Sentencia 47757 de julio 31 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 504 – 2013

Rad.: 47757

Acta: 23

Magistrado Ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá D.C., treinta y uno de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte.

No obstante que en la proposición jurídica de los cargos el censor denuncia la violación de los artículos 6º y 25 “del Decreto 758 de 1990”, siendo que el referido decreto solo consta de dos artículos, es dable entender que las normas a que alude el recurrente son los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el referido decreto, pues estas disposiciones son las que regulan la pensión de sobrevivientes que reclama la demandante y los requisitos para tener derecho a ella.

De otro lado, observa la Corte que el recurrente omite señalar si los cargos están encauzados por la vía directa (también conocida como vía de puro derecho) o la indirecta (también conocida como la vía de los hechos). Sin embargo, la Corte entiende que el ataque se dirige por la vía directa, en atención a que se denuncia la infracción directa de las normas enunciadas en la proposición jurídica del ataque, modalidad de violación que solo es posible estructurar por la senda de puro derecho. Además, debe tenerse en cuenta que en los cargos no se controvierten los supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal, lo que indica que los ataques se encuentran enderezados por la vía directa.

Conforme con ello, debe ponerse de presente que no se controvierten los supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal, tales como que el causante, Ferney Muñoz Paredes, nació el 5 de abril de 1950 y falleció el 27 de julio de 2008; que la demandante era su cónyuge; que el afiliado fallecido había cotizado un total de 533 semanas al ISS durante el período comprendido entre el 28 de octubre de 1968 y el 17 de julio de 1993; y que no había realizado aportes dentro de los 3 años anteriores a su deceso.

Pretende la censura que se apliquen, a la pensión de sobrevivientes reclamada, las previsiones del Acuerdo 49 de 1990, que, dice, son más favorables que las de la Ley 797 de 2003, bajo cuya vigencia se produjo el deceso del causante, en aplicación de los principios de la condición más beneficiosa y de progresividad.

Para dar respuesta a los cargos, debe decirse que esta Sala de Casación Laboral había mantenido la tesis de que no era aplicable el principio de la condición más beneficiosa en tratándose de pensiones que se causaron en vigencia de la Ley 797 de 2003, como acontece en el presente caso, en el que el afiliado falleció bajo el régimen de dicha normativa. Sin embargo, dicho lineamiento jurisprudencial fue recogido por la mayoría actual de la Sala en recientes decisiones, para dar paso a su procedencia, aunque solo bajo el entendido de que ello no signifique ubicar la norma que más convenga a los intereses del afiliado, sino que debe examinarse la inmediatamente anterior, que corresponde a la Ley 100 de 1993.

En efecto, en las sentencias del 20 de junio y 14 de agosto de 2012, radicados 42450 y 41671, respectivamente, por mayoría de sus integrantes, la Sala adoctrinó que “el principio de la condición más beneficiosa opera con referencia a aquella o aquellas disposiciones, derogadas por una norma cuando la exigencia de esta última es más gravosa que las disposiciones derogadas. En tal caso, el int[é]rprete deberá aplicar la condición más beneficiosa contenida en la norma inmediatamente derogada. Es decir, no se trata de escrutar indefinidamente en el pasado hasta encontrar una condición que pueda ser cumplida por quien alega el mencionado principio que le beneficie”.

De acuerdo con el criterio mayoritario de la Sala, entonces, el principio de la condición más beneficiosa no le permite al juzgador aplicar a un caso en particular, cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino que, de darse las condiciones necesarias para su aplicación, ello sería respecto a la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que se estructuró el derecho.

En este sentido se pronunció la Corte, en sentencia del 9 de diciembre de 2008, Radicación 32642, en donde, sobre el punto, se dijo lo que enseguida se transcribe y que ha sido ratificado en oportunidades posteriores:

“En otras palabras, no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más rigurosa ésta frente a la norma reemplazada, es preciso establecer si se satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición para, en caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez— a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle un[a] especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (Rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (Rad. 32642).

Según lo visto, no podría pretender el recurrente la aplicación del Acuerdo 49 de 1990, a través del principio de la condición más beneficiosa, pues, si, como lo dio por demostrado el tribunal, el causante falleció el 27 de julio de 2008, en vigencia de la Ley 797 de 2003, la norma aplicable sería, en ese caso, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado por el artículo 12 de dicho ordenamiento de 2003, cuyas exigencias tampoco reuniría el demandante, pues según la historia laboral del afiliado con que pretende demostrar sus cotizaciones, al momento de producirse el óbito no se encontraba cotizando, ni tampoco reportaba aportes por 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a esa fecha, como lo exigía la norma en cuestión.

Asimismo, no son de recibo las recriminaciones de la censura respecto a la regresividad de la norma en cuanto a la exigencia de las 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores al fallecimiento del afiliado, que echó de menos el tribunal y que acepta el censor no se cumplen, pues ciertamente resulta menos exigente haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, que haber cotizado 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior al deceso.

