Sentencia 47555-3184-001-1999-0150-01 de septiembre 5 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp.: 47555-3184-001-1999-0150-01

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil cinco.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de segunda instancia dictada el 7 de septiembre de 2001, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta —Sala Civil Familia—, decisión epílogo del proceso ordinario promovido por Miriam del Carmen Alfaro Gutiérrez contra Ricardo Enrique Amador Peña.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El problema jurídico que compromete el pronunciamiento de la Corte, se concreta exclusivamente a dilucidar si es posible la coexistencia de más de una unión marital de hecho, pues tal es el planteamiento que viene haciendo el demandante en casación luego de que sus ruegos no tuvieron eco en las instancias.

En la reseña de la sentencia quedó visto que el tribunal concluyó que entre Miriam del Carmen Alfaro Gutiérrez y Ricardo Enrique Amador Peña existió una convivencia marital, pero que igualmente este último ha mantenido relaciones de la misma naturaleza con Yolanda Vega y Ligia Saumeth, concurrencia de uniones que destruye la exclusividad requerida para que se configure el presupuesto de singularidad que exige la Ley 54 de 1990 como premisa de declaración de existencia de la unión marital de hecho.

El recurrente en el primer cargo atacó la sentencia por violación directa de la ley sustancial, por interpretación errónea del artículo 1º de la Ley 54 de 1990 y en el segundo aunque no precisó la vía por la cual el tribunal violó las normas, igualmente denunció la vulneración de los artículos 1º, 2º y 7º de la ley citada, y los artículos 30 y 31 del Código Civil, por falta de aplicación, al atribuirle, según la censura, un sentido equivocado al vocablo “singularidad”.

Para la Corte los elementos de comunicación seleccionados por el legislador en la Ley 54 de 1990 deben ser analizados de manera conjugada, para que mediante un proceso de asociación natural se pueda adjudicar el verdadero sentido, no solo a cada una de las expresiones lingüísticas, sino al conjunto de ellas, de modo que unas acudan en auxilio de las otras para delinear armoniosamente la representación de lo que quiso mandar el legislador. Así, los sintagmas “comunidad”, “de vida”, “permanente” y “singular”, necesitan una relación contextual de modo que el sentido emerja, no solo de cada uno visto aisladamente, sino del conjunto de ellos.

Así, la expresión “comunidad de vida” implica de suyo la comunión permanente en un proyecto de vida, no episodios pasajeros, sino la praxis vital común. Si la comunidad de vida es entre dos, por exigencia de la misma ley, y si esa comunidad es de “la vida”, no se trata de compartir fragmentariamente la vida profesional, la vida sexual, la vida social, la vida íntima, ni siquiera de la vida familiar, sino de compartir toda “la vida”, concepto de suyo tan absorbente que por sí solo excluiría que alguien pueda compartir “toda la vida” con más de una pareja.

Argumentó el censor, que si el legislador admite la existencia de unión marital de hecho y matrimonio vigente al mismo tiempo, respecto de la misma persona, con mayor razón es posible aceptar la concurrencia simultánea de varias uniones maritales, pues para efectos patrimoniales la Ley 54 de 1990 exige justamente la previa disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y solamente después de un año de haberse efectuado esa liquidación, superado ese tiempo de vacancia, le otorga efectos a la unión de hecho.

Sobre este particular, la Corte en el pasado sentenció que “no se necesitaba de mandato legal expreso que prohibiera la simultaneidad de uniones maritales, ni de los efectos patrimoniales consiguientes, en el caso de que se diera esa hipótesis, pues los requisitos esenciales que exigen la configuración de dicho fenómeno consagrados en la Ley 54 de 1990 repelen su presencia plural.

