Sentencia 47625 de noviembre 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 47625

Acta 40

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil doce.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 20 de abril de 2010, en el proceso ordinario adelantado por Constanza Gómez Iriarte contra el Banco Cafetero S.A., en liquidación.

I. Antecedentes

Con la demanda inicial, solicitó la demandante que se condene a la entidad accionada, a reajustar su salario mensual básico a partir del 1º de enero de 2002 en 7,65%, de 2003 en 6,99%, de 2004 en 6.49%, y de 2005 en 5.50%; y a efectuar el reajuste salarial automático del 3% convencional para los años 2002 a 2005; como consecuencia de lo anterior, se ordene la reliquidación de la indemnización convencional por despido, de las prestaciones sociales y de las cotizaciones pensionales. Igualmente, solicitó la indemnización moratoria establecida en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, los intereses “corrientes y moratorios”, la indexación de las condenas, lo que resulte probado ultra o extra petita, y las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones, afirmó que prestó servicios a la demandada, desde el 1º de junio de 1988 hasta el 17 de julio de 2005; que su último cargo fue el de asesora comercial, con una asignación básica mensual de $ 1.199.236; que desde el 1º de enero de 2002, la entidad demandada no le ha cancelado el aumento “salarial que les correspondía como servidores públicos, ordenado por el Gobierno Nacional en acatamiento a las sentencias proferidas por la honorable Corte Constitucional”; que Bancafé suscribió una convención colectiva con la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, el 1º de diciembre de 1999, en la que se pactó el aumento salarial de acuerdo al IPC anual; que a partir del 1º de enero de 2002, la accionada únicamente ha realizado el incremento convencional del 3% anual; que los aumentos reclamados, inciden en la liquidación de prestaciones sociales legales y extralegales, así como en la indemnización por despido; que era beneficiaria del la convención colectiva de trabajo vigente; que tenía la calidad de trabajadora oficial y, que agotó la reclamación administrativa (fls. 29 a 35).

II. Contestación a la demanda

La parte accionada, al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. De sus hechos, aceptó el relacionado con la existencia de la relación laboral entre las partes, los extremos temporales de la misma y, la calidad de beneficiaria de la convención colectiva; de los demás dijo que no eran ciertos. Propuso como excepciones previas las de inexistencia del demandado y haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta de la que fue demandada; como medios exceptivos de fondo, los de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, prescripción, buena fe, compensación y “la genérica” (fls. 46 a 68).

II. Sentencia de primera instancia

El juzgado de conocimiento que lo fue el Segundo Laboral del Circuito de Neiva, en sentencia del 18 de septiembre de 2009, declaró que entre la demandante y el Banco Cafetero S.A., en liquidación, existió un contrato de trabajo entre el 1º de junio de 1988 y el 17 de julio de 2005, encontró probada la excepción de inexistencia de las obligaciones reclamadas y, en consecuencia, absolvió al ente acusado de todas las pretensiones de la demanda y le impuso costas a la parte actora (fls. 167 a 175).

IV. Sentencia de segunda instancia

Al el recurso de apelación interpuesto por la demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante sentencia del 20 de abril de 2010, confirmó la absolución impuesta por el a quo, con costas a cargo de la recurrente (fls. 15 a 28 cdno. Tribunal).

Para esta decisión señaló que el tema que se discute ya ha sido decantado por esta corporación y reprodujo apartes de la sentencia del 27 de enero de 2009, radicado 33420; que de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, “los trabajadores de la entidad demandada, tienen la facultad de empleados particulares, por lo que no los cobija las disposiciones de la Ley 4ª de 1992, que son aplicables solamente para los empleados públicos”; que el Tribunal Superior de Neiva ha sentado en varias providencias que los trabajadores de la entidad demandada tienen la calidad de particulares, “lo que no quiere decir, que aunque la entidad deje de ser pública, sus trabajadores pierden la condición de trabajadores oficiales”; que si en efecto, esa magistratura ha sostenido en anteriores oportunidades lo alegado por el apelante en su escrito, también lo es, que se han tratado de asuntos cuya pretensión principal es el “reconocimiento de una pensión”, cuestión diferente a la del sub lite.

