulos y en atención a sus propios intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la dirección o control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros, cuestión que ciertamente omitió examinar el sentenciador en el caso sub-judice, a pesar de las evidencias existentes en el proceso que llevan a concluir que Postobón S.A., sin embargo de efectuar la venta mencionada, no permaneció apartada ni indiferente al desempeño, funcionamiento y control intelectual de la actividad peligrosa desplegada por el automotor tantas veces citado, actitud que por fuerza ha de entenderse asumida por aquella entidad en cuanto y en tanto obtenía de esa actividad lucro o provecho económico evidente. La posición de Postobón S.A. que en consecuencia muestra el proceso, es entonces significativa en poner de manifiesto la existencia de un factor suficiente de atribución de responsabilidad que no era dable desconocer por principio bajo el simple enunciado de la venta tantas veces referida, pues razones jurídicas existían para imputarle la correspondiente obligación resarcitoria en que dicha responsabilidad consiste, tanto a la compradora como a la vendedora.

Empero, como ya se advirtió, las deficiencias ya exteriorizadas del cargo examinado impiden que sea la Corte quien resuelva el litigio siguiendo las directrices trazadas, pues ante aquellas esa no es la tarea que le corresponde.

Necesario es precisar además, que no todas las pruebas trasladadas a esta actuación del proceso penal seguido contra el conductor del automotor, requerían ratificación para poder tener valor frente a la codemandada Postobón S.A., como lo dijo el tribunal, ya que entre dichas pruebas se encuentra la certificación expedida por la competente autoridad de tránsito según la cual dicho automotor fue entregado a esa sociedad con posterioridad al accidente, una vez ésta demostró su titularidad sobre él; documento que por no haber sido objeto de tacha de falsedad en estas diligencias por parte de la entidad codemandada contra quien aquí se opuso, goza de presunción de autenticidad al tenor del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que le permitía poder ser estimado por parte del sentenciador ad quem, a pesar de lo cual éste no encontró obstáculo en exigir respecto de toda la prueba trasladada y sin la debida distinción que el caso ameritaba, la comentada ratificación, echada de menos, cual se dijo, de manera general.

4. Viene de lo dicho que el cargo no está llamado a prosperar, tal como deberá manifestarlo la Corte, a pesar de lo cual esta corporación no impondrá condena en costas a la parte recurrente en casación, habida cuenta que aun cuando la sentencia de segunda instancia permanecerá incólume frente a los efectos del recurso extraordinario, ella si fue materia de la ya referida corrección doctrinal que así lo impone, al tenor del inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Sin costas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: José Fernando Ramírez Gómez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—Rafael Romero Sierra—Jorge Santos Ballesteros.