En efecto, de un lado, la ley solo le otorga efectos civiles a la unión marital de hecho que se conforma por un solo hombre y una sola mujer, lo que, per se, excluye que uno u otra puedan a la vez sostenerla con personas distintas y da para decir que si uno de los compañeros tiene vigente un vínculo conyugal, lo contrae después, o mantiene simultáneamente una relación semejante con un tercero, no se conforma en las nuevas relaciones la unión marital, e incluso, eventualmente se pueden desvirtuar las que primero fueron iniciadas; en el fondo, implícitamente se produce el efecto personal de la exclusividad de la relación. Otra cosa es que ante la ocurrencia de uniones maritales en la que uno o ambos compañeros son casados, la ley haya tomado las medidas conducentes para que exista una debida separación temporal, tanta que impida la concurrencia de distintas sociedades patrimoniales, dado que la presencia del vínculo matrimonial genera de inmediato la sociedad conyugal” (sent. cas. civ., de 20 de septiembre de 2000. Exp. 6117).

A su vez la singularidad de esa comunidad de vida atañe con que sea solo esa, que no pueda existir otra de la misma especie, es decir, que sea señera; tal unicidad desaloja toda posibilidad de equívoco y confusión sobre la inmediata aplicación de la presunción prevista en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990.

De otra parte, en relación con la acusación del recurrente acerca de que el tribunal distorsionó el sentido del vocablo “singular” empleado en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, reitera la Corte que constituye norma de hermenéutica que las palabras de que se sirve el legislador, deben entenderse en su sentido natural y obvio, según su uso general. Así, la singularidad de algo puede entenderse por su peculiaridad o especialidad, atendiendo a que lo definido no se parece del todo a otra cosa, pero lo singular también describe lo contrario a plural. El empleo que de ella hizo la ley tantas veces citada, se refiere a la segunda de las anotadas acepciones, es decir, al número de uniones maritales y no a la condición sui generis de la relación; esto es, la exigencia de que no concurra en ninguno de los compañeros permanentes otra unión de las mismas características, pues si dos hubiera, desaparecería la singularidad y por ahí mismo el presupuesto que la ley exige.

En la sentencia anteriormente citada esta corporación reiteró que “cuando se insinúa que por la evidente posibilidad práctica de que una persona tenga relaciones maritales con varias personas debe dársele el correspondiente cubrimiento jurídico a cada una de ellas, se le da visos superficiales y simplemente matemáticos a lo que debe ser una comunidad ubicando dentro de ella las varias relaciones en los que una misma persona conviva con otras en forma simultánea, desvirtuando en forma radical el concepto de unidad familiar tan ampliamente defendido en nuestra Constitución y lo que el legislador expresamente pretendió con dicha regulación”.

En ese mismo sentido, bueno es precisar que en la ponencia para el primer debate de la normatividad en comento, se dejó expresamente consignado que era muy importante “señalar que en todos los casos se ha pretendido evitar la legitimación de uniones simultáneas conyugales o de hecho, no solamente con base en argumentos morales, sino también para prevenir una fuente inacabable de pleitos, donde las dificultades probatorias son obvias” (Gaceta del Congreso de 24 de octubre de 1988, pág. 9). Tal exposición de motivos, sin duda permite entender que las expresiones lingüísticas “comunidad de vida permanente y singular”, empleadas en la Ley 54 de 1990, todas a una convergen en la exigencia de exclusividad, y por fuerza de las reglas de la lógica, la pluralidad de relaciones de similar naturaleza destruye la singularidad.

En consecuencia, no le asiste razón alguna al recurrente para sostener la posibilidad de la convergencia simultánea de varias uniones maritales, con aptitud todas para generar la presunción de sociedad patrimonial entre los compañeros, con el argumento de que el vocablo singular contenido en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, no se refiere a pluralidad numérica, sino a las características sin par de la unión marital de hecho.

No se observa entonces, que el tribunal hubiera incurrido en la violación de la ley sustancial que denuncia el recurrente, por lo tanto, los cargos no prosperan.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 7 de septiembre de 2001 pronunciada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso ordinario promovido por Miriam del Carmen Alfaro Gutiérrez contra Ricardo Enrique Amador Peña.

Condénase en costas del recurso a la parte recurrente.

Tásense en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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