Finalmente dijo que el recurrente contradice sus argumentos, al afirmar que por el status de trabajadora oficial de la actora, esta es beneficiaria de los incrementos anuales de acuerdo al IPC, para luego referir que por haber suscrito el acuerdo colectivo, debe ser favorecida con sus prerrogativas y, que el artículo 6º de la convención colectiva de 1999, no es susceptible de la prórroga de que trata el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, pues dicha normatividad consagró incrementos salariales únicamente para los años 2000 y 2001.

III. El recurso de casación

Lo interpone la parte demandante con fundamento en la causal primera de casación laboral, consagrada en el numeral 1º del artículo 60 del decreto 528 de 1964, con el cual pretende, según lo dice en el alcance de la impugnación, que esta Sala CASE TOTALMENTE la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, para que, en sede de instancia REVOQUE la emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, para en su lugar se accedan a las pretensiones de la demanda y en cuanto a las costas, se decida como corresponda.

Para el efecto, formula tres cargos que la Corte estudiará simultáneamente, con vista a la réplica y por razones de método, pues pese a estar encaminados por distintas vías, acusan similares disposiciones, persiguen un fin idéntico, y presentan para su demostración una argumentación común que se complementa, conforme lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

IV. Primer cargo

Textualmente reza:

“Acuso la sentencia atacada por haberse incurrido en ella violación directa de la ley por aplicación indebida de los artículos 1º y 4º de la ley 4ª de 1992 y de los artículos 467, 468, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con las siguientes disposiciones, artículos 1º, 3º, 9º, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 29, 39, 53, 55 y 230 de la Constitución Política; artículos 25, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

En la argumentación del cargo señala que la interpretación que le dio el tribunal al artículo 4º de la Ley 4ª de 1992, es correcta, pues así lo ha establecido esta corporación; que el aumento salarial solicitado no lo es con fundamento en dicha disposición sino en el artículo 6º de la Convención Colectiva de Trabajo de 1999; que tampoco debate la calidad de trabajadora oficial o particular de la demandante, por cuanto, en cualquiera de los dos eventos se beneficia del acuerdo convencional; que lo que controvierte “es la aplicación indebida que el Tribunal Superior de Neiva hace de la Ley 4ª de 1992, para negar los aumentos salariales y prestacionales convencionales pedidos”; y como apoyo, cita la sentencia de esta Sala del 27 de enero de 2009, radicación 33420, la cual reproduce en lo pertinente.

V. Segundo cargo

Acusa la sentencia del ad quem ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en el concepto de interpretación errónea, de “los artículos 467, 468, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con las siguientes disposiciones, artículos 1º, 3º, 9º, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 29, 39, 53, 55 y 23O de la Constitución Política; artículos 25, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Al sustentar el cargo, advierte que el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social señala los requisitos que debe reunir la demanda; que entre ellos, no está el de señalar “los campos de aplicación y consecuencias de una norma jurídica”; por lo que no era necesario debatir en el proceso las formalidades del acuerdo convencional, su prórroga y denuncia; que el tribunal al sostener “que ‘el artículo 6º (sic) de la convención colectiva suscrita el primero de diciembre de 1999, fue específica que dichos incrementos únicamente serían para los años del 2000 y 2001’ (fl. 26);” desconoce la existencia del artículo 478 ibídem; que la convención colectiva de trabajo suscrita el 1º de diciembre de 1999 se encuentra en vigor y produce todos sus efectos; que aun cuando la vigencia de la misma se pactó por el tiempo comprendido entre el 1º de diciembre de 1999 y el 30 de noviembre de 2001, al no existir prueba de un nuevo acuerdo o laudo arbitral que la reemplace, sus efectos se extienden en el tiempo; y que se debe aplicar el principio de favorabilidad, consagrado constitucional y legalmente.

VI. Tercer cargo.

Le imputa a la sentencia del tribunal la violación por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los “artículos 1º y 4º de la Ley 4ª de 1992 y de los artículos 467, 468, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con las siguientes disposiciones, artículos 1º, 3º, 9º, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 29, 39, 53, 55 y 230 de la Constitución Política; artículos 25, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Le atribuye a la sentencia, los siguientes errores de hecho:

“1º. No dar por establecido, estándolo, que los aumentos salariales y prestacionales pedidos en la demanda no dependían de la Ley 4ª de 1992 sino de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Bancafé y la UNEB el 1º de diciembre de 1999.