Ello es así por cuanto la hipótesis que preveía la Ley 100 de 1993, en su versión original, implicaba que el causante debía haber efectuado cotizaciones durante aproximadamente la mitad del tiempo de referencia (1 año); mientras que con la Ley 797 de 2003, las cotizaciones exigidas corresponden a menos de la tercera parte del tiempo de referencia (3 años).

Como se observa, resulta entonces menos exigente el requisito de semanas de cotización previsto en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que el que contemplaba el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, lo cual significa que aquella norma no puede catalogarse como regresiva.

Cumple mencionar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “Una medida se entiende regresiva, al menos, en los siguientes eventos: (1) cuando recorta o limita el ámbito sustantivo de protección del respectivo derecho; (2) cuando aumentan sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho; (3) cuando disminuye o desvía sensiblemente los recursos públicos destinados a la satisfacción del derecho”(1). Como ya se vio, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 no aumentó los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes sino que, por el contrario, los disminuyó, motivo por el cual no puede catalogarse como una norma regresiva.

En efecto, esta Sala de la Corte ha señalado que las reformas introducidas por las leyes 797 y 860 de 2003, en relación con el requisito de semanas de cotización necesarias para la causación del derecho a la pensión de invalidez o sobrevivientes, no vulneran el principio de progresividad, ya que la satisfacción de este no debe analizarse en función de un interés individual, sino desde la dimensión colectiva de los derechos sociales. Sobre el punto, en sentencia del 2 de septiembre de 2008, Radicado 32765, la corporación explicó lo siguiente:

“El juicio de progresividad comparando lo que ofrece la legislación nueva respecto a la anterior, no puede responder a una mera racionalidad del interés individual que se examina, sino que en correspondencia con la naturaleza de la seguridad social, debe atender la dimensión colectiva de los derechos tanto de los que se reclaman hoy como de los que se deben ofrecer mañana.

Según señalan los convenios internacionales que fundan la seguridad social, esta debe entenderse como una economía del bienestar justa que comprenda a las generaciones presentes, pasadas y futuras. A manera de ilustración, el numeral 3° del artículo 12 del Código Iberoamericano de Seguridad Social aprobado por la Ley 516 de 1999 establece que ‘3. Los Estados ratificantes recomiendan una política de racionalización financiera de la Seguridad Social basada en la conexión lógica entre las diferentes funciones protectoras de ésta, la extensión de la solidaridad según sus destinatarios, y la naturaleza compensatoria o sustitutiva de rentas de sus prestaciones, que guarde la debida concordancia con las capacidades económicas del marco en que debe operar y basada en el adecuado equilibrio entre ingresos y gastos y la correspondencia, en términos globales, entre la capacidad de financiación y la protección otorgada’.

La deliberada voluntad del legislador en las reformas introducidas al sistema pensional con las leyes 797 y 860 de 2003, propenden a asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo”.

De manera pues que, como el causante no reunía las condiciones previstas en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ni tampoco podía aplicar las previsiones del Acuerdo 49 de 1990, no incurrió el tribunal en los dislates de que lo acusa la censura.

Por lo tanto, los cargos no prosperan.

Cuarto cargo.

Acusa la sentencia del tribunal de infringir directamente el “artículo 25 del Decreto 758 de 1990, debido a la falta de apreciación de varias pruebas que lo llevaron a incurrir en error de hecho”.

Dice que la anterior violación se dio como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“(…) no dar por demostrado, estándolo, que la señora Mariela González Rodríguez era la esposa del Señor Ferney Muñoz Paredes, con quien hizo vida marital hasta la muerte de este, y que dicha Señora tiene el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes causada con la muerte de su esposo, ya citado”.

Afirma que los anteriores errores de hecho se dieron como consecuencia de la errada apreciación de las siguientes pruebas:

“A folio 31 obra fotocopia de la cédula de ciudadanía de la Señora Mariela González Rodríguez.

A folio 19 obra Resolución 746 fechada el 05 de Febrero de 2009, proferida por el Instituto de Seguros Sociales Seccional Caldas donde reconoce que el Señor Ferney Muñoz Paredes cotizó con dicha institución, para el sistema pensional, 533 semanas, en el periodo corrido entre 1968 y 1993.

A folio 29 obra registro civil de defunción del Señor Ferney Muñoz Paredes.

A folio 30 obra registro civil de matrimonio de los señores Ferney Muñoz Paredes y Mariela González Rodríguez.

A folio 50 obra el testimonio de la señora Margalida Muñoz de Galeano quien manifestó que entre los Señores Ferney Muñoz Paredes y Mariela González Rodríguez, procrearon cuatro hijos, que nunca se separaron, y que ésta última dependía económicamente de su esposo.

