Sentencia 4760-2004 agosto 2 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

FUERO CIRCUNSTANCIAL

No protege a los empleados públicos.

EXTRACTOS: «En cuanto al argumento de que al ser retirada del servicio gozaba del fuero circunstancial por cuanto la organización sindical a la que pertenecía estaba discutiendo un pliego de condiciones, la Sala observa que según acta 2 de 17 de enero de 2000, para la fecha del retiro, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Salud del Magdalena, Sintrasmag, del cual la actora era afiliada activa desde el 1º de mayo de 1999 había suspendido las negociaciones con la administración del hospital demandado hasta tanto se obtuviera un concepto del Ministerio del Trabajo. El fuero circunstancial no la cobijaba por las siguientes razones (fls. 76 y 156).

El fuero circunstancial está consagrado en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 cuyo texto es el siguiente:

“ART. 25.—Protección en conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieren presentado al patrón un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto” (destacado por la Sala).

El artículo 10 del citado decreto dispone,

“ART. 10.—La protección a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, comprende a los trabajadores afiliados al sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de su presentación al patrono hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso” (destacado por la Sala).

El artículo 36 señala,

“La protección a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, comprende a los trabajadores afiliados a un sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de su presentación al empleador hasta cuando se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso.

Las normas del presente capítulo no se aplican a los empleados públicos, sujetos a estatuto especial” (destacado por la Sala).

Las normas transcritas consagran el fuero circunstancial, garantía consistente en que los trabajadores que hubieren presentado al empleador un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto hasta cuando se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso.

La Corte Constitucional, en sentencia C-201 de 19 de marzo de 2002, al reiterar la jurisprudencia en el sentido de que la negociación colectiva no es un derecho de los sindicatos de empleados públicos, precisó que, en ejercicio de este derecho, y dado el carácter dinámico de las relaciones laborales, los trabajadores pueden celebrar convenciones colectivas con sus empleadores “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, al tenor del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. La misma Corte señaló que, el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 consagra la institución denominada doctrinalmente “fuero circunstancial”, mecanismo que busca proteger a los trabajadores que hubieren presentado al empleador un pliego de peticiones, en el sentido de que estos no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto (7) .

Para determinar si estas disposiciones son aplicables a los sindicatos de empleados públicos deben armonizarse con el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga (8) .

Ahora bien, la Corte Constitucional ha encontrado legítima la restricción al derecho de negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos, a que hace referencia el citado artículo 416, como se consideró en la sentencia C-110 de 10 de marzo de 1994, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo al declararlo exequible pues:

“La disposición legal parte de la distinción, introducida de tiempo atrás en el derecho laboral colombiano, entre empleados públicos y trabajadores oficiales. Mientras los primeros tienen establecida con el Estado una relación legal y reglamentaria, los segundos están vinculados al servicio público mediante contrato que se rige por normas especiales. (...).

La restricción consagrada en la norma para los sindicatos de empleados públicos, sobre presentación de pliegos de peticiones y celebración de convenciones colectivas, tiene sustento en el artículo 55 de la Constitución, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. La que se considera es una de tales excepciones, establecida en norma con fuerza material legislativa. (...).

El análisis varía tratándose de los trabajadores oficiales, quienes tienen con el Estado una relación de índole contractual. Sus sindicatos, de acuerdo con la norma bajo examen, tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, lo cual no pugna con la Constitución y, por el contrario, la desarrolla, de conformidad con lo expuesto” (9) .

En la sentencia C-377 de 1998, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, al revisar la constitucionalidad del “Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública” y de la Ley 411 de 1997, aprobatoria de dicho instrumento, la Corte consideró acorde con la Constitución la diferenciación entre trabajadores oficiales y empleados públicos para efectos del ejercicio del derecho de negociación colectiva, señalando que los primeros gozan de este derecho plenamente, mientras que los segundos lo hacen de manera restringida, pues si bien estos tienen derecho a buscar y alcanzar soluciones concertadas en caso de conflicto, no se puede afectar en modo alguno la facultad que tienen las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de empleo (10) .

En la misma sentencia C-201 de 2002 se alude a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 5 de junio de 2001 en la cual, con fundamento en consideraciones similares, también se encontró justificada la restricción al derecho de negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos, señalando, además, que aquella:

“No se contrapone a los convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados por las leyes 411 del 5 de noviembre de 1997 y 524 del 12 de agosto de 1999 respectivamente, porque en tales instrumentos internacionales se consagra la negociación colectiva para los empleados públicos como una de las opciones que puede adoptar la autoridad nacional competente o también como una medida deseable para que las organizaciones que representan a aquellos participen con las autoridades públicas competentes en el establecimiento de las condiciones de trabajo, así como en la solución de sus diferencias laborales” (11) .

Si bien las anteriores consideraciones resultan esclarecedoras sobre el fuero circunstancial y sobre los alcances de la negociación colectiva, dado que la actora ostentaba la calidad de empleada pública y respecto de tales empleados oficiales se ha encontrado, conforme a la interpretación de los instrumentos internacionales y de la Constitución, que no hay lugar a la negociación colectiva, tampoco puede predicarse de los empleados públicos la figura del fuero circunstancial dado que el mismo se encuentra directamente relacionado con el proceso de negociación colectiva que, como se indicó, se encuentra vedado, en las actuales circunstancias de la legislación colombiana a los empleados públicos».

(Sentencia de 2 de agosto de 2007. Radicación interna 4760-2004. Consejero Ponente: Dr. Jesús María Lemos Bustamante).

(7) Corte Constitucional, sentencia C-201 de 19 de marzo de 2002, magistrado ponente: Dr. Jaime Araújo Renteria, Referencia: expediente D-3692, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 359 parcial, 379-e parcial, 401 parcial, 405, 406 parcial, 408 parcial y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, Actor: Antonio Eduardo Bohórquez Collazos.

(8) Ibídem.

(9) Ibídem.

(10) Ibídem.

(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral, sentencia de 5 de junio de 2001, rad. 16788, M.P. Germán Valdés Sánchez.

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