“2º. No dar por establecido, estándolo, que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Bancafe y la UNEB el 1º de diciembre de 1999, se encuentra vigente por mandato expreso del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Como pruebas mal apreciadas estableció la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Banco y la UNEB el 1º de diciembre de 1999 (fls. 119 a 130 vtos.) y la demanda introductoria (fls. 29 al 35).

Insiste en que no debate la calidad de trabajadora particular u oficial de la demandante, por cuanto en cualquiera de los dos eventos es beneficiaria de la convención colectiva, y reproduce los argumentos esgrimidos en los cargos primero y segundo.

VII. La réplica

El opositor, aduce que esta Sala ha reiterado en innumerables decisiones que los trabajadores de la entidad demandada no tienen derecho al reajuste salarial de acuerdo al porcentaje del IPC. para los años 2002 a 2005 con base a los aumentos ordenados por el Gobierno Nacional para otra clase de servidores y trascribe apartes de la sentencia del 27 de enero de 2009, Radicación 33666.

Afirma que en cuanto al salario, la obligación legal de los empleadores es el respeto por el mínimo, y que por tanto las mejoras sobre el mismo se resuelven por la vía de la negociación colectiva; que esta corporación ha sostenido que no le corresponde al juez laboral ordenar aumentos salariales con excepción de aquellos casos en que se vulnere el mínimo legal; aspecto que debe ser discutido a través de la convención colectiva de trabajo.

Finalmente reproduce apartes de las sentencias del 27 de enero y 3 de marzo de 2009, radicaciones 33240 y 33468, respectivamente.

VIII. Consideraciones de la Corte

Aún cuando los cargos contienen algunas deficiencias técnicas, ellas no descalifican la demanda de casación, pues la argumentación desarrollada en la acusación permite analizar el fondo del asunto, dado que se precisan los motivos o razones por los cuales se considera que la accionante era acreedora de los incrementos o reajustes salariales reclamados, ello acorde a la transgresión de la ley sustancial que se invoca.

Sea lo primero señalar, que el tribunal, luego de reproducir in extenso apartes de la sentencia de casación de fecha 27 de noviembre de 2009, de la que no ofreció número de radicación, concluyó que “los trabajadores de la entidad demandada tienen la facultad de empleados particulares” y que por tanto, no les eran aplicable las disposiciones contenidas en la Ley 4ª de 1992.

Así mismo, refirió que el reajuste salarial de carácter convencional de que trata el artículo 6º de la convención colectiva suscrita el 1º de diciembre de 1999, no es susceptible de la prórroga automática establecida en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que se pactó en forma expresa que aquel operaría únicamente para los años 2000 y 2001.

Pues bien, debe comenzar la Corte por decir, que pese a que el censor es reiterativo en el hecho de que no discute la calidad de trabajadora particular u oficial de la accionante, considera pertinente la Sala, recordar que el tema de la naturaleza jurídica de la entidad accionada y la calidad de sus trabajadores, para la época en que estuvo vigente la relación laboral de la actora, ha sido ampliamente tratado por esta corporación. Así, en sentencia de casación de fecha 17 de febrero de 2009, Radicación 33644, expuso lo siguiente:

“A través del Decreto 1748 de 1991 que modificó el 2055 del mismo año, la entidad demandada se transformó de Empresa Industrial y Comercial del Estado en Empresa de Economía Mixta, de la especie de las anónimas, vinculada al Ministerio de Agricultura, la que ratificaron los artículos 264 del Decreto 663 de 1993 y 78 de la Ley 510 de 1999; mediante Decreto 092 de 2000 fue vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sometida nuevamente al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, pero se dispuso, expresamente, que el régimen de su personal sería el previsto en sus estatutos; los que valga resaltar, ya habían sido autorizados y protocolizados mediante escritura pública 3497 del 28 de octubre de 1999, y en su artículo 29 había dispuesto al respecto, que el presidente y el contador del banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto del personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares”.