A folio 51 obra el testimonio de la señora Maria Luzmila Muñoz de Galeano quien manifestó que la señora Mariela González Rodríguez fue la esposa del Señor Ferney Muñoz Paredes, que convivieron juntos hasta que él falleció, que nunca se separaron, y que la señora Mariela González Rodríguez dependía económicamente del causante”.

En la demostración aduce la censura que:

“Se presentó error de hecho por falta de apreciación de la prueba documental y testimonial ya referida en este cargo a través de la cual se demuestra que la señora Mariela González Rodríguez fue la esposa del Señor Ferney Muñoz Paredez (sic), de quien dependía económicamente y con quien hizo vida marital hasta el momento de su muerte.

Si la Sala Laboral del Tribunal de Manizales, hubiera apreciado las mencionadas pruebas, hubiera reconocido el derecho que tiene la señora Mariela González Rodríguez, para recibir la pensión de sobreviviente causada con la muerte del Señor Ferney Muñoz Paredes, atendiendo a que ella demostró que fue la esposa de dicho Señor, con quien hizo vida marital hasta su muerte.

De otro lado, el Señor Ferney Muñoz Paredes, cumplió con el requisito establecido en el artículo 25 del Decreto 758 de 1990, pues cotizó 533 semanas para el riesgo de la pensión de invalidez y sobreviviente, por lo que su esposa, la Señora Mariela González Rodríguez tiene derecho a reclamar la correspondiente pensión de sobrevivientes pues dicha norma exige que para tener derecho a esa prestación, se deben haber cotizado 300 semanas en cualquier época”.

La réplica.

Se opone a la prosperidad del cargo y le achaca algunos defectos técnicos. Dice que si bien el recurrente orienta el ataque por la vía directa, en la demostración del mismo hace alusión a aspectos propios de la vía indirecta en tanto se refiere a aspectos fácticos y probatorios, lo cual no es admisible en casación; que en caso de pasarse por alto las deficiencias anotadas, arguye que no es cierto que el tribunal no hubiera dado por demostrada la calidad de cónyuges entre el causante y la demandante; que la decisión impugnada no había tenido como fundamento la inexistencia del vínculo matrimonial entre la actora y el causante, sino que la decisión del ad quem se había basado en que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003, lo que constituye un punto de derecho.

Consideraciones de la Corte.

Estima la Sala que le asiste razón a la réplica en cuanto a los defectos técnicos que le endilga al cargo, ya que la modalidad de infracción directa solo es dable estructurarla por la vía directa y, en este caso, la censura a pesar de que acusa la sentencia del tribunal de haber infringido directamente el “artículo 25 del Decreto 758 de 1990”, le atribuyó al juez de apelaciones la comisión de algunos errores de hecho, “debido a la falta de apreciación de varias pruebas”.

Al respecto, debe recordarse que la jurisprudencia de la Sala ha señalado que “Como es sabido, un cargo por la vía indirecta implica siempre la aplicación indebida de la ley, por lo que no pueden darse ni la infracción directa ni la interpretación errónea. Sin embargo, se ha aceptado por esta Sala, la acusación por falta de aplicación de una norma, como modalidad de aplicación indebida, pero solo en el entendido que el cargo esté encaminado por la vía indirecta y bajo el supuesto de que el error manifiesto de hecho atribuido a la decisión atacada, pueda originar que se deje de aplicar la disposición legal que convenía al caso”(2).

Ahora bien, si la Corte entendiera que el cargo está dirigido por la vía indirecta, que es la que corresponde a la violación de la ley por la apreciación errónea o falta de apreciación de determinados medios de convicción, no le bastaba a la censura relacionar los elementos de prueba que enlista como erróneamente apreciados, sino que también era su deber explicar de manera clara y precisa frente a cada uno de los medios probatorios relacionados, qué era lo que realmente acreditaban, cómo incidió su apreciación o falta de ella en la decisión del tribunal y en qué consistió el yerro de hecho, que es lo que le permite a la Corte determinar la magnitud del desatino, el que debe ser ostensible y manifiesto; de lo que tampoco se ocupó el recurrente.

Los defectos formales de que adolece el cargo resultan suficientes para su desestimación.

Con todo, debe anotar la Sala que resulta inadmisible que el censor asevere que el tribunal no dio por demostrado que la demandante era la esposa del señor Ferney Muñoz Paredes, pues como se anotó al resolver los anteriores cargos, el ad quem dio por establecido que la promotora del proceso era cónyuge del causante, hecho que, por demás, no tuvo ninguna incidencia en la decisión acusada.

En consecuencia, el cargo se desestima.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 9 de julio de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que Mariela González Rodríguez promovió contra el Instituto de Seguros Sociales.

Las costas a cargo de la recurrente. Se fijan las agencias en derecho en $3’000.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

 

(1) Sentencia C-556 de 2009 de la Corte Constitucional.

(2) Sentencia del 14 de junio de 2006, Radicado 26564.