“Sin embargo, debe recordarse, porque resulta importante en el estudio de este asunto, que en materia del régimen aplicable a sus servidores, se ha de observar lo siguiente: a partir del 5 de julio de 1994 el Banco Cafetero cambió su naturaleza jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter oficial que hasta entonces tuvo, para transformarse en sociedad de economía mixta sometida al régimen de las empresas privadas, al haber reducido el capital que el Estado tenía en ella, a menos del 90%; lo que quiere decir, que sus trabajadores quedaron sometidos al régimen general de los trabajadores particulares hasta el 28 de septiembre de 1999, momento en el cual sobreviene una variación en el capital social, producido por la inyección económica introducida por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, entidad de naturaleza pública, que llevó a sobrepasar el 90% del capital estatal, por lo que quedó nuevamente sometido al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y por tanto sus trabajadores con el carácter de oficiales.

“En ese sentido, debe precisarse que, aun cuando en el artículo 28 del Decreto 2331 de 1998, que modificó y adicionó el numeral 4º del Decreto 663 de 1993 o estatuto financiero indica que: “Cuando quiera que el Fondo de Garantías de Instituciones Financiera adquiera acciones, o en general, realice ampliación de capital en entidades financieras, que de acuerdo con la ley cambien de naturaleza por dicha adquisición de acciones o ampliación de capital, los trabajadores de tales entidades no verán afectados sus derechos laborales, legales o convencionales, por razón de la participación del fondo, por lo cual seguirán sujetos al régimen laboral que les era aplicable antes de dicha participación” para esta Sala, no existe duda de que, frente al caso bajo estudio, los trabajadores del banco, luego de la reinversión económica realizada por Fogafin, continuaron con el carácter de trabajadores oficiales, dado que la naturaleza jurídica de la empresa, desde el 28 de septiembre de 1999, es oficial. A ello se llega porque la adición introducida al artículo 28 del Decreto 2331 de 1998 por el artículo 32 de la Ley 510 de 1999, dispuso que: “Para estos efectos el fondo podrá suscribir la porción de capital que considere necesario. En tal evento si la inversión del fondo llegare a representar más del cincuenta por ciento del capital de la institución inscrita, esta adquirirá el carácter de oficial...”.

Entonces, conforme el criterio mayoritario referido, es claro que la demandante tenía la calidad de trabajadora oficial para la época en que se solicitaron los incrementos salariales, luego, no podía ser beneficiaria “del aumento salarial que les correspondía como servidores públicos, ordenado por el Gobierno Nacional en acatamientos a las sentencias proferidas por la honorable Corte Constitucional en tal sentido”.

Al respecto, fuerza precisar, que la Ley 4ª de 1992, en el artículo 1º, señaló que el Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en ella, fijaría el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva Nacional —cualquiera que fuera su sector, denominación o régimen jurídico—, del Congreso Nacional, la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral, la Contraloría General de la República y los miembros de la Fuerza Pública. De ahí que al no tener la demandante, la condición de empleada pública de tales instituciones, la entidad convocada a juicio no estaba en la obligación de reajustarle anualmente su asignación salarial, en los precisos términos que tal normativa dispone.

Ahora, al no concurrir otra disposición legal que ampare los reajustes deprecados, no le corresponde al juez laboral ordenar aumentos salariales, salvo que se vea afectado el salario mínimo. En tal sentido, esta sala en sentencia del 5 de noviembre de 1999, Radicación 12213, sostuvo:

“...a propósito del tema planteado, es importante afirmar que no puede desconocerse que el aumento del índice de inflación que sufre el país en un determinado período, eventualmente justificaría el alza de los salarios de los trabajadores, porque es natural que con el salario recibido en una época se obtendrá una gama de productos, que no van a poder adquirirse si se continúa en un período de tiempo recibiendo la misma remuneración, dada el alza permanente de lo que se ha denominado la canasta familiar. Y con mayor razón, frente a la evidencia de que primero se presta el servicio y luego se recibe su pago, salario o remuneración. De ahí que sea muy difícil mantener el poder adquisitivo del salario, cuando lo cierto es que día a día va perdiendo su valor real, se desvaloriza casi que permanentemente y ahora, como sucede, frente a la mayoría de los precios de los productos que no son controlados”.

“No obstante la realidad de lo afirmado, no es el juez laboral, mediante el trámite de un proceso ordinario, el llamado a estabilizar el desequilibrio que se presenta cuando transcurre un período de tiempo y no se aumenta el salario de los trabajadores, a pesar de que el IPC en dicho lapso haya aumentado. Y no puede hacerlo este funcionario judicial porque no existe ley que lo obligue o lo faculte a ello, excepto si del salario mínimo se trata”.

“En efecto, no existe en la legislación laboral norma que así se lo permita y, como lo destacara el fallador de segundo grado, la Constitución Política en su artículo 53, en relación con la remuneración mínima vital y móvil, trasladó a la ley la regulación de, entre otros, dicho principio. Además el propio ordenamiento superior en el artículo 230 fue el que le impuso a los jueces la obligación de, en sus providencias, estar sometidos al imperio de la ley. (...).

“Situación diferente sería si existiera una disposición convencional o por laudo, etc., a través de la cual la empresa estuviera obligada a aumentar el salario de los trabajadores cada año con fundamento en el IPC; o que en tratándose de un salario mínimo devengado por un trabajador el empleador se negara a aumentarlo en la proporción fijada por la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales (L. 278/96 arts. 1º, 2º literal d)) o por el Gobierno Nacional; destacándose que en este último caso en el aumento del salario mínimo que se hace el 30 de diciembre de cada año no solo prima como factor a tener en cuenta el IPC, sino otros tales como “la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto, PIB...”, tal como lo establece el parágrafo del artículo 8º de la Ley 278 de 1996”.

“Lógicamente que cuando se fija el salario mínimo se modifican automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado un salario inferior (CST., art. 148) y, frente al supuesto de que la empleadora se niegue a aumentarlo en la proporción determinada, se repite, corresponderá al juez laboral hacerlo si se lo proponen a través de una demanda”.

De lo anterior, resulta viable deducir, que la normatividad que regula los incrementos salariales de la actora, son las contenidas en los acuerdos convencionales o laudos arbitrales. Para el caso concreto, esa normatividad es el artículo sexto de convención colectiva de trabajo suscrita el 1º de diciembre de 1999, cláusula que según sostiene la censura fue objeto de la prórroga automática de que trata el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, que reza:

“ART. 478.—Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.

El término de vigencia de una convención colectiva de trabajo pactada a 2 años por las partes que la suscribieron, no lleva a la conclusión obligada de que, expirado ese plazo, el acuerdo deje de regir o pierda efecto, toda vez que de acuerdo con el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, de no producirse su denuncia, o aún cuando ella tenga lugar, sus estipulaciones continúan rigiendo hasta tanto no se suscriba un nuevo convenio, conforme a la prórroga automática prevista en el citado artículo 478 ibídem, salvo que respecto a un determinado beneficio las partes hubieran fijado un específico lapso de vigencia.

Pero en el caso particular, la cláusula referida en precedencia, consagró incrementos salariales de acuerdo al IPC, por una sola vez, para los años 2000 y 2001. Luego, no corresponde a una norma de carácter general, virtud que la enmarcaría dentro de los supuestos legales trascritos, para que pudiera operar la prórroga automática de la misma, sino que se trata de una especial, cuyo término de aplicación se encontraba supeditado solo al período de tiempo que los protagonistas sociales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pactaron. Por consiguiente, no le asiste razón a la censura para extender tales reajustes más allá del período expresamente estipulado.

De ahí, que el lapso de aplicación de esa cláusula fue fruto de una negociación bilateral, con vista a construir un mejor clima laboral, y para la fijación del incremento previeron las circunstancias sociales y económicas existentes al momento de su aceptación, y como se dijo, únicamente para una determinada vigencia.

Así pues, el tribunal no cometió el yerro endilgado al establecer que el artículo 6º de la convención colectiva no era susceptible de la aplicación del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, pues itérase, los incrementos pactados en ella lo fueron para un determinado lapso, y aplicarle la prórroga automática establecida en dicha disposición, sería tanto como imponer condiciones ajenas al acuerdo surgido entre las partes de la relación laboral, que en últimas fue el plasmado en la propia norma convencional.

De conformidad con lo precedente, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandante, toda vez que su demanda de casación no salió avante y tuvo réplica, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000.) m/cte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada el 20 de abril de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Neiva, en el proceso que Constanza Gómez Iriarte promovió contra el Banco Cafetero - en liquidación.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Carlos Ernesto Molina MonsalveJorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.